La instalación de la Mesa Nacional de Garantías para la defensa de los derechos humanos ocurrió este jueves con la presencia del ministro de Defensa, Iván Velásquez; la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago; y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Esta es la primera sesión que se adelanta desde la posesión del presidente Gustavo Petro, quien estuvo ausente por su agenda en Nueva York con el Consejo de Seguridad de la ONU.
“Fue una reunión muy productiva, porque es hablando, porque es escuchando, como se construye en este país. Esta Mesa Nacional de Garantías hace parte de todo este proceso de la búsqueda de un acuerdo nacional cuyo primer punto, lo dije ayer e insisto hoy, tiene que ser sacar definitivamente la violencia del ejercicio de la política”, afirmó el ministro del Interior.
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Según Cristo, esta reunión hace parte del plan de choque para la implementación del Acuerdo de Paz hasta el 7 de agosto del 2026. Además, aseveró que el Gobierno está comprometido con los avances del tratado con las extintas Farc-EP, así como con señalar sus posibles fallas.
“Allí, en el Acuerdo de Paz, está, de alguna manera, el germen del acuerdo nacional que está buscando el Gobierno con los distintos sectores sociales, económicos y políticos. Vamos a seguir en este diálogo permanente”, añadió el mininterior.
Este es un “espacio de interlocución entre el Estado y la sociedad civil, con el acompañamiento de la comunidad internacional sobre el tema de garantías para el ejercicio de la labor de defensa de derechos humanos”. En el evento se reunieron 50 delegados y delegadas de mesas territoriales de garantías de 28 departamentos y subregiones, así como los representantes del Sistema de Naciones Unidas y las embajadas de Suiza, Suecia, Países Bajos, España, Noruega, Alemania, Austria, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.
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“Voceros y voceras de las plataformas de DD. HH., esperan que, con la instalación de la Mesa Nacional de Garantías, se concrete una ruta de acción de concertación y puesta en vigor de garantías efectivas para la defensa de los derechos humanos y se articule con el cumplimiento de los mandatos de la Sentencia de la Corte Constitucional C-546 de 2023 que el año pasado estableció un Estado de Cosas Inconstitucional ECI, es decir, una situación crítica y generalizada de violación a los derechos humanos de la población líder y defensora de derechos humanos”, se lee en el comunicado.
En la reunión también estuvieron Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, y el programa Somos Defensores
Este evento tuvo que haber ocurrido el 30 de septiembre de 2023. Sin embargo, las organizaciones llaman a ese evento una “sesión fallida” por “la ausencia de las autoridades de alto nivel responsables de liderar las respuestas institucionales a la grave crisis humanitaria que viven las personas defensoras y liderazgos sociales en el país”.
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“Con esto se incumple con el auto de tutela de la Corte Constitucional (538/2022) que ordena a las autoridades del Estado tomar medidas frente a la situación de desprotección y riesgos que enfrentan estas poblaciones”, indicó un comunicado publicado por las organizaciones sociales el 28 de septiembre.
En ese momento, exigieron la presencia del presidente y los “ministros del Interior, Defensa, Justicia, de la Igualdad, y de las TIC, así como el Alto Comisionado para la Paz, además del Defensor del Pueblo, el Fiscal General de la Nación y el Procurador General de Nación”. Esto con el fin de enviar “un mensaje político a la sociedad sobre la importancia que tiene para las entidades del Estado esta grave situación y el compromiso en la adopción de medidas vinculantes para enfrentarlas”.
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