"No es de descartar reacciones violentas"

El viernes pasado, en Barrancabermeja, el presidente Juan Manuel Santos lanzó su política integral de tierras, la cual, según dijo, tendrá énfasis en la restitución de predios a los campesinos despojados. La historia de Colombia muestra que la cuestión agraria ha estado siempre en el centro del debate y desde la misma creación de la República se ha hablado de la necesidad de una reforma agraria a fondo, la cual no ha sido posible llevar a cabo, pese a algunos logros como los de la administración de Carlos Lleras Restrepo, cuando en 1968 impulsó las “empresas comunitarias”. Cuatro años después, con lo que se llamó “el chicoralazo”, ese proceso fue cortado de raíz y sucumbió en el juego de los intereses políticos y privados.

Este domingo, de la mano del ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, el país comienza a recorrer un nuevo camino en el tema agrario con un Gobierno convencido de que llegó la hora de saldar la deuda social que el Estado tiene con aquellos que han sido injustamente despojados de sus tierras. El panorama no es igual al pasado, es más desolador: 3 millones 163 mil 889 personas desplazadas por la violencia, más de dos millones de hectáreas por recuperar y el 64% de los habitantes del campo viviendo por debajo del índice de pobreza. En diálogo con El Espectador, el ministro Restrepo expresa su percepción de la actual situación que se afronta y revela detalles de esa política que busca convertir al sector rural y al agro colombiano en un verdadero motor de desarrollo nacional.

¿Cuál es en esencia la apuesta del Gobierno en el tema agrario?

En primer lugar, diseñar un mecanismo legal que se va a presentar al Congreso como proyecto de ley la semana entrante, que permitirá agilizar e ir más rápido de lo que se ha ido en la cancelación de esa deuda social inmensa que el Estado y la sociedad tienen con los que han sido despojados de sus tierras. Los cálculos más prudentes y que coinciden con los que tiene la Pastoral Social de la Iglesia dan cuenta de que en los últimos 14 años se han arrebatado ilegalmente más de dos millones de hectáreas a campesinos por los violentos. De ellas, se devolvieron 60 mil en los últimos ocho años.

¿Ya está definido si ello formará parte de la ley de víctimas o será una ley de tierras aparte?

El hecho de que vaya en la ley de víctimas dependerá del consenso que se logre en torno a ella, que debe ser sólido y firme, además de una aquiescencia del Ministro de Hacienda de que es financiable. Queremos tener la certeza de que la ley de víctimas no va a tener ningún tropiezo, como ya lo tuvo en la legislatura pasada. Si ese consenso se da, la restitución de tierras podría ir como un capítulo de ella, pero si no es así y hay riesgos, irá aparte.

En las confesiones de los paramilitares se habla de que hubo despojo y legalización, ¿qué hacer para superar ese escollo?

Si ha habido legalizaciones, éstas son espurias y nunca las pueden aceptar ni el derecho ni el Estado. No se puede llamar legalización a una formalización titular de predios que se han obtenido por la fuerza, por la presión o por el testaferrato. El proceso es muy complejo y riesgoso porque se tocan intereses creados muy tenebrosos. No es de descartar reacciones violentas, pero la firme decisión del Gobierno es echar adelante con esta política.

¿Cómo cree que será el ambiente en el Congreso, donde están representados sectores que se han beneficiado del poder de la tierra?

Habrá discusiones técnicas y jurídicas, porque el tema es complejo, pero no me pasa por la cabeza que vaya a haber oposición. Las mayorías han firmado un acuerdo programático con el Gobierno y han dicho que están de acuerdo con que la política de tierras es prioridad. Y la oposición también ha manifestado su interés en que se avance en este tema.

Además de la restitución, ¿se tiene contemplado un capítulo de redistribución?

