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Cuando César Gaviria fue elegido presidente, en 1990, el mundo y el país pasaban por un período convulso. La caída del muro de Berlín y el derrumbe del socialismo daban como triunfador al capital y el nuevo orden económico alentaba una política neoliberal para el Tercer Mundo. En el plano nacional, el terror sembrado por Pablo Escobar y la violencia de la guerrilla y el paramilitarismo habían creado un escenario tan paradójico como crítico. Cuatro candidatos presidenciales habían caído asesinados, y el M-19 dejaba sus armas ante la efervescencia política de una nación que pedía a gritos una asamblea constituyente.
Con apenas 43 años, Gaviria llegó a la Presidencia con una carrera política en auge. Había sido alcalde de Pereira (1975-1976), representante a la Cámara (1974-1990) y ministro de Hacienda y Gobierno de Virgilio Barco. En la memoria de varias generaciones quedó grabado el momento en que Juan Manuel Galán, durante las exequias de su padre, Luis Carlos Galán, en agosto de 1989, lo catapultó al poder: “Quiero decirle al doctor César Gaviria, en nombre de mi familia y del pueblo, que en sus manos encomendamos las banderas de mi padre”. No había pertenecido al Nuevo Liberalismo de Galán, pero era el elegido de la historia.
Sin tiempo de adaptación, asumió en agosto de 1990 en un país que no daba espera. Por eso, desde su discurso trazó las directrices de su mandato: lucha contra el narcoterrorismo, opción de negociar con las guerrillas desde la premisa de que el alzamiento armado era obsoleto, constituyente para renovar las instituciones y apertura económica. “Bienvenidos al futuro”, cerró su discurso, que prometió un revolcón de todo. Y entre sus primeras movidas estuvo nombrar al excandidato presidencial Antonio Navarro Wolf, líder del recién desmovilizado M-19, como ministro de Salud. La otra fórmula fue la aparición de caras nuevas en el ejercicio del poder.
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“Hubo una renovación de liderazgos. Una consolidación grande de la tecnocracia”, recalca Héctor Riveros, analista político y miembro del círculo cercano de Gaviria durante su mandato. El conocido “kínder” aprendió a deliberar sobre el Estado al lado de recorridos líderes como Ernesto Samper, quien ocupó la cartera de Desarrollo; Rudolf Hommes, quien orientó toda la política económica del cuatrienio, o Juan Manuel Santos, quien dejó la línea de mando en el periódico El Tiempo para ocupar la cartera de Comercio Exterior. Una combinación de experiencia y juventud que tuvo que afrontar de entrada el reto mayor.
La guerra narcoterrorista necesitaba solución, y la del gobierno Gaviria fue ofrecer a los narcotraficantes que se sometieran a la justicia a cambio de beneficios procesales y no extradición. Pero Pablo Escobar tenía su plan B: secuestró a varios periodistas, entre ellos Diana Turbay, Francisco Santos (jefe de redacción de El Tiempo), Maruja Pachón, Beatriz Villamizar y Marina Montoya. Y luego los fue liberando a cuentagotas, mientras el gobierno iba modificando los decretos a satisfacción de los “narcos”, con el saldo fatal de Marina Montoya asesinada y Diana Turbay muerta durante un intento de rescate de la Policía.
Un capítulo de la historia que se dio mientras el gobierno avanzaba hacia sus objetivos: la Constituyente y la apertura económica. En el primer ítem, intentó una asamblea limitada, pero la Corte Suprema la dejó en plenipotenciaria. Y el mismo día que los colombianos eligieron a los setenta delegatarios que debían reformar la carta, las Fuerzas Militares atacaron Casa Verde, sede del Secretariado de las Farc, en las montañas de Uribe (Meta). Riveros dice que Gaviria no sabía. Rafael Pardo, entonces consejero de Seguridad y luego ministro de Defensa, asegura que dio el aval, pero no sabía la fecha del ataque.
De todos modos, abrió dos escenarios paralelos con apremios distintos. Una ambivalente política de guerra y paz con la insurgencia agrupada como Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, y una renovación del mapa político a partir de los resultados electorales de la Constituyente. El Partido Liberal conservaba su poder político, pero la Alianza Democrática M-19 y el Movimiento de Salvación Nacional de Álvaro Gómez mostraron mayorías determinantes para el pulso político de la Constituyente. Antes de que sus deliberaciones empezaran, Gaviria tuvo su as para los momentos críticos: su ministro de Gobierno, Humberto de la Calle.
En cuanto a la economía, Gaviria le metió el acelerador a la apertura, y el país pasó del proteccionismo y la sustitución de importaciones a una economía de mercado. Una transformación liderada por Hommes, que lo recuerda así: “Fue un proceso discutido y largo. En el primer semestre se desmontó el Estatuto Cambiario y se liberalizó el mercado, además se hizo una reforma a los sectores financiero y laboral. Cayeron los aranceles, se favorecieron las importaciones, se privatizaron empresas públicas, se flexibilizó el escenario laboral y se habilitó a la banca extranjera a funcionar en el país”.
Fueron múltiples cambios antes y después de la Constituyente. Se permitió la entrada de capitales privados al sistema pensional y a la salud, y se aprobó la Ley 100 —impulsada por el senador Álvaro Uribe en el Congreso—, que reformó el sistema seguridad social en Colombia. Respecto a este revolcón económico, las posiciones fueron divergentes. Los sectores inversionistas lo celebraron, pues, como recuerda el economista Salomón Kalmanovitz, “hubo mayores entradas de capital, sobre todo en minas y petróleo, y también inversión extranjera de portafolio. Hubo cierta modernización del país en sus consumos que antes estaban racionados”.
