Nicolás Petro: así se tejió el expediente que tiene preso al hijo del Presidente

Cuando el presidente Gustavo Petro aseguró en una entrevista que no había estado siempre al lado de su hijo mayor, Nicolás Petro, el país ya tenía pinceladas de un expediente que toca a la clase política de la Costa Atlántica, sacude estamentos judiciales rozando a exnarcotraficantes y cuestionados contratistas y, de paso, le pone un manto de duda a la Casa de Nariño. El enredado es el primogénito del Jefe de Estado.

Lo que se lee en el expediente judicial, cuya génesis son una serie de conversaciones entre Nicolás Petro y Day Vásquez –su exesposa–, es que en un momento aún no especificado plenamente de la contienda electoral que llevó a la Presidencia al papá del ahora capturado se desviaron cerca de $1000 millones, aparentemente en efectivo, que presuntamente iban dirigidos a financiar la campaña presidencial.

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Por un lado, según audios y mensajes de WhatsApp que Vásquez le entregó a la Fiscalía, se habla de unos 600 millones de pesos que un viejo conocido de los estrados judiciales colombianos y de Estados Unidos le habría entregado en efectivo al primogénito de Petro. El destino final de ese dinero, de acuerdo con las pesquisas, eran las arcas de la campaña del hoy mandatario.

Sin embargo, las pruebas recaudadas hasta el momento no demuestran que esa plata terminara en la campaña, sino que, presuntamente, se la habría quedado el hijo mayor del mandatario. Incluso, de acuerdo con las conversaciones que Vásquez le filtró a Semana, esa plata supuestamente se quedó en los bolsillos de su expareja para, entre otras cosas, invertirla en una lujosa casa en Barranquilla.

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Esos dos puntos, el flujo de dinero en efectivo sin justificar y su inversión en propiedad privada –ambos foco de investigación judicial para determinar su veracidad–, son una parte del expediente con el que se le imputó a Nicolás Petro el delito de enriquecimiento ilícito.

La persona que habría entregado esos 600 millones es Samuel Santander Lopesierra, conocido como el ‘Hombre Malboro’, un personaje que ahora mismo aspira a ser alcalde de Maicao (La Guajira) a través de firmas y quien tiene su candidatura en revisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), entidad política y administrativa que también indaga la supuesta financiación irregular de la campaña presidencial de Petro.

Lopesierra estuvo preso en Estados Unidos por narcotráfico y, tras purgar su condena, regresó a Colombia hace un par de años. Se instaló en su natal Guajira y comenzó a trabajar sigilosamente en política, de ahí su apoyo tácito a la campaña de Petro y que ahora haya recogido más de 63.000 firmas para avalar su aspiración en Maicao. De hecho, en las últimas horas inscribió oficialmente su candidatura.

El dinero que dicen las pesquisas le habría dado ‘Malboro’ a Petro, Nicolás, pasó también por las manos de otro viejo conocido de la izquierda. Se trata de Máximo Noriega, a quien el ahora presidente conoce desde hace varios años y está pendiente del camino que va a tomar con el fin de concretar su candidatura a la Gobernación del Atlántico.

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De acuerdo con el expediente, supuestamente, Noriega ayudó a mover ese dinero en efectivo y, por lo mismo, su nombre aparece en los folios judiciales, aunque hasta el momento no ha sido objeto de ningún tipo de proceso formal relacionado con este caso.

Y la otra arista que tiene este proceso, que pone por primera vez al hijo de un presidente en ejercicio tras las rejas, está relacionada con la presunta entrega de otros 400 millones de pesos que, según lo dicho por Day Vásquez, habría facilitado un controversial contratista cuyo nombre también ha rodado por varios despachos judiciales en los últimos años.

Su nombre es Alfonso Hilsaca Eljaude, un cartagenero conocido como ‘Turco Hilsaca’, quien supuestamente se acercó a Nicolás Petro para inyectar ese dinero en la campaña presidencial. Pero –al igual que la plata presuntamente dada por ‘Malboro’– esta tampoco habría llegado a las arcas de la contienda, sino que se quedó en los bolsillos del primogénito del Jefe de Estado. Todo esto, por supuesto, es objeto de la indagación.

Parte de estos dineros se habrían movido entre la Costa y Bogotá, incluso por vía terrestre, con el fin de no dejar rastro que implicara justificarlos legalmente. No obstante, las conversaciones filtradas por Day Vásquez, quien –junto a Nicolás Petro– se presenta este sábado ante un juez para la legalización de su captura–, revelaron que la plata se habría quedado para el uso personal de ella y de su exesposo.

Todo este entramado, que está pendiente de decisión judicial, se conecta con el expediente que se sigue por otros audios también filtrados. En efecto, el ahora exembajador en Venezuela Armando Beneetti aseguró que supuestamente a la campaña presidencial de Gustavo Petro habrían ingresado 15.000 millones de pesos de procedencia presuntamente ilícita y nunca fueron reportados.

