Mesa por la Verdad pide garantías para el trabajo de la Comisión de la Verdad
Más de 200 organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos rechazaron el robo de la declaración de alias “Otoniel” y reiteraron que todas las entidades del Estado están obligadas a garantizar que las actuaciones de la Comisión de la Verdad “se realicen bajo los principios de seguridad, confidencialidad y privacidad”.
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil, junto a académicos, líderes sociales y estudiantiles, defensores de derechos humanos, periodistas y ciudadanos en general, que conforman la denominada Mesa por la Verdad, expresaron su respaldo al trabajo que viene adelantando la Comisión de la Verdad y le solicitaron al Estado colombiano y a las fuerzas de seguridad garantizar dicha labor.
“Los hechos sucedidos hace algunos días relacionados con la interrupción injustificada de la toma de declaración de Dairo Úsuga, alias “Otoniel”, y el robo de información del investigador de la Comisión que le tomó declaración tienen una gravedad singular que no pueden ignorarse”, señalan en un comunicado a la opinión pública este jueves.
En su concepto, los firmantes consideran que lo ocurrido demuestra que la verdad sigue siendo incómoda para quienes se beneficiaron de los silencios y que los actores que buscan ocultar el pasado se mantienen activos y están dispuestos a recurrir a acciones ilegales para lograrlo. Asimismo, que ellos obliga a profundizar en los esfuerzos en defensa de la verdad.
Entérese de la actualidad política nacional en https://www.elespectador.com/politica/
Y agregan: “El testimonio de Darío Úsuga no es cualquier testimonio. Desde hace más de tres décadas tiene un rol activo en la creación de terror y violencia. Inició como combatiente del Ejército Popular de Liberación (EPL). Luego se incorporó a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con las cuales participó en los Acuerdos de Ralito. Posteriormente, fundó y lideró el Clan del Golfo. Su declaración es fundamental para entender los entramados políticos, económicos, sociales y militares de la violencia, especialmente la paramilitar”.
Para los integrantes de la Mesa por la Verdad, es imperioso garantizar que alias “Otoniel” pueda dar un testimonio completo y corroborado, antes de avanzar en cualquier proceso de extradición. “Conocer lo que tiene para contar no es fácil de escuchar. La verdad es dolorosa, pero necesaria para avanzar hacia el cierre definitivo del conflicto. La verdad es un derecho de las víctimas reconocido nacional e internacionalmente. Sin verdad no es posible ni la justicia ni la reparación”, dicen en su escrito.
Sobre la Comisión de la Verdad, recuerdan que fue creada como una entidad autónoma e independiente, con un mandato para las víctimas y la sociedad. “Su mandato constitucional es esclarecer la verdad del conflicto y ofrecer una explicación amplia de su complejidad a toda la sociedad. Para cumplirlo, el decreto 588 de 2017 determinó que todas las entidades del Estado deberán colaborar con ella. También determinó que la Comisión tendrá acceso a toda la información reservada y que todos sus funcionarios estarán exentos del deber de denuncia”.
En contexto: El Gobierno ha impedido que “Otoniel” cuente la verdad del conflicto: defensa
E insisten en que todas las entidades del Estado están obligadas a garantizar que las actuaciones de la Comisión de la verdad “se realicen bajo los principios de seguridad, confidencialidad y privacidad”. En este sentido, advierten que las condiciones en las cuales la DIJIN permitió la toma de declaraciones a alias “Otoniel”, su interrupción, el posterior robo de información y la falta de investigación sobre ese hecho, son una clara violación de los deberes de las entidades del Estado.
“Estos hechos afectan el trabajo de la Comisión frente a la garantía del derecho a la verdad. También dificultan la recolección de futuros testimonios de actores centrales del conflicto armado y generan temor por posibles riesgos de seguridad en aquellos que ya han dado sus versiones”, señalan.
Y concluye el comunicado: “Estos hechos nos obligan a reiterar la importancia de la verdad para los derechos de las víctimas y la sociedad. La verdad es un bien público y común que debe ser defendido. Hacemos un especial llamado al Estado, al gobierno y a las fuerzas de seguridad para que cumplan sus obligaciones y brinden todas las garantías para que la Comisión pueda cumplir con su mandato constitucional”.
Entre los firmantes aparecen organizaciones como Acción por las Víctimas del Conflicto Armado y la Violencia Política (AVCAL), Agencia Internacional de Noticias de Paz y Noviolencia Pressenza, Corporación La Paz Querida, ANTHOC, Asociación Europea de Víctimas del Conflicto Colombiano (ASEVICOM), Asociación MINGA, Asociación Revivir, Víctimas del Conflicto Armado de Colombia en España, ASOMUJERES, ASOTABLAZO, Casa de la Memoria de la Costa Pacífica Nariñense, Casa de la Mujer, Casa Diversa Medellín, Centro Internacional para la Justicia Transicional (CINEP), Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, entre otras.
