Norte del Cauca: ¿el laboratorio perfecto para intentar la “paz total”?

“Le pidió al Gobierno Nacional, al presidente Gustavo Petro, que la paz inicie por el Cauca, por este municipio azotado por la violencia. Y elevó un llamado a las ONG internacionales para llevar a una solución definitiva este terror que golpea la tranquilidad de los que habitamos esta tierra”. Fue el trino que el pasado sábado 3 de septiembre escribió la alcaldesa de Santander de Quilichao, Lucy Amparo Guzmán. El día anterior, en menos de 12 horas, seis personas fueron asesinadas por sicarios en esta población nortecaucana, tres en un solo hecho, siendo la masacre número 74 en lo corrido del año en el país. Ocho días antes, en Caldono, a unos cuantos kilómetros hacia el oriente del departamento, se había instalado el primer Puesto de Mando Unificado por la Vida (PMUV) por parte del gobierno Petro, con un mensaje a los grupos armados ilegales para que demuestren su voluntad de parar la guerra y así evaluar un eventual cese al fuego bilateral. El ministro del Interior, Alfonso Prada, dijo en ese momento que el Cauca sería una “enorme prioridad” para ellos, pues “si logramos la paz integral y total en este territorio, no me cabe la menor duda de que podemos soñar con tener la paz total en Colombia”.

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Y es que en los 13 municipios que conforman el norte del Cauca los muertos siguen contándose día a día, en una realidad que está sobrediagnosticada: históricamente, la subregión ha sido epicentro del conflicto, que pese a la firma del Acuerdo con las Farc, nunca se ha ido y se sigue manifestando con crueldad en la parte montañosa y en las zonas urbanas y rurales de Toribío, Corinto, Miranda, Caloto, Santander de Quilichao, Buenos Aires, Suárez, Padilla, Puerto Tejada, Guachené, Villa Rica, Jambaló y Caldono. Se trata de un eje estratégico para el tráfico de drogas y armas en el paso hacia el Pacífico y la conexión hacia el sur del Tolima y del Huila, que ahora se disputan las disidencias, con sus columnas “Jaime Martínez” y “Dagoberto Ramos”; el Eln, las bandas criminales, el narcotráfico (incluyendo, dicen, los carteles mexicanos) y la delincuencia común. Además, la minería ilegal y la disputa de tierras entre las mismas comunidades indígenas, afros y campesinas azuzan hoy la confrontación, frente a un Estado que no ha sabido responder ni les ha dado continuidad a las pocas acciones que se han tratado de implementar para resolver una crisis que parece irremediable.

Con un ingrediente adicional: el incremento de los cultivos ilícitos, que si bien han existido desde la década de los 80, nunca fueron tan extensos en comparación con otras regiones del departamento y ahora representan una alternativa para muchas familias que se vieron afectadas por la caída del precio del café y el fracaso del modelo agrícola del Estado. Un informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), titulado ¿Actores armados + Economías ilícitas = Violencia en el norte del Cauca?, señala que hasta la firma del Acuerdo de La Habana, las Farc llegaron a ser el actor armado con mayor peso en la zona, a través de los frentes Sexto, Treinta y las compañías móviles “Jacobo Arenas”, “Gabriel Galvis” y “Miller Perdomo”. Fue así como durante décadas lograron incidir en la vida social, política y económica de las comunidades. Una de las formas a través de las cuales ejercieron poder fue con el control de los cultivos de uso ilícito, los cuales, para la época, consistían en la siembra de hoja de coca y de marihuana.

“En la actualidad, el Comando Coordinador de Occidente (CCO), confederación de varios grupos armados post-Farc (GAPF), es el actor con mayor presencia; de hecho, se localiza en los 13 municipios que conforman la subregión, a través de la columna móvil “Jaime Martínez”, ubicada sobre la Cordillera Occidental, en los municipios de Suárez y Buenos Aires. Y la columna móvil “Dagoberto Ramos”, la cual se ubica hacia la Cordillera Central, en Miranda, Corinto, Caloto, Toribío, Jambaló y Caldono. Además de los municipios de Guachené, Padilla, Puerto Tejada y Villa Rica, los cuales conectan con el departamento del Valle del Cauca. Cabe resaltar que se tiene registro de la presencia de ambas columnas en Santander de Quilichao, epicentro de la conexión entre ambas cordilleras y puente entre el norte y sur del país”, señala Pares.

