No va más: Registraduría puso punto final a la revocatoria contra Daniel Quintero

“Se cae definitivamente la revocatoria fraudulenta, pero no implica eso que ganamos la batalla. Intentarán de todas las formas y con todas sus cabezas hacer daño. Son víboras de 10 cabezas dispuestas a todo”. Con esas palabras el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, aplaudió el nuevo revés que tuvo el proceso que busca ponerle fin anticipado a su administración.

Es el revés definitivo y seguramente Quintero terminará su periodo como mandatario de la capital antioqueña, pero el comité promotor de la revocatoria continúa evaluando estrategias para sacarlo del cargo al que fue electo en octubre de 2019.

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Por medio de una resolución expedida esta semana, la Registraduría determinó que el comité “Pacto por Medellín te salvará” no cumplió con la totalidad de requisitos constitucionales y legales para continuar con el proceso de revocatoria. Esto, según el documento, “en el entendido de que los estados contables de la campaña de recolección de apoyos entregados por el comité promotor reflejaron la superación de los topes individuales permitidos por el Consejo Nacional Electoral”.

La resolución, contra la que no procede ningún recurso, fue notificada tanto a Quintero como a los voceros de la revocatoria y lleva la firma de la registradora especial de Estado Civil de Medellín, Hilda Luz Jara. Esto ha despertado cierta desconfianza por parte del comité promotor, debido a que Jara fue miembro del Partido Conservador y de hecho intentó llegar a la Asamblea de Antioquia en las elecciones locales de 2019 y a la Cámara de Representantes por Antioquia en las elecciones legislativas de este año.

Desde el comité promotor han querido hilar muy fino y relacionar a Jara con los pesos pesados del Partido Conservador que, no es un secreto, se convirtió en uno de los principales aliados de la coalición de gobierno en el Congreso debido a ciertas transacciones burocráticas en favor de los conservadores, una de las bancadas más fuertes del legislativo y por tanto clave para el trámite de las reformas que plantea el Gobierno.

Otro tema que causa escozor entre los promotores de la revocatoria es la orden del Tribunal de Antioquia a la Registraduría de establecer una fecha para la revocatoria, que se emitió pocas horas antes de que la Registraduría emitiera la resolución en la que determinó el no cumplimiento de los requisitos. Por eso, el vocero de la revocatoria, Andrés Rodríguez, señaló a la Registraduría de estar “justificando su error al no haber certificado a tiempo los estados contables” del proceso.

“Estamos viendo un presunto fraude a resolución judicial y un presunto prevaricato del tamaño mismo del edificio de la Registraduría en Bogotá”, aseguró Rodríguez, quien calificó de “dictadores” y “corruptos” a los funcionarios de la entidad. “Tendrán que verse sometido a esta dictadura, donde ya a gusto de un registrador se certifican o no las cosas”, dijo el vocero en referencia a las elecciones locales del próximo año, que a su juicio no tendrán garantías.|

Los estados contables de la revocatoria han sido el centro de la controversia de esta revocatoria. En abril de este año, el Consejo Nacional Electoral (CNE) profirió dos cargos contra el comité promotor por irregularidades con los estados contables y una presunta violación de topes en la campaña de recolección de apoyos ciudadanos.

Y es que a pesar de que el 24 de diciembre de 2021 la Registraduría validó 133.248 firmas de las 91.211 necesarias para la revocatoria, un juez anuló la certificación de firmas y le otorgó al Movimiento Independientes, con el que Quintero consiguió la Alcaldía, el derecho a revisar los supuestos fraudes que habrían mediado la recolección.

Desde ese momento, el alcalde de Medellín viene haciendo énfasis en que el proceso en su contra estaría plagado de irregularidades y tras la revisión de las firmas de la revocatoria afirmó que “el comité revocatorio no logró los apoyos necesarios” y tuvo que recurrir a un proceso “sistemático de falsificación” en el que evidenciaron que un 60 % de las firmas pertenecía a ciudadanos que no eran de Medellín”.