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil, junto a académicos, líderes sociales y estudiantiles, defensores de derechos humanos, periodistas y ciudadanos en general, que conforman la denominada Mesa por la Verdad, expresaron su respaldo al trabajo que viene adelantando la Comisión de la Verdad y le solicitaron al Estado colombiano y a las fuerzas de seguridad garantizar dicha labor.
“Los hechos sucedidos hace algunos días relacionados con la interrupción injustificada de la toma de declaración de Dairo Úsuga, alias “Otoniel”, y el robo de información del investigador de la Comisión que le tomó declaración tienen una gravedad singular que no pueden ignorarse”, señalan en un comunicado a la opinión pública este jueves.
En su concepto, los firmantes consideran que lo ocurrido demuestra que la verdad sigue siendo incómoda para quienes se beneficiaron de los silencios y que los actores que buscan ocultar el pasado se mantienen activos y están dispuestos a recurrir a acciones ilegales para lograrlo. Asimismo, que ellos obliga a profundizar en los esfuerzos en defensa de la verdad.
Entérese de la actualidad política nacional en https://www.elespectador.com/politica/
Y agregan: “El testimonio de Darío Úsuga no es cualquier testimonio. Desde hace más de tres décadas tiene un rol activo en la creación de terror y violencia. Inició como combatiente del Ejército Popular de Liberación (EPL). Luego se incorporó a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con las cuales participó en los Acuerdos de Ralito. Posteriormente, fundó y lideró el Clan del Golfo. Su declaración es fundamental para entender los entramados políticos, económicos, sociales y militares de la violencia, especialmente la paramilitar”.
Para los integrantes de la Mesa por la Verdad, es imperioso garantizar que alias “Otoniel” pueda dar un testimonio completo y corroborado, antes de avanzar en cualquier proceso de extradición. “Conocer lo que tiene para contar no es fácil de escuchar. La verdad es dolorosa, pero necesaria para avanzar hacia el cierre definitivo del conflicto. La verdad es un derecho de las víctimas reconocido nacional e internacionalmente. Sin verdad no es posible ni la justicia ni la reparación”, dicen en su escrito.
Sobre la Comisión de la Verdad, recuerdan que fue creada como una entidad autónoma e independiente, con un mandato para las víctimas y la sociedad. “Su mandato constitucional es esclarecer la verdad del conflicto y ofrecer una explicación amplia de su complejidad a toda la sociedad. Para cumplirlo, el decreto 588 de 2017 determinó que todas las entidades del Estado deberán colaborar con ella. También determinó que la Comisión tendrá acceso a toda la información reservada y que todos sus funcionarios estarán exentos del deber de denuncia”.
En contexto: El Gobierno ha impedido que “Otoniel” cuente la verdad del conflicto: defensa
E insisten en que todas las entidades del Estado están obligadas a garantizar que las actuaciones de la Comisión de la verdad “se realicen bajo los principios de seguridad, confidencialidad y privacidad”. En este sentido, advierten que las condiciones en las cuales la DIJIN permitió la toma de declaraciones a alias “Otoniel”, su interrupción, el posterior robo de información y la falta de investigación sobre ese hecho, son una clara violación de los deberes de las entidades del Estado.
“Estos hechos afectan el trabajo de la Comisión frente a la garantía del derecho a la verdad. También dificultan la recolección de futuros testimonios de actores centrales del conflicto armado y generan temor por posibles riesgos de seguridad en aquellos que ya han dado sus versiones”, señalan.
Y concluye el comunicado: “Estos hechos nos obligan a reiterar la importancia de la verdad para los derechos de las víctimas y la sociedad. La verdad es un bien público y común que debe ser defendido. Hacemos un especial llamado al Estado, al gobierno y a las fuerzas de seguridad para que cumplan sus obligaciones y brinden todas las garantías para que la Comisión pueda cumplir con su mandato constitucional”.
Entre los firmantes aparecen organizaciones como Acción por las Víctimas del Conflicto Armado y la Violencia Política (AVCAL), Agencia Internacional de Noticias de Paz y Noviolencia Pressenza, Corporación La Paz Querida, ANTHOC, Asociación Europea de Víctimas del Conflicto Colombiano (ASEVICOM), Asociación MINGA, Asociación Revivir, Víctimas del Conflicto Armado de Colombia en España, ASOMUJERES, ASOTABLAZO, Casa de la Memoria de la Costa Pacífica Nariñense, Casa de la Mujer, Casa Diversa Medellín, Centro Internacional para la Justicia Transicional (CINEP), Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, entre otras.