Cultivos ilícitos y violencia

Lo cierto es que, tras la firma del Acuerdo de Paz, la coca y marihuana no han parado de crecer en el norte del Cauca. El panorama actual, reseña el mencionado informe, indica que los cultivos de marihuana se ubican sobre la Cordillera Central, principalmente en los municipios de Toribío, Caloto, Corinto y Miranda, y se conoce también de su expansión hacia Jambaló. Según el estudio La sustitución de economías ilegales y la regulación de la marihuana, de Camilo González Posso, director del Indepaz, estos cuatro municipios albergan alrededor de 744 hectáreas sembradas. Por otro lado, los cultivos de hoja de coca se expanden sobre la Cordillera Occidental, principalmente sobre Buenos Aires y Suárez, pero también se sabe de su crecimiento hacia Morales, Cajibío, El Tambo y Argelia. Además, desde 2018 se reconoce la reaparición del cultivo de coca en Toribío, Santander de Quilichao, Miranda, Jambaló, Corinto y Caloto.

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“Este fenómeno requiere ser analizado a partir de la variación de los precios de ambos cultivos, el fracaso del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), la presencia de estructuras armadas ilegales y el camino que está transitando la legalización de la marihuana con fines medicinales y recreativos, entre otros factores que podrían estar incidiendo. Así, pues, para 2020 se tiene registrado un total de 1.274,47 hectáreas en el norte del Cauca. De esta manera, la reconfiguración de los actores armados y la consolidación y expansión de los cultivos de uso ilícito han generado que en la subregión se perciba un incremento en las afectaciones a los derechos humanos. Entre los hechos más recurrentes se encuentran las amenazas a líderes y lideresas sociales, masacres y desplazamientos. De hecho, según datos de Medicina Legal, para 2021 se registraron 370 homicidios en el norte del Cauca, el segundo más alto en los últimos cinco años”, agrega el documento de Pares.

El 21 de agosto pasado, la Defensoría del Pueblo advirtió que las comunidades indígenas y afros del norte del Cauca, ubicadas en Santander de Quilichao, Buenos Aires y Caldono, están en alto riesgo de ser víctimas de vulneración a sus derechos por cuenta de los enfrentamientos entre la Segunda Marquetalia, en asocio con el Eln y las disidencias. “Hacemos un llamado a estos grupos armados ilegales para que detengan su accionar y dejen por fuera de sus confrontaciones a la población civil, especialmente a las comunidades indígenas y afros que allí habitan. Es momento de que les brinden verdaderos gestos de paz”, dijo el defensor Carlos Camargo. Para la entidad, el diagnóstico es el mismo: las disidencias buscan mantener el control de sus actividades ilegales y repeler la expansión de la facción disidente Segunda Marquetalia, que presuntamente estaría ingresando a estos territorios en alianza con el Eln. “Nuestro Sistema de Alertas Tempranas estableció una altísima probabilidad de ocurrencia de homicidios, desplazamientos masivos, confinamientos, restricciones a la movilidad, reclutamiento forzado y hostigamientos para el norte del departamento del Cauca”, enfatizó Camargo.

En efecto, las cifras de homicidios son aterradoras. En los primeros siete meses de 2022, en los tres municipios mencionados fueron asesinados siete líderes sociales. De cada cien homicidios que ocurren en todo el Cauca, 56 se dan en el norte. Y de estos, la mitad ocurren en Santander de Quilichao, Buenos Aires y Caldono. Precisamente, frente a la directriz que acaba de expedir el Gobierno Nacional con el fin de prevenir los asesinatos de lideres y lideresas sociales, defensores de derechos humanos y reincorporados, de los 65 municipios priorizados en el país, 12 son del Cauca y ocho de ellos están ubicados en el norte, aunque llama la atención que no aparece Puerto Tejada, una de las poblaciones más azotadas por la violencia. Cabe mencionar también que nueve de los 13 municipios de la región son PDET, es decir, están priorizados en el posconflicto con las Farc por haber padecido con más rigor la guerra y por sus índices de pobreza y debilidad institucional.

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Un laboratorio para la paz

Un panorama que hace del norte del Cauca un laboratorio casi perfecto para el ensayo de la estrategia de “paz total” planteada por el presidente Petro, eso sí, con recelo entre la misma población. Al hablar directamente con las comunidades, ellas están convencidas de que la agudización de la violencia hoy está ligada al crecimiento de los cultivos ilícitos y también que la minería ilegal ha sido gasolina para la confrontación. “La guerra siempre nos ha golpeado muy duro y eso de la ‘paz total’ depende de las condiciones, porque yo no sé qué tan bueno sea hacer diálogos regionales en el norte del Cauca con una cantidad de grupos con orígenes e intereses tan distintos. En esta zona nunca ha parado el conflicto, que siempre ha estado ligado a lo del microtráfico y el narcotráfico. Santander de Quilichao es un cruce de caminos y si quieres mover algo, lícito o ilícito, siempre tendrá que pasar por aquí. Es un eje que comunica con Argelia, El Tambo, Morales, Cajibío, Suárez y la salida hacia el Pacífico”, relata un líder social de la zona.

