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Mientras que el país estaba en las calles protestando, la semana pasada, las Comisiones Primera de Senado y Cámara aprobaron de forma conjunta la reforma al código disciplinario, que implica una serie de reformas a la Procuraduría. Ahora, solo queda que las respectivas plenarias le den el sí a la iniciativa impulsada por la procuradora Margarita Cabello, pero cada vez son más las objeciones al texto radicado.
La Misión de Observación Electoral (MOE) fue la última en unirse a los objetores del cuestionado proyecto. Por esta razón, la organización de veeduría pidió que el Congreso archive la iniciativa a la que apenas le faltan dos debates, que deberían darse de forma paralela, por el mensaje de urgencia emitido por presidencia a favor del texto.
Según la MOE, la iniciativa le da facultades propias de los jueces al Ministerio Público, así como facultades de policía judicial: “poder para autorizar allanamientos e intervenir las comunicaciones, entre otras”. También llamó la atención frente a la posibilidad que da el proyecto de aumentar la burocracia al crear una serie de cargos que ni siquiera han sido determinados en su articulado.
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Asimismo, la misión de observación criticó que no se cumpla con el objetivo del proyecto, que es armonizar el ordenamiento colombiano con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Petro, “en el que señaló que, de acuerdo al artículo 23 de Convención Americana, solo con condena, por juez competente, en proceso penal, se pueden imponer sanciones de inhabilitación o destitución a funcionarios electos popularmente”.
Según la MOE, desde el mismo artículo primero se va en contravía del propósito original. Esto debido a que en dicho apartado se plantea que la Procuraduría concentrará “facultades de investigación y sanción de destitución, suspensión e inhabilidad contra todos los funcionarios públicos, sean estos elegidos o no popularmente”.
A consideración de la veeduría, el proyecto convertiría a los procuradores en jueces y no responde con las exigencias del fallo de la corte supranacional. “Pese a que el proyecto otorga facultades jurisdiccionales, estas se mantienen en una institución de carácter administrativo, y no son trasladadas a un juez penal”, expuso la directora de la MOE, Alejandra Barrio, como uno de los motivos para pedir el archivo de la iniciativa.
Barrios también cuestionó este punto debido a que se mantienen facultades sancionatorias de funcionarios elector por voto popular “en un órgano cuyo titular tiene un origen político”. Vale aclarar que el procurador, actualmente procuradora, es elegido por el Congreso de una terna conformada por candidatos del Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia y Presidencia. Frente a la actual administración, Cabello, que era ministra de Justicia, fue nominada por el presidente Iván Duque.
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En otra línea, la MOE cuestionó que este proyecto y otros presentados por otras entidades estatales incluyan artículos para modificar y ampliar sus funciones, “sin mayor justificación”. “Aumentan sin mayor justificación, su planta de personal. Generando con ello un incremento en la burocracia de la entidad, sin presentar estudios sobre el impacto fiscal y sin brindar información sobre el número de cargos a contratar” aseveró Barrios.
Por último, la Misión de Observación Electoral cuestionó que el proyecto se esté tramitando como una ley ordinaria, cuando debería recibir el trato de un proyecto de reforma estatutaria. Esto debido a que su contenido “afecta el núcleo esencial del derecho a la participación política”. Asimismo, criticó que el mensaje de urgencia presidencia restrige las deliberaciones de “un tema crucial para la democracia colombiana”.