“Nosotros elegimos presidente, pero no tenemos gobierno”: Rafael Nieto

El exviceministro Rafael Nieto Loaiza no renuncia a su idea de llegar a la Casa de Nariño. Después de su fallido intento en 2018, cuando resultó ganador Iván Duque, nuevamente está apostando a que el Centro Democrático lo erija como su candidato único. En diálogo con El Espectador, insiste en sus reparos al gobierno Duque, habla de las “ventajas y cargas” que implica ser el candidato de Álvaro Uribe y reclama que el Acuerdo de Paz “es susceptible de ser modificado”.

¿Lo dejó satisfecho el método selección del partido (encuesta entre militantes)?

Ojo, en realidad no es una encuesta entre militantes. El mecanismo es unas encuestas entre militantes y afiliados (las personas que están en las bases de datos del partido) y otra parte entre uribistas que no son del Centro Democrático. Es una combinación entre ambas.

Lea también: Este es el cronograma del Centro Democrático para elegir su candidato único

¿Cuál es la diferencia entre ese sistema y el de hace cuatro años? En 2018, el 80 % de los encuestados no eran uribistas, solo el 20 % eran militantes. En esta ocasión van a ser todos uribistas, una parte militantes y afiliados, y otra parte uribistas no del Centro Democrático. Es una idea que yo planteé. Como decía Álvaro Gómez, hay más conservatismo que Partido Conservador. Aquí pasa lo mismo: hay más uribismo que Centro Democrático.

La verdad es que este sistema es mejor que el de hace cuatro años y hay que esperar que funcione bien y que sea transparente. Estoy más tranquilo esta ocasión que hace cuatro años, cuando no sabíamos quiénes eran las firmas encuestadoras, cuáles eran las preguntas y nunca nos las mostraron. Solo nos notificaban y nos decían “estos son los resultados”. Aquí nuestros compromisarios están trabajando las preguntas de filtro, llegando a un acuerdo, mirando cuáles son las empresas encuestadoras, cuál va a ser la auditoría o cómo va a ser la veeduría ciudadana. Lo fundamental es que sean los uribistas los que escojan candidato.

Hubo quienes pedían que ciudadanos no necesariamente afiliados al partido participaran. ¿Le suena o hubiera distorsionado el mecanismo?

Efectivamente hay una participación de ciudadanos que no están en el partido. Son uribistas, pero no del Centro Democrático.

Me refiero a ciudadanos que no necesariamente sean uribistas, pero que tampoco sean opositores...

No. Los partidos tienen que tener candidatos que reflejen la manera de pensar, las creencias y las ideas de esas colectividades. Otros ciudadanos que no comparten esas ideas y que escojan el candidato del partido son ciertamente un error.

Parte de la bancada en el Congreso está con Óscar Iván Zuluaga. ¿Le trasnocha?

En lo absoluto. Al final este es un ejercicio en el que la competencia está abierta hasta el 22 de noviembre, cuando se anunciará al ganador del mecanismo de selección del partido. De aquí hasta allá el juego está abierto.

También le puede interesar: “No es cierto que yo sea ‘el que dijo Uribe’”: Óscar Iván Zuluaga

Si la mayoría de la bancada está con Zuluaga, ¿qué sectores están con usted?

El Centro Democrático, a diferencia del grueso de los otros partidos, es uno de opinión fundamentalmente, y no de maquinarías. Por lo tanto, el apoyo de unos u otros congresistas a alguno de los precandidatos no hace diferencia, en absoluto. Que haya habido unos congresistas que hayan manifestado su opción por apoyar a Óscar Iván no lo fortalece, ni lo va a poner en mejor posición en relación con la base del partido.

No hay la menor duda de que hay unos congresistas que están conmigo. Esto se está viendo por una perspectiva equivocada. Lo están mirando por la línea de los partidos tradicionales.

Pero los congresistas sí tienen representación regional...

Sin duda y tienen una base de apoyo propia que se refleja en el voto de ellos. Ellos tienen una base de apoyo para ellos. Pero la posibilidad que tienen de trasladar esa base a una candidatura presidencial es prácticamente nulo.

En medio de todo esto, ¿el guiño de Uribe importa?

El presidente Uribe ha tomado la decisión de no manifestar su apoyo por ninguno de los precandidatos. Al final, sin embargo, todo mundo entenderá que el candidato del Centro Democrático es el candidato de Uribe, aunque él no diga nada. Eso es inevitable. Y eso va a tener tanto de bueno como de malo.

Bueno en la medida en que hay un porcentaje todavía significativo de colombianos que apoya al presidente, lo sigue y está en la mejor disposición de votar por el que diga Uribe. Y de malo porque el presidente ha perdido buena parte de su popularidad desde que salió del gobierno hasta hoy por distintas razones, la inmensa mayoría de ellas injustas. Pero ciertamente ha perdido ese apoyo, y por tanto a algunos ciudadanos también les molesta que haya un candidato que sea el que diga Uribe. Inevitablemente el candidato del Centro Democrático tiene que vivir con esa doble condición.

¿Me está diciendo que electoralmente cuesta ser el candidato de Uribe por su impopularidad?

Tiene ventajas y tiene cargas, y más que por Uribe mismo, por el gobierno, en la medida en que muchos ciudadanos ven que el presidente Duque fue elegido candidato del Centro Democrático y su gestión tiene una baja calificación. Eso se traslada al candidato del partido y de manera injusta. Me atrevo a sostener que nosotros elegimos presidente, pero no tenemos gobierno. El presidente Duque ha gobernado con sus amigos, con algunos parlamentarios que le fueron cercanos y con otros partidos y movimientos. Pero ciertamente no con el Centro Democrático.

¿Cómo hacer para que ese lastre de impopularidad que trae Duque no afecte al candidato?

Es muy difícil. Hay algunos de nosotros que hemos mantenido distancias con el Gobierno prácticamente desde el inicio de la gestión. Siempre respetuosa, argumentada, con ideas y propuestas. Siempre explicando por qué no estábamos de acuerdo con algunas de las decisiones. Es mi caso. Pero pretender que, a partir de esas posiciones –que han sido permanentes en el tiempo y sistemáticas, y que muestran coherencia–, el ciudadano de a pie pueda distinguir entre esa posición personal mía y el Centro Democrático es sumamente complejo. Habrá algunos que lo consigan, la inmensa mayoría no. Por tanto, será inevitable que el candidato del Centro Democrático arrastre con el lastre de la baja favorabilidad del gobierno Duque.

¿Se blinda de alguna manera reivindicando que sus reparos contra este gobierno vienen de tiempo atrás?

Sin duda. Mis primeras manifestaciones de discrepancia con algunas de las decisiones del gobierno se dieron en septiembre de 2018. El Gobierno llevaba dos meses y ya mostraba un conjunto de actitudes y decisiones que me parecían que no eran correctas y eran desafortunadas, y así lo señalé en su momento.

¿Qué cosas positivas destacaría de este Gobierno?