Incluso, desde las mismas comunidades se plantean soluciones, al menos en lo que tiene que ver con la minería. “Puede haber solución. Lo que pasa es que desde el Estado se requiere un acompañamiento a las organizaciones sociales para que ellas sean las dueñas de esa minería. Es que el oro no se va a ir. Aquí en el norte tuvimos maquinaria pesada, alguna la quemaron y la que no, está decomisada y arrumada por ahí, ¿y creen que la explotación de oro se acabó? Ahora se hacen socavones. Si eso se hiciera de la mano de la gente, se podría hacer una minería que deje regalías, pero que esté en las bases sociales. Que la riqueza no se vaya, que no se quede en la gente de afuera sino en las comunidades”, explica una lideresa oriunda de Suárez, la tierra de la vicepresidenta Francia Márquez, cuyo discurso ha sido el de cuidar la vida y el territorio.

Solo que en el norte del Cauca piden ir más allá y que las palabras y promesas se conviertan en hechos. “Si no se concretan las cosas, no pasa nada. Es que hemos ido a varias reuniones y no hay concreción. Aunque debo decir que a mí me ha servido para tener hoy a la Fiscalía ayudándome mucho, algo que no se hacía antes. Yo les dije: el Gobierno Nacional habla de bajar a cero homicidios y aumentar esclarecimiento, entonces nos designaron dos fiscales adicionales para asumir temas sobre fleteos y extorsión”, agrega Lucy Amparo Guzmán, la alcaldesa de Santander de Quilichao, quien le hace un llamado al Gobierno Nacional para que no se permita que el tema de tierras fracture a las organizaciones sociales, pues si eso sucede, la situación será aún más crítica. “Esta región requiere una inversión estratégica que tiene que ser más allá del tema de fuerza pública, y es inversión social. El norte tiene indicadores muy inequitativos; por ejemplo, en nuestro municipio, de cada 100 estudiantes que se gradúan, 20 entran a la universidad. Y en Buenos Aires, que queda aquí al lado, de cada 100, solo seis. Se necesita generar una muy buena estrategia, primero de calidad educativa, mejorar infraestructura y articularnos con la educación superior”.

A su vez, Silvio Valencia Lemus, alcalde de Toribío, expone su mirada desde las expectativas que genera la llegada de un gobierno que se hace llamar alternativo, al tiempo que llama también la atención sobre el lío de la tierra: “Hay muchas esperanzas en que se solucionen los problemas que no nos han solucionado otros gobernantes. La gente espera paz y que el conflicto vaya mermando, pero lo que hemos visto es lo contrario. Y está el problema de la tierra, de las invasiones con el argumento de que ancestralmente esto les ha pertenecido, y eso genera violencia. El norte del Cauca es muy complejo, la tranquilidad que esperábamos no llega y, al contrario, pareciera que tener un gobierno popular lo que ha hecho es acelerar el conflicto, como si se quisiera entrar a medir fuerzas con el Estado a ver qué pasa”.

Óscar Campo, exgobernador y hoy representante a la Cámara por el Cauca, presidente además de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, reconoce el esfuerzo por la “paz total”, pero cree que esta solo tendrá éxito en la medida en que el Estado ejerza un pleno control territorial que garantice la protección de la vida y permita la acción integral de las instituciones para eliminar todas las formas de violencia. Para él, una de las urgencias es acelerar al Acuerdo con las Farc. “En el Cauca, escenario de décadas de violencia, injusticias y abusos en derechos humanos, persisten los enfrentamientos entre grupos armados ilegales, en detrimento de la población civil. La fuerza pública debe hacer presencia en todo el territorio nacional y el Estado debe desplegar una serie de acciones integrales que lleven desarrollo y bienestar a las zonas más golpeadas por la violencia y el abandono. La paz no puede seguir siendo en Colombia un tema de ensayo y error: no más experimentos, no más víctimas”, precisó.