Los programas de restitución con relación a los despojados son parte de un todo más amplio: la política integral de tierras, la cual tiene que ver con titulación de baldíos. El 50% de los predios de Colombia no la tienen en debida forma. Se hará es un esfuerzo para formalizar la propiedad rural, lo cual implica avanzar con ideas que permitan gradualmente una mejor utilización del suelo —menos ganadería extensiva más agricultura— y avanzar en procesos que tengan que ver con el cerramiento de la frontera de bosques y de reserva forestal, que hoy está siendo erodada y destruida en gran parte por los cultivos ilícitos. Vamos a promover el desarrollo rural con formas asociativas del campesinado, de tal manera que no se trate sólo de recibir unas tierras, sino de utilizar en ellas procesos productivos sostenibles.

¿Por qué no llamarlo una reforma agraria de una vez?

No estamos pensando en una reforma agraria al estilo de los años 60, donde simplemente el Incora salía a comprar unas fincas para entregar la tierra pelada a los campesinos. Aquí estamos pensando en un manejo integral de tierras y aguas, con énfasis especial en retorno de los predios a los despojados. Ahora, si lo quieren llamar reforma agraria (...)

¿Cómo garantizar la sostenibilidad en las tierras entregadas a los campesinos?

Tiene que ir acompañado de lo que se llaman emprendimientos productivos sostenibles. El Estado va a acompañar con el crédito y con asistencia técnica y tecnológica, de tal manera que una parcela entregada no sea abandonada a los dos o tres años, sino que sea una fuente de vida digna.

¿Existen recursos suficientes para sacar adelante programas tan ambiciosos?

Recursos siempre faltarán y para este tema siempre serán pocos. Pero estamos haciendo un esfuerzo grande para ir acopiándolos. Ya se ha adicionado el presupuesto del año entrante, pero lo claro es que estos procesos requieren más de voluntad política. Usted puede tener muchos recursos, pero si no tiene voluntad política, se le paraliza todo.

¿El país conocerá quiénes fueron los empresarios legales que estuvieron detrás del despojo de muchas tierras?

Pues esas dos millones de hectáreas que fueron arrebatadas a sangre y fuego a los campesinos no se las arrebataron unos angelitos. Fueron gentes con unos prontuarios muy complicados y con unas cuentas con la historia y la justicia que tienen que pagar. Después de Sudán, Colombia tiene el índice de despojo de tierras más grande del mundo.

Uno de los grandes problemas para la restitución de tierras han sido los lentos procesos en la extinción de dominio, ¿qué se va a hacer al respecto?

Vamos a proponerle al Congreso unas leyes que significan un cambio radical para agilizar los procesos jurídicos. Primero me refiero al proceso judicial para recuperar esos dos millones de hectáreas, diferentes de los que están en manos de estupefacientes. Ahí se va a proponer un procedimiento, dentro del marco de la justicia transicional, en el que la carga de la prueba se va a invertir: no la va a tener el campesino despojado, sino quien pretenda controvertirle su título. El Estado le va a ayudar al despojado a que su proceso curse rápidamente y para ese efecto se va a adecuar una jurisdicción agraria.

¿Cómo es eso de la jurisdicción agraria?

Ya existe, pero incipientemente. Hay algunos tribunales o salas agrarias y la idea es generalizar esta figura como una segunda instancia, sobre todo en las zonas cuya historia da fe de que ha habido mayor densidad de despojo. Allí van a haber jueces de primera instancia agrarios y jueces de segunda instancia que conozcan muy bien esta legislación y que puedan ayudarnos a avanzar jurídicamente.

¿Y las tierras que ya están en manos de Estupefacientes?

Son unas 430 mil hectáreas que hoy están como en un triángulo de las Bermudas. Entraron allí pero no han salido a cumplir su función social. Aquí también se va a proponer una serie de cambios normativos, de tal manera que se puedan sacar esas tierras, que por cierto son de las mejores del país.

Hay quienes dicen que el Ministerio de Agricultura no se puede concentrar sólo en el tema de restitución de tierras, cuando su misión principal es la producción agraria, ¿qué les responde a esas críticas?