Son muchas. Una, en materia de salud pública y en el manejo de la pandemia creo que lo ha hecho bastante bien. Decretó la cuarentena apenas 12 días después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijera que el COVID-19 tenía características de pandemia. Logró duplicar la capacidad de las unidades de cuidado intensivo (UCI) en muy pocos meses, logrando sortear una dificultad enorme, que era la baja oferta de ventiladores artificiales, que son el corazón de esas unidades para atender pacientes COVID. Duque empezó con 5.375 UCI en marzo y en octubre estaba en más de 13.200. No sé cuántas hoy, pero sí muchas más. La verdad es que lo hizo muy bien.

Agréguele que tomó una decisión correcta cuando no se quedó casado con un único proveedor de vacunas, sino que hizo convenios con varias, lo que le ha permitido suplir las demoras en las entregas. Al mismo tiempo, le ha permitido dirigir específicamente algún tipo de vacunas a cierto tipo de poblaciones a las que son más recomendadas, por ejemplo, los menores de 18 años.

Creo que el programa de Ingreso Solidario fue también inteligente, bien pensado y muy bien ejecutado en apenas semanas. Significó 3,2 millones de familias vulnerables, que no estaban en el radar de la red de asistencia del Estado y se definieron unos mecanismos para hacer las transferencias monetarias y se consiguieron las medidas para hacerlas. En esa medida, el Ingreso Solidario, más la medida de subsidio a la nómina, permitió que la crisis económica de 2020, que fue la peor de la historia por cuenta de las cuarentenas, no fuera tan grave ni se perdiera más empleo del que se perdió.

Son dos ejemplos rápidos en materia de salud pública y en reacción socioeconómica de la crisis de la pandemia. Pero hay un tema estructural: la apuesta del presidente Duque por energías alternativas, eólicas y solares con la mira en que rápidamente Colombia consiga que el 10 % de su matriz de producción energética sea aún más sostenible que la actual. Es algo que verdaderamente merece aplauso y que eso sí contribuye de manera eficaz a la protección medioambiental.

Yo no tengo duda de que el gobierno ha sido exitoso en algunas tareas específicas. En otras, sin embargo, me parece que la queda debiendo.

¿Como cuáles?

En materia de paz, seguridad y lucha contra el narcotráfico este gobierno de Duque es una prolongación sin ningún cambio de carácter estratégico de lo que venía de la administración Santos. Los resultados están a la vista. Evidentemente hay un deterioro muy profundo del problema de seguridad ciudadana y estamos inundados de coca. Eso, no tengo la menor duda, es porque no hubo ningún cambio estratégico en relación con lo que venía haciéndose desde Santos.

Hay quienes advertían dentro del mismo uribismo que comparar a Duque con Santos era injusto... ¿sí son comparables personajes tan antagónicos?

En estos temas, sin duda. Estratégicamente se mantienen las mismas líneas. No ha habido ningún cambio estratégico en materia de paz e incluso, Duque ha ido más allá de lo pactado por Santos con las Farc. Un ejemplo concreto: la entrega de predios de extinción de dominio a excombatientes. Eso no está en ningún lado del Acuerdo y, sin embargo, Duque lo está haciendo. Esa crítica que la izquierda le hace a Duque en relación con el cumplimiento del pacto es absolutamente falsa. Duque ha estado casado en el cumplimiento de ese pacto y, repito, incluso ha ido un poco más allá.

¿Por qué la crítica al cumplimiento incluso más allá de lo pactado? ¿no era una obligación, más que de este gobierno, sino del Estado, cumplir con ese Acuerdo?

No. La teoría de que el pacto de Santos con las Farc es de Estados no corresponde ni a la realidad política ni a la realidad jurídica. Ese pacto no es un tratado internacional, porque las Farc no tenían ninguna representación o subjetividad internacional para celebrar tratados internacionales. Es un pacto político, celebrado por un gobierno con una organización guerrillera. Además, en el momento en el que se sometió a un plebiscito perdió su carácter obligatorio, incluso para el firmante, que era el mismo Gobierno, porque las Farc y ese Ejecutivo decidieron sujetar el cumplimiento de ese Acuerdo a la voluntad ciudadana. Y ganó el no. Que después le hayan hecho una trampa monumental al plebiscito con un costo gigantesco en materia de legitimidad para el Acuerdo, con un costo enorme en materia de fractura social, porque terminó de polarizar la sociedad, y con un costo enorme para la democracia, porque erosionó un sistema de democracia participativa directa, por un lado, y engañó a los electores por otro, es cosa distinta.

Es un acuerdo político y no obligaba inicialmente sino a Santos y a las Farc, y después ni siquiera al presidente Santos. Hay algunos aspectos de ese pacto que, vía reforma constitucional o ley, entraron al ordenamiento jurídico colombiano. Esos aspectos sí hay que cumplirlos y respetarlos, porque hacen parte del ordenamiento normativo colombiano hoy. Y por tanto eso es lo que se obliga. Nada de lo demás.

¿Cuáles serían esos aspectos que no está el Estado obligado a cumplir?

Todo lo que no entró. Hay múltiples cosas. Lo que entró a la Constitución es una cosa chiquita. En todo caso, eso que entró es susceptible de ser modificado por el mismo mecanismo que se usó para introducirlo en el ordenamiento constitucional y legal. En derecho las cosas se deshacen como se hacen. Es evidentemente que en el tema de la paz esa premisa de que estamos frente a un acuerdo de Estado, que obliga a todos los ciudadanos, es falso.

Además, es abiertamente contradictorio con el sistema democrático. Nuestra Constitución no tiene clausulas pétreas. No tiene un contenido que no pueda ser modificado de ninguna manera. Eso no existe en la Constitución. Todo puede ser cambiado. La Corte Constitucional, en un invento de ella, definió que algunos elementos de la Constitución del 91 –lo que se llama la teoría de los pilares esenciales–, no pueden ser cambiados por vía del Congreso, sino que tiene que acudirse al constituyente primario, el pueblo, para poderse modificar. Si eso es lo que la Constitución establece, de dónde acá un pacto posterior, que se construye entre 2014 y 2016, va a establecer que hay cosas que no se pueden modificar.

¿Acaso pretenden, con una posición claramente autoritaria de parte de esos defensores del Acuerdo inmodificable, que está por encima de la Constitución? ¿y además por encima de la voluntad popular? ¿eso es lo que nos espera en los gobiernos de izquierda y centroizquierda que defienden ese pacto? ¿la imposición de su opinión y voluntad por encima de la Constitución y la democracia? Eso sería claramente inaceptable y evidentemente autoritario.

¿Qué haría usted con ese Acuerdo de Paz?

Hay que asumir una posición desideologizada, más allá de los partidos y más allá de lo que fue estar a favor o en contra del contenido del acuerdo de Santos con las Farc. Ese ejercicio que hizo Santos con sus amigos, de dividir el país entre amigos y enemigos de la paz, es falso. Nunca fuimos enemigos de la paz. Éramos enemigos del contenido de ese acuerdo, que es una cosa completamente distinta.

