Puerto Gaitán: se agitó la disputa entre indígenas y menonitas por más de 30.000 hectáreas cultivables

Cada vez que Héctor Estrada, integrante de la comunidad indígena sikuani de Puerto Gaitán, Meta, quiere salir de su casa para hacer mercado o cumplir con una cita pactada debe cruzar una entrada que es custodiada por un vigilante privado, que inmediatamente anota la fecha y hora de su salida de la finca.

Cada vez que Héctor Estrada, integrante de la comunidad indígena sikuani de Puerto Gaitán, Meta, quiere salir de su casa para hacer mercado o cumplir con una cita pactada debe cruzar una entrada que es custodiada por un vigilante privado, que inmediatamente anota la fecha y hora de su salida de la finca.

Vea esta investigación en video: Puerto Gaitán: esta es la disputa por tierras entre menonitas e indígenas.

Lo propio pasa en el retorno. La pausa en la entrada, el saludo al hombre y la indicación de adónde se dirige. La espera de una autorización. Cuando esta llega, Héctor atraviesa en su moto una extensa vía destapada de tierra rojiza y va dejando atrás las casas, los campos sembrados de maíz y de soya, el ganado y la maquinaria, y los tractores de los menonitas, sus vecinos religiosos conservadores de origen europeo.

El indígena sikuani vive con su esposa y sus tres hijos en una casa de bahareque, una estructura que contrasta con las de sus vecinos, con los que asegura “no tenemos relación alguna”. Antes vivían en Vichada, pero con la disminución del conflicto decidieron mudarse a la que fue antes el hogar de sus abuelos: Puerto Gaitán, una población a 212 kilómetros de distancia de Villavicencio y que tiene aproximadamente 40.000 habitantes.

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Pero cuando llegaron ya estaban algunas familias menonitas construyendo sus casas y su iglesia, y recibiendo maquinaria agrícola para sembrar el suelo de maíz y soya. Aunque se mudaron de México, donde también se dedicaban al cultivo, a Colombia entre 2014 y 2016, su sangre y rasgos son de origen europeo.

El español es un idioma que apenas entienden, pues hablan alemán bajo en la casa y alto en la escuela, a la que asisten hasta que cumplen los 13 años. Por eso es habitual ver a niños con los 14 recién cumplidos conduciendo enormes tractores y labrando la tierra, mientras las mujeres aprenden a coser, cocinar, cuidar del hogar y se preparan para ser la “buena esposa” de un hombre de la misma comunidad.

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Estas escenas ya cotidianas en la altillanura colombiana, la cual este diario recorrió durante tres días, muestran las problemáticas en torno a un fenómeno sobre el cual el gobierno del presidente de Gustavo Petro aceptó no tiene cifras oficiales: la tenencia extranjera de la tierra. El Espectador revisó documentos, bases de datos y denuncias que dejan entrever que al menos un millón de hectáreas, de los seis millones cultivadas que hay en el país, estarían en manos de un poco más de 30 empresas extranjeras.

Franz Voth, un hombre alto y de mirada apagada, de unos 45 años, cuenta en medio de un español atropellado que llegó a Colombia luego de que en Chihuahua, México, uno de los líderes de su comunidad le ofreciera la oportunidad de mudarse a un país con mejores tierras para cultivar.

“Mis papás están allá, en México, pero vine a Colombia con mi esposa por el clima, aquí hay más lluvia y tierra que allá para sembrar”, indica Voth, quien también es el encargado de enseñarles a sumar, restar, multiplicar y dividir a los niños de la finca San Jorge, una de las cuatro que poseen.

La llegada de los menonitas no solo generó curiosidad en los habitantes de Puerto Gaitán, que pocas veces habían visto a personas de cabellos tan rubios, pieles tan blancas y atuendos que van desde las faldas largas para las mujeres y las camisas leñadoras en los hombres. También inició con los sikuanis una ardua batalla que ha llegado incluso a instancias de autoridades locales y nacionales, las cuales ahora buscan responder a la latente pregunta de a quién le pertenece la tierra.

Lo cierto es que la Agencia Nacional de Tierras ya inició actuaciones. De las más de 30.000 hectáreas que tienen los menonitas distribuidas en 53 predios, deberán próximamente entregar 8.000, pues el grupo habría violado el límite máximo de tierras que pueden tener, y estas estarían siendo ocupadas indebidamente.

La cifra es vista con ojos de esperanza por Héctor Estrada, quien encabeza la petición que le hicieron los sikuanis a la misma entidad para que se les den 58.000 hectáreas y que sean declaradas como territorio ancestral, según lo establecido en el Decreto 2333 de 2014.

“Hay que dejar claro que nosotros no somos invasores, sino los nativos de esta tierra que vinimos a recuperar; por eso seguimos esperando a que el Gobierno nos entregue a nuestra madre tierra. Los menonitas han dañado mucha tierra, no la cuidan y se han notado las afectaciones con sus cultivos”, menciona Héctor.

Y es que aunque son “vecinos”, pues viven en la misma finca -llamada Liviney, la primera que adquirieron los extranjeros y que está conformada por casi mil hectáreas en la vereda La Cristalina-, los sikuanis y menonitas sufren constantes choques entre ellos.

Hace menos de dos años se registró en varios medios locales un operativo de desalojo de comunidades indígenas en predios de menonitas que dejaron siete viviendas destruidas y una persona herida. Héctor expresa que tiene temor de que la escena vuelva a proyectarse frente a sus ojos.