“Se cae definitivamente la revocatoria fraudulenta, pero no implica eso que ganamos la batalla. Intentarán de todas las formas y con todas sus cabezas hacer daño. Son víboras de 10 cabezas dispuestas a todo”. Con esas palabras el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, aplaudió el nuevo revés que tuvo el proceso que busca ponerle fin anticipado a su administración.

Es el revés definitivo y seguramente Quintero terminará su periodo como mandatario de la capital antioqueña, pero el comité promotor de la revocatoria continúa evaluando estrategias para sacarlo del cargo al que fue electo en octubre de 2019.

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Por medio de una resolución expedida esta semana, la Registraduría determinó que el comité “Pacto por Medellín te salvará” no cumplió con la totalidad de requisitos constitucionales y legales para continuar con el proceso de revocatoria. Esto, según el documento, “en el entendido de que los estados contables de la campaña de recolección de apoyos entregados por el comité promotor reflejaron la superación de los topes individuales permitidos por el Consejo Nacional Electoral”.

La resolución, contra la que no procede ningún recurso, fue notificada tanto a Quintero como a los voceros de la revocatoria y lleva la firma de la registradora especial de Estado Civil de Medellín, Hilda Luz Jara. Esto ha despertado cierta desconfianza por parte del comité promotor, debido a que Jara fue miembro del Partido Conservador y de hecho intentó llegar a la Asamblea de Antioquia en las elecciones locales de 2019 y a la Cámara de Representantes por Antioquia en las elecciones legislativas de este año.

Desde el comité promotor han querido hilar muy fino y relacionar a Jara con los pesos pesados del Partido Conservador que, no es un secreto, se convirtió en uno de los principales aliados de la coalición de gobierno en el Congreso debido a ciertas transacciones burocráticas en favor de los conservadores, una de las bancadas más fuertes del legislativo y por tanto clave para el trámite de las reformas que plantea el Gobierno.

Otro tema que causa escozor entre los promotores de la revocatoria es la orden del Tribunal de Antioquia a la Registraduría de establecer una fecha para la revocatoria, que se emitió pocas horas antes de que la Registraduría emitiera la resolución en la que determinó el no cumplimiento de los requisitos. Por eso, el vocero de la revocatoria, Andrés Rodríguez, señaló a la Registraduría de estar “justificando su error al no haber certificado a tiempo los estados contables” del proceso.

“Estamos viendo un presunto fraude a resolución judicial y un presunto prevaricato del tamaño mismo del edificio de la Registraduría en Bogotá”, aseguró Rodríguez, quien calificó de “dictadores” y “corruptos” a los funcionarios de la entidad. “Tendrán que verse sometido a esta dictadura, donde ya a gusto de un registrador se certifican o no las cosas”, dijo el vocero en referencia a las elecciones locales del próximo año, que a su juicio no tendrán garantías.|

Los estados contables de la revocatoria han sido el centro de la controversia de esta revocatoria. En abril de este año, el Consejo Nacional Electoral (CNE) profirió dos cargos contra el comité promotor por irregularidades con los estados contables y una presunta violación de topes en la campaña de recolección de apoyos ciudadanos.

Y es que a pesar de que el 24 de diciembre de 2021 la Registraduría validó 133.248 firmas de las 91.211 necesarias para la revocatoria, un juez anuló la certificación de firmas y le otorgó al Movimiento Independientes, con el que Quintero consiguió la Alcaldía, el derecho a revisar los supuestos fraudes que habrían mediado la recolección.

Desde ese momento, el alcalde de Medellín viene haciendo énfasis en que el proceso en su contra estaría plagado de irregularidades y tras la revisión de las firmas de la revocatoria afirmó que “el comité revocatorio no logró los apoyos necesarios” y tuvo que recurrir a un proceso “sistemático de falsificación” en el que evidenciaron que un 60 % de las firmas pertenecía a ciudadanos que no eran de Medellín”.