“Menos burocracia”: Mauricio Lizcano sobre reestructuración de la Presidencia
El director del DAPRE anunció una reestructuración a las consejerías presidenciales, con la que esperan ahorrarle al país $83.000 millones para 2023.
Lucha frontal contra la corrupción y disminución de gastos para acelerar la economía fueron dos de las premisas que mencionó el presidente Gustvo Petro durante su discurso de posesión, el pasado 7 de agosto. Desde ese momento, desde el Gobierno señalaron que una de sus preocupaciones era reducir el tamaño del Estado y recortar así algunos gastos, en sintonía con la época de austeridad que atraviesa el país y en general la recesión económica que se prevé para la región.
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Después de dos meses de trabajo, la Presidencia diseñó un nuevo esquema que pasará a ser estudiado por la Función Pública y el Ministerio de Hacienda, para que lo apruebe y empiece a operar antes del mes de noviembre. Se trata de una nueva estructura del Gobierno, “mucho más sencilla y austera”, según dijo Mauricio Lizcano, director del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre). “Esta va a ser la Presidencia con menos burocracia de los últimos años”, añadió el funcionario, quien anunció así la eliminación de varias altas consejerías.
En primer lugar, Lizcano explicó que se eliminará el concepto de “altas consejerías” y que las que quedarán pasarán a llamarse simplemente consejerías. También aseguró que de 12 altas consejerías quedarán cinco y explicó cómo harán la reestructuración ya que muchas de estas se fusionarán o pasarán a ser parte de otras entidades. Por ejemplo, la Consejería de la de la Mujer pasará a ser parte de la Vicepresidencia y será una entidad de carácter temporal, mientras se crea el Ministerio de la Igualdad. El director del Dapre adelantó que la otra semana se llevara al Congreso el proyecto de ley para crear el Ministerio que, como se sabe, será dirigido por la vicepresidenta Francia Márquez.
La Consejería de Prensa se fusionará con la de Comunicaciones; la Consejería de Niñez y adolescencia se eliminará y sus funciones pasarán al Bienestar Familiar, y la Consejería de Juventud continuará de forma temporal y luego pasará también a ser parte del Ministerio de la Igualdad. En cuanto a las consejería de las Regiones y de Derechos Humanos, debido a su papel en el proceso de estructuración de la “paz total” continuarán por ahora y se creará una nueva Consejería de la Reconciliación.
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Otras entidades que se eliminan son la Consejería de Estabilización y Consolidación, que se fusionará con la oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Consejería de atención al migrante cuyas funciones pasan a la Cancillería y la Consejería de Competitividad, cuyas funciones se repartirán entre los ministerios de Comercio y Ciencia. La Consejería de Seguridad Nacional también dejará de existir y pasará a ser parte del Ministerio de Defensa, mientras que la Consejería de Participación quedará en manos de la Vicepresidencia.
Incluso el cargo de director del Dapre se eliminará, por lo que Lizcano pasará a ser secretario general. “Teníamos toda esa cantidad de consejerías que hoy se eliminan y una cantidad de entidades, y pasamos a una estructura mucho más liviana donde está el presidente, la vicepresidenta, el secretario general, la jefe de despacho presidencial, una jefatura de comunicaciones y simplemente tenemos la parte administrativa de la presidencia”, destacó Lizcano sobre la nueva estructura que en un año espera ahorrarle al país $23.000 millones, entre gastos de inversión y funcionamiento.
No obstante, la meta para el próximo año, debido a que casi todas las entidades ya invirtieron sus recursos para este año, con estos cambios se ahorrarían hasta $83.000 millones entre gastos de inversión y funcionamiento. Lizcano reiteró que el martes se presentará el proyecto de ley para crear el Ministerio de la Igualdad y, una vez el Congreso lo apruebe, quedarán apenas tres consejerías que serán de carácter permanente: la oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Consejería de las regiones y la Consejería de Derechos Humanos.
Como última decisión, el funcionario destacó que aumentará un 10 % los salarios de los trabajadores de Presidencia que ganan menos de dos salarios mínimos, que es el equipo asistencial y enfatizó que en ”los últimos 30 años esta es la Presidencia más pequeña y más eficiente de la historia”, en la que se espera reducir un 32 % los gastos en comparación con el Gobierno Duque.
