Este martes, en el primer día de Martha Mancera como cabeza encargada de la Fiscalía General de la Nación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por el proceso de selección del nuevo fiscal general, destacando que “la falta de designación de un titular podría debilitar el sistema de justicia del país”.
La CIDH destacó la importancia crucial de la Fiscalía General de la Nación en la lucha contra la impunidad, el acceso a la justicia y la preservación de la democracia y el Estado de derecho en Colombia. “La ausencia de una persona titular y la designación de personas interinas puede afectar a su independencia y autonomía”, se lee en el comunicado.
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De acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, la CIDH subrayó la necesidad de que el proceso de selección se lleve a cabo con transparencia, igualdad, no discriminación y libre de interferencias indebidas. “Por lo tanto, la CIDH alienta al Tribunal Supremo de Justicia a cumplir con su deber constitucional y finalizar el proceso de selección de fiscal, a la mayor brevedad posible”.
El presidente Gustavo Petro también compartió el comunicado, en el que la Comisión insta al poder Ejecutivo “a garantizar las condiciones para que el proceso de elección culmine sin interferencias”. En el texto del órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) también se hace un llamado a todos los estamentos del Estado a priorizar la institucionalidad democrática colombiana en el ejercicio de sus funciones.
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Se pronuncia la CIDH sobre la terna de fiscal y la Cortehttps://t.co/epQc674wkz
— Gustavo Petro (@petrogustavo) February 13, 2024
En el comunicado, la CIDH recordó que la elección, a cargo de la Corte Suprema de Justicia, estaba programada para concluir el pasado 7 de diciembre. Sin embargo, la decisión sobre quién reemplazará oficialmente a Francisco Barbosa está en vilo, por lo menos, hasta el próximo 22 de febrero, cuando la Sala Plena del alto tribunal vuelva a reunirse.
La Comisión también mencionó las 71 marchas del pasado 8 de febrero, diciendo que “registró distintas versiones oficiales sobre la protesta que van desde considerarla como un ejercicio ciudadano mayormente pacífico, hasta calificarla como una forma de asedio y amenaza a la independencia de la justicia”.
Tanto la oposición como el oficialismo han buscado apoyo en los organismos internacionales por los líos que ha desatado la elección de la próxima fiscal. Por el momento, la CIDH aseguró que continuará monitoreando esta situación con el apoyo de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
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