Esta semana charlé con la lideresa en derechos humanos y periodista Claudia Julieta Duque, a quien conozco hace mucho tiempo porque nos formamos para esta profesión haciendo prácticas en los años 90 en la Agencia Colombiana de Noticias (Colprensa).
El pasado 23 de agosto el Juzgado Décimo Penal del Circuito de Bogotá condenó a 12 años y medio de cárcel al ex subdirector del desintegrado Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), José Miguel Narváez, por el delito de tortura agravada en tu contra. Esta entrevista, para mí, es un homenaje a tu lucha de 20 años en busca de justicia. ¿Qué significa para ti esta decisión?
Es el triunfo más grande que hemos logrado en esa batalla. No es el primero. En mi caso ya hay siete condenados, pero sin duda, Narváez era la cabeza oculta y la más importante de toda esa empresa criminal que se gestó al interior del DAS para atacarme y torturarme, y atacar a mi familia. Es un triunfo enorme, aunque ha tardado mucho como dices tú. Solo el juicio de Narváez duró casi diez años y estaba cerca de prescribir. Pero, por fortuna, en febrero de este año el caso fue declarado de lesa humanidad, así que avanzó y salimos adelante, así que ahorita vendrán apelaciones, pero ya es un paso crucial. (Vea la entrevista de Nelson Fredy Padilla al investigador Eduardo Sáenz Rovner sobre la historia del narcotráfico en Colombia).
¿Quién es este criminal, que ya fue condenado como determinador del asesinato del humorista y columnista Jaime Garzón?. Narváez era un profesor de generales de las Fuerzas Armadas, un maestro en guerra psicológica. ¿Cómo lo defines?
Es un personaje que alguien del común nunca hubiera oído mencionar, de no ser porque en 2008 un paramilitar, Jorge Iván Laverde, alias El Iguano, dijo que él había estado detrás del crimen de Garzón, y ahí empezó a ser procesado, y descubrimos poco a poco que llegó a ser el que dirigía los cursos de inducción de las cúpulas militares desde el año 85, que no solamente era profesor de guerra psicológica y de seguridad nacional en la Escuela Superior de Guerra y en la Brigada XX, sino que además llegó a ser mayor de la reserva del Ejército. Es un economista que llegó a ser asesor de importantes federaciones como la de ganaderos, que además estaba muy implicada en el paramilitarismo y, como académico, llegó a tener centros de investigación y de pensamiento en la Universidad de Antioquia, donde según varios testigos, hacía realmente labores de inteligencia, y llegó a ser parte del cuerpo directivo de la Universidad de la Sabana. Entonces es una persona que se movía en todos los círculos de poder, intelectuales, sociales y económicos, a quien hoy, testigos tildan de ser el mayor ideólogo del paramilitarismo, y los propios jefes paramilitares dicen que era incluso más peligroso que el propio Carlos Castaño, que impartía cursos como “por qué es lícito matar comunistas en Colombia”, y en esa calidad llegó al DAS como asesor en el año 2003. Se ha podido documentar y probar, aunque él lo negó, que tenía múltiples entradas y salidas al DAS en esa época, aunque decía que él no había estado allí. Y como asesor creó un grupo muy tenebroso que se llamaba Grupo Especial Inteligencia tres G-3, que estuvo dedicado a perseguir a todo lo que oliera a crítica política.
¿Y para perseguir opositores a la “seguridad democrática” llegaron a crear grupos sucesivos hasta el G-7?
Sí. Eso se logró establecer en mi caso, cuando se encontró un memorando en el que a finales del 2004 se daban órdenes para actuar contra los grupos de oposición, a pesar de que en el G-3 casi todo era verbal. De ahí en adelante, hasta el G-7, todo eso está en la impunidad. Nadie lo ha investigado ni lo investigará, porque investigar en Colombia a la ilegalidad de la inteligencia del Estado, pues le quedó grande a la justicia, es la verdad. En ese sentido, esta condena también es como un homenaje a todas esas otras víctimas cuyos casos quedaron impunes.
Tu persistencia y compromiso en la búsqueda de documentos fue lo que permitió en gran medida que tu caso no quedara impune. Y ese ensañamiento de Narváez en tu contra empezó porque estabas investigando el asesinato de Jaime Garzón, y empezaste a descubrir la dimensión de lo que hizo el DAS en cuanto a violación de derechos humanos en Colombia. ¿Cierto?