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Los críticos de la apertura económica la señalaron de haber precarizado las condiciones laborales de la gente. “Desde 1990, los trabajadores colombianos tuvieron que afrontar una violenta arremetida, con despidos, desmejoras salariales y prestacionales”, señala el dirigente sindical Gonzalo Díaz. En diálogo con este diario, el expresidente Samper, ministro en la primera parte del gobierno Gaviria, aseguró que renunció por desacuerdos con la política económica: “La apertura produjo daños muy grandes en la agricultura y la pequeña empresa. Acabó con la reindustrialización que se había adelantado en el país”.
Constituyente, Escobar y paz
Respecto a la nueva Constitución, fue elaborada entre febrero y julio de 1991, y la memoria es del exministro Humberto de la Calle: “En las deliberaciones hubo consenso, aunque el gobierno propuso, por ejemplo, la Carta de Derechos, la reforma política, la descentralización, la banca central, el régimen de servicios públicos y la reforma a los estados de excepción”. La nueva carta creó nuevas instituciones como la Fiscalía, la Corte Constitucional y la Defensoría del Pueblo, y herramientas como la tutela. La Constituyente permitió negociar la paz con el Epl y el Quintín Lame, y prohibió la extradición, última exigencia de Pablo Escobar antes de entregarse.
A pesar de las críticas por el aire de impunidad que rodeó la rendición del capo, la Constituyente tuvo sabor de victoria para el gobierno Gaviria. Sin embargo, las concesiones al líder del cartel de Medellín, recluido en una cárcel hecha a su antojo, fueron volviéndose escándalo, y cuando el gobierno se llenó de razones porque seguía delinquiendo e incluso asesinaba a sus rivales en la cárcel, ordenó su traslado a Bogotá y todo le resultó al revés. El capo se enteró de los planes y se fugó con todos sus lugartenientes, el 22 de julio de 1992. Con la reanudación del narcoterrorismo llegaron los aguijones de la política.
Además, por la misma época fracasaron también los diálogos de paz con la guerrilla, que habían comenzado en junio de 1991 en Caracas y terminaron en Tlaxcala (México), con un pretexto gubernamental para cancelar unas conversaciones que ya no iban a ninguna parte. El secuestro y la muerte en cautiverio de Argelino Durán Quintero, exministro de Obras, fue el argumento del Ejecutivo para levantarse de la mesa. La conclusión actual de De la Calle, que obró como mediador en esos fallidos diálogos entre 1991 y 1992, es que “la guerrilla, o al menos parte de ella, no estaba madura para negociar”.
En medio de reformas, nueva Constitución y discutida favorabilidad luego de los escándalos de la cárcel de La Catedral, para el gobierno Gaviria 1992 también fue un año en que se le fue la luz. La sequía causó una crisis energética sin precedentes que llevó a racionamientos, pero también los errores de previsión en el Ejecutivo, que tuvieron que ser solucionados adelantando los relojes para aprovechar la luz matinal. Duró poco menos de un año, pero fue una hora crítica, pues el gobierno enfrentó el descontento sindical por su política económica y, en abril de 1992, Telecom paró siete días y dejó incomunicado al país.
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No pintaba bien el panorama de 1993. Regresaron los carros bomba y, ante la encrucijada del gobierno, la mano de Estados Unidos fue la clave para enderezar el destino, junto al escuadrón de búsqueda de la Policía. Pablo Escobar cayó en diciembre de ese año, y el país celebró tanto como el presidente Gaviria, que recobró su imagen ante Colombia y el mundo. En ese momento, con el tanque de oxígeno de la Constituyente de un lado y el derrumbe del cartel de Medellín del otro, con apenas 47 años, cerró su mandato pensando todavía en su futuro político: la Secretaría General de la OEA, que regentó durante ocho años.
En el epílogo de su gobierno, el fiscal Gustavo de Greiff y el gobierno de Estados Unidos se trenzaron en una disputa por la aplicación de la Ley 81 de 1993, que la administración Gaviria había apoyado como plan B de sometimiento a la justicia. Gaviria se puso del lado de Estados Unidos y encontró la fórmula para salir del fiscal. Consultó a la Corte Suprema si De Greiff, al cumplir 65 años, debía acatar la edad de retiro forzoso. La Corte dijo que sí, Gaviria ternó a Alfonso Valdivieso, que salió elegido, y mientras él pasaba a la OEA y cerraba el mandato firmando el decreto que creó las Convivir, el nuevo fiscal se volvía protagonista tras el escándalo de los “narcocasetes”.
Ya han transcurrido tres décadas y la pregunta es qué tanto quedó del gavirismo y su mandato. Sus críticos económicos no lo olvidan, su “kínder” se transformó en trampolín de varios que llegaron a la cúspide del mundo empresarial o político, y la consolidación de otros como Juan Manuel Santos, Humberto de la Calle, Rafael Pardo, Mauricio Cárdenas y Noemí Sanín. En cuanto a él, después de ocho años como secretario de la OEA, volvió para liderar al liberalismo en su oposición a Uribe y su apoyo al proceso de paz de Santos. Ahora, entre los amigos y contradictores de siempre, continúa vigente en lo que conoce muy bien: el ajedrez de la política.