Sin embargo, algunos habitantes de Puerto Gaitán ven con ojos de cansancio ciertos reclamos de los sikuanis, ya que consideran que la tierra que reclaman es una amplia extensión que no se aprovecharía con fines económicos, en bienestar del municipio y del departamento.

Las otras voces

César Pérez, alcalde de Puerto Gaitán, atendió a El Espectador en su despacho para hablar de la disputa de tierras. En medio de una apretada agenda debido a algunas manifestaciones de trabajadores del sector petrolero que se estaban presentando por el deterioro de las vías, dijo que está acompañando a los sikuanis dentro del marco legal, pero que también espera que la tierra pueda usarse para la agricultura.

Pérez es indígena, y ante algunos temores que se evidenciaron en medio de la campaña del año pasado por su origen étnico y las tensiones que hay en Puerto Gaitán con algunas comunidades, dejó claro que no le pondría obstáculos a la inversión extranjera y nacional en la agroindustria.

“El agro ha cogido fuerza y es una economía que nos permite estabilidad. Tenemos una serie de números de inversionistas extranjeros, entre esos los menonitas que están cultivando fuerte y han generado cifras positivas en materia de empleo”, cuenta el alcalde. “Eso sí, estamos acompañando a las comunidades indígenas, pero el acompañamiento va siempre y cuando estas reclamaciones sean productivas”, puntualiza.

El propósito del pueblo sikuani con la tierra, manifiestan Héctor y otros de los integrantes de la comunidad Barrulia -como se identifican-, es la de cazar su alimento, proteger la vegetación y trasladarse entre las hectáreas a su gusto, pues son seminómadas.

Héctor, sentado a pocos metros de lo que fue en algún momento un armadillo y cuyo caparazón ruñen los perros, indica que la caza les ha traído problemas con algunos predios. Aunque estos serían privados, el pueblo indígena los ve como su territorio ancestral.

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Por su parte, los menonitas esperan la llegada de más de los suyos desde México. En el caso de Franz, su hermana, cuñado y tres sobrinas llegarán a Colombia en los próximos días para instalarse allí y sumarse a las tareas de la comunidad. Para abril está dentro de su cronograma sembrar soya.

Poco dicen de qué pasará con las hectáreas que tendrían que entregar a la ANT, luego de denuncias que presentó el senador Wilson Arias, del Pacto Histórico, sobre los predios Malabar, La Cabaña y Cuba Libre. El congresista lleva haciéndole seguimiento a este caso desde 2016.

Ante los señalamientos de haberse establecido en terrenos baldíos de la Nación, los menonitas, en declaraciones públicas, argumentan que esto habría sucedido porque no tenían conocimiento de las leyes colombianas.

Lo mismo argumentan sobre las acusaciones que se les ha hecho por deforestación de áreas de bosque. Una de ellas figura -tras varios hallazgos de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena)- en un expediente en la Fiscalía 124 de la Dirección Especializada contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente.

Cormacarena también determinó que las prácticas de tala y quema a cielo abierto de los menonitas han deforestado más de 135 hectáreas de bosque, entre las que habría árboles nativos. Además de esto, autoridades locales han reportado presuntos incumplimientos en los tiempos establecidos para el descanso de la tierra para el desarrollo de sus cultivos.

Estas denuncias han derivado en investigaciones ambientales y en acuerdos con las comunidades de menonitas para reducir estos impactos. A pesar de estas indagaciones, celebradas por los sikuanis, las organizaciones ambientales y el senador Arias, el pueblo de Puerto Gaitán parece tenerle cierta gratitud al grupo religioso.

Dicen que quizá sea por su aporte a la economía o por los establecimientos como restaurantes, estaciones de gasolina y de productos agrícolas que han abierto. O que también puede ser por los mercados que repartieron en diciembre o incluso por la venta de comida tipo “feria” de los domingos, tras salir de la iglesia.

Las carreteras que han mejorado y que contrastan con las de la vía Meta-Vichada, donde han quedado atrapadas varias mulas en las últimas semanas, pueden ser otro de los motivos.

“Los considero mis amigos, son gente trabajadora y respetada en el pueblo. Nos han ayudado con la maquinaria para nuestra tierra y en Navidad repartieron anchetas de mercado en el pueblo. A veces, incluso, encuentro mejores precios en sus tiendas que en las de Gaitán”, dice Efraín Caro, trabajador de la empresa Asomayor Aguas, que se dedica al cultivo de palma de aceite, uno de los productos más sembrados en el departamento.

El exgobernador de Meta Juan Guillermo Zuluaga es uno de los principales defensores de los menonitas y explica que han generado 450 empleos y que su producción de soya supera las 100.000 toneladas y, la de maíz, las 300.000.

No obstante, no solo los sikuanis esperan tierra, también los campesinos que afirman la dificultad para acceder a predios y luego mantenerlos por las adversidades de contar con poca maquinaria y con vías deterioradas para sacar los cultivos.

Pero es que las cifras son dicientes. Meta es uno de los departamentos con mayor número de procesos especiales agrarios en la ANT: 164 por clarificación (120.000 hectáreas) y 354 por recuperación (790.000 hectáreas).

La problemática en torno a la tierra es de larga data y la disputa entre menonitas e indígenas promete extenderse. Para resolverlo, el Ministerio de Agricultura señaló que es necesario hacer una regulación más estricta para la compra de la tierra en la que se encuentre un equilibrio entre el desarrollo económico y los otros usos del suelo.

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