Sí. Yo empecé a investigar el caso casi desde el momento en que asesinan a Garzón, desde 1999, y luego en el año 2000 conocí a Alfredo Garzón, hermano de Jaime y caricaturista de El Espectador. Le dije: hay que dar poder a un abogado para meterse al caso. Y él le dio poder al Colectivo de Abogados, y así empezamos a investigar y a descubrir que había un gran montaje judicial, enfocado a desviar la atención sobre los verdaderos responsables y a disfrazar de justicia con dos presos inocentes que no eran realmente los criminales que asesinaron a Garzón. Con eso iban a enterrar la responsabilidad del Estado, que hoy está establecida en sentencias judiciales. Y allí empezaron ataques en mi contra desde el año 2001, y se agravaron seriamente a partir de mi regreso del primer exilio en el 2003.
En 2001 sufriste un episodio de secuestro. ¿Eso cómo fue?
Me secuestraron en julio del 2001. En la noche yo estaba en un hotel, en una charla con la embajada de Austria sobre reclutamiento de niños para la guerra, y al salir de allí fui secuestrada e intimidada.
¿Se puede decir que en 2003 Narváez ya estaba obsesionado con perseguir a Claudia Julieta Duque?
Sí. De hecho, hay otro testigo que está en juicio, y que fue director de Inteligencia del DAS, Enrique Ariza, quien en ese momento también está pendiente de sentencia en el mismo Juzgado Décimo. Yo inicié el proceso que terminó con la deportación de él desde Estados Unidos y, una vez deportado, brindó testimonio. Dice que Narváez tenía una obsesión con Julieta, y que así se lo decían otros funcionarios del DAS. Cuando uno mira las pruebas que se obtuvieron hasta noviembre del año pasado, ve que cuando Narváez estaba de subdirector yo estaba en el exilio en el año 2005, y había una consulta impresionante en las bases de datos de migración, buscando si yo llegaba o no llegaba al país. O sea, era realmente, como tú lo llamas, un ensañamiento.
¿Qué pasó con Ronald Rivera Rodríguez, el ayudante de Narváez que ejecutó gran parte de esa persecución y tortura hacia ti?
Es otro condenado en mi caso, y está prófugo. Era del Departamento de Migración Colombia cuando lo condenaron (también a 12 años de cárcel) y aún así lo dejaron libre, ninguna autoridad en este país fue capaz de capturarlo. Él era como el niño consentido de Narváez, y debajo de las fotografías sobre mí está el nombre de Ronald. Cuando Narváez llega a la subdirección del DAS lo asciende y lo convierte en su funcionario. El tipo de documentos que se han encontrado, como la amenaza contra mi hija del 17 de noviembre de 2004, son escritos por un experto en operaciones psicológicas.
¿De qué se trataba exactamente?
De un memorando impreso en papelería oficial, que dice “Uso exclusivo DAS”, que es una vergüenza para la Humanidad. ¿Por qué? Porque está allí consignado un acto de tortura gravísimo que sufrimos mi hija y yo, con recursos del Estado, de parte de funcionarios públicos y con pago de recursos públicos. Esa es la prueba más contundente en mi favor y en contra de él. Hay algunas personas que no han declarado en el expediente, pero que me lo han dicho a mí, que quien dio estas órdenes directas y quien elaboró este memorando fue precisamente José Miguel Narváez.
Otro hecho terrible en tu caso ha sido el exilio. ¿Cuántas veces te ha tocado vivirlo?
Pues, en periodos largos, tres veces. Del 2001 al 2002, de finales del 2004 a inicios de 2006 y luego, todo el 2008. Pero después de eso he tenido que salir en periodos cortos muchísimas veces, por amenazas, porque tengo una alerta o alguien me informa que hay un plan en mi contra. Entonces, el exilio ha sido parte de nuestra vida desde hace muchos años, y hoy en día sigue siendo un salvavidas.
Lo que más admiro de lo que has hecho es que, en medio de este drama familiar, has mantenido tu trabajo profesional en derechos humanos y en periodismo y, al tiempo, acudiste a todas las formas legales posibles para que la justicia reaccionara. Recuerdo muchas denuncias que interpusiste, incluidas tutelas, hasta que en 2008 la Corte Constitucional es el primer alto tribunal que dimensiona tu caso y exige protegerte. ¿Qué ha significado dedicar media vida a esta causa?
La verdad es que esto ha sido una fractura, una fractura vital. Es algo a lo que te obligan. Tú tienes dos opciones. O ser víctima pasiva y sufrir esto en silencio, o admitir que pasó y empezar a pensar por qué pasó. Y cuando uno trata de usar racionalmente sus herramientas de vida, pues la segunda fue la única opción que vi posible. Además, porque yo siempre quise mirar a mis amigos de infancia, que fueron perseguidos en este proceso por solo ser mis amigos, de ver a mi hija a los ojos, de ver a mi familia a los ojos y decirles: esto me sucedió por estas razones y aquí están esos tipos pagando por lo que hicieron. Es una forma de poderme parar en frente de los demás y decir: ¡aquí está la justicia!