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El problema de la tierra

Frente al tema de la tierra, el nuevo polvorín que amenaza con prenderse, las cifras hablan de cerca de 357.000 hectáreas correspondientes al norte del Cauca, 50.000 de ellas sembradas de caña, el principal monocultivo. Las pocas fincas que quedaban, de familias en su mayoría afrocolombianas, han tenido que ir cediendo su espacio y la economía es cada vez más dependiente del paquete tecnológico de la caña. Un estudio de la Universidad Javeriana de Cali, denominado Análisis sobre la posesión territorial y situaciones de tensión interétnica e intercultural en el Cauca, plantea que las posibilidades de expansión del minifundio de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas se limitan a las zonas montañosas del departamento, “convirtiendo a este en un escenario conflictivo y generando una paradoja al modelo de nación multicultural que reconoce derechos diferenciados a los grupos étnicos, pero no las condiciones para hacerlos efectivos”.

Los reclamos de los indígenas y las invasiones a algunas haciendas que se vienen dando, ya con un choque frontal frente al gobierno Petro, están fundamentados, según esas comunidades, en lo que ellas llaman el “derecho de preexistencia”, que se sustenta en que lo que han vivido desde la Conquista corresponde a una invasión, un genocidio y un desplazamiento y despojo de sus territorios ancestrales, siendo ellos descendientes directos de los antiguos pobladores de estas tierras. Otra arista es el recrudecimiento de la violencia y del conflicto armado en la región a lo largo de las últimas cinco décadas, que ha implicado que se desdibuje gran parte de las estructura organizacional de esas comunidades indígenas, con las consecuentes estigmatizaciones por parte de los gobiernos, además de las desapariciones forzadas, las incursiones de la guerrilla y el paramilitarismo en sus territorios, y la incidencia de los grandes poseedores de la tierra.

En paralelo, es claro que las organizaciones sociales del Cauca –no solo las de indígenas, sino también las de los campesinos y afrodescendientes– se han venido fortaleciendo en los últimos años, a partir de la formación de espacios de construcción colectiva a nivel local (asociaciones, consejos comunitarios y cabildos), que les ha permitido un repunte en la capacidad de acción y de interlocución con los gobiernos departamental y nacional. Como también que el Estado no ha sabido responder ni les ha dado continuidad a las pocas acciones que se han tratado de implementar en el Cauca para resolver sus conflictos. En este sentido, el citado estudio de la Javeriana recomienda “fortalecer los espacios de diálogo y concertación entre los distintos actores a partir del reconocimiento y vinculación de sus aspiraciones y necesidades. Así, pensar que las políticas de redistribución de tierras, y de concertación en propuestas de distribución, adjudicaciones y titulaciones, y todo aquello que se constituya en un intento de diseñar una política de desarrollo rural integral, deberían darse en estas condiciones para ser más efectivas e inclusivas”.

Pero, al mismo tiempo, plantea varios interrogantes que seguramente el presidente Gustavo Petro y sus colaboradores deberán tener en cuenta: uno, respecto a las formas en las que la tierra en el Cauca pueda ser redistribuida, es decir un reordenamiento territorial por el uso del suelo; dos, frente a las políticas públicas que puedan ser construidas y concertadas desde los procesos sociales y sus demandas; y tres, con un replanteamiento del acceso a los derechos, cuando la demanda y uso de unos no estén por encima o vulneren los de los otros. Porque, sin duda, está demostrado que en el departamento del Cauca las situaciones de conflicto señaladas por la oficialidad y por los procesos sociales tienen puntos y temas de encuentro. Y que los problemas que hoy emergen, “más que por los conflictos interculturales o interétnicas en sí mismos, se deben al cúmulo de acciones desafortunadas, políticas ineficientes y contradictorias, intereses y proyectos económicos hegemónicos y un acceso y distribución desigual de la tierra y los medios de producción”, advierte el estudio.

Entonces, no hay duda de que la “paz total” debe comenzar por el norte del Cauca. Y si bien el gobierno Petro apenas arranca, las acciones deben ser urgentes y la prioridad inicial debe ser la protección de la vida. Ya se expidió la directriz para el establecimiento de los Puestos de Mando Unificados por la Vida (PMUV), definidos según los ministerios del Interior y de Defensa como un “mecanismo interinstitucional para atender las situaciones de orden público en las regiones”. En el Cauca, mientras tanto, esperan que esto no se quede en promesas o sueños, y que la violencia comience a ceder. El miedo, al igual que la desconfianza, son una constante. Tanto que ni los mismos mandatarios locales ni las comunidades ven con buenos ojos, al menos por ahora, la posibilidad de implementar diálogos regionales de paz con los grupos armados ilegales. “Las reglas tienen que ser muy claras, porque si nos vuelven a armar otro Caguán aquí, sería fatal”, concluye uno de los alcaldes de la subregión, pidiendo la reserva de su nombre.

