“No estamos jugando a ser políticos”: los reclamos de los consejeros de juventud

El CNJ trabajaría desde la sede de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) en Bogotá, pero, ellos dicen que no tienen acceso a la sede y que está cerrada.

Foto: Presidencia

En diciembre del año pasado salieron a las urnas más de un millón de jóvenes en todo el país (entre los 14 y 28 años) a escoger a los representantes de los Consejos de Juventud municipales, distritales y departamentales. Se trata de un mecanismo de participación política y control de la gestión pública que apareció por primera vez en 2018 en el Estatuto de Ciudadanía Juvenil.

Fueron escogidos más de 12 mil consejeros en todo el territorio, pertenecientes a movimientos políticos, organizaciones sociales, campesinas, indígenas, afrocolombianas, población joven víctima de la violencia armada, entre otros. Así, recibieron a través del voto la posibilidad de tener incidencia sobre las decisiones en el ejecutivo y el legislativo.

De esos jóvenes, 49 hacen parte del Consejo Nacional de Juventud (CNJ) y, según la ley, tienen como propósito adelantar acciones vinculantes en las instituciones del Estado como: sesionar cada año con el presidente y con el Congreso de la República, en donde podrán presentar propuestas y concertar sobre diversos temas.

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Con esas expectativas se posesionaron el pasado 8 de julio en el Congreso; sin embargo, hoy dudan que esa participación se haga realidad. Según dicen varios de sus representantes, no se les ha tenido en cuenta, no han podido sesionar presencialmente, no tienen un espacio para hacerlo y, para las sesiones virtuales, especialmente en zona rural, no tienen conectividad.

“A las sesiones que hemos venido haciendo, de manera virtual y extraordinaria, no se conecta la mayoría por una sencilla razón: tenemos compañeros en Vaupés, Guainía, Vichada, Amazonía; en donde algunos no tienen computador o el Internet es inestable”, cuenta Juan David Barraza, consejero nacional por Atlántico y electo a través de curules de víctimas.

Con la llegada del gobierno actual que, según ellos, fue “elegido por los jóvenes”, esperaban que pudiesen mejorar estas condiciones. Por el contrario, aseguran que no han tenido su primera sesión con el presidente Gustavo Petro y que la entidad a cargo: la Consejería Presidencial para la Juventud o Colombia Joven, actualmente liderada por Gabriela Posso, les ha ignorado.

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“Hemos mandado en repetidas ocasiones derechos de petición a la Consejería para que nos digan cuando será nuestra sesión con el presidente, pero, la respuesta es que no tiene espacio en la agenda”, dice Barraza. Agrega que no han podido escoger la Comisión de Concertación y Decisión, la máxima instancia de los jóvenes, pues sus compañeros en regiones apartadas no tendrían garantías para postularse y ser elegidos de manera virtual.

De acuerdo con el artículo 50 del Estatuto de Ciudadanía Juvenil, es un compromiso del Gobierno que la totalidad de los miembros del CNJ tenga como mínimo dos sesiones anuales con el presidente, en las que debe estar también presente el gabinete ministerial. Igualmente, según la ley deben presentarse dos sesiones plenarias anuales con el Congreso.

“Posso nos dijo que la posesión del CNJ, a la que asistió Iván Duque, fue contada como una sesión con el presidente, pero, debería leer bien la ley porque ahí están los parámetros sobre cómo y con quiénes se debe hacer. No es que el presidente llegue, salude y se vaya: es una sesión de trabajo”, cuenta Barraza.

Esa situación, entre varios incumplimientos, es lo que más molesta a los consejeros y, si bien aseguran que no es cosa exclusivamente de este gobierno pues, “la ley fue sancionada desde el 2018 y hasta el año pasado por primera vez se dio el voto popular”, sí perciben que hay poca voluntad.

Suman a las quejas que les han aplazado varias veces la fecha para sesionar en Bogotá y no se han ejecutado los recursos para ello. “Tenemos un saldo de 6 mil millones de pesos que dejó la administración anterior y no sabemos en dónde están. No estamos diciendo que se lo gasten todo, pero que, al menos nos presenten un plan para saber las garantías que vamos a tener”, asegura Alicia Rodríguez, consejera nacional por Boyacá, del partido Alianza Verde.

Por todo eso, piden que sean tomados en serio, no solo a nivel nacional sino también territorial. “Esto está pasando a nivel país, pero, en las entidades territoriales es mucho peor”, dice Rodríguez, quien agrega que “no somos niños que están jugando a hacer política, somos totalmente capaces y nos tienen que brindar garantías. Muchos ya han desertado por la falta de compromiso”.

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Ante las quejas, ¿qué dice Gabriela Posso?

Según la consejera para la Juventud, no se ha tratado de falta de compromiso, pues, han intentado cuadrar fechas para sesionar pero no han podido llegar a buen término por problemas logísticos. “El gobierno anterior dejó un operador al que no se le podían hacer más adiciones y toco generar un nuevo convenio interadministrativo que nos hizo tener unas demoras en la ejecución”, asegura.

Igualmente señala que “el presidente tiene la intención de reunirse con el CNJ y, esperamos salir pronto a decir públicamente una fecha”. Posso aprovechó el diálogo con El Espectador y dijo que “ya están haciendo una caracterización de los consejeros. (...) Tenemos un informe que indica que algunos han sido amenazados y han sido víctimas de violencias basadas en género”.

Ahora, respecto a las quejas sobre las entidades territoriales, Posso dice que enviaron una circular a alcaldes y gobernadores para que den cumplimiento a lo establecido en el Estatuto. “Deben poner en marcha todos los escenarios, procesos, herramientas jurídicas, estrategias, planes y proyectos que operativizan los Consejos de Juventud, Plataformas de Juventud y Comisiones de Concertación y Decisión”, dice el texto.

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Por el momento, el compromiso del Gobierno es realizar la primera sesión presencial del CNJ el próximo 9 y 10 de diciembre, como está programado. Allí, los jóvenes escogerán a la Comisión de Concertación y Decisión y asistir al Congreso. Mientras tanto esperan a la reunión con el presidente y su gabinete, que se iba a hacer el pasado 26 de noviembre, pero que quedó aplazada, según Posso.