El Juzgado Décimo compulsó copias para que se investigue el papel de varias personas en tu caso, una de ellas es Álvaro Uribe Vélez. No es la primera vez que ocurre eso, para que la Comisión de Acusación investigue en el Congreso el papel del expresidente de la República en este caso. ¿Por qué nunca pasa de ahí?
La Comisión de Acusaciones se han negado a decirme si el caso está archivado o si lo han declarado prescrito. Me quieren obligar a poner un abogado ahí. Esa comisión ha sido indigna todos estos años y a mí me parece que yo no puedo legitimarla poniendo un abogado en una instancia que no sirve de nada. Acordémonos de que hasta hace muy poco en esa comisión estaba el hijo del paramilitar Jorge 40. ¿Yo qué voy a hacer allá? ¿Yo qué le voy a ir a preguntar a Jorgito 41? Nada. Ahora tenemos la ventaja de que este es un caso declarado de lesa humanidad, que ahora va nuevamente en una condición imprescriptible a la Cámara de Representantes y donde hay gente un poquito más interesante como para mover el caso. Pero no ha pasado nada, como tampoco pasó en 2012 cuando yo denuncié a Uribe por injuria y calumnia, porque me trató de “terrorista”. Ese caso en la Corte Suprema duró casi diez años sin moverse, hasta que llegó la magistrada militar (Cristina Lombana) y lo declaró prescrito. Uribe me volvió a tratar de terrorista en el 2017, le mandaron el caso a Francisco Barbosa a la Fiscalía, y ahí también murió.
Entre otros premios, en 2010 ganaste el Premio Mundial al Coraje, que entrega la International Women’s Media Foundation, y en el discurso dijiste: “Como víctima, voy a luchar hasta el último día de mi vida por la justicia real, la cual solo será posible cuando el expresidente Álvaro Uribe esté condenado por la persecución ilegal que dirigió contra más de 300 personas en Colombia”. ¿Eso ocurrirá algún día?
Estoy perdiendo la esperanza, pero todavía no estoy derrotada totalmente. Esta compulsa es un aliciente.
Cuando José Miguel Narváez te persiguió durante tantos años, ¿seguía órdenes del presidente Álvaro Uribe? ¿El entonces presidente de Colombia sabía qué estaba ocurriendo en este tipo de casos?
Creo que el presidente sí sabía. Recuerdo que en 2006 o 2007, el periodista Félix de Bedout le preguntó en una rueda de prensa: “Presidente, ¿usted está acusando a la oposición?”. Y el presidente contestó: “Pregúntele a Jorge Noguera”, entonces director del DAS. Claramente, mi persecución tuvo una directriz desde la presidencia de Uribe. Yo sí creo que Uribe estaba enterado, mal o bien. Pero de esa época no hay que olvidar que quien desplaza a Jaime Garzón como formador de opinión en Colombia es Álvaro Uribe Vélez. Recuerda que su gobierno siempre fue tendiente a crear el “estado de opinión”. No puedo decir que Uribe tenga responsabilidad en el crimen de Garzón, pero sí se benefició del asesinato. Y José Miguel Narváez viene de las entrañas del uribismo, tanto que coordinó el empalme de Fuerzas Militares, Fuerza Aérea y Policía Nacional entre los gobiernos de Pastrana y Uribe. Si Jaime Garzón no hubiera sido asesinado, el proyecto de derecha que trajo consigo la toma del poder por parte del crimen organizado a partir del año 2002 no hubiera sido posible.
También dijiste en el discurso de 2010: “Como periodista voy a seguir trabajando para que la gente tome conciencia sobre las dimensiones reales del espionaje y sus consecuencias para la democracia en Colombia”. ¿Ese es un fenómeno vigente?
Claro, fíjate que este caso se ha seguido repitiendo con otros actores, con otras víctimas. Recuerda el escándalo de la niñera de Laura Sarabia, que es básicamente el reflejo de prácticas, que no han cesado, del uso de las tecnologías y de la inteligencia para atacar como un método de control sociopolítico que hemos usado desde los años 50. En 2004 un tipo resulta condenado por las llamadas “chuzadas del DAS” y además está condenado por mi caso. Es un círculo vicioso del que el país no ha salido, y que hoy es todavía más grave con este tema de las nuevas tecnologías y de los softwares baratos. Ahora hay exfuncionarios del Estado que tienen empresas privadas, donde venden el servicio de interceptaciones ilegales. Debo decirte que en el año 2020 fui informada de que yo estaba nuevamente siendo víctima de este tipo de prácticas por parte de un exfuncionario de la Armada, pagado por Álvaro Uribe Vélez. Denuncié todo eso en Fiscalía y ahí está.