“Le pidió al Gobierno Nacional, al presidente Gustavo Petro, que la paz inicie por el Cauca, por este municipio azotado por la violencia. Y elevó un llamado a las ONG internacionales para llevar a una solución definitiva este terror que golpea la tranquilidad de los que habitamos esta tierra”. Fue el trino que el pasado sábado 3 de septiembre escribió la alcaldesa de Santander de Quilichao, Lucy Amparo Guzmán. El día anterior, en menos de 12 horas, seis personas fueron asesinadas por sicarios en esta población nortecaucana, tres en un solo hecho, siendo la masacre número 74 en lo corrido del año en el país. Ocho días antes, en Caldono, a unos cuantos kilómetros hacia el oriente del departamento, se había instalado el primer Puesto de Mando Unificado por la Vida (PMUV) por parte del gobierno Petro, con un mensaje a los grupos armados ilegales para que demuestren su voluntad de parar la guerra y así evaluar un eventual cese al fuego bilateral. El ministro del Interior, Alfonso Prada, dijo en ese momento que el Cauca sería una “enorme prioridad” para ellos, pues “si logramos la paz integral y total en este territorio, no me cabe la menor duda de que podemos soñar con tener la paz total en Colombia”.

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Y es que en los 13 municipios que conforman el norte del Cauca los muertos siguen contándose día a día, en una realidad que está sobrediagnosticada: históricamente, la subregión ha sido epicentro del conflicto, que pese a la firma del Acuerdo con las Farc, nunca se ha ido y se sigue manifestando con crueldad en la parte montañosa y en las zonas urbanas y rurales de Toribío, Corinto, Miranda, Caloto, Santander de Quilichao, Buenos Aires, Suárez, Padilla, Puerto Tejada, Guachené, Villa Rica, Jambaló y Caldono. Se trata de un eje estratégico para el tráfico de drogas y armas en el paso hacia el Pacífico y la conexión hacia el sur del Tolima y del Huila, que ahora se disputan las disidencias, con sus columnas “Jaime Martínez” y “Dagoberto Ramos”; el Eln, las bandas criminales, el narcotráfico (incluyendo, dicen, los carteles mexicanos) y la delincuencia común. Además, la minería ilegal y la disputa de tierras entre las mismas comunidades indígenas, afros y campesinas azuzan hoy la confrontación, frente a un Estado que no ha sabido responder ni les ha dado continuidad a las pocas acciones que se han tratado de implementar para resolver una crisis que parece irremediable.

Con un ingrediente adicional: el incremento de los cultivos ilícitos, que si bien han existido desde la década de los 80, nunca fueron tan extensos en comparación con otras regiones del departamento y ahora representan una alternativa para muchas familias que se vieron afectadas por la caída del precio del café y el fracaso del modelo agrícola del Estado. Un informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), titulado ¿Actores armados + Economías ilícitas = Violencia en el norte del Cauca?, señala que hasta la firma del Acuerdo de La Habana, las Farc llegaron a ser el actor armado con mayor peso en la zona, a través de los frentes Sexto, Treinta y las compañías móviles “Jacobo Arenas”, “Gabriel Galvis” y “Miller Perdomo”. Fue así como durante décadas lograron incidir en la vida social, política y económica de las comunidades. Una de las formas a través de las cuales ejercieron poder fue con el control de los cultivos de uso ilícito, los cuales, para la época, consistían en la siembra de hoja de coca y de marihuana.

“En la actualidad, el Comando Coordinador de Occidente (CCO), confederación de varios grupos armados post-Farc (GAPF), es el actor con mayor presencia; de hecho, se localiza en los 13 municipios que conforman la subregión, a través de la columna móvil “Jaime Martínez”, ubicada sobre la Cordillera Occidental, en los municipios de Suárez y Buenos Aires. Y la columna móvil “Dagoberto Ramos”, la cual se ubica hacia la Cordillera Central, en Miranda, Corinto, Caloto, Toribío, Jambaló y Caldono. Además de los municipios de Guachené, Padilla, Puerto Tejada y Villa Rica, los cuales conectan con el departamento del Valle del Cauca. Cabe resaltar que se tiene registro de la presencia de ambas columnas en Santander de Quilichao, epicentro de la conexión entre ambas cordilleras y puente entre el norte y sur del país”, señala Pares.