Se van a crear institutos y organizaciones administrativas, porque sabemos que el manejo será complejo. Se van a reestructurar entidades que ya existen y a las cuales hay que hacerles una profilaxis administrativa y técnica profunda, como el Incoder y en el mismo Ministerio. Pero que el país avance hacia unas estructuras más justas, más equitativas y más racionales en el uso de la tierra, es un tema que está en el corazón del desarrollo agrario. Por allí pasa el tema de la paz y el Ministerio de Agricultura también es el del desarrollo rural, algo que a veces se olvida.

¿Cómo se tratará el tema de la agroindustria y la plantación de especies para la producción de biocombustibles, que en muchos casos han sido mencionadas por los paramilitares como una de las grandes empresas despojadoras de tierra?

La inmensa mayoría de los cultivos en Colombia, sean de carácter permanente o transitorio, son adelantados por agricultores y empresarios honestos y dignos, que seguirán teniendo todo el apoyo del Estado. No estamos planteando una política antagónica entre agricultura empresarial y el retorno de las tierras despojadas a los campesinos. Por el contrario, son procesos que tienen que tener armonía y simultaneidad, y que tienen que articularse en muchos escenarios. Eso sí, lo que no puede el país es pasar de agache e ignorar que hay un problema que se ha ido gestando en los últimos años, donde una gran masa de campesinos honestos fueron despojados de sus tierras. Lo que se busca es poner en marcha unas políticas más fluidas y más audaces, que la agricultura grande, pequeña y mediana —aquella no desplazada— debe mirar con interés y no con recelo.

¿Se tiene prevista una actualización catastral?

Vamos a continuar lo que ya se viene haciendo. El 60% del catastro no está actualizado. Las cifras son impresionantes: el valor catastral del país es de $500 billones, el valor del solo catastro de Bogotá es de $200 billones y el de todo el país rural es de $70 billones. No estamos pensando en crear impuestos nuevos sobre la tierra, simplemente, utilizar y modernizar los instrumentos que ya existen, el principal de los cuales es poner al día el registro catastral que es el que determina el impuesto predial.

¿Qué medidas estudian para paliar los efectos de la revaluación en el campo?

No se puede combatir con base en subsidios, porque fiscalmente sería imposible. La revaluación se puede atenuar quizá con una actuación más aguerrida del Banco de la República en el mercado cambiario. Perú ha demostrado que es compatible una inflación baja y un buen crecimiento, con una tasa de apreciación moderada y gran parte de ese éxito que está teniendo ese país es porque su banco central está actuando dinámicamente y con mucha decisión. Supongo que el Banco de la República está estudiando ese modelo y de pronto no sería malo que lo aplicáramos aquí.

Con todos los TLC que se están firmando, se hace necesario proteger el agro colombiano, uno de los objetivos de Agro Ingreso Seguro. ¿Qué se va a hacer?

Agro Ingreso Seguro se creó, básicamente, para proteger a aquellos sectores que eran los más amenazados con el TLC. Después se le agregó algunas referencias generales a la productividad agrícola, pero, ¿quiénes eran y son aún los más amenazados? La agricultura campesina, donde se produce la comida, la de los más pobres. Por eso el rediseño que se le está haciendo a Agro Ingreso Seguro consistirá fundamentalmente en que el énfasis de esos recursos deberá ir a quienes más amenazados están: la pequeña y media agricultura, ganadería y lechería. Habrá énfasis también en el riego, pero no en del gran emporio, sino pequeños emprendimientos de riego comunitario, de asociaciones campesinas, donde el agua es un insumo básico para obtener mejores resultados en la productividad.

¿Será que nos resignamos a que esos casi $15 mil millones que se entregaron a quienes no los necesitaban ya se perdieron?

Pues todavía no han devuelto nada, a pesar de que el gobierno anterior los urgió, hasta por televisión. Estamos en este momento en lo que se llama el proceso de conciliación ante la Procuraduría para que, como lo manda la ley, se consigne en un acta cómo es que van a hacer la devolución. Esperamos que todo concluya satisfactoriamente.

En lo de riego, ¿quiere decir que se va a cambiar la política del gobierno anterior, que eran de grandes distritos —como el de Ranchería y el Triángulo del Tolima—, para hacerlo con los pequeños campesinos?

