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Por cuenta de la crisis migratoria que se vive en el municipio de Necoclí, en Antioquia, y que se ha extendido a otras poblaciones como Acandí, en Chocó, este sábado la oposición al gobierno del presidente Iván Duque anunció que citará a debate de control político a la canciller y también vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.
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Así lo anunció el representante León Fredy Muñoz, de la Alianza Verde, al término de una audiencia pública sobre la crisis migratoria en el Urabá antioqueño. Según alertó el congresista, la crisis se explica por la falta de compromiso y ausencia del Gobierno Nacional para darle solución a esta problemática. Por ello, pedirá que Ramírez explique cuáles han sido los protocolos para atender esta población.
“Esta situación no solo ocurre en el municipio de Necoclí, también es preocupante lo que pasa en Acandí, por este lugar también están pasando miles de migrantes de diferentes partes de mundo. Hay un asunto humanitario gravísimo”, dijo el congresista antioqueño.
Tras realizar un recorrido en la población, Muñoz denunció que no hay salubridad, ni baños, es decir, no hay condiciones dignas para estar ahí. “En este intento de pasar las fronteras, cerca de 50 migrantes han perdido la vida, cruzando afluentes o en su travesía por las selvas del Tapón del Darién”, agregó.
El representante hizo un llamado al Gobierno Nacional para que atienda la crisis con enfoque humanitario, de la mano de los distintos organismos de socorro y evitando también el abuso al que estos extranjeros son sometidos. “Hoy en Necoclí hay más de 20.000 personas, habitantes de varias nacionalidades, muchos de ellos haitianos, cubanos y africanos. La población se triplicó”.
Apenas este viernes, las agencias de Naciones Unidas pidieron reforzar las vías de migración seguras, regulares y ordenadas ante la muertes de migrantes que intentan cruzar desde Colombia hacia Panamá en su viaje hacia Norteamérica. El pasado 11 de octubre tres personas murieron y seis siguen desaparecidas tras naufragar la embarcación en la que viajaban junto a otros 21 migrantes para llegar a la zona colombiana en la que inician su viaje a pie hacia Panamá a través de la peligrosa selva del Darién. Una tragedia que lamentaron las agencias de Naciones Unidas.
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Las autoridades panameñas, por su parte, registraban hasta septiembre pasado la muerte de al menos medio centenar de migrantes. A finales de ese mes una decena de ellos, incluyendo menores, murieron ahogados en un río, según la información oficial disponible. Pero en realidad no se sabe con certeza cuántos han muerto en la selva víctimas del entorno salvaje o a manos de los grupos criminales que usan el Darién desde hace años para el tráfico de drogas, de armas y de personas.
Esta situación, “requiere la cooperación entre los países implicados y actores de la sociedad civil para que se puedan adoptar acciones que permitan la búsqueda e identificación de personas desaparecidas en estas travesías”, dijeron las agencias de la ONU.
Recalcaron que los migrantes están expuestos a riesgos y violaciones de derechos a lo largo de la ruta, incluyendo violencia sexual y de género, robo, trata de personas, discriminación, secuestro y extorsión, entre otros, algunos cometidos por el crimen organizado. “La situación afecta particularmente a las niñas y las mujeres, por lo que una respuesta con enfoque de género es necesaria”, indicaron.
Según datos de Unicef la mitad de los casi 19.000 menores que cruzaron el Darién entre enero y septiembre pasado eran menores de 5 años. Todo lo anterior “pone en evidencia una vez más la desesperación de las familias con niños y niñas y los riesgos extremos a los que están expuestas a lo largo de su travesía, cruzando fronteras, a menudo por vías irregulares ante la falta de vías de migración regular, en busca de seguridad, la protección de sus derechos humanos o una vida mejor”.
“Las agencias del sistema de Naciones Unidas resaltan la necesidad de reforzar las vías de migración seguras, regulares y ordenadas para reducir el riesgo de perder vidas e instan a fortalecer la investigación contra las redes nacionales y transnacionales organizadas involucradas en el tráfico, el contrabando y las actividades ilícitas relacionadas”.
También exhortaron a los Estados a proteger los derechos, incluyendo el derecho de buscar y recibir asilo, de todas las personas en movilidad, y a garantizar un acceso efectivo a los servicios básicos, independientemente de las razones por las que estas personas dejaron su país de origen, su situación migratoria, su nivel de ingresos y las circunstancias o condiciones de viaje.
En lo que va de año unos 107.000 migrantes en movilidad han pasado por Panamá, una cifra sin precedentes, y se espera que ese número ronde los 150.000 al cierre del 2021, dijo el jueves el ministro de Seguridad Pública panameño, Juan Pino. Los migrantes son en su mayoría familias haitianas, muchas procedentes de Chile y Brasil, donde se habían asentado hace años.
El jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Panamá, Santiago Paz, dijo en una entrevista con EFE que es imperativo seguir adoptando el Pacto Mundial para una Migración Ordenada, Segura y Regular.
El Pacto Mundial para una Migración Ordenada, Segura y Regular recomienda la cooperación entre los Estados para poder responder de forma inmediata y coherente a las necesidades de los migrantes en condición de vulnerabilidad, una necesidad que se hace especialmente evidente en el Tapón del Darién, alertó la OIM.
“Tenemos que expresar nuestra solidaridad y apoyo para una población que se ha visto, muchos de ellos forzados” a salir de su país, agregó Paz.