Mujeres al poder: un temor que persiste

“Entrar a la política ha sido un reto. En provincias como la mía, las mujeres se vieron por mucho tiempo como las que preparaban el refrigerio en las reuniones políticas o las que hacían el sancocho para los asistentes en el patio trasero”, cuenta Sorrel Aroca, gobernadora de Putumayo y primera mujer indígena del país en ocupar un cargo de este tipo. La escena que narró la vivió muchas veces, dice. “Pero hoy puedo decir que logramos aumentar los recursos disponibles para la inversión social en un 400 %. Además, un 60 % del presupuesto lo enfocamos al sector rural, que es el 70 % del departamento”, agrega.

(Para contexto: Paso definitivo para el pulso electoral: terminó plazo para inscripción de candidatos)

Aroca espera que el 27 de octubre su cargo lo ocupe otra mujer, pero sabe que es complejo. No sataniza su recuerdo sobre el papel que le siguen dando a las mujeres en la política, pero reconoce que es un ejemplo del relego de la figura femenina y, por ende, del poco sentido de paridad en el panorama electoral. La política aún se mueve en lógicas masculinas, a pesar de que ya son 62 años desde que las mujeres saltaron a la escena pública, cuando votaron por primera vez en 1957.

Con ella, son cinco las gobernadoras elegidas en 2015, cantidad minoritaria en un país con 32 departamentos. También lo es el número de alcaldesas: 134 entre más de 1.100 municipios. Y según el consolidado de la Registraduría, son 45.483 candidaturas de mujeres aprobadas, que competirán para administrar los territorios, o para ser diputadas y concejalas, de un total de 121.194 inscritos. Aunque el sexo femenino representa solo la tercera parte de los aspirantes a ganar el poder local, es una cifra mayor a la que había previsto el Ministerio del Interior. Esa cartera especuló que serían alrededor de 35.000 candidatas, pero lograron rebasar por mucho ese estimado. La pregunta es: ¿cuántas llegarán?

Para la Dirección de Género de la Misión de Observación Electoral (MOE) hay varios obstáculos. Entre ellos resalta la cultura tradicional machista, que hace que aunque haya candidatas, pocos voten por ellas; el incumplimiento en términos legislativos por parte de los partidos políticos y la falta de seguimiento al 5 % de los recursos de las colectividades, que deben ser destinados a promover las elecciones de sus minorías, dentro de las que caben las políticas.

(Lea: Alerta electoral: el posible ingreso de dineros calientes en las elecciones de 2019)

Lo mismo piensa Diana Osorio, especialista de género del Instituto Holandés de Democracia Multipartidaria. En su criterio, es un tema de voluntad política y compromiso de las colectividades: “Para los partidos, a los hombres y las mujeres que forman parte de estos les es difícil entender que la equidad no es algo de números, sino que tiene todo un fondo sobre lo que nosotras aportamos en la economía, el desarrollo, la política y demás aspectos de un país. Puede ser el miedo a no arriesgarse a lo desconocido, que desafía el orden tradicional de la política”, aseguró.

Y dice, además, que esa falta de interés se nota no solo en las elecciones, sino en el apoyo a los proyectos legislativos que buscan la paridad en la política, como lo ha sido un punto de la reforma política que pretende legislar y poner en práctica los principios de equidad, universalidad y alternancia establecidos en 2015. “Es una falta de los partidos que no le apuestan a una mayor inclusión de las mujeres”. Sin esa reforma, que se ha hundido tres veces -la última en la legislatura pasada- no se ha podido materializar realmente la lista cremallera, ni es posible que la Ley de Cuotas se cumpla y tampoco se puede impulsar que el 50 % de cada género ocupe cargos en el Legislativo y Ejecutivo.

Entonces, la ausencia de mujeres en cargos de esa índole no es un problema que se reduzca a las leyes. De hecho, son varios los logros que se han concretado en las últimas décadas: en la Constitución de 1991 se reiteró la igualdad de derechos para ambos géneros; en 2000 se emitió la ya mencionada Ley de Cuotas, que dicta que el 30 % de los cargos de nivel decisorio deben ser ejercidos por mujeres y en 2009 se estableció la equidad como principio constitucional en el interior de los partidos. Luego, en 2011, se materializó la ampliación de la ley: se determinó que las listas de cargos plurinominales tienen que presentarse, al menos, con el 30 % de uno de los géneros. El del 27 de octubre será el tercer proceso electoral en el que se aplique esa disposición.

