Congresistas del Pacto Histórico piden “repensar” reforma al Código Electoral
Mediante una carta, los representantes del oficialismo expusieron nuevas críticas al proyecto que se discute con mensaje de urgencia. Según dijeron, el proyecto que sigue sumando voces de rechazo “no responde completamente a lo señalado en el programa de gobierno para resolver las necesidades de cambio en la gestión de las elecciones”.
El proyecto de reforma al Código Electoral sigue sumando cuestionamientos. Esta vez desde la propia bancada de gobierno. La iniciativa que planteó la Registraduría, y que busca modificar los procesos electorales, se está tramitando con mensaje de urgencia y la expectativa era que su discusión iniciara esta misma semana. Sin embargo, ante los múltiples reparos parece que dejarán de pisarle el acelerador y se tramitará con más calma para resolver todas las dudas.
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La última de esas dudas tiene que ver con que el proyecto “no responde completamente a lo señalado en el programa de gobierno para resolver las necesidades de cambio en la gestión de las elecciones”. Así lo mencionaron un grupo de representantes del Pacto Histórico, que mediante una carta señalaron por un lado la importancia y la necesidad de tramitar una reforma electoral, teniendo en cuenta que las elecciones legislativas y presidenciales de este año “nos dejaron muy claros los riesgos y las debilidades de nuestros sistema electoral”.
No obstante, dicen en la misiva dirigida al presidente Gustavo Petro concluyeron que las apuestas de cambio en materia política y electoral que se prometieron en campaña y quedaron consignadas en el programa de gobierno “no encuentran salidas” en la iniciativa para actualizar el Código Electoral. Por ese motivo, el grupo de representantes le pidió al Gobierno “repensar” la reforma, retomando la esencia de lo que se prometió.
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“No podemos dilapidar la oportunidad histórica de hacer una reforma que produzca los cambios que la ciudadanía reclama”, añadieron los congresistas del Pacto Histórico sobre la reforma que ha estado llena de reparos, sobre todo, por su cercanía con las elecciones de 2023, que se realizarán el 29 de octubre. Antes de los representantes del oficialismo, fueron varios las voces que expresaron su preocupación por la posible inconveniencia de aprobar la iniciativa.
De forma puntual, los congresistas pusieron sobre la mesa cinco preocupaciones sobre el proyecto de reforma que, además, cuestionaron los múltiples cambios que se le añadieron respecto al proyecto que fue aprobado en diciembre de 2020, pero que se hundió en la revisión de la Corte Constitucional por vicios en el trámite.
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“Se le adicionaron más de 100 artículos sobre registro civil”, replicaron los representantes sobre el proyecto, que tampoco considera que esté en sintonía con la reforma a la arquitectura política y electoral que se discute en el Congreso. “No solo es necesario avanzar en la actualización y modernización de un código electoral caduco, sino que también es necesario avanzar en la definición de una serie de reformas que afecten a los partidos, a la arquitectura electoral, y el acceso al voto”, replicaron.
El primer aspecto que cuestionaron los representantes del Pacto fue el acceso y la transparencia a la información electoral. Según dijeron, estos aspectos “se ven comprometidos” con la reforma teniendo en cuenta que los softwares que se utilizan en las elecciones no son de propiedad del Estado.
“Si no se garantiza la auditoria permitiendo el acceso al código fuente, la información electoral no podrá ser un bien público”, mencionaron sobre un aspecto que en ese sentido tendría que seguir siendo manejado desde empresa privadas nacionales e internacionales.
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La autoridad electoral independiente fue el otro reparo que plantearon. En ese sentido, indicaron que el Código Electoral que se apruebe solo podría ser aplicado de forma correcta si hay una “autoridad electoral especializada e independiente”, y advirtieron que de otra forma esta modificación “se desvanecerá en manos de los partidos políticos” que son mayoría en el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Asimismo consideran que en la reforma no se plantean soluciones a los problemas de acceso al voto. Incluso creen que con la reforma se profundizan esas barreras. Como se definen en la reforma tres modalidades de voto presencial, pero no quedan claras las formas de voto no presencial, explican los representantes que podría aumentar la tasa de abstención, que hoy no solo radica en el deseo ciudadano de no participar en elecciones, “sino que también existen unas serias problemáticas de acceso, relacionadas con la baja votación en la ruralidad, así como en el exterior”.
Los representantes también plantearon objeciones al control a la propagada y la financiación en redes sociales, señalando que el Código Electoral propuesto “no recoge medidas efectivas para abordar la propaganda electoral en los nuevos medios de comunicación, la financiación por medios electrónicos, que debería ser pública, y no anónima”, que como se evidenció en las pasadas elecciones serán un aspecto fundamental en unas elecciones cada vez más mediadas por la tecnología.
Por último, sobre la entidad responsable de las elecciones, en la carta dirigida al presidente Petro dejan claro que en lugar de resolver el tema lo hace más complejo, pues coinciden en que el registrador “termina con más facultades sin contrapeso para la realización de las elecciones”, además de ampliarse la planta de registradores locales a unos 1.200.
“La carrera administrativa especial no se cumple, y la aspiración a una registraduría profesional y especializada se aplaza”, concluyen sobre esta dificultad, a la que plantean como solución la separación de las funciones del registrador que plantean algunos expertos. De esta forma, el encargado de la Registraduría tendría como única tarea “los temas de registro civil”, mientras que la organización de las elecciones estaría a cargo de una persona que sea fijada desde el CNE.
Las otras críticas a la reforma
Durante una audiencia pública en la que los interesados en la reforma al Código Electoral plantearon sus dudas, el director de Cambio Radical, Germán Córdoba, hizo duras críticas al proyecto denunciando que parte del Congreso está una serie de presiones para nombrar en cargos en la Registraduría a cambio de aprobar la iniciativa.
Según Córdoba, detrás de la reforma hay “una oferta de ampliar de cargos muy jugosos y apetitosos” para “aceitar el trámite en el Congreso”, e incluso expuso un listado de más de 100 cargos en la Registraduría que se han nombrado “gracias a la recomendación o a la cercanía de un parlamentario”.
Senadores como Humberto de la Calle (Centro Esperanza) calificaron como un “error del Gobierno” que se esté intentando aprobar “a la fuerza” el Código Electoral a menos de un año de las elecciones locales, en lo que han coincidido desde la Misión de Observación Electoral (MOE), que pidió no realizar modificaciones durante este año al Código Electoral, por lo que le solicitaron al legislativo que no se aprueben reformas al sistema político-electoral, sino que se ratifiquen hasta después de las elecciones.
Lo mismo expresó la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Fabiola Márquez, quien destacó que si bien el Código Electoral “es una oportunidad para asegurar mayor deliberación en la legislación de la función electoral, tal como lo ha pedido la Corte Constitucional”, también solicitó “tramitar sin afán este proyecto” para que así se den las “plenas garantías del derecho fundamental de la democracia, la transparencia y del principio democrático”.
El proyecto de reforma al Código Electoral sigue sumando cuestionamientos. Esta vez desde la propia bancada de gobierno. La iniciativa que planteó la Registraduría, y que busca modificar los procesos electorales, se está tramitando con mensaje de urgencia y la expectativa era que su discusión iniciara esta misma semana. Sin embargo, ante los múltiples reparos parece que dejarán de pisarle el acelerador y se tramitará con más calma para resolver todas las dudas.
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La última de esas dudas tiene que ver con que el proyecto “no responde completamente a lo señalado en el programa de gobierno para resolver las necesidades de cambio en la gestión de las elecciones”. Así lo mencionaron un grupo de representantes del Pacto Histórico, que mediante una carta señalaron por un lado la importancia y la necesidad de tramitar una reforma electoral, teniendo en cuenta que las elecciones legislativas y presidenciales de este año “nos dejaron muy claros los riesgos y las debilidades de nuestros sistema electoral”.
No obstante, dicen en la misiva dirigida al presidente Gustavo Petro concluyeron que las apuestas de cambio en materia política y electoral que se prometieron en campaña y quedaron consignadas en el programa de gobierno “no encuentran salidas” en la iniciativa para actualizar el Código Electoral. Por ese motivo, el grupo de representantes le pidió al Gobierno “repensar” la reforma, retomando la esencia de lo que se prometió.
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“No podemos dilapidar la oportunidad histórica de hacer una reforma que produzca los cambios que la ciudadanía reclama”, añadieron los congresistas del Pacto Histórico sobre la reforma que ha estado llena de reparos, sobre todo, por su cercanía con las elecciones de 2023, que se realizarán el 29 de octubre. Antes de los representantes del oficialismo, fueron varios las voces que expresaron su preocupación por la posible inconveniencia de aprobar la iniciativa.
De forma puntual, los congresistas pusieron sobre la mesa cinco preocupaciones sobre el proyecto de reforma que, además, cuestionaron los múltiples cambios que se le añadieron respecto al proyecto que fue aprobado en diciembre de 2020, pero que se hundió en la revisión de la Corte Constitucional por vicios en el trámite.