Lucha frontal contra la corrupción y disminución de gastos para acelerar la economía fueron dos de las premisas que mencionó el presidente Gustvo Petro durante su discurso de posesión, el pasado 7 de agosto. Desde ese momento, desde el Gobierno señalaron que una de sus preocupaciones era reducir el tamaño del Estado y recortar así algunos gastos, en sintonía con la época de austeridad que atraviesa el país y en general la recesión económica que se prevé para la región.
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Después de dos meses de trabajo, la Presidencia diseñó un nuevo esquema que pasará a ser estudiado por la Función Pública y el Ministerio de Hacienda, para que lo apruebe y empiece a operar antes del mes de noviembre. Se trata de una nueva estructura del Gobierno, “mucho más sencilla y austera”, según dijo Mauricio Lizcano, director del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre). “Esta va a ser la Presidencia con menos burocracia de los últimos años”, añadió el funcionario, quien anunció así la eliminación de varias altas consejerías.
En primer lugar, Lizcano explicó que se eliminará el concepto de “altas consejerías” y que las que quedarán pasarán a llamarse simplemente consejerías. También aseguró que de 12 altas consejerías quedarán cinco y explicó cómo harán la reestructuración ya que muchas de estas se fusionarán o pasarán a ser parte de otras entidades. Por ejemplo, la Consejería de la de la Mujer pasará a ser parte de la Vicepresidencia y será una entidad de carácter temporal, mientras se crea el Ministerio de la Igualdad. El director del Dapre adelantó que la otra semana se llevara al Congreso el proyecto de ley para crear el Ministerio que, como se sabe, será dirigido por la vicepresidenta Francia Márquez.
La Consejería de Prensa se fusionará con la de Comunicaciones; la Consejería de Niñez y adolescencia se eliminará y sus funciones pasarán al Bienestar Familiar, y la Consejería de Juventud continuará de forma temporal y luego pasará también a ser parte del Ministerio de la Igualdad. En cuanto a las consejería de las Regiones y de Derechos Humanos, debido a su papel en el proceso de estructuración de la “paz total” continuarán por ahora y se creará una nueva Consejería de la Reconciliación.
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Otras entidades que se eliminan son la Consejería de Estabilización y Consolidación, que se fusionará con la oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Consejería de atención al migrante cuyas funciones pasan a la Cancillería y la Consejería de Competitividad, cuyas funciones se repartirán entre los ministerios de Comercio y Ciencia. La Consejería de Seguridad Nacional también dejará de existir y pasará a ser parte del Ministerio de Defensa, mientras que la Consejería de Participación quedará en manos de la Vicepresidencia.
Incluso el cargo de director del Dapre se eliminará, por lo que Lizcano pasará a ser secretario general. “Teníamos toda esa cantidad de consejerías que hoy se eliminan y una cantidad de entidades, y pasamos a una estructura mucho más liviana donde está el presidente, la vicepresidenta, el secretario general, la jefe de despacho presidencial, una jefatura de comunicaciones y simplemente tenemos la parte administrativa de la presidencia”, destacó Lizcano sobre la nueva estructura que en un año espera ahorrarle al país $23.000 millones, entre gastos de inversión y funcionamiento.
No obstante, la meta para el próximo año, debido a que casi todas las entidades ya invirtieron sus recursos para este año, con estos cambios se ahorrarían hasta $83.000 millones entre gastos de inversión y funcionamiento. Lizcano reiteró que el martes se presentará el proyecto de ley para crear el Ministerio de la Igualdad y, una vez el Congreso lo apruebe, quedarán apenas tres consejerías que serán de carácter permanente: la oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Consejería de las regiones y la Consejería de Derechos Humanos.
Como última decisión, el funcionario destacó que aumentará un 10 % los salarios de los trabajadores de Presidencia que ganan menos de dos salarios mínimos, que es el equipo asistencial y enfatizó que en ”los últimos 30 años esta es la Presidencia más pequeña y más eficiente de la historia”, en la que se espera reducir un 32 % los gastos en comparación con el Gobierno Duque.