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Desde Popayán (Cauca), el senador Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, anunció que junto a su bancada presentará un proyecto de ley para fortalecer la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Según explicó, la iniciativa promueve una “vía activa” para protegerlos, pues a su juicio el gobierno de Gustavo Petro es “incapaz” de hacerlo.
“Me duele profundamente ver cómo masacran a hombres y mujeres que trabajan por las comunidades y que por enfrentar a grupos criminales que promueven el narcotráfico en muchos casos son asesinados”, dijo el senador Uribe, agregando que se trata de una respuesta a el “abandono” del presidente Petro a estas personas.
Desde Popayán, le anuncio al país que he presentado al Congreso, junto al @CeDemocratico, un proyecto de ley para proteger a los líderes sociales, que han sido abandonados por Gustavo Petro. pic.twitter.com/I8T0PrYp5E
— Miguel Uribe (@MiguelUribeT) October 5, 2024
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“Desafortunadamente, cuando hay un gobierno incompetente e incapaz como el actual, pues quienes sienten las consecuencias son precisamente los ciudadanos, en este casos los líderes sociales, que no tienen a quien acudir”, remató el senador Uribe Turbay, quien en la plenaria del Senado ha respaldado varios debates de control político contra funcionarios del Gobierno por los problemas de seguridad en el país.
Ya en 2023 la bancada del Centro Democrático, también en cabeza de Uribe Turbay, había intentado promover una propuesta similar, con el fin de crear una “estrategia integral y oportuna de atención para garantizar la protección efectiva del derecho a la seguridad e integridad personal de líderes sociales, defensores de derechos humanos y personas objeto de protección”.
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De acuerdo con ese articulado, la responsabilidad de llevar a cabo la estrategia de protección estaría en cabeza de las entidades territoriales, en coordinación con la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Policía Nacional, Fiscalía General, Agencia para la Reincorporación y la Normalización, Unidad para las Víctimas, Ministerio de Defensa, y el Ministerio del Interior.
La propuesta cobijaba a dirigentes o activistas de grupos políticos y especialmente de grupos de oposición, representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, de víctimas, sociales, cívicas, comunales o campesinos, activistas sindicales, dirigentes de grupos étnicos, periodistas y comunicadores sociales, entre otros.
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