Hay que hacer el esfuerzo de ir más allá del sí y no del plebiscito. Eso hay que dejarlo atrás. Lo que el país necesita hacer es un examen objetivo, desapasionado y desideologizado de qué de ese pacto funciona y qué no. Efectivamente, hay cosas que no están funcionando y nos llevan a un espiral de supervivencia del conflicto armado y profundización de la violencia homicida. Esos aspectos, por ejemplo, son indispensables cambiar, porque si no, vamos a perpetuar la espiral de violencia que en Colombia vivimos. Ese es el esfuerzo que deberíamos hacer todos.

¿Qué aspectos modificaría puntualmente?

Hay dos que son básicos. El primero, lo que llamaron Santos y los negociadores el nuevo paradigma, el nuevo enfoque histórico en la lucha contra el narcotráfico, que ha fracasado de manera rotunda. El componente del narcotráfico se firma en 2014. La gente cree que todo el pacto se firmó en 2016. No es verdad. Es un pacto que tiene pequeños acuerdos que se fueron celebrando en el tiempo. El del narcotráfico fue en 2014.

En 2013 teníamos en Colombia 48.000 hectáreas de narcotráfico y producíamos 290 toneladas de cocaína. Colombia ese año había dejado de ser el principal productor de coca y de cocaína del mundo. ¿Qué tenemos frente al año pasado? 143.000 hectáreas de coca y 1.228 toneladas de cocaína. Es decir, tenemos tres veces más cultivos de coca y 4.2 veces más producción de cocaína.

No tengo la menor duda de que el que estemos hoy inundados de coca, que vivamos en un mar de coca, está íntimamente ligado con lo pactado y ejecutado entre Santos y las Farc en relación con el tema del narcotráfico. Primero, se suspendió la aspersión aérea con glifosato en la frontera con Ecuador, después se extendió a la frontera con Venezuela y luego a todo el país. Más tarde se suspendió la erradicación forzada y se pactaron un conjunto de incentivos perversos al narcotráfico.

¿Qué más modificaría?

Hay tres que son básicos. El primero, replantear completamente la estrategia en materia de cultivos de coca, recuperando la aspersión aérea, entendiendo, sin embargo, que ese es solamente un aspecto de la estrategia: el garrote, pero la zanahoria es vital. Para eso no solamente se requiere control militar del área, sino control institucional de territorio. Es decir, sí se necesitan policías y soldados, pero también justicia, educación, salud e infraestructura. También hay que cambiar completamente la política de sustitución de cultivos, que hoy está construida sobre las transferencias monetarias directas al campesino narcocultivador. Ese sistema de transferencias es un incentivo perverso para los narcocultivos. Es una realidad.

Si usted siembra papa, yuca, arroz o ñame, el Estado no le da nada. Pero si su vecino siembra coca, llega el Estado y le dice que durante dos años va a tener unos ingresos monetarios permanentes. El campesino dice, “ah carajo, a ese que violó la ley el Estado le asegura unos ingresos durante dos años y en cambio a mí, que nunca la he violado, no me da nada”. ¿Qué hace ese campesino? Se sale del cultivo lícito y se pasa al ilícito. Hay que desmontar el sistema de transferencias directas, que además no está funcionando.

El programa de sustitución de cultivos del año pasado tenía $1.3 billones. De esas se erradicaron manualmente, de forma voluntaria, 702. El año 2019 fueron alrededor de 6.700. Pero, aun así, son $1.3 billones para 6.700 hectáreas. ¿Cuánto vale cada una? Uno debe decir que esto es un desastre total. No está funcionado. En cambio de todo esto, se deberían generar proyectos de desarrollo agropecuario en las regiones que beneficie a todos y no solamente al campesino narcocultivador.

Segundo, hay que hacer énfasis también en el segundo eslabón de la cadena que es clave: la interdicción. Necesitamos cooperación venezolana para que los vuelos ilegales con narcotráfico no salgan como están saliendo desde territorio colombiano y usen espacio aéreo venezolano. Tenemos que tener un mejor control de los ríos, que son las autopistas de la coca en todo el país, fortalecer la Infantería de Marina y su tarea de control, y los mares a través del fortalecimiento del Cuerpo de Guardacostas. Pero también hay que pegarle a los cristalizaderos y a los laboratorios, no es solamente un tema contra los narcocultivos.

Tercero, las finanzas son el corazón del negocio y los éxitos en esta materia son muy pocos. Hay que fortalecer, pero con mucho, la lucha contra el contrabando y los lavados de activos; los mecanismos de extinción de dominio; los mecanismos de cooperación judicial internacional en la lucha contra el lavado de activos internacional, porque hay que pegarles a las finanzas, que es donde más les duele.

Cuatro, hay que tener una estrategia de salud pública, porque Colombia dejó de ser un país de producción de coca o de cocaína. Ya somos un país consumidor. Entre 2013 y 2017 el consumo de cocaína en Colombia se duplicó, y el 69 % de nuevos consumidores se convierte en habitual o en adicto. Hay un mercado que hay que manejar, tanto desde el problema de seguridad ciudadana, porque los microtraficantes están compitiendo entre sí a través de la violencia por ese nuevo mercado de consumidores, como el problema de familia y salud pública que significa un drogadicto. Hay que montar definitivamente un gran programa de prevención en el uso de drogas que desapareció. No se ve una campaña hoy. Así como yo aplaudo la tarea que ha hecho el Ministerio de Salud en materia de COVID, me parece muy desafortunado lo que se está haciendo frente a la lucha contra la drogadicción. No existen los programas.

¿Con eso basta, desde su perspectiva, para mejorar el Acuerdo?

Hay otras cosas que hay que hacer. Las Farc se comprometieron en ese Acuerdo a colaborar con el Estado en materia de lucha contra el narcotráfico y no hay ninguna colaboración hoy. Lograron muchos beneficios, como la no extradición de ellos y sus familiares; les metieron finalmente el narcotráfico como un delito conexo con el delito político, susceptible de amnistía e indulto. Esos beneficios, en teoría, eran a cambio de unos compromisos que no han cumplido: las Farc no han entregado un laboratorio, un cristalizadero, un cultivo de droga, no han dicho cuáles son los nombres de los socios, no dijeron las rutas de la salida y la entrada de insumos, y no entregaron los bienes para reparar.

