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Hace menos de dos meses, el manejo del paro nacional y la contención del descontento social pintaban como los grandes desafíos que –al menos durante el primer trimestre del año– estaban llamados a encarar los recién posesionados alcaldes y gobernadores. Sin embargo, aun cuando ni siquiera cumplen sus primeros 100 días de mandato y al margen de las diferencias políticas, están abocados a un reto sin precedentes en la historia reciente y que los pondrá a prueba en materia gerencial y de implementación de políticas públicas: la emergencia sanitaria causada por el coronavirus, que ya superó el centenar de casos en Colombia.
El desafío no es de poca monta. Según los cálculos del propio Gobierno Nacional, se estima que al menos 3,9 millones de colombianos resultarán afectados por el COVID-19 (más de la mitad de la población de toda Bogotá), por lo que –sin considerar las labores de prevención y contingencia– se prevé que el costo total de atención en salud ascenderá a $4,6 billones, a lo que se suman $200.000 millones para incrementar la oferta de las unidades de cuidado intensivo.
Desde el gobierno central las medidas no se han hecho esperar. Desde aplicaciones móviles, paquetes de ayudas económicas para los sectores más afectados (como turismo); pasando por el cierre de fronteras y la declaración de la emergencia sanitaria y económica, hasta la suspensión de clases en colegios, restricción en el ingreso de extranjeros y, más recientemente, la prohibición de llegada de vuelos internacionales.
En paralelo, alcaldes y gobernadores, en el marco de sus competencias y en la medida de sus posibilidades, han hecho lo propio con medidas que van desde el aislamiento preventivo hasta la restricción de movilidad. En al menos 18 departamentos, más de la mitad del territorio nacional, se decretó toque de queda, así como en ciudades como Neiva, Pasto y Manizales.
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Sin embargo, la determinación más audaz y, de alguna manera restrictiva, la dio la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que apostó por un simulacro de aislamiento total, al que logró vincular a Cundinamarca, así como a Meta, Boyacá y Santander. Se trata de una prueba en caso de una eventual cuarentena con carácter preventivo durante todo el puente festivo.
No obstante, en opinión de analistas, este tipo de medidas generaron en el Gobierno Nacional cierto descontento y distancia, en contravía de lo que más se requiere en estos momentos de emergencia: coordinación, asistencia y apoyo entre los diferentes niveles del Ejecutivo. De allí que el primer mandatario haya tenido que emitir un decreto en el que reivindicó que el manejo del orden público “está en cabeza del presidente” y que sus instrucciones son “preferentes” sobre las disposiciones de mandatarios locales.
“A diferencia del reto que tuvieron que afrontar inicialmente, como la continuación del paro, el desafío que deben afrontar ahora es una pandemia. El paro nacional tenía una cara política totalmente polarizada, mientras que este manejo ha hecho que los mandatarios se desliguen de ese matiz político. Han perdido menos tiempo respondiendo a los ataques políticos y más bien lo han invertido en reaccionar”, opina Andrés Macías, docente de la Universidad Externado y experto en políticas públicas, ejecución y resultados de administración pública.
En esa línea, el profesor universitario y analista político Mauricio Jaramillo, señala que esta crisis es una oportunidad para que los mandatarios hagan frente a una “inconformidad que hay con el gobierno central” y apliquen medidas para darle manejo a la situación. “Hay una desconexión total, en la medida en que muchos mandatarios locales que sienten que las medidas que está tomando el Gobierno son insuficientes. Hay una oportunidad enorme para que se desmarquen y tengan protagonismo”.
De acuerdo con Jaramillo, al margen de confrontamientos políticos, hay que tener en cuenta que la ciudadanía en general percibe más cercanas las labores de alcaldes y gobernadores, de allí que sea una ventana de oportunidad para visibilizar acciones. “Uno siente que están compitiendo frente a quién anuncia más rápido medidas. Muchos se han acelerado y apresurado a decretar medidas y no es prudente por el pánico que puede generar”.
Con todo, para Jorge Iván Cuervo, investigador del Centro de Investigaciones de la facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales del Externado, si bien la pandemia ha dejado en evidencia “la falta de coordinación y liderazgo por parte del gobierno central”, el Ejecutivo debe ser más claro para que los mandatarios “sean implementadores de las medidas en sus jurisdicciones" y haya una instrucción conjunta.
Lo que queda, pasado menos de un mes de la emergencia sanitaria, es que se llegó el momento de aunar esfuerzos y que la coordinación prime por encima de cualquier diferencia política, sin desconocer a ninguna de las partes. En este momento de crisis la contribución y la asistencia son claves para que, como país, se dé el paso hacia adelante. Depende de nosotros esta vez.