No podemos garantizar que contratistas actuales permanezcan: Función Pública

César Augusto Manrique, director de Función Pública, dejó algo claro: la entidad que dirige no puede garantizar que los contratistas que actualmente laboran con el Estado bajo la modalidad de prestación de servicios o de apoyo a la gestión, van a conservar su trabajo una vez se inicie y avance en la formalización del empleo público, un plan que anunció Función Pública hace unas semanas.

“Nosotros no podemos garantizar que los contratistas que hoy existen van a permanecer porque eso es una decisión autónoma de cada institución”, dijo concretamente a W Radio. Esto porque la circular que emitió Función Pública, en conjunto con la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), está dirigida a los órganos, organismos y entidades del sector central y descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial.

Aunque el plan de formalización del empleo ha tenido un sinnúmero de críticas, empezando por el Ministerio del Trabajo, Manrique se mantiene en que es necesario porque hace 30 años no se actualiza la planta de personal del Estado, por lo que las entidades han incurrido en utilizar la contratación por prestación de servicios, que es algo extraordinario, como algo ordinario para suplir los cargos que cumplan con su misionalidad.

Asimismo, dijo que ese es un problema estructural y, aunque los contratistas actuales no vayan a tener garantías para conservar su empleo, lo que Función Pública quiere es establecer cuántos son los empleos que se necesitan para cumplir con la misionalidad de cada entidad.

“Los contratistas no pueden ingresar automáticamente a la administración pública porque está prohibido por la Constitución. Se quiere saber qué requiere cada entidad: si necesita plantas temporales, ampliación de sus plantas, o revisar cuáles de los contratos actuales son necesarios. Decir [por ejemplo] que de 100 contratos, 30 son verdaderos y 70 no lo son. Vamos a hacer plantas temporales con procesos meritocráticos”, agregó ante la emisora.

En ese sentido, señaló que las plantas temporales tendrán una vocación de permanencia. Además, que una vez estas plantas se definan como permanentes, las personas contratadas deberán realizar un nuevo concurso de carrera administrativa con la Comisión Nacional de Servicio Civil para quedar vinculadas finalmente a ellas, después de todo el proceso de formalización.

Insistió en que la circular “no dice que en cuatro meses se hará la totalidad de la formalización”. “Dice que ese tiempo es para que se tomen medidas por parte de las administraciones municipales, regionales, y la nacional, con el fin de atender esta problemática”.

“Las administraciones tienen que tomar las acciones correspondientes: 1) proveer todos los cargos que están en provisionalidad, 2) deben tener estudios porque la ley les ordena que cada dos año revisen la necesidad del talento humano, 3) si fuera del caso, hacer plantas temporales, y 4) aplicar nuevas figuras jurídicas laborales para integrar a esas personas en una nómina general de la administración”, comentó Manrique sobre el proceso que deben surtir las entidades públicas.

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César Augusto Manrique, director de Función Pública, dejó algo claro: la entidad que dirige no puede garantizar que los contratistas que actualmente laboran con el Estado bajo la modalidad de prestación de servicios o de apoyo a la gestión, van a conservar su trabajo una vez se inicie y avance en la formalización del empleo público, un plan que anunció Función Pública hace unas semanas.

“Nosotros no podemos garantizar que los contratistas que hoy existen van a permanecer porque eso es una decisión autónoma de cada institución”, dijo concretamente a W Radio. Esto porque la circular que emitió Función Pública, en conjunto con la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), está dirigida a los órganos, organismos y entidades del sector central y descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial.

Aunque el plan de formalización del empleo ha tenido un sinnúmero de críticas, empezando por el Ministerio del Trabajo, Manrique se mantiene en que es necesario porque hace 30 años no se actualiza la planta de personal del Estado, por lo que las entidades han incurrido en utilizar la contratación por prestación de servicios, que es algo extraordinario, como algo ordinario para suplir los cargos que cumplan con su misionalidad.

Asimismo, dijo que ese es un problema estructural y, aunque los contratistas actuales no vayan a tener garantías para conservar su empleo, lo que Función Pública quiere es establecer cuántos son los empleos que se necesitan para cumplir con la misionalidad de cada entidad.

“Los contratistas no pueden ingresar automáticamente a la administración pública porque está prohibido por la Constitución. Se quiere saber qué requiere cada entidad: si necesita plantas temporales, ampliación de sus plantas, o revisar cuáles de los contratos actuales son necesarios. Decir [por ejemplo] que de 100 contratos, 30 son verdaderos y 70 no lo son. Vamos a hacer plantas temporales con procesos meritocráticos”, agregó ante la emisora.

En ese sentido, señaló que las plantas temporales tendrán una vocación de permanencia. Además, que una vez estas plantas se definan como permanentes, las personas contratadas deberán realizar un nuevo concurso de carrera administrativa con la Comisión Nacional de Servicio Civil para quedar vinculadas finalmente a ellas, después de todo el proceso de formalización.

Insistió en que la circular “no dice que en cuatro meses se hará la totalidad de la formalización”. “Dice que ese tiempo es para que se tomen medidas por parte de las administraciones municipales, regionales, y la nacional, con el fin de atender esta problemática”.

“Las administraciones tienen que tomar las acciones correspondientes: 1) proveer todos los cargos que están en provisionalidad, 2) deben tener estudios porque la ley les ordena que cada dos año revisen la necesidad del talento humano, 3) si fuera del caso, hacer plantas temporales, y 4) aplicar nuevas figuras jurídicas laborales para integrar a esas personas en una nómina general de la administración”, comentó Manrique sobre el proceso que deben surtir las entidades públicas.

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