Las Farc, después de una enorme presión, dieron una lista de bienes que eran monetizables, que en el cálculo inicial que hizo el Gobierno daban alrededor de 150 millones de dólares. Solo han entregado 10.7 millones de dólares. Esto al final también ha terminado convirtiéndose en una gran operación de lavado de activos. Es inaceptable que las Farc no cumplan con su compromiso y ahí la JEP, como en muchos otros temas, mira para otro lado. La excusa es increíble: al meter al narcotráfico como un delito conexo con el político es susceptible de amnistía e indulto, y no es de competencia de la JEP, porque se supone que ellos solo miran crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Entonces, hoy por hoy, nadie le exige a las Farc que cumplan sus compromisos en materia de narcotráfico, porque aparentemente nadie tiene competencia. Por un lado, los amnistiados los indultaron y por otro, la JEP no tiene competencia porque no son crímenes de lesa humanidad ni crímenes de guerra. ¡No puede ser! Eso es absolutamente increíble. Y el Gobierno no dice nada.

La verdad es que el Gobierno había advertido que las Farc estaban incumpliendo su propia palabra en relación con los bienes que iban a entregar para la reparación de las víctimas, pero al final nadie reclama y nadie hace nada, ni siquiera el Gobierno. Por eso digo que, en esta materia, por mucho que critiquen los de la izquierda a Duque y lo señalen de responsable, no es verdad. Este Gobierno es más de lo mismo en lucha contra el narcotráfico. ¿Cuánto tiempo llevan diciendo que por fin van a empezar la aspersión aérea con glifosato? Tres años llevamos en eso, con anuncios reiterados y hoy ni uno solo se ha hecho.

¿Propone alguna modificación a la JEP?

He sido enemigo de la JEP por varias razones. Primero, porque le rompió el espinazo a la rama judicial y a su estructura. Segundo, porque me parece absolutamente inaceptable y no conozco ningún antecedente en el que los victimarios participen en el proceso para escoger a los jueces que los van a juzgar. Tercero, porque tampoco conozco ningún antecedente en el que los victimarios escogen los jueces que van a tener la competencia de juzgar a aquellos que los combatieron. Cuarto, porque se vulneraron todos los principios de conflicto de interés, que son fundamentales para garantizar que haya un sistema de administración de justicia independiente e imparcial. Pero eso no se dio.

Por eso, veía claramente que en su estructura y en la definición de sus componentes básicos ya la JEP tenía una dificultad y un problema. Además, nunca me gustó que de facto la consecuencia para los crímenes de guerra y de lesa humanidad fuera la ausencia de sanción efectiva. Va a haber, en teoría, quizás, algún día, sanciones alternativas. Llevamos cinco años del pacto, pero no las hemos visto.

Para todos los efectos, la JEP funciona como un tribunal de impunidad frente a los crímenes de las Farc. Pero, por otro lado, sí presiona a la Fuerza Pública y su comportamiento está claramente sesgado. La JEP no mira sino por un ojo: el izquierdo. Y una justicia que no ve por los dos ojos, o mejor que no es ciega para efectos de no distinguir entre unos y otros, es una justicia que pierde una calidad fundamental: la imparcialidad y la autonomía.

Dentro de todas las cosas que hay que hacer hay una que es básica: garantizar una sala independiente, conformada por verdaderos expertos en temas de derechos humanos, derecho internacional humanitario y derecho operacional para la investigación y el juzgamiento de los miembros de la Fuerza Pública.

El otrora precandidato Edward Rodríguez ha reclamado que usted lo vetó dentro del uribismo y lo señaló a usted de ser, en el partido, “el Petro de la izquierda”. ¿Qué le responder?

Paja. La verdad es que a Edward Rodríguez dos veces el consejo de ética del partido, un consejo distinto en cada ocasión, le ha negado la posibilidad de que le den el aval. El problema de él es ético y él sabe cuáles son las razones. Que nos cuente a todos cuáles son los problemas, pero que no diga que no sabe cuáles porque el consejo sí se las dio. Está tratando de volver político un problema ético individual y, claro, está tratando de victimizarse.

Pero ¿es cierto, como dice él, que usted odia a Duque y es extremo?

¡Por favor!

Zuluaga viene de una campaña en 2014 en la que casi le gana a Santos. Alirio Barrera viene de ser gobernador del Casanare. Y sus otros contendores son congresistas activos. Usted es el único que no tiene un rol tan mediático o visible, ¿cómo hacer para que no le juegue en contra?

Me juega en contra. Tuve la oportunidad de ser parte de los senadores que se escogieron en la lista cerrada de 2014. Y después hubiera podido ser parte de los senadores elegidos en la lista de 2018. Yo decidí no hacerlo. Tenía la expectativa de entrar al gabinete. Ese era el acuerdo con Duque. Pero no fue así y eso me da una debilidad en relación con la exposición pública con los otros precandidatos.

Espero, sin embargo, que con la fuerza de las ideas, propuestas y soluciones concretas que planteo pueda suplir ese vacío en la ciudadanía.

Si no llega a ser el candidato, ¿le apostaría a llegar al Congreso?

Me da una hartera. Fui coordinador de la agenda legislativa en el primer gobierno de Uribe. Eso dejó de existir, pero toda la agenda del gobierno pasaba por mis manos. Y duré dos años y medio trabajando en eso día y noche. El desgaste con el Congreso es una cosa terrible. El nivel de mediocridad, los debates parlamentarios, la idea equivocada de que a los congresistas hay que medirlos por el número de proyectos que presenten y saquen adelante. Creo que la tarea fundamental es hacer control político, porque este país tiene hiperinflación normativa.

¿Con qué propuestas llega para convencer a la gente de que vote por usted?

El país tiene un gran desafío hacia adelante, que es la superación de la crisis económica por cuenta del COVID-19, que nos dejó con la caída de la economía más profunda desde que tenemos estadísticas (perdimos el 6.8 % de nuestra riqueza en nueve meses) y supuso que el desempleo saltara de 10.5 % al 15.9 % a 31 de diciembre del año pasado. Además, hizo que la pobreza creciera al 42.5 %. Cuatro de cada 10 colombianos están hoy en la pobreza. El gran reto es ese.

¿Qué debemos hacer? Uno, hay que reconocer que los modelos socialistas han fracasado en la historia y fracasan hoy claramente. Ni un solo país que haya tenido un modelo socialista ha funcionado. Por eso hay que tener tantas antenas puestas con la pretensión del progresismo, que es un modelo light para efectos electorales del socialismo del siglo XXI de Chávez. No tengo la menor duda de que eso es muy desafortunado. Y no hay que dejar olvidar que Petro se sentía muy orgulloso de ser asesor económico de Chávez.

¿Qué necesitamos? Un modelo de capitalismo popular, de economía de mercado centrado en los más vulnerables, a través del cual construyamos un país donde todos seamos propietarios y que tenga como eje de la política social la creación de empleo.

Para eso, propongo tres bloques de medidas. Primero, el gasto público tiene que dirigirse a la solución de necesidades básicas insatisfechas con proyectos que puedan ejecutarse a corto y mediano plazo de manera muy rápida y que sean de uso intensivo de mano de obra, y de mano de obra no calificada. Eso en tres áreas específicas: infraestructura (carreteras terciarias, distritos de riego, centros de acopio, polideportivos o acueductos y alcantarillado); vivienda, no podemos consolarnos con 100.000 viviendas al año. Un país que todavía tiene el 10 % de sus familias sin vivienda propia. Aquí tenemos que hacer un gran proyecto de 300.000 o 250.000 al año, para que a la vuelta de cuatro o cinco años hayamos suplido ese vacío, con la ventaja adicional de que las viviendas jalonan toda la economía. Y, por último, el campo colombiano. Todos necesitan mucha mano de obra intensiva y mano de obra no calificada. Ahí es donde hay que meter los recursos, porque jalona la economía, resuelve necesidades básicas insatisfechas y crea empleo.

El segundo bloque, unas medidas de carácter normativo. El IVA va todo al presupuesto del gobierno central y hay muchos departamentos y municipios pobres que no tienen suficientes recursos para poder hacer la tarea. Sostengo que destinemos inicialmente el 20 % o 25 % del IVA para que vaya directamente a los departamentos y los municipios, y vamos aumentando gradualmente el porcentaje del IVA que se transfiera, de manera que efectivamente tengan con qué gastar. Eso sí es una medida profunda que reconoce que este es un país de regiones y que profundiza la descentralización.

Tercero, las soluciones de los problemas estructurales, porque somos muy poco productivos. Colombia no se puede consolar con crecer a tasas de 2 % o 3 %. China, en 2019, tuvo el peor año de su economía en 30 años: creció 6.1 %. Hay que sentarse a pensar cómo metas tasas de crecimiento por encima del 6 % y eso nos va a permitir resolver los problemas de pobreza en un tiempo muchísimo menor.

También hay unos cuellos de productividad, como la tasa efectiva de tributación, que es excesivamente alta. Creo que hay que bajar impuestos. Además, los costos laborales no salariales son excesivos. En Colombia bajar los salarios sería un pecado, una crueldad, pero hay que bajar los costos de la generación de empleo, lo que paga el empleador, que hoy son muy altos.

Además, debemos concentrarnos en los que no tienen empleos y no en los que ya tienen. Hay que eliminar esos proyectos de extender la licencia temporal de paternidad, una licencia por la muerte de las mascotas o cuando las mujeres tienen la regla. ¡Por Dios! El país está loco. Concentrémonos en la productividad y también en la infraestructura física, fundamental para asegurar la navegabilidad del Magdalena, un puerto sobre Urabá, un aeropuerto entre Cartagena y Barranquilla, la tercera pista del aeropuerto El Dorado, asegurar mejor profundidad en los canales de acceso en Barranquilla y Buenaventura. Pero los dos grandes asuntos son una gran red férrea nacional que conecte Puerto Carreño con Buenaventura, Ipiales con Santa Marta. Y una red de carreteras terciarias que conecte todos los pequeños municipios del país.

JAVIER GONZÁLEZ PENAGOS

TWITTER: @Currinche

jgonzalez@elespectador.com

El exviceministro Rafael Nieto Loaiza no renuncia a su idea de llegar a la Casa de Nariño. Después de su fallido intento en 2018, cuando resultó ganador Iván Duque, nuevamente está apostando a que el Centro Democrático lo erija como su candidato único. En diálogo con El Espectador, insiste en sus reparos al gobierno Duque, habla de las “ventajas y cargas” que implica ser el candidato de Álvaro Uribe y reclama que el Acuerdo de Paz “es susceptible de ser modificado”.

¿Lo dejó satisfecho el método selección del partido (encuesta entre militantes)?

Ojo, en realidad no es una encuesta entre militantes. El mecanismo es unas encuestas entre militantes y afiliados (las personas que están en las bases de datos del partido) y otra parte entre uribistas que no son del Centro Democrático. Es una combinación entre ambas.

Lea también: Este es el cronograma del Centro Democrático para elegir su candidato único

¿Cuál es la diferencia entre ese sistema y el de hace cuatro años? En 2018, el 80 % de los encuestados no eran uribistas, solo el 20 % eran militantes. En esta ocasión van a ser todos uribistas, una parte militantes y afiliados, y otra parte uribistas no del Centro Democrático. Es una idea que yo planteé. Como decía Álvaro Gómez, hay más conservatismo que Partido Conservador. Aquí pasa lo mismo: hay más uribismo que Centro Democrático.

La verdad es que este sistema es mejor que el de hace cuatro años y hay que esperar que funcione bien y que sea transparente. Estoy más tranquilo esta ocasión que hace cuatro años, cuando no sabíamos quiénes eran las firmas encuestadoras, cuáles eran las preguntas y nunca nos las mostraron. Solo nos notificaban y nos decían “estos son los resultados”. Aquí nuestros compromisarios están trabajando las preguntas de filtro, llegando a un acuerdo, mirando cuáles son las empresas encuestadoras, cuál va a ser la auditoría o cómo va a ser la veeduría ciudadana. Lo fundamental es que sean los uribistas los que escojan candidato.

Hubo quienes pedían que ciudadanos no necesariamente afiliados al partido participaran. ¿Le suena o hubiera distorsionado el mecanismo?

Efectivamente hay una participación de ciudadanos que no están en el partido. Son uribistas, pero no del Centro Democrático.

Me refiero a ciudadanos que no necesariamente sean uribistas, pero que tampoco sean opositores...

No. Los partidos tienen que tener candidatos que reflejen la manera de pensar, las creencias y las ideas de esas colectividades. Otros ciudadanos que no comparten esas ideas y que escojan el candidato del partido son ciertamente un error.

Parte de la bancada en el Congreso está con Óscar Iván Zuluaga. ¿Le trasnocha?

En lo absoluto. Al final este es un ejercicio en el que la competencia está abierta hasta el 22 de noviembre, cuando se anunciará al ganador del mecanismo de selección del partido. De aquí hasta allá el juego está abierto.

También le puede interesar: “No es cierto que yo sea ‘el que dijo Uribe’”: Óscar Iván Zuluaga

Si la mayoría de la bancada está con Zuluaga, ¿qué sectores están con usted?

El Centro Democrático, a diferencia del grueso de los otros partidos, es uno de opinión fundamentalmente, y no de maquinarías. Por lo tanto, el apoyo de unos u otros congresistas a alguno de los precandidatos no hace diferencia, en absoluto. Que haya habido unos congresistas que hayan manifestado su opción por apoyar a Óscar Iván no lo fortalece, ni lo va a poner en mejor posición en relación con la base del partido.

No hay la menor duda de que hay unos congresistas que están conmigo. Esto se está viendo por una perspectiva equivocada. Lo están mirando por la línea de los partidos tradicionales.

Pero los congresistas sí tienen representación regional...

Sin duda y tienen una base de apoyo propia que se refleja en el voto de ellos. Ellos tienen una base de apoyo para ellos. Pero la posibilidad que tienen de trasladar esa base a una candidatura presidencial es prácticamente nulo.

En medio de todo esto, ¿el guiño de Uribe importa?

