A la Comisión Primera de la Cámara de Representantes fueron citados los ministros de Defensa, Iván Velásquez, y del Interior, Juan Fernando Cristo, junto con el Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, y el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, para responder por la seguridad de los firmantes de paz y líderes sociales en el país.
La citación fue radicada por los representantes Carlos Felipe Quintero Ovalle (Partido Liberal), Jorge Eliécer Tamayo Marulanda (Partido de la U), Jorge Alejandro Ocampo Giraldo (Pacto Histórico), Duvalier Sánchez Arango (Alianza Verde), Orlando Castillo Advincula (Citrep-Consejo Comunitario del Río Naya) y Luis Alberto Albán Moreno (Partido Comunes).
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En lo que va del año, la cifra de personas que tienen un papel de liderazgo en sus comunidades que fueron asesinadas ya alcanzó los 104, de acuerdo con Indepaz. En el caso de los firmantes de paz, ya llegó a los 19. De acuerdo con los congresistas el debate de control político busca “abordar los desafíos persistentes en la protección de estos actores fundamentales para la paz y la democracia”.
El Espectador dio a conocer que en solo cinco departamentos (Cauca, Bogotá, Valle, Norte de Santander y Santander) hay 4.282 solicitudes de líderes sociales a la UNP para pedir protección. En lo que va del año, el número de peticiones llega a los 9.149.
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“Aunque se han logrado avances en la disminución de asesinatos de líderes sociales en comparación con el gobierno anterior, el incremento en las masacres y la impunidad en muchos casos siguen siendo desafíos críticos”, indicó Ocampo. El representante pidió a los citados, además, que “se comprometan a fortalecer las medidas de protección y asegurar la presencia integral del Estado en las zonas más afectadas”.
Al debate de control político asistirán como invitados Luz Marina Giraldo, de la Fundación Sin Olvido, y Camilo Torres, del Sindicato de Trabajadores de la Unidad Nacional de Protección, que ha denunciado las demoras de más de seis meses en asignar esquemas y medidas de protección a líderes sociales.
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En los últimos meses, organizaciones y comunidades llevaron a cabo bloqueos en la Ruta del Sol, así como la Nunciatura Apostólica en Bogotá, para protestar por el asesinato a líderes sociales y la violencia que enfrentan en el día a día. En ambos casos, se levantaron las protestas tras diálogos con el Gobierno nacional.
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