Minigualdad enfrenta reveses judiciales mientras busca adeptos para reinstaurar su creación

La noticia de una renuncia, un revés judicial y un reloj que corre para dejar en firme la creación del Ministerio de Igualdad rodean la cartera que dirige la vicepresidenta Francia Márquez. El Minigualdad busca estabilizar el barco para asegurarse de que los resultados que les han achacado como pendientes, puedan quedar firmes en el menor tiempo posible. Sin embargo, tiene menos de dos legislaturas para no desaparecer, teniendo que ganar primer el visto bueno de un Congreso que duda en votar a favor del proyecto que podría no sumarle tanta popularidad.

La noticia de una renuncia, un revés judicial y un reloj que corre para dejar en firme la creación del Ministerio de Igualdad rodean la cartera que dirige la vicepresidenta Francia Márquez. El Minigualdad busca estabilizar el barco para asegurarse de que los resultados que les han achacado como pendientes, puedan quedar firmes en el menor tiempo posible. Sin embargo, tiene menos de dos legislaturas para no desaparecer, teniendo que ganar primer el visto bueno de un Congreso que duda en votar a favor del proyecto que podría no sumarle tanta popularidad.

Y es que, en solo una semana, el Viceministerio de las Juventudes recibió dos noticias que lo dejaron sin cabeza y con menos margen de maniobra en uno de los programas insignia del Gobierno de Gustavo Petro: Jóvenes en Paz. Primero, este lunes, se supo de la renuncia del viceministro más antiguo en la cartera, Gareth Sella Forero, quien presentó su carta de dimisión el pasado viernes en medio de varios roces con Márquez.

A eso se sumó la decisión del Consejo de Estado que limitó el alcance de Jóvenes en Paz y cerró la puerta para que poblaciones en situaciones de “pobreza” o “vulnerabilidad en términos monetarios”, como estaba establecido en la normativa que reglamentó el programa, pudieran ingresar. El fallo correspondió a una demanda de la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático), en la que se argumentó que el decreto 1649 de 2023 amplió de forma irregular el grupo de beneficiarios.

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“En efecto, tal como lo argumentó la parte actora, el artículo 348 de la Ley 2294 de 2023 previó que el Programa Nacional Jóvenes en Paz está dirigido a la juventud entre los 14 y 18 años de edad que se encuentran en situación de ‘extrema pobreza’, y no de ‘pobreza o vulnerabilidad en términos monetarios’, por lo que se evidencia la existencia de una infracción manifiesta con la ley reglamentada en tanto que se amplió el grupo de beneficiarios del programa”, estableció el Consejo de Estado, que comenzará a regir para las generaciones venideras del programa.

Pero la decisión judicial que preocupa más a la cartera es en la que la Corte Constitucional determinó que hubo “vicios de procedimiento en su formación” debido a que no se analizó el impacto fiscal de la iniciativa, “un vicio de procedimiento insubsanable”, y tumbó la Ley 2281 de 2023, que le dio creación. Y si bien el tribunal le dio plazo al Gobierno hasta el final de la legislatura 2025-2026, que finaliza el 20 de junio, para presentar otro proyecto y lograr su aprobación, el tiempo corre y la ventana de posibilidades se cierra.

La cartera todavía no tiene claro cuándo presentará ese nuevo proyecto, que tendría aproximadamente año y medio para pasar por todos los cuatro debates necesarios. Además, tiene que abrirse lugar en la abultada agenda legislativa que el Gobierno tiene definida, que incluye las reformas a la salud, laboral, judicial y política, además del proyecto de ley ordinaria de la jurisdicción agraria.

En su paso por el Congreso, el proyecto de ley de Minigualdad fue discutido con mensaje de urgencia y la Casa de Nariño tenía el control de las presidencias en el Capitolio: en el Senado, con Roy Barreras (Pacto Histórico)— actualmente embajador de Colombia en el Reino Unido después de que el Consejo de Estado anulara su elección por doble militancia—, y en la Cámara, David Racero (Pacto Histórico). A más de un año de que recibiera ese visto bueno, quienes en ese entonces votaron a favor no están tan convencidos de volverlo a hacer, especialmente en el año preelectoral.

