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El Gobierno Nacional presentó ante el Congreso de la República el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 – Colombia Potencia Mundial de la Vida. Este documento plantea la ruta de navegación del Gobierno del presidente Petro para los próximos cuatro años. El PND establece objetivos del gobierno y las metas según las cuáles el gobierno, el congreso y la opinión pública pueden evaluar los resultados del gobierno. El PND requiere un examen detallado por parte de toda la sociedad civil. El PND nos permite evaluar si los objetivos del gobierno se ajustan a las propuestas del mismo, nos permiten retomar la discusión sobre el rumbo que debe tomar la política pública nacional y nos permiten tener metas para ejercicios de accountability.
Uno de los grandes desafíos en materia de políticas públicas consiste en reconocer y atender de manera diferencial las necesidades de la población con identidades diversas. Esta aproximación parte del diagnóstico y formulación de acciones concretas, como se evidencia en las bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND), y se extiende hasta su financiación, implementación, monitoreo y seguimiento. El enfoque diferencial en las bases del PND es reiterativo, y se evidencia una orientación particular en poblaciones vulnerables. En ese sentido, ¿por qué cobra importancia hablar de las necesidades y acciones de política orientadas específicamente a las mujeres? Las mujeres son más de la mitad de la población colombiana y, a pesar de los avances en equidad de género, persisten brechas en educación, autonomía económica, mercado laboral, participación política, violencia, entre otras.
Como respuesta, el actual gobierno ha plasmado múltiples compromisos con las mujeres. Así, en las bases del PND se identifican propuestas interesantes relacionadas con sus necesidades más apremiantes. Sin embargo, no hay claridad en la forma como se implementarán algunas de las iniciativas, más aún cuando no se proponen metas relacionadas con todas las acciones propuestas y cuando el articulado y presupuesto dispuestos para alcanzarlas son visiblemente limitados.
En el primer bloque de “Seguridad humana y justicia social”, de manera general, se plantea la necesidad de unos servicios de justicia centrados en las personas y de un Sistema Nacional de Cuidado, que incluye un componente de transformación cultural para promover la corresponsabilidad del cuidado. Además, menciona la necesidad de trabajar por el empoderamiento económico de la mujer y el fortalecimiento de habilidades para emprender, por ejemplo, a través del programa piloto de empleos verdes (trabajo en cuidado y recuperación de cuencas hidrográficas y bosques, entre otros). A pesar de que este apartado plantea acciones importantes con relación a las labores de cuidado, al empoderamiento económico y al acceso a la justicia, las metas propuestas se quedan cortas al incluir únicamente la disminución de horas de cuidado no remunerado por mujeres jefas de hogar y la disminución de la mortalidad materna. En este sentido, se hace necesario ampliar estas metas para incluir el acceso efectivo a la justicia, las iniciativas de empoderamiento económico y otros indicadores relacionados con las labores de cuidado no remunerado que no recaen únicamente en las jefas de hogar.
En la sección denominada “El cambio es con las mujeres” se atienden en mucho más detalle las problemáticas actuales que ellas enfrentan en el país. Se proponen acciones afirmativas para el acceso prioritario a políticas de empleo, vivienda, tierra, salud y educación; sin embargo, no se
evidencia de manera puntual cómo se llevarán a cabo. Múltiples intentos anteriores han quedado en el papel. También, se menciona gran variedad de propuestas con enfoque de género: acciones encaminadas a la autonomía económica de las mujeres, el cierre de brechas en el Servicio Público de Empleo, la priorización de mujeres cabeza de familia y cuidadoras, el aumento de cobertura del sistema pensional con especial atención a las mujeres (sobre todo rurales), la participación política y monitoreo a la paridad, la inclusión del enfoque de género e interseccional en las mediciones de pobreza, la propuesta de una política exterior feminista, entre otras.
En el apartado anterior llama la atención la propuesta del Sistema Nacional de Monitoreo de las Violencias Basadas en Género y la Política de Salud para las Mujeres enfocada en la prevención del embarazo adolescente, la eliminación de los embarazos en la infancia y otros temas relacionados como la erradicación del matrimonio infantil. Sin embargo, esta amplia lista de propuestas y acciones por cumplir no se ve reflejada en las metas formuladas, las cuales permitirán el seguimiento de estas promesas. Quedan por fuera metas relacionadas con feminicidios, matrimonio infantil, prevención de violencias, acceso a diferentes servicios y su efectividad, lo cual es de especial relevancia en relación con el acceso a la justicia en el contexto de las violencias basadas en género.
Por otro lado, en el articulado se mencionan, de manera explícita, solamente algunas de las propuestas más ambiciosas, entre otras, el Sistema Nacional de Igualdad y Equidad; la Promoción de la Autonomía y el Emprendimiento de la Mujer; el Reconocimiento de la Economía del Cuidado no Remunerado; el Fortalecimiento de las Comisarías de familia; el Sistema Nacional de Monitoreo de las Violencias Basadas en Género (VBG); y la Política Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivos. Mientras que el Plan Plurianual de Inversiones se enfoca en las transformaciones propuestas en la sección de “Seguridad humana y justicia social” dejando de lado la mayoría de las acciones encaminadas al bienestar de las mujeres las cuales se ubican en el apartado “El cambio es con las mujeres”.
Si bien el documento de las bases del PND hace un esfuerzo por resaltar las problemáticas que enfrentan las mujeres en Colombia, se observa un desequilibrio entre las iniciativas planteadas y los recursos dispuestos para alcanzarlas. Es imperativo alinear las necesidades de las mujeres en Colombia no solo con las propuestas formuladas en las bases del PND sino también con las metas, el articulado y el presupuesto, entendidos como algunos de los instrumentos de materialización de estas promesas.
*Profesora de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes