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En la noche de este sábado, el presidente Gustavo Petro anunció que nombraría como gestores de paz a los jóvenes que fueron detenidos en el marco de la protesta social. “Tienen el derecho de pasar su Navidad con sus familias”, sentenció el primer mandatario desde Pasto.
Se esperaba que la propuesta generara controversia, pues una propuesta similar se hundió en la ley de paz total, y así fue. Muy temprano este domingo, varios sectores de oposición expresaron su rechazo a la propuesta y coincidieron en que se estaría un mal mensaje, pues supuestamente se estaría legitimando actos delictivos en medio de las movilizaciones.
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“Protestar en Colombia es un derecho que debe ser garantizado y quien lo haga debe hacerlo pacíficamente. Sin embargo, los integrantes de la primera línea que están detenidos están siendo judicializados por terrorismo, homicidio, tortura y no por protestar”, dijo el senador Miguel Uribe, que añadió: “Gustavo Petro no puede seguir empoderando y dándole oportunidades a los criminales y bandidos mientras que a la gente buena los deja sin alternativa”.
Uribe también expresó su molestia debido a que supuestamente el presidente estaría criminalizando a la Fuerza Pública. En un sentido similar señaló que Gustavo Petro supuestamente estaría violentando la separación de poderes. “No puede violar la independencia de poderes y la ley. No puede olvidar que es presidente y no dictador”, expresó Uribe.
Una respuesta similar tuvo la senadora Paloma Valencia, también del Centro Democrática. Esta llegó a insinuar que el anuncio presidencial aceptaba que hubo infiltración guerrillera en las marchas de 2021. “¿La liberación de los miembros criminales de primera línea como gestores de paz en el proceso con el ELN es el reconocimiento del gobierno de que sí hubo infiltración guerrillera en el paro y de que esa parte de la primera línea es el ELN?”, acotó en Twitter la senadora.
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En otro trino, Valencia comentó que no veía la forma en que se pudiera justificar jurídicamente esta determinación. Por otro lado, criticó que el gobierno busque darle múltiples oportunidades “a los delincuentes”, mientras que, supuestamente, no se estaría brindando las mismas oportunidades “a los colombianos que no delinquen”. “Liberar criminales es la primera causa, tal vez la que más le importa, a este gobierno”, concluyó.
María Fernanda Cabal siguió una línea muy similar a la de sus compañeros de bancada. “No tienen derecho. Ya es suficiente tanta grosería. Que paguen por delincuentes”, trinó una de las voces más tiradas a la derecha dentro del principal partido de oposición.
Aunque la mayoría de la bancada de gobierno celebró la determinación presidencial, la representante Katherine Miranda expresó sus temores. “Sin lugar a dudas hubo detenciones ilegales a ciudadanos en el marco de las protestas, pero también hubo graves hechos reales de tortura, terrorismo, violaciones sexuales y homicidio”, expresó Miranda, que también afirmó que “no se puede cruzar la raya y mandar un mensaje de impunidad”.