Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
En entrevista con El Espectador, el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, explica su aclaración sobre un punto en el que se aparta de la visión del pleno: para él, los “falsos positivos” no fueron una política de Estado. El jesuita aclara que esta diferencia conceptual no contradice el Informe Final en su totalidad, y tampoco el capítulo sobre violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), en el que está consignada la investigación sobre la responsabilidad corporativa en las ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares contra civiles. Reitera que tiene muy presente a las víctimas y su verdad.
(Para contexto: Francisco de Roux afirma que “falsos positivos” no fueron una política de Estado)
¿Por qué dice que los “falsos positivos” no fueron una política de Estado?
Las aclaraciones sobre el Informe Final de la Comisión de la Verdad surgen de un acuerdo que tenemos entre los comisionados. Me gustó mucho ver que realmente de las 10 mil páginas del informe, las aclaraciones que hay son muy poquitas. Solo tres de los comisionados presentamos aclaraciones. Las aclaraciones son un acuerdo que tenemos entre los comisionados. Estas se hacen cuando un texto es aprobado por el pleno, de manera que el texto de Alejandro (Valencia) es totalmente aprobado.
Mi aclaración es muy sencilla: yo estoy de acuerdo con el texto sobre lo que pasó con los “falsos positivos”, pero no estoy de acuerdo con un punto del escrito. En las ejecuciones extrajudiciales hay responsabilidad histórica, ética y política en presidentes, ministros y mandos de las Fuerzas Militares. En lo que no estoy de acuerdo es que a eso se le llame “política de Estado”. En otras palabras, estoy de acuerdo con las responsabilidades, pero no con que se les enmarque como una política de Estado, por la misma razón que no considero que sea política de Estado la corrupción -que es uno de los elementos que propia el conflicto-, o la impunidad.
Eso plantea una discusión sobre qué entendemos como política de Estado y que no, pero yo no me quise meter en esa discusión. Para mí, la política de Estado es una organización de las leyes, dirigidas a producir algo. En ese caso, tendrían que estar dirigidas a producir un asesinato.
No lo llamo política de Estado porque creo que eso nos confunde. Ahora, mis compañeros que lo llaman Política de Estado consideran que cuando se pueden utilizar las leyes y las normas, para producir un crimen, quiere decir que el Estado lo está favoreciendo. Yo no lo siento así. Creo que ese es un comportamiento perverso: cuando alguien se ampara en una ley que no está diciendo que maten, para matar.
Eso es lo que llama la atención. En distintas declaraciones hechas por el comisionado Alejandro Valencia, y en el informe mismo, se habla de la existencia de acciones legales y extralegales que dieron paso a que los “falsos positivos” se institucionalizaran.
Eso es cierto, pero ninguna de las leyes dice explícitamente que los militares deban buscar personas inocentes para matarlas.
¿Esto no es un tiro en el pie que se hace la Comisión a sí misma en un tema tan convulso y tan delicado como es el de los “falsos positivos”, teniendo en cuenta además la cantidad de ataques a su labor?
No lo creo. Sería diferente si yo estuviera diciendo que no hay responsabilidad de los presidentes, de los ministros y de los altos mandos de las Fuerzas Militares en ese crimen tan delicado. Yo estoy afirmando que hay responsabilidad ética, política e histórica, pero no le llamo a eso ser una política de Estado. Es que no la veo. Esto lo que demuestra es que la Comisión no es absolutamente unánime. Hay otras cosas en las que tenemos puntos de vista distintos, pero no son importantes como para hacer una aclaración. No me parece que esto debilite, antes me parece que estas cosas nos fortalecen.
¿No cree que sus contradictores pueden utilizar esa aclaración para deslegitimar el trabajo juicioso sobre la verdad del conflicto armado?
No. Lo grave sería que nosotros negáramos los “falsos positivos” y la responsabilidad corporativa de cuerpos del Ejército, que negáramos la responsabilidad ética, política e histórica.
La aclaración se sustenta en que en ninguna parte de la Constitución, de las leyes, de los decretos dice que salgan a matar personas inocentes y tampoco que monten combates falsos. Todo en la normativa militar estaba dirigido a decir “necesitamos muertos de la guerrilla dados de baja en combate”. El problema es que eso lo interpretan y matan personas que no hacen parte de la entonces guerrilla, en combates que no existieron.
¿Le preocupa de alguna manera la reacción de las víctimas, las Madres de Soacha, que han expresado su recelo sobre el tratamiento de su verdad sobre las ejecuciones extrajudiciales?
Tengo presente a las víctimas y me preocupa que se diga la verdad. La verdad es la que nos libera a todos. Decimos que éticamente, históricamente, hay una responsabilidad del Gobierno y de los militares, que fue gravísimo y que hizo muy daño. El Informe Final lo dice. Una aclaración no echa para atrás el informe. Lo que hace ese documento es decir “yo estoy de acuerdo con dicha responsabilidad, pero no le llamo política de Estado”. No estoy negando ni contradiciendo lo que dice el informe. Me estoy apartando de un punto en concreto.
Las ejecuciones extrajudiciales son el más execrable de los crímenes que cometió el Estado. En el Estado hay una enorme falta de claridad, se producen esos crímenes, pero hay mucha gente trabajando en el Estado que no labora en el sentido de ejecutar estos crímenes.
Lea acá la aclaración completa del padre Francisco de Roux, a la que hace referencia este artículo:
>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político