Misión de Verificación expresa preocupación por seguridad de excombatientes
La alerta fue emitida en el informe ante el Consejo de Seguridad. También pidió que se agregue la financiación de la Comisión de la Verdad en el presupuesto de 2022.
En la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, llevado a cabo en Nueva York, se llevó a cabo la rendición de cuentas frente a la implementación del acuerdo de paz. Los encargados de esta tarea fueron Carlos Ruiz Massieu, jefe de la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia, y Bibiana Peñaranda y Daniela Soto, ambas vinculadas a las mesas de verificación e implementación.
Massieu comenzó su intervención destacando que “hechos recientes nos demuestran el potencial de un acuerdo que pone a las víctimas del centro”. A renglón seguido destacó la aprobación de las 16 curules que serán ocupadas únicamente por los que son reconocidos como víctimas.
En este mismo sentido aseguró que el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición ha tenido “incuestionables avances”. Según Ruiz Massieu, estos avances están permitiendo que se honren los derechos de las miles de víctimas que dejó más de medio siglo de conflicto armado.
El representante de la ONU en el seguimiento al acuerdo expresó que los avances que se han dado en los últimos cinco años se deben al compromiso de todas las partes, tanto sociedad civil, como entidades del Estados, excombatientes y comunidad internacional que han aportado. En este punto acotó que es un trabajo acumulado de cinco años, tratando de quitarle fuerza a esos planteamientos que solo buscan destacar lo que ha hecho su administración.
Para Ruiz Massieu, aunque destacó lo que se ha hecho, el éxito de la implementación depende de que se cumplan todos los elementos del acuerdo, “su implementación aislada sería insuficiente para acabar con los factores que sustentaron el conflicto”. Todo lo anterior lo dijo en español y luego cambió al inglés, en este idioma presentó algunas preocupaciones que ha tenido, sobre todo ante la violencia que se está viviendo en las zonas que habitan excombatientes, líderes sociales y todo tipo de comunidad. Allí reveló que en las cifras que lleva la ONU se han presentado 296 homicidios contra reincorporados, sin dejar claro si las cifras incluían a la excombatiente asesinada este jueves.
“Viajé al Meta, que fue un bastión de las Farc-EP, y buena parte de sus exmiembros viven allí. Hablé con excombatientes que plantan café y aguacates, que montaron una pastelería. Las iniciativas productivas son palpables”, dijo Carlos Ruiz Massieu al Consejo de Seguridad. Este reconoció que es notorio el deseo de los excombatientes de ser “miembros productivos de sus comunidades”, pero que este esfuerzo está siendo amenazado.
Puede ver: Gobiernos Santos y Duque vuelven a chocar por implementación del Acuerdo de Paz
Antes de entrar a hablar de la violencia, el veedor de la implementación señaló que parte del peligro pasa porque los exguerrilleros no han tenido acceso a la tierra o a un ingreso sostenible, lo que llevaría a muchos a que “sean obligados a reubicarse”. Ruiz Massieu resaltó que la mayoría de excombatientes están trabajando en tierras alquiladas, lo que puede llevarlos a tener que reubicarse pronto. Por eso, este celebró los esfuerzos para comprar tierras y darlas a los excombatientes: “vale la pena para que los excombatientes echen raíces”.
Tras este punto, el representante de la Naciones Unidas pasó a hablar de los problemas de seguridad, los cuales “lo vemos con mucha inquietud”. En este apartado destacó que han sido las zonas donde los excombatientes donde más problemas de esta índole han encontrado. “286 hombres y mujeres que depusieron las armas han muerto por las acciones de actores armados”, dijo Ruiz Massieu, que agregó que no solo son los excombatientes, sino que también han sido víctimas los líderes sociales y la comunidad internacional.
La cabeza de la representación de verificación continuó pidiendo que se apliquen todas las garantías de seguridad “Se debe usar mejor la comisión de garantías de seguridad”, dijo Carlos Ruiz Massieu, que también destacó los avances que se han hecho en la Unidad Nacional de Protección (UNP), pero hizo énfasis en que es “esencial la aprobación de medidas de seguridad” a tiempo.
