Luego de que congresistas y lideres de partidos cuestionaran al Gobierno por el informe realizado por la Secretaría de Transparencia, dependencia adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), sobre las presuntas inhabilidades de 553 candidatos a concejos y alcaldías, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco salió a dar respuesta a las críticas.
Senadores señalaron al Gobierno de querer participar en las elecciones regionales con ese informe y hasta de tener una “policía política” para perseguir a los partidos, pues es el Consejo Nacional Electoral (CNE) la única autoridad competente para resolver quién está o no inhabilitado.
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Sobre eso, el ministro aseguró que “si hay algo en lo que la democracia debe ser muy cuidadosa es en la definición de las reglas de juego electoral (...) Con esas reglas, juegan todos los ciudadanos, porque esa es la democracia”, dijo.
Velasco afirmó que la declaración que ofreció el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, no fue “pertinente ni prudente”. Según dijo, “cualquier ciudadano puede tener una opinión sobre quién está o no inhabilitado, pero quienes ostentamos cargos de tan alta dignidad debemos llevar esa opinión ante el CNE y que sea esa entidad la que tome la decisión”.
Así pues, el ministro no solo desautorizó al funcionario, sino que reconoció la autoridad de la organización electoral. Sin embargo, sí sostuvo que es hora de que el CNE se someta a una reforma, pues aunque hoy tiene la capacidad de decidir sobre las inhabilidades, según él, en el futuro eso debería cambiar.
“En este Congreso, muchas veces hablamos de la conveniencia o no de la actual estructura del poder electoral en Colombia. Es inconveniente que quienes sean las autoridades electorales representen a los partidos mayoritarios, pues es clave tener a todas las voces”, dijo.
En ese sentido, el ministro aseguró que el debate debe quedar abierto, pero que para las elecciones del 29 de octubre se deben respetar las reglas de juego establecidas.
“La posición del Gobierno frente a las afirmaciones del secretario de Transparencia es la siguiente: quien puede definir quién está habilitado es el órgano electoral, pues la Constitución y la Ley lo definen con claridad (...) No hay en la Presidencia, ni es nuestro estilo, una policía política para perseguir a nadie”, concluyó.
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