En este momento se están construyendo tres grandes distritos de riego: el de Ranchería, el del Triángulo del Tolima, y Paicol en el Huila. Están a mitad de camino, pero se van a terminar. Ahora vamos a apoyar mucho a los pequeños microsistemas de riego, que sirvan a empresas asociativas de pequeños campesinos. Esa ha sido la clave de la revolución agrícola y fruticultora en Perú: utilizar bien las aguas no sólo en megaproyectos de riego, sino pensar también en esos pequeños que sumados son la mayoría de la producción agrícola y que pueden hacer maravillas a bajos costos.

¿Cuál es la meta de crecimiento del sector para el Gobierno?

No me comprometo en metas, lo que tengo como deseo es que la agricultura, después de haber venido creciendo sistemáticamente por debajo del resto de la economía, se ponga a tono con el crecimiento general y pueda así desempeñar el papel de locomotora que se le ha asignado.

Uso del suelo: un proceso gradual

Las cifras del uso de la tierra en Colombia son alarmantes en cuanto al área utilizada para ganadería y la de cultivos. La ganadería usa 38 millones de hectáreas y sólo 4,9 son para cultivo. ¿Cómo lograr que el país alcance las 10 millones de hectáreas en cultivo y la ganadería baje a 20 millones?

Según el ministro Restrepo, se trata de un proceso gradual: “No se puede hacer de la noche a la mañana y quien proponga lo contrario estaría proponiendo fantasías. Ese es el uso que se le ha dado a la tierra después de 200 años de historia agraria en Colombia. Se van a organizar programas para que, por ejemplo, quien esté hoy en día en la ganadería extensiva pueda ir cediendo algunas aéreas voluntariamente. Tenemos metas bastantes ambiciosas con estos programas, avanzar mucho en la producción de cereales de tierra caliente. Gradualmente reducir 800 mil, un millón de hectáreas de ganadería extensiva para pasarlas a cereales. Ello nos daría suficiencia alimentaria y menores requerimientos de importación de granos”.

El viernes pasado, en Barrancabermeja, el presidente Juan Manuel Santos lanzó su política integral de tierras, la cual, según dijo, tendrá énfasis en la restitución de predios a los campesinos despojados. La historia de Colombia muestra que la cuestión agraria ha estado siempre en el centro del debate y desde la misma creación de la República se ha hablado de la necesidad de una reforma agraria a fondo, la cual no ha sido posible llevar a cabo, pese a algunos logros como los de la administración de Carlos Lleras Restrepo, cuando en 1968 impulsó las “empresas comunitarias”. Cuatro años después, con lo que se llamó “el chicoralazo”, ese proceso fue cortado de raíz y sucumbió en el juego de los intereses políticos y privados.

Este domingo, de la mano del ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, el país comienza a recorrer un nuevo camino en el tema agrario con un Gobierno convencido de que llegó la hora de saldar la deuda social que el Estado tiene con aquellos que han sido injustamente despojados de sus tierras. El panorama no es igual al pasado, es más desolador: 3 millones 163 mil 889 personas desplazadas por la violencia, más de dos millones de hectáreas por recuperar y el 64% de los habitantes del campo viviendo por debajo del índice de pobreza. En diálogo con El Espectador, el ministro Restrepo expresa su percepción de la actual situación que se afronta y revela detalles de esa política que busca convertir al sector rural y al agro colombiano en un verdadero motor de desarrollo nacional.

¿Cuál es en esencia la apuesta del Gobierno en el tema agrario?

En primer lugar, diseñar un mecanismo legal que se va a presentar al Congreso como proyecto de ley la semana entrante, que permitirá agilizar e ir más rápido de lo que se ha ido en la cancelación de esa deuda social inmensa que el Estado y la sociedad tienen con los que han sido despojados de sus tierras. Los cálculos más prudentes y que coinciden con los que tiene la Pastoral Social de la Iglesia dan cuenta de que en los últimos 14 años se han arrebatado ilegalmente más de dos millones de hectáreas a campesinos por los violentos. De ellas, se devolvieron 60 mil en los últimos ocho años.