Además: Duque “pudo hacer mucho más” para implementar el Acuerdo de Paz: Santos
Tras este capítulo, el representante del secretario general volvió a hablar en español para destacar que en 2018 fueron las elecciones más pacíficas en Colombia y que esto es una muestra del beneficio de mantener la implementación. Luego, destacó que se estableció una mesa étnica para afianzar la reincorporación de indígenas y afro que se alzaron en armas.
También celebró que hace unas semanas un grupo de excombatientes dedicados al desminado entregó se primera zona libre de minas. Por último, destacó la prolongación del mandato de la Comisión de la Verdad. Allí le hizo una invitación al Gobierno para que demuestre su compromiso con la paz al incluir este aumento de funcionamiento en el presupuesto para 2022.
Tras la representación del vocero de la ONU, el Consejo de Seguridad escuchó a la activista feminista y antirracista Bibiana Peñaranda y a la lideresa social e indígena Daniela Soto, que fue víctima de la violencia durante las movilizaciones sociales de abril y mayo de este año.
Ambas, contrarias a Ruiz Massieu, cuestionaron al gobierno y las acciones en la implementación. Peñaranda se centró en un avance casi nulo en el capítulo étnico de la implementación. Asimismo ,cuestionó el compromiso del Gobierno con la paz, tanto que lo señaló de mantener prácticas de violencia, que se habrían evidenciado en el paro nacional de abril.
En esta misma línea siguió Daniela Soto, que aprovechó el espacio para contar la violencia que sufrió durante el paro. Además, esta señaló que el acuerdo había significado una esperanza para las comunidades indígenas, pero gran parte de esa esperanza se ha diluido. Sobre todo, por la falta de aplicación de capítulos como la reforma agraria integral, la sustitución voluntaria y la implementación del enfoque étnico y la ruta de género en el acuerdo.
Estas fueron seguidas por las representaciones de los países con asiento en el Consejo de Seguridad. Allí varios destacaron varios puntos de la implementación, pero también cuestionaron temas como seguridad de los excombatientes y líderes sociales. Algunos de los que más presentaron sus preocupaciones fueron las representaciones de Reino Unido, México, entre otras.
En la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, llevado a cabo en Nueva York, se llevó a cabo la rendición de cuentas frente a la implementación del acuerdo de paz. Los encargados de esta tarea fueron Carlos Ruiz Massieu, jefe de la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia, y Bibiana Peñaranda y Daniela Soto, ambas vinculadas a las mesas de verificación e implementación.
Massieu comenzó su intervención destacando que “hechos recientes nos demuestran el potencial de un acuerdo que pone a las víctimas del centro”. A renglón seguido destacó la aprobación de las 16 curules que serán ocupadas únicamente por los que son reconocidos como víctimas.
En este mismo sentido aseguró que el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición ha tenido “incuestionables avances”. Según Ruiz Massieu, estos avances están permitiendo que se honren los derechos de las miles de víctimas que dejó más de medio siglo de conflicto armado.
El representante de la ONU en el seguimiento al acuerdo expresó que los avances que se han dado en los últimos cinco años se deben al compromiso de todas las partes, tanto sociedad civil, como entidades del Estados, excombatientes y comunidad internacional que han aportado. En este punto acotó que es un trabajo acumulado de cinco años, tratando de quitarle fuerza a esos planteamientos que solo buscan destacar lo que ha hecho su administración.
Para Ruiz Massieu, aunque destacó lo que se ha hecho, el éxito de la implementación depende de que se cumplan todos los elementos del acuerdo, “su implementación aislada sería insuficiente para acabar con los factores que sustentaron el conflicto”. Todo lo anterior lo dijo en español y luego cambió al inglés, en este idioma presentó algunas preocupaciones que ha tenido, sobre todo ante la violencia que se está viviendo en las zonas que habitan excombatientes, líderes sociales y todo tipo de comunidad. Allí reveló que en las cifras que lleva la ONU se han presentado 296 homicidios contra reincorporados, sin dejar claro si las cifras incluían a la excombatiente asesinada este jueves.