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“Se le adicionaron más de 100 artículos sobre registro civil”, replicaron los representantes sobre el proyecto, que tampoco considera que esté en sintonía con la reforma a la arquitectura política y electoral que se discute en el Congreso. “No solo es necesario avanzar en la actualización y modernización de un código electoral caduco, sino que también es necesario avanzar en la definición de una serie de reformas que afecten a los partidos, a la arquitectura electoral, y el acceso al voto”, replicaron.
El primer aspecto que cuestionaron los representantes del Pacto fue el acceso y la transparencia a la información electoral. Según dijeron, estos aspectos “se ven comprometidos” con la reforma teniendo en cuenta que los softwares que se utilizan en las elecciones no son de propiedad del Estado.
“Si no se garantiza la auditoria permitiendo el acceso al código fuente, la información electoral no podrá ser un bien público”, mencionaron sobre un aspecto que en ese sentido tendría que seguir siendo manejado desde empresa privadas nacionales e internacionales.
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La autoridad electoral independiente fue el otro reparo que plantearon. En ese sentido, indicaron que el Código Electoral que se apruebe solo podría ser aplicado de forma correcta si hay una “autoridad electoral especializada e independiente”, y advirtieron que de otra forma esta modificación “se desvanecerá en manos de los partidos políticos” que son mayoría en el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Asimismo consideran que en la reforma no se plantean soluciones a los problemas de acceso al voto. Incluso creen que con la reforma se profundizan esas barreras. Como se definen en la reforma tres modalidades de voto presencial, pero no quedan claras las formas de voto no presencial, explican los representantes que podría aumentar la tasa de abstención, que hoy no solo radica en el deseo ciudadano de no participar en elecciones, “sino que también existen unas serias problemáticas de acceso, relacionadas con la baja votación en la ruralidad, así como en el exterior”.
Los representantes también plantearon objeciones al control a la propagada y la financiación en redes sociales, señalando que el Código Electoral propuesto “no recoge medidas efectivas para abordar la propaganda electoral en los nuevos medios de comunicación, la financiación por medios electrónicos, que debería ser pública, y no anónima”, que como se evidenció en las pasadas elecciones serán un aspecto fundamental en unas elecciones cada vez más mediadas por la tecnología.
Por último, sobre la entidad responsable de las elecciones, en la carta dirigida al presidente Petro dejan claro que en lugar de resolver el tema lo hace más complejo, pues coinciden en que el registrador “termina con más facultades sin contrapeso para la realización de las elecciones”, además de ampliarse la planta de registradores locales a unos 1.200.
“La carrera administrativa especial no se cumple, y la aspiración a una registraduría profesional y especializada se aplaza”, concluyen sobre esta dificultad, a la que plantean como solución la separación de las funciones del registrador que plantean algunos expertos. De esta forma, el encargado de la Registraduría tendría como única tarea “los temas de registro civil”, mientras que la organización de las elecciones estaría a cargo de una persona que sea fijada desde el CNE.
Las otras críticas a la reforma
Durante una audiencia pública en la que los interesados en la reforma al Código Electoral plantearon sus dudas, el director de Cambio Radical, Germán Córdoba, hizo duras críticas al proyecto denunciando que parte del Congreso está una serie de presiones para nombrar en cargos en la Registraduría a cambio de aprobar la iniciativa.
Según Córdoba, detrás de la reforma hay “una oferta de ampliar de cargos muy jugosos y apetitosos” para “aceitar el trámite en el Congreso”, e incluso expuso un listado de más de 100 cargos en la Registraduría que se han nombrado “gracias a la recomendación o a la cercanía de un parlamentario”.
Senadores como Humberto de la Calle (Centro Esperanza) calificaron como un “error del Gobierno” que se esté intentando aprobar “a la fuerza” el Código Electoral a menos de un año de las elecciones locales, en lo que han coincidido desde la Misión de Observación Electoral (MOE), que pidió no realizar modificaciones durante este año al Código Electoral, por lo que le solicitaron al legislativo que no se aprueben reformas al sistema político-electoral, sino que se ratifiquen hasta después de las elecciones.
Lo mismo expresó la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Fabiola Márquez, quien destacó que si bien el Código Electoral “es una oportunidad para asegurar mayor deliberación en la legislación de la función electoral, tal como lo ha pedido la Corte Constitucional”, también solicitó “tramitar sin afán este proyecto” para que así se den las “plenas garantías del derecho fundamental de la democracia, la transparencia y del principio democrático”.