Desde el Congreso intentan regular acceso de menores de 14 años a redes

Por cuenta de un proyecto de ley, que avanza poco a poco en el Congreso, se viene calentando una discusión sobre cómo regular el acceso de menores de edad a redes sociales. Y, al menos hasta ahora, el consenso que se logró entre oficialismo y oposición es que se debe restringir legalmente su uso para niños y niñas de menos de 14 años si no cuentan con el permiso expreso de sus padres o acudientes.

Por cuenta de un proyecto de ley, que avanza poco a poco en el Congreso, se viene calentando una discusión sobre cómo regular el acceso de menores de edad a redes sociales. Y, al menos hasta ahora, el consenso que se logró entre oficialismo y oposición es que se debe restringir legalmente su uso para niños y niñas de menos de 14 años si no cuentan con el permiso expreso de sus padres o acudientes.

La iniciativa surgió en el seno del Centro Democrático y ya cuenta con el respaldo del Gobierno del presidente Gustavo Petro, lo que dejó en evidencia el interés que este tema despierta entre un Ejecutivo y un Legislativo que no tienen una relación fluida. El proyecto, además, se aprobó en primer debate con nueve votos a favor —de trece posibles— en la Comisión Sexta del Senado.

Lo que se quiere con la iniciativa es controlar que un “menor de catorce (14) años no celebre contrato con una plataforma de redes sociales para convertirse en titular de una cuenta” de forma directa, sino que previo a ello se cumplan exigencias puntuales de los “sistemas de verificación” que se establecerían con la norma si surte todo su trámite legislativo.

La norma en discusión dice que las niñas y niños que no han llegado a la edad mínima establecida no podrán abrir redes, a menos que se cumpla lo establecido en el parágrafo segundo del artículo cuatro.

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“El control aquí dispuesto será de obligatorio cumplimiento, salvo consentimiento expreso de tutores legales, representantes legales o quienes ejerzan la patria potestad sobre el menor de catorce (14) años. Para tal efecto, las plataformas digitales de redes sociales o medios que presten servicios de redes sociales en internet o plataformas digitales de interacción social en internet, deberán desarrollar en sus configuraciones, segmentos de acceso y advertencia sobre el control legal aquí dispuesto”.

Otro punto importante que quedó en la ponencia es que pone sobre las redes sociales la responsabilidad de ejercer el control. Para ello, este tipo de plataformas que operen en Colombia deberán crear mecanismos para verificar la edad y eliminar las cuentas existentes de los titulares que tengan menos de 14 años, así como toda la información personal. Pero, además, se plantean onerosas multas a las empresas que incumplan con esos preceptos.

Las sanciones irían desde $6.500 millones hasta $65.000 millones, es decir, entre 5.000 y 50.000 salarios mínimos legales mensuales. “El proceso sancionatorio aquí dispuesto estará a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)”, se precisa en el articulado.

Finalmente, también el proyecto plantea la creación de “la Escuela de Padres, Tutores y/o Representantes Legales”. Aunque no da mayores indicaciones sobre cómo funcionaría esa instancia, ni qué entidad se encargaría de crearla y administrarla —ni cuánto costaría—, sí señala que su finalidad será ser un “espacio educativo, con el objeto de capacitar y guiar a los padres, tutores, representantes legales o encargados del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, en el uso responsable y adecuado de plataformas digitales de redes sociales”.

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Sin embargo, y pese a haber entrado en la más reciente agenda de la plenaria para su segundo round, su avance se frenó toda vez que la atención de la cámara alta en comisiones y su pleno está centrada en otros asuntos, como la reforma laboral, la jurisdicción agraria y la ley de financiamiento con la que la Casa de Nariño busca recoger $12 billones.

Eso no significa que se encuentre completamente frenada. De hecho, según conoció El Espectador, ya tiene ponencia positiva para su discusión en la plenaria. Por eso, es clave la capacidad de negociación de sus defensores, en particular de Esteban Quintero —del Centro Democrático y quien viene promoviendo el proyecto— para que el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, priorice su discusión.

En todo caso, el proyecto de ley no aborda un asunto nuevo ni exclusivo en la discusión pública de Colombia. De hecho, países como Australia, Reino Unido y varios estados de Estados Unidos han impulsado y aprobado iniciativas similares. Sin embargo, no han estado libres de debate.

En Florida, donde la medida empezará a regir a partir de enero de 2025, Meta —casa matriz de Facebook, Instagram y Whatsapp— manifestó su inconformismo, asegurando que para poder verificar la edad se vulneraría la privacidad de los niños y niñas, puesto que se requeriría de documentos oficiales.

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En todo caso, en Colombia, y pese al paso al que avanza en los pasillos del Capitolio Nacional, el proyecto de ley es visto con buenos ojos por distintos sectores. El Espectador consultó a los ministerios de Educación y de las TIC para conocer sus posiciones frente al proyecto. Mauricio Lizcano, titular de la cartera de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, dijo que es una buena propuesta y que desde su oficina se han emitido conceptos respaldándola.

Mientras tanto, desde el Ministerio de Educación, aunque no respondieron de manera explícita si la apoyaban, sí enviaron un concepto en el que se manifestó la preocupación por el uso de las redes sociales en menores.

“En el Congreso de Acoso Escolar realizado en noviembre de 2023 entre el Ministerio de Educación y la Universidad CES de Medellín, invitamos a Facebook, como empresa, Tigo y otras compañías digitales para discutir en un panel sobre esta situación. Todas las normas internacionales exigen que sus usuarios tengan como mínimo 14 años para abrir las cuentas, no obstante, no tienen control cuando mienten en relación con sus datos”, señalaron en respuesta a la solicitud de este medio.

También remitieron un informe, realizado por el ministerio junto con la Fundación Tigo, que tiene cifras reveladoras sobre uso de redes sociales por parte de niños y niñas. Por ejemplo, se encontró que 73 % de los niñas y niños consultados en el estudio tienen perfil propio en redes sociales y que, de estos, el 29 % tienen menos de 13 años. Además, el 58 % usan redes sociales sin supervisión alguna.

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“Buscamos generar herramientas de control que permitan la protección de nuestros niños frente a las redes sociales. Nuestro deber es legislar para nuestros niños y adolescentes, dando herramientas a padres y plataformas para protegerlos de quienes quieren vulnerarlos”, manifestó el senador Esteban Quintero.

Así, el Congreso está buscando sumarse a una discusión que es global. Sin embargo, la propuesta aún tiene importantes retos que superar, como que se cumplan los tiempos para su discusión en el Legislativo y conocer, también, la disposición de las empresas para el cumplimiento de las normas. Un debate que aún no está próximo a terminar.

Esta es la ponencia completa del proyecto (desde la página 4)

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