Esa versión, la de Benedetti, es objeto de indagación y también toca a la exjefa de Gabinete, Laura Sarabia, quien ha dicho que no conocía del manejo económico de la campaña. Lo cierto es que el exembajador, el primogénito de Petro y su exesposa son actores políticos de la Costa (Nicolás es diputado del Atlántico) y, más allá del escándalo, tienen conexiones que están siendo revisadas por las autoridades para determinar si hay o no algún tipo de irregularidad que merezca ser analizada.

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Lo que se lee en el expediente judicial, cuya génesis son una serie de conversaciones entre Nicolás Petro y Day Vásquez –su exesposa–, es que en un momento aún no especificado plenamente de la contienda electoral que llevó a la Presidencia al papá del ahora capturado se desviaron cerca de $1000 millones, aparentemente en efectivo, que presuntamente iban dirigidos a financiar la campaña presidencial.

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Por un lado, según audios y mensajes de WhatsApp que Vásquez le entregó a la Fiscalía, se habla de unos 600 millones de pesos que un viejo conocido de los estrados judiciales colombianos y de Estados Unidos le habría entregado en efectivo al primogénito de Petro. El destino final de ese dinero, de acuerdo con las pesquisas, eran las arcas de la campaña del hoy mandatario.

Sin embargo, las pruebas recaudadas hasta el momento no demuestran que esa plata terminara en la campaña, sino que, presuntamente, se la habría quedado el hijo mayor del mandatario. Incluso, de acuerdo con las conversaciones que Vásquez le filtró a Semana, esa plata supuestamente se quedó en los bolsillos de su expareja para, entre otras cosas, invertirla en una lujosa casa en Barranquilla.

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Esos dos puntos, el flujo de dinero en efectivo sin justificar y su inversión en propiedad privada –ambos foco de investigación judicial para determinar su veracidad–, son una parte del expediente con el que se le imputó a Nicolás Petro el delito de enriquecimiento ilícito.

La persona que habría entregado esos 600 millones es Samuel Santander Lopesierra, conocido como el ‘Hombre Malboro’, un personaje que ahora mismo aspira a ser alcalde de Maicao (La Guajira) a través de firmas y quien tiene su candidatura en revisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), entidad política y administrativa que también indaga la supuesta financiación irregular de la campaña presidencial de Petro.

Lopesierra estuvo preso en Estados Unidos por narcotráfico y, tras purgar su condena, regresó a Colombia hace un par de años. Se instaló en su natal Guajira y comenzó a trabajar sigilosamente en política, de ahí su apoyo tácito a la campaña de Petro y que ahora haya recogido más de 63.000 firmas para avalar su aspiración en Maicao. De hecho, en las últimas horas inscribió oficialmente su candidatura.

El dinero que dicen las pesquisas le habría dado ‘Malboro’ a Petro, Nicolás, pasó también por las manos de otro viejo conocido de la izquierda. Se trata de Máximo Noriega, a quien el ahora presidente conoce desde hace varios años y está pendiente del camino que va a tomar con el fin de concretar su candidatura a la Gobernación del Atlántico.

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De acuerdo con el expediente, supuestamente, Noriega ayudó a mover ese dinero en efectivo y, por lo mismo, su nombre aparece en los folios judiciales, aunque hasta el momento no ha sido objeto de ningún tipo de proceso formal relacionado con este caso.

Y la otra arista que tiene este proceso, que pone por primera vez al hijo de un presidente en ejercicio tras las rejas, está relacionada con la presunta entrega de otros 400 millones de pesos que, según lo dicho por Day Vásquez, habría facilitado un controversial contratista cuyo nombre también ha rodado por varios despachos judiciales en los últimos años.

Su nombre es Alfonso Hilsaca Eljaude, un cartagenero conocido como ‘Turco Hilsaca’, quien supuestamente se acercó a Nicolás Petro para inyectar ese dinero en la campaña presidencial. Pero –al igual que la plata presuntamente dada por ‘Malboro’– esta tampoco habría llegado a las arcas de la contienda, sino que se quedó en los bolsillos del primogénito del Jefe de Estado. Todo esto, por supuesto, es objeto de la indagación.

Parte de estos dineros se habrían movido entre la Costa y Bogotá, incluso por vía terrestre, con el fin de no dejar rastro que implicara justificarlos legalmente. No obstante, las conversaciones filtradas por Day Vásquez, quien –junto a Nicolás Petro– se presenta este sábado ante un juez para la legalización de su captura–, revelaron que la plata se habría quedado para el uso personal de ella y de su exesposo.

Todo este entramado, que está pendiente de decisión judicial, se conecta con el expediente que se sigue por otros audios también filtrados. En efecto, el ahora exembajador en Venezuela Armando Beneetti aseguró que supuestamente a la campaña presidencial de Gustavo Petro habrían ingresado 15.000 millones de pesos de procedencia presuntamente ilícita y nunca fueron reportados.

Esa versión, la de Benedetti, es objeto de indagación y también toca a la exjefa de Gabinete, Laura Sarabia, quien ha dicho que no conocía del manejo económico de la campaña. Lo cierto es que el exembajador, el primogénito de Petro y su exesposa son actores políticos de la Costa (Nicolás es diputado del Atlántico) y, más allá del escándalo, tienen conexiones que están siendo revisadas por las autoridades para determinar si hay o no algún tipo de irregularidad que merezca ser analizada.

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