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Este miércoles, se conoció que el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, salió hace una semana del país por su seguridad y pidió medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tras la noticia, la Misión de Observación Electoral (MOE) le exigió al Gobierno tomar acciones de protección para funcionarios y políticos de la región que, como Caicedo, también han recibido amenazas.
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De acuerdo con la organización, en el primer semestre de este año, han registrado, al menos, siete amenazas, a un funcionario de la Alcaldía de Ciénaga, a líderes de la Alianza Verde y Fuerza Ciudadana y dos ediles de MAIS. Pero no son solo estos casos, los informes de la MOE dan cuentan de las intimidaciones que ha sufrido Caicedo desde 2017.
“Es imperativo que las autoridades del orden nacional ejecuten acciones dirigidas a proteger y prevenir hechos de violencia que afecten la seguridad e integridad de funcionarios electos en todo el territorio nacional”, dijo la directora de la MOE, Alejandra Barrios.
Entre las medidas que recomienda la organización están el fortalecimiento de esquemas de seguridad y de los cuerpos de investigación y judicialización de los instigadores, con el propósito de desarticular las estructuras dedicadas a amenazar a líderes de toda índole.
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De acuerdo con Caicedo, en el departamento se orquesta un plan del Clan del Golfo para asesinarlo. Tras la confirmación del riesgo por parte del Ejército y la Policía, el gobernador decidió salir del país.
Sobre la solicitud de medidas cautelares por parte de la CIDH, su abogado, Javier Galindo, dijo que “los comisionados no pueden decidir en esta etapa procesal. Deben recibir la solicitud y estudiarla. Lo que sí le pedimos a la CIDH es que, en virtud de su reglamento, decida lo más pronto posible y en el próximo período de sesiones confirme en el pleno la decisión, y que, si le va a solicitar información al Estado colombiano, lo haga en el menor tiempo posible”.