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Desde el Legislativo, incluso, es desde donde más han criticado la sombra de la baja ejecución que persigue al Ministerio. La vicepresidenta se ha tenido que presentar frente al Congreso en varias ocasiones para defender su gestión y ha subrayado que, además de ser una cartera recientemente creada, también han tenido que esperar la aprobación de la viabilidad de los proyectos de los siete programas que esperan adelantar: Hambre Cero, Jóvenes en Paz, Agua es Vida, Casas para la Dignidad de la Mujer, Abordaje Integral de las Violencias contra las Mujeres, Programa Nacional del Cuidado y Autonomía Económica para las Mujeres.

“Es importante decir que, en relación a inversiones, los proyectos fueron viabilizados por el Departamento Nacional de Planeación hace tres meses, y la asignación de los recursos para el Ministerio, a partir de la aprobación de los proyectos en Planeación, se materializó en el mes de julio. Es decir, llevamos dos meses, en términos de los recursos de inversión, en ejecución”, indicó en su paso por la Comisión Séptima del Senado el pasado septiembre.

Pero, más allá de la situación presupuestal, pues enfrenta una reducción de $505.000 millones frente a lo asignado para el 2024 (cerca de $1,6 billones tras el aplazamiento del presupuesto de este año), tampoco ha sido sencillo adelantar las tareas necesarias con un equipo que ha reportado varias salidas y puestos vacíos. El caso más conocido es el del Viceministerio de Diversidades, al que iba a llegar el politólogo Juan Carlos Florián Silva, pero cuya posesión nunca se concretó después de que se conociera que había trabajado como actor en la industria de entretenimiento para adultos.

Además de eso, todos los viceministros posesionados el año pasado renunciaron, algunos alegando roces con la vicepresidenta. Dos ya fueron reencauchadas en otros puestos. La primera en llegar a la cartera fue Diana Gómez Correal— hoy directora de Registro y Gestión de la Información en la Unidad de Víctimas— como viceministra de la Mujeres, puesto que hoy ocupa Tamara Ospina Posse.

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Luz María Múnera llegó un mes después al cargo de viceministra para las Poblaciones y Territorios Excluidos y la Superación de la Pobreza, en el que está actualmente Javier Plazas. Tanto Gómez como Múnera— quien funge como consejera presidencial para las Regiones— renunciaron en abril, con tan solo un día de diferencia. A la lista se sumó el viceministro de Juventudes, quien dimitió por orden del mismo presidente.

Sella presentó su carta de renuncia el pasado viernes, a dos semanas de la Asamblea Nacional de Juventudes, uno de los eventos clave en su gestión, que se realizará entre el 9 y 11 de noviembre en Ibagué, Tolima. Al encuentro, que fue materia de discusión entre las Plataformas de Juventudes, el Consejo Nacional de Juventudes y el Ministerio, llegarán 3.000 jóvenes de todo el país para apoyar en la construcción de la Agenda de Juventudes.

Y justamente por la posibilidad de que ocurriera el evento sin el funcionario más importante en esa cuestión, 96 horas después de que Sella pasara su dimisión ya estaba en el sistema de aspirantes de la Presidencia la hoja de vida de su reemplazo. A encabezar el Viceministerio entraría el sociólogo Pablo Mateo Zabala Vargas, quien trabajó en el despacho de la Dirección General de la Organización de Estados Iberoamericanos como asesor hasta septiembre de 2023. Pero faltará que pasen los tiempos establecidos por la ley para que efectivamente tome posesión en el cargo.

Mientras eso ocurre, la vicepresidenta se encuentra en Cali como una de las caras de Colombia en la COP16, uno de los eventos más importantes en materia de biodiversidad. Desde allá, se ha reunido con los gobiernos de Bolivia, Ghana, Mozambique e India, y busca avanzar en “la inclusión y el reconocimiento de los Pueblos Afrodescendientes dentro de la Convención de Diversidad Biológica (CDB)”.

El ministerio, una de las promesas de campaña de la fórmula Petro-Márquez, tendrá que sortear varios frentes en lo que resta del año y lograr sumar los apoyos necesarios, tanto dentro del Gobierno como en el Legislativo, para que el proyecto que busca reinstaurarlo en la Constitución quede en firme. Eso sí, el tiempo no juega a su favor y tendrá que insistir en la necesidad de una cartera que se creó para “contribuir en la eliminación de las desigualdades económicas, políticas y sociales”, pero que ahora es vista con escepticismo y la baja ejecución puede jugarle en contra.

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