El presidente Uribe ha tomado la decisión de no manifestar su apoyo por ninguno de los precandidatos. Al final, sin embargo, todo mundo entenderá que el candidato del Centro Democrático es el candidato de Uribe, aunque él no diga nada. Eso es inevitable. Y eso va a tener tanto de bueno como de malo.

Bueno en la medida en que hay un porcentaje todavía significativo de colombianos que apoya al presidente, lo sigue y está en la mejor disposición de votar por el que diga Uribe. Y de malo porque el presidente ha perdido buena parte de su popularidad desde que salió del gobierno hasta hoy por distintas razones, la inmensa mayoría de ellas injustas. Pero ciertamente ha perdido ese apoyo, y por tanto a algunos ciudadanos también les molesta que haya un candidato que sea el que diga Uribe. Inevitablemente el candidato del Centro Democrático tiene que vivir con esa doble condición.

¿Me está diciendo que electoralmente cuesta ser el candidato de Uribe por su impopularidad?

Tiene ventajas y tiene cargas, y más que por Uribe mismo, por el gobierno, en la medida en que muchos ciudadanos ven que el presidente Duque fue elegido candidato del Centro Democrático y su gestión tiene una baja calificación. Eso se traslada al candidato del partido y de manera injusta. Me atrevo a sostener que nosotros elegimos presidente, pero no tenemos gobierno. El presidente Duque ha gobernado con sus amigos, con algunos parlamentarios que le fueron cercanos y con otros partidos y movimientos. Pero ciertamente no con el Centro Democrático.

¿Cómo hacer para que ese lastre de impopularidad que trae Duque no afecte al candidato?

Es muy difícil. Hay algunos de nosotros que hemos mantenido distancias con el Gobierno prácticamente desde el inicio de la gestión. Siempre respetuosa, argumentada, con ideas y propuestas. Siempre explicando por qué no estábamos de acuerdo con algunas de las decisiones. Es mi caso. Pero pretender que, a partir de esas posiciones –que han sido permanentes en el tiempo y sistemáticas, y que muestran coherencia–, el ciudadano de a pie pueda distinguir entre esa posición personal mía y el Centro Democrático es sumamente complejo. Habrá algunos que lo consigan, la inmensa mayoría no. Por tanto, será inevitable que el candidato del Centro Democrático arrastre con el lastre de la baja favorabilidad del gobierno Duque.

¿Se blinda de alguna manera reivindicando que sus reparos contra este gobierno vienen de tiempo atrás?

Sin duda. Mis primeras manifestaciones de discrepancia con algunas de las decisiones del gobierno se dieron en septiembre de 2018. El Gobierno llevaba dos meses y ya mostraba un conjunto de actitudes y decisiones que me parecían que no eran correctas y eran desafortunadas, y así lo señalé en su momento.

¿Qué cosas positivas destacaría de este Gobierno?

Son muchas. Una, en materia de salud pública y en el manejo de la pandemia creo que lo ha hecho bastante bien. Decretó la cuarentena apenas 12 días después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijera que el COVID-19 tenía características de pandemia. Logró duplicar la capacidad de las unidades de cuidado intensivo (UCI) en muy pocos meses, logrando sortear una dificultad enorme, que era la baja oferta de ventiladores artificiales, que son el corazón de esas unidades para atender pacientes COVID. Duque empezó con 5.375 UCI en marzo y en octubre estaba en más de 13.200. No sé cuántas hoy, pero sí muchas más. La verdad es que lo hizo muy bien.

Agréguele que tomó una decisión correcta cuando no se quedó casado con un único proveedor de vacunas, sino que hizo convenios con varias, lo que le ha permitido suplir las demoras en las entregas. Al mismo tiempo, le ha permitido dirigir específicamente algún tipo de vacunas a cierto tipo de poblaciones a las que son más recomendadas, por ejemplo, los menores de 18 años.

Creo que el programa de Ingreso Solidario fue también inteligente, bien pensado y muy bien ejecutado en apenas semanas. Significó 3,2 millones de familias vulnerables, que no estaban en el radar de la red de asistencia del Estado y se definieron unos mecanismos para hacer las transferencias monetarias y se consiguieron las medidas para hacerlas. En esa medida, el Ingreso Solidario, más la medida de subsidio a la nómina, permitió que la crisis económica de 2020, que fue la peor de la historia por cuenta de las cuarentenas, no fuera tan grave ni se perdiera más empleo del que se perdió.

Son dos ejemplos rápidos en materia de salud pública y en reacción socioeconómica de la crisis de la pandemia. Pero hay un tema estructural: la apuesta del presidente Duque por energías alternativas, eólicas y solares con la mira en que rápidamente Colombia consiga que el 10 % de su matriz de producción energética sea aún más sostenible que la actual. Es algo que verdaderamente merece aplauso y que eso sí contribuye de manera eficaz a la protección medioambiental.

Yo no tengo duda de que el gobierno ha sido exitoso en algunas tareas específicas. En otras, sin embargo, me parece que la queda debiendo.

¿Como cuáles?

En materia de paz, seguridad y lucha contra el narcotráfico este gobierno de Duque es una prolongación sin ningún cambio de carácter estratégico de lo que venía de la administración Santos. Los resultados están a la vista. Evidentemente hay un deterioro muy profundo del problema de seguridad ciudadana y estamos inundados de coca. Eso, no tengo la menor duda, es porque no hubo ningún cambio estratégico en relación con lo que venía haciéndose desde Santos.

Hay quienes advertían dentro del mismo uribismo que comparar a Duque con Santos era injusto... ¿sí son comparables personajes tan antagónicos?

En estos temas, sin duda. Estratégicamente se mantienen las mismas líneas. No ha habido ningún cambio estratégico en materia de paz e incluso, Duque ha ido más allá de lo pactado por Santos con las Farc. Un ejemplo concreto: la entrega de predios de extinción de dominio a excombatientes. Eso no está en ningún lado del Acuerdo y, sin embargo, Duque lo está haciendo. Esa crítica que la izquierda le hace a Duque en relación con el cumplimiento del pacto es absolutamente falsa. Duque ha estado casado en el cumplimiento de ese pacto y, repito, incluso ha ido un poco más allá.

¿Por qué la crítica al cumplimiento incluso más allá de lo pactado? ¿no era una obligación, más que de este gobierno, sino del Estado, cumplir con ese Acuerdo?

No. La teoría de que el pacto de Santos con las Farc es de Estados no corresponde ni a la realidad política ni a la realidad jurídica. Ese pacto no es un tratado internacional, porque las Farc no tenían ninguna representación o subjetividad internacional para celebrar tratados internacionales. Es un pacto político, celebrado por un gobierno con una organización guerrillera. Además, en el momento en el que se sometió a un plebiscito perdió su carácter obligatorio, incluso para el firmante, que era el mismo Gobierno, porque las Farc y ese Ejecutivo decidieron sujetar el cumplimiento de ese Acuerdo a la voluntad ciudadana. Y ganó el no. Que después le hayan hecho una trampa monumental al plebiscito con un costo gigantesco en materia de legitimidad para el Acuerdo, con un costo enorme en materia de fractura social, porque terminó de polarizar la sociedad, y con un costo enorme para la democracia, porque erosionó un sistema de democracia participativa directa, por un lado, y engañó a los electores por otro, es cosa distinta.