Todos esos mecanismos están a favor de las candidatas, pero, según Osorio, no servirán de nada si la esfera política no se compromete, de una vez por todas, en una transformación estructural. “Si no cambiamos el chip de la cultura y de la educación es muy difícil para las mujeres. Es decir, es necesario que la gente vote por ellas. Pero, también, no hablar de estos temas solo entre nosotras. Si incluimos a los hombres en esta conversación, será más fácil garantizar los derechos políticos de las aspirantes en las elecciones regionales”, indicó.

(Le recomendamos: Fisuras en la Alianza Verde por coaval a Aníbal Gaviria en Antioquia)

Seguramente, estos próximos comicios no serán la gran sorpresa en términos de cuotas femeninas en el poder, pues ese tipo de cambios de fondo toman años y esfuerzo real. Sin embargo, el trabajo para cumplir ese objetivo no solo les compete a las bancadas, sino también a las instituciones, que deben trabajar en promover y consolidar el liderazgo de más mujeres. Con Marta Lucía Ramírez, primera vicepresidenta en la historia del país, se espera que el Gobierno ponga manos a la obra a ese cometido.

A diciembre de 2018, Ramírez ya había creado, junto con los gobiernos locales, 13 secretarías para la Equidad de Género. Y, hasta el mes de julio de este año, había liderado ocho talleres de liderazgo ciudadano y empoderamiento político para líderes mujeres en todo el territorio. “No podemos hablar de equidad y desarrollo si la mujer sigue estando marginada”, dijo la vicepresidenta en uno de esos encuentros. Sin embargo, a los ojos de Osorio, el esfuerzo debe ser integral, hecho entre varias instituciones.

“Con esos talleres, las mujeres sienten que han fortalecido sus capacidades para el ejercicio político. Pero siento que hace falta mayor articulación entre la Vicepresidencia, la Consejería para la Equidad de la Mujer y el Ministerio del Interior, a través de la dirección dedicada a este asunto. Está muy desarticulado y el Mininterior está bastante quedado en el tema de participación de las mujeres y las garantías para este trabajo. Ahora, con las secretarías, sé que muchas se han constituido, pero no es solo crearlas, sino preguntarse cómo deben trabajar, qué se debe hacer. Es decir, ir más allá del título”.

“Entrar a la política ha sido un reto. En provincias como la mía, las mujeres se vieron por mucho tiempo como las que preparaban el refrigerio en las reuniones políticas o las que hacían el sancocho para los asistentes en el patio trasero”, cuenta Sorrel Aroca, gobernadora de Putumayo y primera mujer indígena del país en ocupar un cargo de este tipo. La escena que narró la vivió muchas veces, dice. “Pero hoy puedo decir que logramos aumentar los recursos disponibles para la inversión social en un 400 %. Además, un 60 % del presupuesto lo enfocamos al sector rural, que es el 70 % del departamento”, agrega.

(Para contexto: Paso definitivo para el pulso electoral: terminó plazo para inscripción de candidatos)

Aroca espera que el 27 de octubre su cargo lo ocupe otra mujer, pero sabe que es complejo. No sataniza su recuerdo sobre el papel que le siguen dando a las mujeres en la política, pero reconoce que es un ejemplo del relego de la figura femenina y, por ende, del poco sentido de paridad en el panorama electoral. La política aún se mueve en lógicas masculinas, a pesar de que ya son 62 años desde que las mujeres saltaron a la escena pública, cuando votaron por primera vez en 1957.

Con ella, son cinco las gobernadoras elegidas en 2015, cantidad minoritaria en un país con 32 departamentos. También lo es el número de alcaldesas: 134 entre más de 1.100 municipios. Y según el consolidado de la Registraduría, son 45.483 candidaturas de mujeres aprobadas, que competirán para administrar los territorios, o para ser diputadas y concejalas, de un total de 121.194 inscritos. Aunque el sexo femenino representa solo la tercera parte de los aspirantes a ganar el poder local, es una cifra mayor a la que había previsto el Ministerio del Interior. Esa cartera especuló que serían alrededor de 35.000 candidatas, pero lograron rebasar por mucho ese estimado. La pregunta es: ¿cuántas llegarán?

