El presidente Iván Duque ya está en plan de cierre de su gobierno. Es notorio en las varias giras internacionales y en la entrega de obras que ha hecho. Esto se hizo más evidente este martes, cuando fue el propio primer mandatario el que asistió a la rendición de cuentas trimestral de la implementación del acuerdo de paz ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
En esta sesión, el mandatario colombiano hizo un corte de cuentas de las principales acciones que se realizaron durante su gobierno para la ejecución del acuerdo de paz, que este ha condicionado a su política de paz con legalidad. Precisamente, Duque hizo énfasis en que este principio ha sido su guía durante los cuatro años de gobierno.
“Desde el primer día de nuestro gobierno pusimos en marcha la política pública de paz con legalidad. Es una construcción de la paz sin impunidad, que buscaba hacer una adaptación para una implementación certera”, expresó el presidente colombiano, que añadió que desde el día uno de esta política se le hizo un “llamado a las Naciones Unidas para que la misión de verificación estuviera con nosotros los cuatro años de gobierno”.
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Como parte de su introducción, el presidente destacó el complejo escenario colombiano, que lleva más de 60 años de un conflicto: “Hemos sufrido la violencia fratricida por grupos armados ilegales”. Según Duque, el país lleva más de 40 años de procesos de paz en los que algunos han resultado más exitosos que otros y el proceso con las antiguas Farc se enmarca en este contexto.
De inmediato, el primer mandatario señaló que el actual proceso de reincorporación “trae retos y oportunidades”. En este segundo bloque hizo énfasis en “amenazas latentes como el Eln o grupos dedicados al narcotráfico como pelusos, disidencias y el Clan del Golfo”. No obstante, destacó que son más 12.800 exguerrilleros los que han creído en el proceso de reinserción, aunque en ningún momento hizo mención de los casi 300 exguerrilleros que han sido asesinados.
La única mención parecida fue el reconocimiento de que “se ha dado violencia” como en otros procesos anteriores. Aunque, este hizo la salvedad de que es la menor cantidad de víctimas mortales en comparación a otros procesos. “No podemos considerarlo una victoria porque no debería ocurrir. Es triste ver que las manos del narcotráfico sigue lastimando a Colombia”, expresó Duque.
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Este también reseñó que durante sus cuatro años se tendrán las menores tasas de homicidio y secuestros de los últimos 40 años, aunque no reconoció que parte de estas cifras se dieron durante la pandemia, cuando buena parte de los colombianos estuvieron recluidos en sus casas ante las prohibiciones sanitarias.
Luego volvió a retomar los avances frente a los excombatientes para decir que se le han brindado más de siete garantías que incluyen apoyo psicosocial, económico y judicial para su reinserción en la sociedad. En este corte de cuentas destacó que son más 8.000 reinsertados que participan de proyectos productivos individuales y colectivos.
Según el primer mandatario, fueron más allá y hasta se “profundizó en aspectos de tierra, vivienda y propiedad”. En este punto destacó que los antiguos espacios de reincorporación mutaron para hacer entregas individuales de propiedades a buena parte de los excombatientes. A esto añadió que cerca del 85% de los reinsertados ya fueron incluidos en el sistema de seguridad social, salud y pensión, algo que Duque consideró como “un hecho sin precedentes”. En este punto también remarcó que se pasaron de tres a más de 50 proyectos de reparación colectiva: “se le asignó un presupuesto sin precedentes”.
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En su mismo intento por destacar el supuesto compromiso con la paz, Iván Duque se adjudicó la extensión de la ley de víctimas, un hecho que se dio por orden de la Corte Constitucional. También se adjudicó el apoyo para que salieran adelante las 16 curules de víctimas. Sin embargo, como en el caso anterior, la principal razón de que se dieran fue una decisión judicial del tribunal constitucional. En este caso, por el estudio de una tutela que interpuso el senador Roy Barreras.
En su discurso, el primer mandatario retomó la senda de destacar los avances del acuerdo de paz para decir que una de las metas principales es el desarrollo rural integral. Por eso afirmó que se han entregado más de 52.000 títulos, por lo que sería el gobierno que más ha entregado títulos, y se han incluido más de 2 millones de hectáreas al banco de tierras.
En este mismo espíritu centró la atención en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet). Iván Duque los catalogó como “la piedra angular del proceso de paz” y aseveró que han pasado de 2 a 16 proyectos en sus cuatro años de mandato. El presidente no hizo mayor mención de la sustitución voluntaria, que era otro de los pilares del acuerdo. Solo se centró en decir que “el 50% de la erradicación ha ocurrido en el gobierno nuestro”.
También hubo espacio para destacar las cifras de desminado que, de acuerdo con lo dicho por el presidente Duque, más del 50% ocurrió en su administración. En este mismo sentido habló de la entrega de una mayor asignación a las comunidades étnicas.
Hacia el final de su intervención hizo mención al sistema de justicia transicional. “Hemos dado todo el apoyo a la institucionalidad para la verdad, justicia, reparación y no repetición”, dijo el presidente, que sacó pecho por la reforma constitucional que impide que delitos como el secuestro o el narcotráfico se incluyan como prácticas conexas al delito político y de esta forma sean amnistiables.
En esta capítulo destacó que el Ejército entregó al sistema transicional un informe que da cuenta “de los 50 años defendiendo a la institucionalidad”. A esto añadió que espera un avance en los macrocasos que lleva la JEP para “que los máximos responsables digan la verdad sobre el secuestro, los delitos contra la mujer y los vejámenes contra la Fuerza Pública”. No obstante, al presidente se le olvidó mencionar por completo los macrocasos en los que miembros de la Fuerza Pública están vinculados.
En esta misma omisión solo se dirigió a los exmiembros de las Farc para reclamarles por los avances en la reparación de la víctimas: “Que hagan una reparación económica y material creíble, teniendo en cuenta que están lejos de la reparación esperada”. También catalogó al narcotráfico como el peor enemigo de la paz y pidió un esfuerzo conjunto de los países presentes en el Consejo de Seguridad para que avanzar en los esfuerzos de erradicación e incautación.
El presidente comenzó el cierre de su discurso afirmando que " en Colombia no hay enemigos de la paz en la institucionalidad, todos trabajamos por ella. Solo los enemigos son los que quieren luchar en contra de ella”. Para el presidente, se pasó de un proceso con muchas fragilidades a uno “sustentable y con un trazador evidenciable”. A esto se añadió que gran parte de las complejidades viene de que el proceso debe desarrollarse durante tres administraciones. Sin embargo, a pesar de estos retos, Duque celebró que “ni siquiera la pandemia o una crisis migratoria ha impedido la implementación”.
Ya hacia el final, el presidente hizo una velada referencia a lo ocurrido en Putumayo. Iván Duque aseguró que deberían ser los organismos de control los que investiguen posibles faltas cometidas por la Fuerza Pública y que “nuestra nación tiene cero tolerancia contra las violaciones de derechos humanos”. Luego entró en la defensa del Ejército asegurando que día tras día se gana el afecto en el territorio.