Cultivos ilícitos y violencia

Lo cierto es que, tras la firma del Acuerdo de Paz, la coca y marihuana no han parado de crecer en el norte del Cauca. El panorama actual, reseña el mencionado informe, indica que los cultivos de marihuana se ubican sobre la Cordillera Central, principalmente en los municipios de Toribío, Caloto, Corinto y Miranda, y se conoce también de su expansión hacia Jambaló. Según el estudio La sustitución de economías ilegales y la regulación de la marihuana, de Camilo González Posso, director del Indepaz, estos cuatro municipios albergan alrededor de 744 hectáreas sembradas. Por otro lado, los cultivos de hoja de coca se expanden sobre la Cordillera Occidental, principalmente sobre Buenos Aires y Suárez, pero también se sabe de su crecimiento hacia Morales, Cajibío, El Tambo y Argelia. Además, desde 2018 se reconoce la reaparición del cultivo de coca en Toribío, Santander de Quilichao, Miranda, Jambaló, Corinto y Caloto.

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“Este fenómeno requiere ser analizado a partir de la variación de los precios de ambos cultivos, el fracaso del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), la presencia de estructuras armadas ilegales y el camino que está transitando la legalización de la marihuana con fines medicinales y recreativos, entre otros factores que podrían estar incidiendo. Así, pues, para 2020 se tiene registrado un total de 1.274,47 hectáreas en el norte del Cauca. De esta manera, la reconfiguración de los actores armados y la consolidación y expansión de los cultivos de uso ilícito han generado que en la subregión se perciba un incremento en las afectaciones a los derechos humanos. Entre los hechos más recurrentes se encuentran las amenazas a líderes y lideresas sociales, masacres y desplazamientos. De hecho, según datos de Medicina Legal, para 2021 se registraron 370 homicidios en el norte del Cauca, el segundo más alto en los últimos cinco años”, agrega el documento de Pares.

El 21 de agosto pasado, la Defensoría del Pueblo advirtió que las comunidades indígenas y afros del norte del Cauca, ubicadas en Santander de Quilichao, Buenos Aires y Caldono, están en alto riesgo de ser víctimas de vulneración a sus derechos por cuenta de los enfrentamientos entre la Segunda Marquetalia, en asocio con el Eln y las disidencias. “Hacemos un llamado a estos grupos armados ilegales para que detengan su accionar y dejen por fuera de sus confrontaciones a la población civil, especialmente a las comunidades indígenas y afros que allí habitan. Es momento de que les brinden verdaderos gestos de paz”, dijo el defensor Carlos Camargo. Para la entidad, el diagnóstico es el mismo: las disidencias buscan mantener el control de sus actividades ilegales y repeler la expansión de la facción disidente Segunda Marquetalia, que presuntamente estaría ingresando a estos territorios en alianza con el Eln. “Nuestro Sistema de Alertas Tempranas estableció una altísima probabilidad de ocurrencia de homicidios, desplazamientos masivos, confinamientos, restricciones a la movilidad, reclutamiento forzado y hostigamientos para el norte del departamento del Cauca”, enfatizó Camargo.

En efecto, las cifras de homicidios son aterradoras. En los primeros siete meses de 2022, en los tres municipios mencionados fueron asesinados siete líderes sociales. De cada cien homicidios que ocurren en todo el Cauca, 56 se dan en el norte. Y de estos, la mitad ocurren en Santander de Quilichao, Buenos Aires y Caldono. Precisamente, frente a la directriz que acaba de expedir el Gobierno Nacional con el fin de prevenir los asesinatos de lideres y lideresas sociales, defensores de derechos humanos y reincorporados, de los 65 municipios priorizados en el país, 12 son del Cauca y ocho de ellos están ubicados en el norte, aunque llama la atención que no aparece Puerto Tejada, una de las poblaciones más azotadas por la violencia. Cabe mencionar también que nueve de los 13 municipios de la región son PDET, es decir, están priorizados en el posconflicto con las Farc por haber padecido con más rigor la guerra y por sus índices de pobreza y debilidad institucional.

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Un laboratorio para la paz

Un panorama que hace del norte del Cauca un laboratorio casi perfecto para el ensayo de la estrategia de “paz total” planteada por el presidente Petro, eso sí, con recelo entre la misma población. Al hablar directamente con las comunidades, ellas están convencidas de que la agudización de la violencia hoy está ligada al crecimiento de los cultivos ilícitos y también que la minería ilegal ha sido gasolina para la confrontación. “La guerra siempre nos ha golpeado muy duro y eso de la ‘paz total’ depende de las condiciones, porque yo no sé qué tan bueno sea hacer diálogos regionales en el norte del Cauca con una cantidad de grupos con orígenes e intereses tan distintos. En esta zona nunca ha parado el conflicto, que siempre ha estado ligado a lo del microtráfico y el narcotráfico. Santander de Quilichao es un cruce de caminos y si quieres mover algo, lícito o ilícito, siempre tendrá que pasar por aquí. Es un eje que comunica con Argelia, El Tambo, Morales, Cajibío, Suárez y la salida hacia el Pacífico”, relata un líder social de la zona.