Para la Dirección de Género de la Misión de Observación Electoral (MOE) hay varios obstáculos. Entre ellos resalta la cultura tradicional machista, que hace que aunque haya candidatas, pocos voten por ellas; el incumplimiento en términos legislativos por parte de los partidos políticos y la falta de seguimiento al 5 % de los recursos de las colectividades, que deben ser destinados a promover las elecciones de sus minorías, dentro de las que caben las políticas.

(Lea: Alerta electoral: el posible ingreso de dineros calientes en las elecciones de 2019)

Lo mismo piensa Diana Osorio, especialista de género del Instituto Holandés de Democracia Multipartidaria. En su criterio, es un tema de voluntad política y compromiso de las colectividades: “Para los partidos, a los hombres y las mujeres que forman parte de estos les es difícil entender que la equidad no es algo de números, sino que tiene todo un fondo sobre lo que nosotras aportamos en la economía, el desarrollo, la política y demás aspectos de un país. Puede ser el miedo a no arriesgarse a lo desconocido, que desafía el orden tradicional de la política”, aseguró.

Y dice, además, que esa falta de interés se nota no solo en las elecciones, sino en el apoyo a los proyectos legislativos que buscan la paridad en la política, como lo ha sido un punto de la reforma política que pretende legislar y poner en práctica los principios de equidad, universalidad y alternancia establecidos en 2015. “Es una falta de los partidos que no le apuestan a una mayor inclusión de las mujeres”. Sin esa reforma, que se ha hundido tres veces -la última en la legislatura pasada- no se ha podido materializar realmente la lista cremallera, ni es posible que la Ley de Cuotas se cumpla y tampoco se puede impulsar que el 50 % de cada género ocupe cargos en el Legislativo y Ejecutivo.

Entonces, la ausencia de mujeres en cargos de esa índole no es un problema que se reduzca a las leyes. De hecho, son varios los logros que se han concretado en las últimas décadas: en la Constitución de 1991 se reiteró la igualdad de derechos para ambos géneros; en 2000 se emitió la ya mencionada Ley de Cuotas, que dicta que el 30 % de los cargos de nivel decisorio deben ser ejercidos por mujeres y en 2009 se estableció la equidad como principio constitucional en el interior de los partidos. Luego, en 2011, se materializó la ampliación de la ley: se determinó que las listas de cargos plurinominales tienen que presentarse, al menos, con el 30 % de uno de los géneros. El del 27 de octubre será el tercer proceso electoral en el que se aplique esa disposición.

Todos esos mecanismos están a favor de las candidatas, pero, según Osorio, no servirán de nada si la esfera política no se compromete, de una vez por todas, en una transformación estructural. “Si no cambiamos el chip de la cultura y de la educación es muy difícil para las mujeres. Es decir, es necesario que la gente vote por ellas. Pero, también, no hablar de estos temas solo entre nosotras. Si incluimos a los hombres en esta conversación, será más fácil garantizar los derechos políticos de las aspirantes en las elecciones regionales”, indicó.

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Seguramente, estos próximos comicios no serán la gran sorpresa en términos de cuotas femeninas en el poder, pues ese tipo de cambios de fondo toman años y esfuerzo real. Sin embargo, el trabajo para cumplir ese objetivo no solo les compete a las bancadas, sino también a las instituciones, que deben trabajar en promover y consolidar el liderazgo de más mujeres. Con Marta Lucía Ramírez, primera vicepresidenta en la historia del país, se espera que el Gobierno ponga manos a la obra a ese cometido.

A diciembre de 2018, Ramírez ya había creado, junto con los gobiernos locales, 13 secretarías para la Equidad de Género. Y, hasta el mes de julio de este año, había liderado ocho talleres de liderazgo ciudadano y empoderamiento político para líderes mujeres en todo el territorio. “No podemos hablar de equidad y desarrollo si la mujer sigue estando marginada”, dijo la vicepresidenta en uno de esos encuentros. Sin embargo, a los ojos de Osorio, el esfuerzo debe ser integral, hecho entre varias instituciones.

“Con esos talleres, las mujeres sienten que han fortalecido sus capacidades para el ejercicio político. Pero siento que hace falta mayor articulación entre la Vicepresidencia, la Consejería para la Equidad de la Mujer y el Ministerio del Interior, a través de la dirección dedicada a este asunto. Está muy desarticulado y el Mininterior está bastante quedado en el tema de participación de las mujeres y las garantías para este trabajo. Ahora, con las secretarías, sé que muchas se han constituido, pero no es solo crearlas, sino preguntarse cómo deben trabajar, qué se debe hacer. Es decir, ir más allá del título”.