¿Ya está definido si ello formará parte de la ley de víctimas o será una ley de tierras aparte?

El hecho de que vaya en la ley de víctimas dependerá del consenso que se logre en torno a ella, que debe ser sólido y firme, además de una aquiescencia del Ministro de Hacienda de que es financiable. Queremos tener la certeza de que la ley de víctimas no va a tener ningún tropiezo, como ya lo tuvo en la legislatura pasada. Si ese consenso se da, la restitución de tierras podría ir como un capítulo de ella, pero si no es así y hay riesgos, irá aparte.

En las confesiones de los paramilitares se habla de que hubo despojo y legalización, ¿qué hacer para superar ese escollo?

Si ha habido legalizaciones, éstas son espurias y nunca las pueden aceptar ni el derecho ni el Estado. No se puede llamar legalización a una formalización titular de predios que se han obtenido por la fuerza, por la presión o por el testaferrato. El proceso es muy complejo y riesgoso porque se tocan intereses creados muy tenebrosos. No es de descartar reacciones violentas, pero la firme decisión del Gobierno es echar adelante con esta política.

¿Cómo cree que será el ambiente en el Congreso, donde están representados sectores que se han beneficiado del poder de la tierra?

Habrá discusiones técnicas y jurídicas, porque el tema es complejo, pero no me pasa por la cabeza que vaya a haber oposición. Las mayorías han firmado un acuerdo programático con el Gobierno y han dicho que están de acuerdo con que la política de tierras es prioridad. Y la oposición también ha manifestado su interés en que se avance en este tema.

Además de la restitución, ¿se tiene contemplado un capítulo de redistribución?

Los programas de restitución con relación a los despojados son parte de un todo más amplio: la política integral de tierras, la cual tiene que ver con titulación de baldíos. El 50% de los predios de Colombia no la tienen en debida forma. Se hará es un esfuerzo para formalizar la propiedad rural, lo cual implica avanzar con ideas que permitan gradualmente una mejor utilización del suelo —menos ganadería extensiva más agricultura— y avanzar en procesos que tengan que ver con el cerramiento de la frontera de bosques y de reserva forestal, que hoy está siendo erodada y destruida en gran parte por los cultivos ilícitos. Vamos a promover el desarrollo rural con formas asociativas del campesinado, de tal manera que no se trate sólo de recibir unas tierras, sino de utilizar en ellas procesos productivos sostenibles.

¿Por qué no llamarlo una reforma agraria de una vez?

No estamos pensando en una reforma agraria al estilo de los años 60, donde simplemente el Incora salía a comprar unas fincas para entregar la tierra pelada a los campesinos. Aquí estamos pensando en un manejo integral de tierras y aguas, con énfasis especial en retorno de los predios a los despojados. Ahora, si lo quieren llamar reforma agraria (...)

¿Cómo garantizar la sostenibilidad en las tierras entregadas a los campesinos?

Tiene que ir acompañado de lo que se llaman emprendimientos productivos sostenibles. El Estado va a acompañar con el crédito y con asistencia técnica y tecnológica, de tal manera que una parcela entregada no sea abandonada a los dos o tres años, sino que sea una fuente de vida digna.

¿Existen recursos suficientes para sacar adelante programas tan ambiciosos?

Recursos siempre faltarán y para este tema siempre serán pocos. Pero estamos haciendo un esfuerzo grande para ir acopiándolos. Ya se ha adicionado el presupuesto del año entrante, pero lo claro es que estos procesos requieren más de voluntad política. Usted puede tener muchos recursos, pero si no tiene voluntad política, se le paraliza todo.

¿El país conocerá quiénes fueron los empresarios legales que estuvieron detrás del despojo de muchas tierras?

Pues esas dos millones de hectáreas que fueron arrebatadas a sangre y fuego a los campesinos no se las arrebataron unos angelitos. Fueron gentes con unos prontuarios muy complicados y con unas cuentas con la historia y la justicia que tienen que pagar. Después de Sudán, Colombia tiene el índice de despojo de tierras más grande del mundo.