Incluso, desde las mismas comunidades se plantean soluciones, al menos en lo que tiene que ver con la minería. “Puede haber solución. Lo que pasa es que desde el Estado se requiere un acompañamiento a las organizaciones sociales para que ellas sean las dueñas de esa minería. Es que el oro no se va a ir. Aquí en el norte tuvimos maquinaria pesada, alguna la quemaron y la que no, está decomisada y arrumada por ahí, ¿y creen que la explotación de oro se acabó? Ahora se hacen socavones. Si eso se hiciera de la mano de la gente, se podría hacer una minería que deje regalías, pero que esté en las bases sociales. Que la riqueza no se vaya, que no se quede en la gente de afuera sino en las comunidades”, explica una lideresa oriunda de Suárez, la tierra de la vicepresidenta Francia Márquez, cuyo discurso ha sido el de cuidar la vida y el territorio.

Solo que en el norte del Cauca piden ir más allá y que las palabras y promesas se conviertan en hechos. “Si no se concretan las cosas, no pasa nada. Es que hemos ido a varias reuniones y no hay concreción. Aunque debo decir que a mí me ha servido para tener hoy a la Fiscalía ayudándome mucho, algo que no se hacía antes. Yo les dije: el Gobierno Nacional habla de bajar a cero homicidios y aumentar esclarecimiento, entonces nos designaron dos fiscales adicionales para asumir temas sobre fleteos y extorsión”, agrega Lucy Amparo Guzmán, la alcaldesa de Santander de Quilichao, quien le hace un llamado al Gobierno Nacional para que no se permita que el tema de tierras fracture a las organizaciones sociales, pues si eso sucede, la situación será aún más crítica. “Esta región requiere una inversión estratégica que tiene que ser más allá del tema de fuerza pública, y es inversión social. El norte tiene indicadores muy inequitativos; por ejemplo, en nuestro municipio, de cada 100 estudiantes que se gradúan, 20 entran a la universidad. Y en Buenos Aires, que queda aquí al lado, de cada 100, solo seis. Se necesita generar una muy buena estrategia, primero de calidad educativa, mejorar infraestructura y articularnos con la educación superior”.

A su vez, Silvio Valencia Lemus, alcalde de Toribío, expone su mirada desde las expectativas que genera la llegada de un gobierno que se hace llamar alternativo, al tiempo que llama también la atención sobre el lío de la tierra: “Hay muchas esperanzas en que se solucionen los problemas que no nos han solucionado otros gobernantes. La gente espera paz y que el conflicto vaya mermando, pero lo que hemos visto es lo contrario. Y está el problema de la tierra, de las invasiones con el argumento de que ancestralmente esto les ha pertenecido, y eso genera violencia. El norte del Cauca es muy complejo, la tranquilidad que esperábamos no llega y, al contrario, pareciera que tener un gobierno popular lo que ha hecho es acelerar el conflicto, como si se quisiera entrar a medir fuerzas con el Estado a ver qué pasa”.

Óscar Campo, exgobernador y hoy representante a la Cámara por el Cauca, presidente además de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, reconoce el esfuerzo por la “paz total”, pero cree que esta solo tendrá éxito en la medida en que el Estado ejerza un pleno control territorial que garantice la protección de la vida y permita la acción integral de las instituciones para eliminar todas las formas de violencia. Para él, una de las urgencias es acelerar al Acuerdo con las Farc. “En el Cauca, escenario de décadas de violencia, injusticias y abusos en derechos humanos, persisten los enfrentamientos entre grupos armados ilegales, en detrimento de la población civil. La fuerza pública debe hacer presencia en todo el territorio nacional y el Estado debe desplegar una serie de acciones integrales que lleven desarrollo y bienestar a las zonas más golpeadas por la violencia y el abandono. La paz no puede seguir siendo en Colombia un tema de ensayo y error: no más experimentos, no más víctimas”, precisó.

