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El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se defendió de los señalamientos que se le han hecho recientemente frente a una presunta responsabilidad en comprar votos de congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
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“Voy a asumir la defensa. Mucho de lo que se está diciendo tiene mucho de especulación en términos de que acá no hay cupos indicativos ni compra de congresistas”, indicó el ministro desde Catam, previo al viaje que realizará el presidente Gustavo Petro y algunos altos funcionarios a Uruguay.
Los señalamientos que se han hecho contra el líder de la cartera económica no solo son un nuevo capítulo del escándalo de presunta corrupción de la UNGRD, sino también, se dan cuando el Gobierno busca aprobar el proyecto de ley de financiamiento para recaudar $12 billones para el Presupuesto de 2025.
La iniciativa ha tenido un mal paso en el Legislativo, pues su discusión ya ha sido aplazada en varias oportunidades y bancadas como la conservadora, de la cual viene el presidente de la corporación, Efraín Cepeda, ya han anunciado su voto negativo.
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El presidente Petro también ha salido en defensa de su ministro, asegurando que “la acusación a Bonilla es injusta”. Además, manifestó que lo respeta mucho “por su profundidad intelectual como economista de verdad, comprometido con las necesidades de su pueblo”.
Además, el jefe de Estado se ha referido a las declaraciones que entregó la exasesora de Bonilla, María Alejandra Benavides, a la Fiscalía. Según dijo al ente investigador, como lo reveló Caracol, Bonilla habría estado al tanto de los presuntos pagos a varios congresistas con la intención de que respaldaran al Gobierno para poder adquirir más deuda pública a cambio de recibir apoyo del Ejecutivo en proyectos en sus regiones.
“Los llamados cupos indicativos, que yo mismo denuncié en el Congreso en aquel entonces, eran hechos por centenares, en donde los congresistas se identificaban por códigos secretos en el Ministerio de Hacienda. Y se entregaban centenares de miles de millones de pesos, girados a alcaldes amigos de los congresistas, para que estos eligieran los contratistas que iban a darles dinero en efectivo para comprar los votos de sus electores. No es un invento de hoy, y no solo es un delito, sino que es el mismísimo sistema político de Colombia”, aseguró Petro.
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