Uno de los grandes problemas para la restitución de tierras han sido los lentos procesos en la extinción de dominio, ¿qué se va a hacer al respecto?

Vamos a proponerle al Congreso unas leyes que significan un cambio radical para agilizar los procesos jurídicos. Primero me refiero al proceso judicial para recuperar esos dos millones de hectáreas, diferentes de los que están en manos de estupefacientes. Ahí se va a proponer un procedimiento, dentro del marco de la justicia transicional, en el que la carga de la prueba se va a invertir: no la va a tener el campesino despojado, sino quien pretenda controvertirle su título. El Estado le va a ayudar al despojado a que su proceso curse rápidamente y para ese efecto se va a adecuar una jurisdicción agraria.

¿Cómo es eso de la jurisdicción agraria?

Ya existe, pero incipientemente. Hay algunos tribunales o salas agrarias y la idea es generalizar esta figura como una segunda instancia, sobre todo en las zonas cuya historia da fe de que ha habido mayor densidad de despojo. Allí van a haber jueces de primera instancia agrarios y jueces de segunda instancia que conozcan muy bien esta legislación y que puedan ayudarnos a avanzar jurídicamente.

¿Y las tierras que ya están en manos de Estupefacientes?

Son unas 430 mil hectáreas que hoy están como en un triángulo de las Bermudas. Entraron allí pero no han salido a cumplir su función social. Aquí también se va a proponer una serie de cambios normativos, de tal manera que se puedan sacar esas tierras, que por cierto son de las mejores del país.

Hay quienes dicen que el Ministerio de Agricultura no se puede concentrar sólo en el tema de restitución de tierras, cuando su misión principal es la producción agraria, ¿qué les responde a esas críticas?

Se van a crear institutos y organizaciones administrativas, porque sabemos que el manejo será complejo. Se van a reestructurar entidades que ya existen y a las cuales hay que hacerles una profilaxis administrativa y técnica profunda, como el Incoder y en el mismo Ministerio. Pero que el país avance hacia unas estructuras más justas, más equitativas y más racionales en el uso de la tierra, es un tema que está en el corazón del desarrollo agrario. Por allí pasa el tema de la paz y el Ministerio de Agricultura también es el del desarrollo rural, algo que a veces se olvida.

¿Cómo se tratará el tema de la agroindustria y la plantación de especies para la producción de biocombustibles, que en muchos casos han sido mencionadas por los paramilitares como una de las grandes empresas despojadoras de tierra?

La inmensa mayoría de los cultivos en Colombia, sean de carácter permanente o transitorio, son adelantados por agricultores y empresarios honestos y dignos, que seguirán teniendo todo el apoyo del Estado. No estamos planteando una política antagónica entre agricultura empresarial y el retorno de las tierras despojadas a los campesinos. Por el contrario, son procesos que tienen que tener armonía y simultaneidad, y que tienen que articularse en muchos escenarios. Eso sí, lo que no puede el país es pasar de agache e ignorar que hay un problema que se ha ido gestando en los últimos años, donde una gran masa de campesinos honestos fueron despojados de sus tierras. Lo que se busca es poner en marcha unas políticas más fluidas y más audaces, que la agricultura grande, pequeña y mediana —aquella no desplazada— debe mirar con interés y no con recelo.

¿Se tiene prevista una actualización catastral?

Vamos a continuar lo que ya se viene haciendo. El 60% del catastro no está actualizado. Las cifras son impresionantes: el valor catastral del país es de $500 billones, el valor del solo catastro de Bogotá es de $200 billones y el de todo el país rural es de $70 billones. No estamos pensando en crear impuestos nuevos sobre la tierra, simplemente, utilizar y modernizar los instrumentos que ya existen, el principal de los cuales es poner al día el registro catastral que es el que determina el impuesto predial.

¿Qué medidas estudian para paliar los efectos de la revaluación en el campo?