En contexto: Primer mes del Gobierno Petro: un vaivén de narrativas

El problema de la tierra

Frente al tema de la tierra, el nuevo polvorín que amenaza con prenderse, las cifras hablan de cerca de 357.000 hectáreas correspondientes al norte del Cauca, 50.000 de ellas sembradas de caña, el principal monocultivo. Las pocas fincas que quedaban, de familias en su mayoría afrocolombianas, han tenido que ir cediendo su espacio y la economía es cada vez más dependiente del paquete tecnológico de la caña. Un estudio de la Universidad Javeriana de Cali, denominado Análisis sobre la posesión territorial y situaciones de tensión interétnica e intercultural en el Cauca, plantea que las posibilidades de expansión del minifundio de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas se limitan a las zonas montañosas del departamento, “convirtiendo a este en un escenario conflictivo y generando una paradoja al modelo de nación multicultural que reconoce derechos diferenciados a los grupos étnicos, pero no las condiciones para hacerlos efectivos”.

Los reclamos de los indígenas y las invasiones a algunas haciendas que se vienen dando, ya con un choque frontal frente al gobierno Petro, están fundamentados, según esas comunidades, en lo que ellas llaman el “derecho de preexistencia”, que se sustenta en que lo que han vivido desde la Conquista corresponde a una invasión, un genocidio y un desplazamiento y despojo de sus territorios ancestrales, siendo ellos descendientes directos de los antiguos pobladores de estas tierras. Otra arista es el recrudecimiento de la violencia y del conflicto armado en la región a lo largo de las últimas cinco décadas, que ha implicado que se desdibuje gran parte de las estructura organizacional de esas comunidades indígenas, con las consecuentes estigmatizaciones por parte de los gobiernos, además de las desapariciones forzadas, las incursiones de la guerrilla y el paramilitarismo en sus territorios, y la incidencia de los grandes poseedores de la tierra.

En paralelo, es claro que las organizaciones sociales del Cauca –no solo las de indígenas, sino también las de los campesinos y afrodescendientes– se han venido fortaleciendo en los últimos años, a partir de la formación de espacios de construcción colectiva a nivel local (asociaciones, consejos comunitarios y cabildos), que les ha permitido un repunte en la capacidad de acción y de interlocución con los gobiernos departamental y nacional. Como también que el Estado no ha sabido responder ni les ha dado continuidad a las pocas acciones que se han tratado de implementar en el Cauca para resolver sus conflictos. En este sentido, el citado estudio de la Javeriana recomienda “fortalecer los espacios de diálogo y concertación entre los distintos actores a partir del reconocimiento y vinculación de sus aspiraciones y necesidades. Así, pensar que las políticas de redistribución de tierras, y de concertación en propuestas de distribución, adjudicaciones y titulaciones, y todo aquello que se constituya en un intento de diseñar una política de desarrollo rural integral, deberían darse en estas condiciones para ser más efectivas e inclusivas”.

Pero, al mismo tiempo, plantea varios interrogantes que seguramente el presidente Gustavo Petro y sus colaboradores deberán tener en cuenta: uno, respecto a las formas en las que la tierra en el Cauca pueda ser redistribuida, es decir un reordenamiento territorial por el uso del suelo; dos, frente a las políticas públicas que puedan ser construidas y concertadas desde los procesos sociales y sus demandas; y tres, con un replanteamiento del acceso a los derechos, cuando la demanda y uso de unos no estén por encima o vulneren los de los otros. Porque, sin duda, está demostrado que en el departamento del Cauca las situaciones de conflicto señaladas por la oficialidad y por los procesos sociales tienen puntos y temas de encuentro. Y que los problemas que hoy emergen, “más que por los conflictos interculturales o interétnicas en sí mismos, se deben al cúmulo de acciones desafortunadas, políticas ineficientes y contradictorias, intereses y proyectos económicos hegemónicos y un acceso y distribución desigual de la tierra y los medios de producción”, advierte el estudio.

Entonces, no hay duda de que la “paz total” debe comenzar por el norte del Cauca. Y si bien el gobierno Petro apenas arranca, las acciones deben ser urgentes y la prioridad inicial debe ser la protección de la vida. Ya se expidió la directriz para el establecimiento de los Puestos de Mando Unificados por la Vida (PMUV), definidos según los ministerios del Interior y de Defensa como un “mecanismo interinstitucional para atender las situaciones de orden público en las regiones”. En el Cauca, mientras tanto, esperan que esto no se quede en promesas o sueños, y que la violencia comience a ceder. El miedo, al igual que la desconfianza, son una constante. Tanto que ni los mismos mandatarios locales ni las comunidades ven con buenos ojos, al menos por ahora, la posibilidad de implementar diálogos regionales de paz con los grupos armados ilegales. “Las reglas tienen que ser muy claras, porque si nos vuelven a armar otro Caguán aquí, sería fatal”, concluye uno de los alcaldes de la subregión, pidiendo la reserva de su nombre.