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En un nuevo encuentro por la verdad, los exmiembros de las Farc Pastor Alape y Jhoverman Sánchez, que operaron en la región del Urabá, junto a Carlos Antonio Moreno, que perteneció al Epl, a las autodefensas de Córdoba y el Urabá y Clan del Golfo, se conectaron virtualmente con la Comisión de la Verdad para contar los hechos ocurridos en la región, reconocer sus responsabilidades de perpetuar la guerra en esa zona y reiterar su compromiso a la no repetición. Recalcaron en que su testimonio da cuenta de su intención para construir la paz en Colombia.
El presidente de la Comisión, el padre Francisco De Roux, pidió hablar con la verdad, poniendo a las víctimas en el centro, frase que ha sido la consigna de esta entidad creada luego de la firma del Acuerdo de Paz. “No queremos generalidades”, dijo. Y abrió el espacio de conversación señalando que “la comisión no es un juez” “Este no es un escenario de estigmatizaciones, sino para tratar de entender cómo se desarrolla este conflicto y por qué se llegaron a estos volúmenes espantosos de violencia”, complementó.
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Pastor Alape, delegado del partido Comunes en el Consejo Nacional de Reincorporación, sentenció que en este aporte la intención no es justificar los actos de la desmovilizada guerrilla, sino aportar en la construcción de paz y detener los ciclos de violencia, para entender el conflicto armado en la zona, en donde parece que la guerra no se fue una vez firmado el Acuerdo de Paz.
“No venimos a justificarnos, sino a dar claridad para que este ejercicio se pueda construir verdad, que, estamos convencidos, es el punto de partida, para encontrarnos como sociedad y cerrar ciclos de fabricar víctimas”, comentó Alape, haciendo énfasis en que este compromiso el Estado es el que debe de movilizar más esfuerzos y garantizar la reincorporación, para evitar que las bases, ante falta de garantías y oportunidades, se vuelvan a enganchar a la guerra.
Sobre eso mismo hace énfasis Carlos Antonio Moreno, quien empezó militando en la guerrilla del Epl y por falta de garantías en el proceso de desmovilización en 1996 con el Estado, terminaron reorganizándose y consolidándose como las Autodefensas de Córdoba y el Urabá. “Yo tenía 17 años cuando estábamos en el proceso con el gobierno. La Registraduría me puso un año más para aparecer como mayor de edad y para que se nos asignaran unas tierras que pertenecieron a los Castaños, que compró el Incora. Cuando regresamos a esas tierras ahí se conformaron las Autodefensas y con ellas se viene el terror y la expansión del miedo en las comunidades”, recordó.
Para él, la desmovilización y la reincorporación se convirtió en la oportunidad para hacer su vida y olvidarse de la guerra de la que hizo parte desde los 14 años, edad en la que fue reclutado. “Pensé que me podía reintegra a la vida civil, pero lo que significó ese proceso fue un acuerdo del Estado para desmovilizarnos y pasarnos a la casa Castaño para fortalecerla y crear las Autodefensas Campesinas para atacar a las Farc”.
Por ello, Moreno insistió en que la operación de las Autodefensas fue posible gracias al apoyo político, las Fuerzas Militares y los empresarios, que ayudaron económicamente a cambio de seguridad en las zonas. “No hubiéramos sido el grupo tan expansivo y que sembró terror sin ellos”, aseveró. Por ejemplo, Moreno aseguró que el Ejército, las Convivir, el Das e Inteligencia Militar les dieron los nombres de las personas o comunidades a las que debían “desplazar o ajusticiar”.
Estas operaciones respondieron al objetivo de sacar a las Farc del territorio, sembrando terror en las zonas donde tenían incidencia con masacres o desplazando a los habitantes que, según Moreno, eran informantes de las Farc.
La reconfiguración del Epl en autodefensas afectó a las Farc, que apoyó al sector de la guerrilla que no quiso desmovilizarse y les pidió apoyo a través de su líder, alias Gonzalo, y luego con el rearme de sus excompañeros se unieron, de nuevo, en un solo grupo, pero en operación paramilitar. “Ese fue nuestro error, porque después ellos se voltearon contra nosotros, el Partido Comunista y el sindicato Sintrababano y se recrudeció el conflicto”, comentó Jhoverman Sánchez, que estaba en el Frente 5 de las Farc.
Sobre esto, Pastor Alape agregó: “No le dimos un manejo político a la región, sino que terminamos enfrentándonos con las otras estructuras”. A lo que se refiere es que la ocupación de las Farc en la zona creció en tanto crecieron los movimientos sindicales y campesinos, que militaban con las ideas de izquierda de las Farc, quienes quedaron a merced del nacimiento de los paramilitares.
Antes del enfrentamiento frontal entre Farc y paramilitarismo, Jhoverman Sánchez ilustró que a finales de los 80 las relaciones entre ambos eran buenas, pues se había llegado a un acuerdo de no agresión entre unos y otros, luego de años de fuertes enfrentamientos. Esta situación cambió entrados los 90, cuando, según el excomandante, los grupos de los Castaños comenzaron a operar de forma conjunta con el Ejército. “Los primeros que empiezan a masacrar campesinos fueron los del Ejército”, sentenció.
Y la violencia se recrudeció, como coincidieron todos, tras 1996, que fue el año en el que se desmovilizaron miembros del Epl, que terminaron por crear las autodefensas campesinas para detener el crecimiento del movimiento obrero –apoyado por las Farc–, sacar a las Farc de la zona y brindar seguridad a los empresarios asediados por la guerrilla.
Hasta este hecho, Alape, Sánchez y Moreno contribuyeron en verdad. Lo hicieron sin recalcar en la necesidad de que todos los actores también cuenten su versión, incluyendo a integrantes del Ejército, empresarios, autoridades, entre otros. “Aquí hay diversidad de responsabilidades, porque había diversidad de intereses”, comentó Alape.
Por supuesto queda mucho por contar y hay otras instancias que también pueden contribuir a ampliar sobre la violencia en el Urabá. Carlos Antonio Moreno insistió en su deseo de comparecer ante la JEP y dar nombres y detalles de cuando pertenecía al Epl, Autodefensas Campesinas y Clan del Golfo.
“El territorio mueve intereses y propósitos que son perfectamente legítimos en el desarrollo de la guerra. Lo que no es legítimo es pasar por encima de la dignidad humana”, concluyó el presidente de la Comisión sobre el encuentro, extiendo la invitación a que otros actores se animen a contribuir en la verdad como compromiso con las víctimas.