El ministro de Justicia, Néstor Osuna; el ministro de Defensa, Iván Velásquez; el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez; y el director del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez, serán citados a debate de control político sobre las medidas de protección para funcionarios y líderes sociales, horas después de que se conociera la noticia de que el director de la cárcel Modelo, el coronel (r) Elmer Fernández, había sido asesinado. El representante a la Cámara Duvalier Sánchez (Pacto Histórico) aseguró que el próximo lunes radicará la proposición.
“Algo tiene que estar andando mal en la entidad, en los procesos, en los estudios de riesgo, la asignación de los esquemas de protección y de seguridad para líderes sociales, para funcionarios del Gobierno y para representantes políticos, como fue el caso de los concejales en Tuluá. Ameritan que el director responda ante el Congreso y ante el país”, afirmó sobre la UNP.
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Como algunos de sus colegas en el Legislativo, el representante cuestionó que Fernández no contara con un esquema de protección, a pesar de que en su cargo había recibido amenazas. Hace una semana, después de que se hiciera una inspección a las celdas de la cárcel, el director había recibido panfletos en los que se le advirtió que asesinarían a su familia si continuaba con las requisas.
“Nosotros tenemos en nuestro poder una respuesta a un derecho de petición que habíamos radicado hace algunas semanas donde se evidencia que hay fallas en los esquemas, que hay fallas en los procesos, que no se está atendiendo de forma oportuna las necesidades de protección a líderes amenazados en este país”, indicó.
El director de la UNP ha dicho que no habían recibido una petición por parte del coronel (r) para que le fuera otorgado un esquema de protección. Sin embargo, el ministro Osuna aseguró en una rueda de prensa este viernes que hubo una solicitud sobre esto, tramitada a través del Inpec, para que a Fernández le fueran otorgadas medidas de seguridad.
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Denuncias similares se han hecho por parte de concejales en Tuluá tras el asesinato de uno de sus colegas, Carlos Arturo Londoño, y Clarivet Ocampo, una funcionaria de la Alcaldía, el 19 de abril. El alcalde del municipio, Gustavo Vélez Román, señaló que los responsables habían sido los integrantes del grupo criminal La Inmaculada, cuyo poder se mantenía en la zona a pesar de que sus cabecillas estuvieran recluidos.
“La inmensa mayoría de los concejales y secretarios de despacho andan solos porque no tienen un esquema de la UNP, la Policía está haciendo un acompañamiento, pero los concejales han estado muy desprotegidos”, dijo Vélez.
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El comandante de la Policía del Valle del Cauca, el coronel Giovanni Cristancho, hizo eco de estas declaraciones. Aseguró que concejales se acercaron a él para pedir protección, pero no era suficiente, pues ha implicado “desmontar dos cuadrantes de convivencia y seguridad ciudadana para proteger a los señores concejales”.
“Estamos esperando que la Unidad Nacional de Protección, UNP, se apersone de su propia responsabilidad y pueda colocar rápidamente los esquemas que les corresponden a los concejales”, señaló.
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