Es un acuerdo político y no obligaba inicialmente sino a Santos y a las Farc, y después ni siquiera al presidente Santos. Hay algunos aspectos de ese pacto que, vía reforma constitucional o ley, entraron al ordenamiento jurídico colombiano. Esos aspectos sí hay que cumplirlos y respetarlos, porque hacen parte del ordenamiento normativo colombiano hoy. Y por tanto eso es lo que se obliga. Nada de lo demás.

¿Cuáles serían esos aspectos que no está el Estado obligado a cumplir?

Todo lo que no entró. Hay múltiples cosas. Lo que entró a la Constitución es una cosa chiquita. En todo caso, eso que entró es susceptible de ser modificado por el mismo mecanismo que se usó para introducirlo en el ordenamiento constitucional y legal. En derecho las cosas se deshacen como se hacen. Es evidentemente que en el tema de la paz esa premisa de que estamos frente a un acuerdo de Estado, que obliga a todos los ciudadanos, es falso.

Además, es abiertamente contradictorio con el sistema democrático. Nuestra Constitución no tiene clausulas pétreas. No tiene un contenido que no pueda ser modificado de ninguna manera. Eso no existe en la Constitución. Todo puede ser cambiado. La Corte Constitucional, en un invento de ella, definió que algunos elementos de la Constitución del 91 –lo que se llama la teoría de los pilares esenciales–, no pueden ser cambiados por vía del Congreso, sino que tiene que acudirse al constituyente primario, el pueblo, para poderse modificar. Si eso es lo que la Constitución establece, de dónde acá un pacto posterior, que se construye entre 2014 y 2016, va a establecer que hay cosas que no se pueden modificar.

¿Acaso pretenden, con una posición claramente autoritaria de parte de esos defensores del Acuerdo inmodificable, que está por encima de la Constitución? ¿y además por encima de la voluntad popular? ¿eso es lo que nos espera en los gobiernos de izquierda y centroizquierda que defienden ese pacto? ¿la imposición de su opinión y voluntad por encima de la Constitución y la democracia? Eso sería claramente inaceptable y evidentemente autoritario.

¿Qué haría usted con ese Acuerdo de Paz?

Hay que asumir una posición desideologizada, más allá de los partidos y más allá de lo que fue estar a favor o en contra del contenido del acuerdo de Santos con las Farc. Ese ejercicio que hizo Santos con sus amigos, de dividir el país entre amigos y enemigos de la paz, es falso. Nunca fuimos enemigos de la paz. Éramos enemigos del contenido de ese acuerdo, que es una cosa completamente distinta.

Hay que hacer el esfuerzo de ir más allá del sí y no del plebiscito. Eso hay que dejarlo atrás. Lo que el país necesita hacer es un examen objetivo, desapasionado y desideologizado de qué de ese pacto funciona y qué no. Efectivamente, hay cosas que no están funcionando y nos llevan a un espiral de supervivencia del conflicto armado y profundización de la violencia homicida. Esos aspectos, por ejemplo, son indispensables cambiar, porque si no, vamos a perpetuar la espiral de violencia que en Colombia vivimos. Ese es el esfuerzo que deberíamos hacer todos.

¿Qué aspectos modificaría puntualmente?

Hay dos que son básicos. El primero, lo que llamaron Santos y los negociadores el nuevo paradigma, el nuevo enfoque histórico en la lucha contra el narcotráfico, que ha fracasado de manera rotunda. El componente del narcotráfico se firma en 2014. La gente cree que todo el pacto se firmó en 2016. No es verdad. Es un pacto que tiene pequeños acuerdos que se fueron celebrando en el tiempo. El del narcotráfico fue en 2014.

En 2013 teníamos en Colombia 48.000 hectáreas de narcotráfico y producíamos 290 toneladas de cocaína. Colombia ese año había dejado de ser el principal productor de coca y de cocaína del mundo. ¿Qué tenemos frente al año pasado? 143.000 hectáreas de coca y 1.228 toneladas de cocaína. Es decir, tenemos tres veces más cultivos de coca y 4.2 veces más producción de cocaína.

No tengo la menor duda de que el que estemos hoy inundados de coca, que vivamos en un mar de coca, está íntimamente ligado con lo pactado y ejecutado entre Santos y las Farc en relación con el tema del narcotráfico. Primero, se suspendió la aspersión aérea con glifosato en la frontera con Ecuador, después se extendió a la frontera con Venezuela y luego a todo el país. Más tarde se suspendió la erradicación forzada y se pactaron un conjunto de incentivos perversos al narcotráfico.

¿Qué más modificaría?

Hay tres que son básicos. El primero, replantear completamente la estrategia en materia de cultivos de coca, recuperando la aspersión aérea, entendiendo, sin embargo, que ese es solamente un aspecto de la estrategia: el garrote, pero la zanahoria es vital. Para eso no solamente se requiere control militar del área, sino control institucional de territorio. Es decir, sí se necesitan policías y soldados, pero también justicia, educación, salud e infraestructura. También hay que cambiar completamente la política de sustitución de cultivos, que hoy está construida sobre las transferencias monetarias directas al campesino narcocultivador. Ese sistema de transferencias es un incentivo perverso para los narcocultivos. Es una realidad.

Si usted siembra papa, yuca, arroz o ñame, el Estado no le da nada. Pero si su vecino siembra coca, llega el Estado y le dice que durante dos años va a tener unos ingresos monetarios permanentes. El campesino dice, “ah carajo, a ese que violó la ley el Estado le asegura unos ingresos durante dos años y en cambio a mí, que nunca la he violado, no me da nada”. ¿Qué hace ese campesino? Se sale del cultivo lícito y se pasa al ilícito. Hay que desmontar el sistema de transferencias directas, que además no está funcionando.

El programa de sustitución de cultivos del año pasado tenía $1.3 billones. De esas se erradicaron manualmente, de forma voluntaria, 702. El año 2019 fueron alrededor de 6.700. Pero, aun así, son $1.3 billones para 6.700 hectáreas. ¿Cuánto vale cada una? Uno debe decir que esto es un desastre total. No está funcionado. En cambio de todo esto, se deberían generar proyectos de desarrollo agropecuario en las regiones que beneficie a todos y no solamente al campesino narcocultivador.

Segundo, hay que hacer énfasis también en el segundo eslabón de la cadena que es clave: la interdicción. Necesitamos cooperación venezolana para que los vuelos ilegales con narcotráfico no salgan como están saliendo desde territorio colombiano y usen espacio aéreo venezolano. Tenemos que tener un mejor control de los ríos, que son las autopistas de la coca en todo el país, fortalecer la Infantería de Marina y su tarea de control, y los mares a través del fortalecimiento del Cuerpo de Guardacostas. Pero también hay que pegarle a los cristalizaderos y a los laboratorios, no es solamente un tema contra los narcocultivos.