“Viajé al Meta, que fue un bastión de las Farc-EP, y buena parte de sus exmiembros viven allí. Hablé con excombatientes que plantan café y aguacates, que montaron una pastelería. Las iniciativas productivas son palpables”, dijo Carlos Ruiz Massieu al Consejo de Seguridad. Este reconoció que es notorio el deseo de los excombatientes de ser “miembros productivos de sus comunidades”, pero que este esfuerzo está siendo amenazado.
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Antes de entrar a hablar de la violencia, el veedor de la implementación señaló que parte del peligro pasa porque los exguerrilleros no han tenido acceso a la tierra o a un ingreso sostenible, lo que llevaría a muchos a que “sean obligados a reubicarse”. Ruiz Massieu resaltó que la mayoría de excombatientes están trabajando en tierras alquiladas, lo que puede llevarlos a tener que reubicarse pronto. Por eso, este celebró los esfuerzos para comprar tierras y darlas a los excombatientes: “vale la pena para que los excombatientes echen raíces”.
Tras este punto, el representante de la Naciones Unidas pasó a hablar de los problemas de seguridad, los cuales “lo vemos con mucha inquietud”. En este apartado destacó que han sido las zonas donde los excombatientes donde más problemas de esta índole han encontrado. “286 hombres y mujeres que depusieron las armas han muerto por las acciones de actores armados”, dijo Ruiz Massieu, que agregó que no solo son los excombatientes, sino que también han sido víctimas los líderes sociales y la comunidad internacional.
La cabeza de la representación de verificación continuó pidiendo que se apliquen todas las garantías de seguridad “Se debe usar mejor la comisión de garantías de seguridad”, dijo Carlos Ruiz Massieu, que también destacó los avances que se han hecho en la Unidad Nacional de Protección (UNP), pero hizo énfasis en que es “esencial la aprobación de medidas de seguridad” a tiempo.
Además: Duque “pudo hacer mucho más” para implementar el Acuerdo de Paz: Santos
Tras este capítulo, el representante del secretario general volvió a hablar en español para destacar que en 2018 fueron las elecciones más pacíficas en Colombia y que esto es una muestra del beneficio de mantener la implementación. Luego, destacó que se estableció una mesa étnica para afianzar la reincorporación de indígenas y afro que se alzaron en armas.
También celebró que hace unas semanas un grupo de excombatientes dedicados al desminado entregó se primera zona libre de minas. Por último, destacó la prolongación del mandato de la Comisión de la Verdad. Allí le hizo una invitación al Gobierno para que demuestre su compromiso con la paz al incluir este aumento de funcionamiento en el presupuesto para 2022.
Tras la representación del vocero de la ONU, el Consejo de Seguridad escuchó a la activista feminista y antirracista Bibiana Peñaranda y a la lideresa social e indígena Daniela Soto, que fue víctima de la violencia durante las movilizaciones sociales de abril y mayo de este año.
Ambas, contrarias a Ruiz Massieu, cuestionaron al gobierno y las acciones en la implementación. Peñaranda se centró en un avance casi nulo en el capítulo étnico de la implementación. Asimismo ,cuestionó el compromiso del Gobierno con la paz, tanto que lo señaló de mantener prácticas de violencia, que se habrían evidenciado en el paro nacional de abril.
En esta misma línea siguió Daniela Soto, que aprovechó el espacio para contar la violencia que sufrió durante el paro. Además, esta señaló que el acuerdo había significado una esperanza para las comunidades indígenas, pero gran parte de esa esperanza se ha diluido. Sobre todo, por la falta de aplicación de capítulos como la reforma agraria integral, la sustitución voluntaria y la implementación del enfoque étnico y la ruta de género en el acuerdo.
Estas fueron seguidas por las representaciones de los países con asiento en el Consejo de Seguridad. Allí varios destacaron varios puntos de la implementación, pero también cuestionaron temas como seguridad de los excombatientes y líderes sociales. Algunos de los que más presentaron sus preocupaciones fueron las representaciones de Reino Unido, México, entre otras.