No se puede combatir con base en subsidios, porque fiscalmente sería imposible. La revaluación se puede atenuar quizá con una actuación más aguerrida del Banco de la República en el mercado cambiario. Perú ha demostrado que es compatible una inflación baja y un buen crecimiento, con una tasa de apreciación moderada y gran parte de ese éxito que está teniendo ese país es porque su banco central está actuando dinámicamente y con mucha decisión. Supongo que el Banco de la República está estudiando ese modelo y de pronto no sería malo que lo aplicáramos aquí.

Con todos los TLC que se están firmando, se hace necesario proteger el agro colombiano, uno de los objetivos de Agro Ingreso Seguro. ¿Qué se va a hacer?

Agro Ingreso Seguro se creó, básicamente, para proteger a aquellos sectores que eran los más amenazados con el TLC. Después se le agregó algunas referencias generales a la productividad agrícola, pero, ¿quiénes eran y son aún los más amenazados? La agricultura campesina, donde se produce la comida, la de los más pobres. Por eso el rediseño que se le está haciendo a Agro Ingreso Seguro consistirá fundamentalmente en que el énfasis de esos recursos deberá ir a quienes más amenazados están: la pequeña y media agricultura, ganadería y lechería. Habrá énfasis también en el riego, pero no en del gran emporio, sino pequeños emprendimientos de riego comunitario, de asociaciones campesinas, donde el agua es un insumo básico para obtener mejores resultados en la productividad.

¿Será que nos resignamos a que esos casi $15 mil millones que se entregaron a quienes no los necesitaban ya se perdieron?

Pues todavía no han devuelto nada, a pesar de que el gobierno anterior los urgió, hasta por televisión. Estamos en este momento en lo que se llama el proceso de conciliación ante la Procuraduría para que, como lo manda la ley, se consigne en un acta cómo es que van a hacer la devolución. Esperamos que todo concluya satisfactoriamente.

En lo de riego, ¿quiere decir que se va a cambiar la política del gobierno anterior, que eran de grandes distritos —como el de Ranchería y el Triángulo del Tolima—, para hacerlo con los pequeños campesinos?

En este momento se están construyendo tres grandes distritos de riego: el de Ranchería, el del Triángulo del Tolima, y Paicol en el Huila. Están a mitad de camino, pero se van a terminar. Ahora vamos a apoyar mucho a los pequeños microsistemas de riego, que sirvan a empresas asociativas de pequeños campesinos. Esa ha sido la clave de la revolución agrícola y fruticultora en Perú: utilizar bien las aguas no sólo en megaproyectos de riego, sino pensar también en esos pequeños que sumados son la mayoría de la producción agrícola y que pueden hacer maravillas a bajos costos.

¿Cuál es la meta de crecimiento del sector para el Gobierno?

No me comprometo en metas, lo que tengo como deseo es que la agricultura, después de haber venido creciendo sistemáticamente por debajo del resto de la economía, se ponga a tono con el crecimiento general y pueda así desempeñar el papel de locomotora que se le ha asignado.

Uso del suelo: un proceso gradual

Las cifras del uso de la tierra en Colombia son alarmantes en cuanto al área utilizada para ganadería y la de cultivos. La ganadería usa 38 millones de hectáreas y sólo 4,9 son para cultivo. ¿Cómo lograr que el país alcance las 10 millones de hectáreas en cultivo y la ganadería baje a 20 millones?

Según el ministro Restrepo, se trata de un proceso gradual: “No se puede hacer de la noche a la mañana y quien proponga lo contrario estaría proponiendo fantasías. Ese es el uso que se le ha dado a la tierra después de 200 años de historia agraria en Colombia. Se van a organizar programas para que, por ejemplo, quien esté hoy en día en la ganadería extensiva pueda ir cediendo algunas aéreas voluntariamente. Tenemos metas bastantes ambiciosas con estos programas, avanzar mucho en la producción de cereales de tierra caliente. Gradualmente reducir 800 mil, un millón de hectáreas de ganadería extensiva para pasarlas a cereales. Ello nos daría suficiencia alimentaria y menores requerimientos de importación de granos”.