Hablando de justicia y de memoria histórica, ¿qué pasó con los archivos del DAS?, porque denunciaste que desaparecieron un montón de documentos y el país se quedó sin saber realmente cuántas víctimas más hubo.
El escándalo de las llamadas “chuzadas” empieza con la desaparición de archivos, no con la destrucción de archivos que se da justo después de que la Corte Constitucional en 2008 le ordena al DAS entregarme toda la información que tenía, y no hay absolutamente ninguna persona procesada. Luego, en 2014, descubrimos que habían desaparecido los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados digitales. Se anunció con bombos y platillos que iban a hacer una investigación. No pasó absolutamente nada. La historia de Colombia también se puede mirar desde el ocultamiento de la información. Hoy en día esos archivos del DAS supuestamente están en manos de la JEP. O bueno, están bajo custodia de la JEP en el Archivo General de la Nación.
¿Cuál debe ser el uso de esos documentos?
Deben ser semiabiertos, entregarles a las víctimas sin proceso judicial la posibilidad de tenerlos, de leerlos, de analizarlos y que estén custodiados para el público en general. Lo que hemos encontrado es que ahí no hay archivos reales de seguridad nacional, o sea que impliquen una amenaza para el Estado.
Hoy la policía secreta del Gobierno se llama Agencia Nacional de Inteligencia, al servicio del gobierno de Gustavo Petro. ¿Es un avance frente a lo que fue el DAS?
Creo que se avanza en el oscurantismo, porque ya todo es de seguridad nacional, y a uno ya no le pueden entregar documentos. Ahora se procesa a quienes filtran información desde allá, mientras vemos que Carlos Ramón González, el director, es un hombre señalado de corrupción. Están dirigiendo eso sin ningún tipo de experiencia. Yo creo que hace falta que la sociedad civil se empodere para exigirle al país y exigirle al gobierno y al Estado que nos permita realmente discutir de manera abierta y democrática el concepto de inteligencia, el deber ser de la inteligencia en Colombia.
La Unidad Nacional de Protección (UNP) es una de las entidades que surgió de disolver el DAS. ¿Por qué en 2022 renunciaste a su esquema de seguridad?
Porque descubrí que el carro blindado que me dieron a raíz de un informe que recibí de que me iban a matar en 2020, tenía un GPS. A mí no me pidieron permiso para recopilar mis movimientos a través de un GPS. Empiezo otra pelea jurídica y descubro más de 25.000 movimientos registrados en un periodo de menos de tres meses. Ese carro tenía además la posibilidad de apagarse remotamente, y de grabar videos y audios internos y externos. Era un sistema integral de espionaje móvil, sin que uno se enterara. Perdí esas peleas en la Corte Constitucional, que dijo que es legal que sin consentimiento te rastreen y te espíen. Entonces, yo creo que si tengo que escoger entre el riesgo de ser asesinada y el monitoreo por parte del Estado que se usa para planes de asesinato, pues yo prefiero el riesgo y la dignidad de seguir denunciando, sin carro de la UNP.
¿A raíz de la condena contra Narváez, has recibido nuevas amenazas?
Llamadas no, pero sí mensajes en redes sociales. Alguien me escribió que voy a recibir algo más que justicia, otros diciendo que yo he torturado también, y otras personas han dicho que que yo soy una guerrillera y que eso está probado. O sea que el nivel de intimidación y el paseo por mi casa de taxis y de vehículos extraños en actitud vigilante, en hostigamientos, parecen repetirse como hace 20 años. Tengo, supuestamente, un enlace con la Policía Nacional, para llamar cada vez que vea una situación de estas. Lo cierto es que la policía llega dos horas después y, cuando llega a tiempo, ni siquiera dicen quién era la persona, sino que la dejan ir. Es una situación compleja. Tengo la protección de las Brigadas Internacionales de Paz, que es un cuerpo de personas civiles extranjeras que acompaña a defensores de derechos humanos en situación de amenaza en Colombia. Soy la única periodista acompañada por Brigadas y tengo el apoyo de gente y y vecinos que que me ayudan. Con eso vivimos.
