Nicolás Petro: ¿quién manejó las finanzas del presidente en campaña?

Desde que Nicolás Petro le dijo a la Fiscalía que tiene pruebas para demostrar que a la campaña presidencial de su papá, Gustavo Petro, sí habría entrado dinero irregular, los ojos políticos y judiciales se asentaron sobre los encargados de controlar las cuentas y la financiación del equipo oficialista.

Desde que Nicolás Petro le dijo a la Fiscalía que tiene pruebas para demostrar que a la campaña presidencial de su papá, Gustavo Petro, sí habría entrado dinero irregular, los ojos políticos y judiciales se asentaron sobre los encargados de controlar las cuentas y la financiación del equipo oficialista.

Con una serie de chats y otras pruebas, que destapo la Fiscalía este jueves en medio de la audiencia contra Nicolás Petro, cayó una bomba política y mediática sobre la Casa de Nariño, pues se trata de la confesión del primogénito del Jefe de Estado sobre el posible ingreso ilícito de varios millones de pesos a la campaña y que, por su dudoso origen y ser una violación de topes, no se habrían reportado en la contabilidad que se radicó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

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Pero más allá de la discusión judicial sobre la génesis de ese dinero, que en un principio se dijo que se habían quedado en los bolsillos del hijo del mandatario, a pesar de que se habran girado para ir a la campaña presidencial, las declaraciones de Nicolás dejan un manto de duda sobre el papel que cumplieron quienes se encargaron de las cuentas oficiales.

Una de esas personas, muy del corazón del presidente Petro, es Ricardo Roa, quien fue el gerente de su campaña y ahora dirige a Ecopetrol.

Roa, en diversas oportunidades, ha asegurado que no entró dinero irregular en la campaña y que todo se reportó correctamente al Consejo Electoral. Incluso, ante los expedientes que se han abierto en diversos frentes administrativos y penales, Roa ha dicho que está dispuesto a ratificarse ante cualquier despacho en su versión.

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Sin embargo, para el CNE y la Fiscalía hay indicios de que sí se habrían presentado posibles inconsistencias en los reportes de financiación, por lo que se abrieron expedientes con base en las declaraciones que han dado públicamente, entre otros, personas como el exembajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti.

Este último advirtió, según unos audios filtrados a Semana, que al menos serían 15.000 millones de pesos que presuntamente entraron irregularmente a la campaña de Petro en 2022 y que, además, gran parte de ese dinero llegó desde la Costa Atlántica. Tal fue el impacto de lo que dijo que terminó cayéndose la exjefa de Gabinete, Laura Sarabia, la interlocutora de Benedetti en las explosivas grabaciones.

Roa, en su calidad de gerente de la campaña, tenía entre sus funciones reportar todo dinero que ingresara y garantizar la idoneidad de su origen. Además, como también ese cargo lo convierte en una especie de notario de las finanzas, pues tendría que garantizar que el dinero reportado fue el que realmente se usó.

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Y si bien Roa ha negado cualquier tipo de ilicitud, lo cierto es que si se corrobora alguna responsabilidad en algún tipo de irregularidad financiaera enfrentaría sanciones judiciales, que pueden implicar cárcel de entre 4 y 8 años. Un antecedente similar, aunque no igual, es el de Roberto Prieto, quien fue condenado por el ingreso ilegal de dineros de la corrupta Odebrecht a la campaña de Juan Manuel Santos; él era el gerente.

En medio de todo esto ya se escucharon voces que le piden a Ricardo Roa que renuncie a su cargo en Ecopetrol. Congresistas como María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Miguel Uribe, del Centro Democrático, así como Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical –todos son de oposición–, exigen su retiro de la entidad tras lo revelado por Nicolás Petro.

“Fue el gerente de la campaña presidencial y el responsable de esta situación, por lo que el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Acusación de la Cámara deben adelantar las investigaciones y encontrar a los responsables”, precisó Uribe.

De hecho, este mismo jueves, tras las confesiones de Nicolás Petro, el también senador Jota Pe Hernández le instauró una denuncia al presidente Petro ante la Comisión de Acusación.

Todo esto, y en año electoral –el próximo 29 de octubre se reconfigurará en las urnas el mapa político regional–, es un golpe político a Petro y su Gobierno, pues afecta su credibilidad y, de paso, su gobernabilidad en momentos en los que está perdiendo el Control del Congreso.

Además, por más que el Pacto Histórico y otros petristas rodeen al Presidente, como ya lo vienen haciendo, la oposición va a fustigar con fuerza este escándalo para sacarle rédito electoral.

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Lo cierto es que las confesiones de Nicolás Petro sacuden con fuerza al primer gobierno de izquierda en la historia republicana del país cuando se alista para cumplir su primer año (el 7 de agosto) en el poder. Y es inédito, porque también es la primera vez en que el hijo de un mandatario en ejercicio, en este caso Gustavo Petro, se va preso por enriquecimiento ilícito y termina confesando delitos que enlodan la campaña de su padre para intentar beneficiarse judicialmente.

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