Tercero, las finanzas son el corazón del negocio y los éxitos en esta materia son muy pocos. Hay que fortalecer, pero con mucho, la lucha contra el contrabando y los lavados de activos; los mecanismos de extinción de dominio; los mecanismos de cooperación judicial internacional en la lucha contra el lavado de activos internacional, porque hay que pegarles a las finanzas, que es donde más les duele.

Cuatro, hay que tener una estrategia de salud pública, porque Colombia dejó de ser un país de producción de coca o de cocaína. Ya somos un país consumidor. Entre 2013 y 2017 el consumo de cocaína en Colombia se duplicó, y el 69 % de nuevos consumidores se convierte en habitual o en adicto. Hay un mercado que hay que manejar, tanto desde el problema de seguridad ciudadana, porque los microtraficantes están compitiendo entre sí a través de la violencia por ese nuevo mercado de consumidores, como el problema de familia y salud pública que significa un drogadicto. Hay que montar definitivamente un gran programa de prevención en el uso de drogas que desapareció. No se ve una campaña hoy. Así como yo aplaudo la tarea que ha hecho el Ministerio de Salud en materia de COVID, me parece muy desafortunado lo que se está haciendo frente a la lucha contra la drogadicción. No existen los programas.

¿Con eso basta, desde su perspectiva, para mejorar el Acuerdo?

Hay otras cosas que hay que hacer. Las Farc se comprometieron en ese Acuerdo a colaborar con el Estado en materia de lucha contra el narcotráfico y no hay ninguna colaboración hoy. Lograron muchos beneficios, como la no extradición de ellos y sus familiares; les metieron finalmente el narcotráfico como un delito conexo con el delito político, susceptible de amnistía e indulto. Esos beneficios, en teoría, eran a cambio de unos compromisos que no han cumplido: las Farc no han entregado un laboratorio, un cristalizadero, un cultivo de droga, no han dicho cuáles son los nombres de los socios, no dijeron las rutas de la salida y la entrada de insumos, y no entregaron los bienes para reparar.

Las Farc, después de una enorme presión, dieron una lista de bienes que eran monetizables, que en el cálculo inicial que hizo el Gobierno daban alrededor de 150 millones de dólares. Solo han entregado 10.7 millones de dólares. Esto al final también ha terminado convirtiéndose en una gran operación de lavado de activos. Es inaceptable que las Farc no cumplan con su compromiso y ahí la JEP, como en muchos otros temas, mira para otro lado. La excusa es increíble: al meter al narcotráfico como un delito conexo con el político es susceptible de amnistía e indulto, y no es de competencia de la JEP, porque se supone que ellos solo miran crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Entonces, hoy por hoy, nadie le exige a las Farc que cumplan sus compromisos en materia de narcotráfico, porque aparentemente nadie tiene competencia. Por un lado, los amnistiados los indultaron y por otro, la JEP no tiene competencia porque no son crímenes de lesa humanidad ni crímenes de guerra. ¡No puede ser! Eso es absolutamente increíble. Y el Gobierno no dice nada.

La verdad es que el Gobierno había advertido que las Farc estaban incumpliendo su propia palabra en relación con los bienes que iban a entregar para la reparación de las víctimas, pero al final nadie reclama y nadie hace nada, ni siquiera el Gobierno. Por eso digo que, en esta materia, por mucho que critiquen los de la izquierda a Duque y lo señalen de responsable, no es verdad. Este Gobierno es más de lo mismo en lucha contra el narcotráfico. ¿Cuánto tiempo llevan diciendo que por fin van a empezar la aspersión aérea con glifosato? Tres años llevamos en eso, con anuncios reiterados y hoy ni uno solo se ha hecho.

¿Propone alguna modificación a la JEP?

He sido enemigo de la JEP por varias razones. Primero, porque le rompió el espinazo a la rama judicial y a su estructura. Segundo, porque me parece absolutamente inaceptable y no conozco ningún antecedente en el que los victimarios participen en el proceso para escoger a los jueces que los van a juzgar. Tercero, porque tampoco conozco ningún antecedente en el que los victimarios escogen los jueces que van a tener la competencia de juzgar a aquellos que los combatieron. Cuarto, porque se vulneraron todos los principios de conflicto de interés, que son fundamentales para garantizar que haya un sistema de administración de justicia independiente e imparcial. Pero eso no se dio.

Por eso, veía claramente que en su estructura y en la definición de sus componentes básicos ya la JEP tenía una dificultad y un problema. Además, nunca me gustó que de facto la consecuencia para los crímenes de guerra y de lesa humanidad fuera la ausencia de sanción efectiva. Va a haber, en teoría, quizás, algún día, sanciones alternativas. Llevamos cinco años del pacto, pero no las hemos visto.

Para todos los efectos, la JEP funciona como un tribunal de impunidad frente a los crímenes de las Farc. Pero, por otro lado, sí presiona a la Fuerza Pública y su comportamiento está claramente sesgado. La JEP no mira sino por un ojo: el izquierdo. Y una justicia que no ve por los dos ojos, o mejor que no es ciega para efectos de no distinguir entre unos y otros, es una justicia que pierde una calidad fundamental: la imparcialidad y la autonomía.

Dentro de todas las cosas que hay que hacer hay una que es básica: garantizar una sala independiente, conformada por verdaderos expertos en temas de derechos humanos, derecho internacional humanitario y derecho operacional para la investigación y el juzgamiento de los miembros de la Fuerza Pública.

El otrora precandidato Edward Rodríguez ha reclamado que usted lo vetó dentro del uribismo y lo señaló a usted de ser, en el partido, “el Petro de la izquierda”. ¿Qué le responder?

Paja. La verdad es que a Edward Rodríguez dos veces el consejo de ética del partido, un consejo distinto en cada ocasión, le ha negado la posibilidad de que le den el aval. El problema de él es ético y él sabe cuáles son las razones. Que nos cuente a todos cuáles son los problemas, pero que no diga que no sabe cuáles porque el consejo sí se las dio. Está tratando de volver político un problema ético individual y, claro, está tratando de victimizarse.

Pero ¿es cierto, como dice él, que usted odia a Duque y es extremo?

¡Por favor!

Zuluaga viene de una campaña en 2014 en la que casi le gana a Santos. Alirio Barrera viene de ser gobernador del Casanare. Y sus otros contendores son congresistas activos. Usted es el único que no tiene un rol tan mediático o visible, ¿cómo hacer para que no le juegue en contra?

Me juega en contra. Tuve la oportunidad de ser parte de los senadores que se escogieron en la lista cerrada de 2014. Y después hubiera podido ser parte de los senadores elegidos en la lista de 2018. Yo decidí no hacerlo. Tenía la expectativa de entrar al gabinete. Ese era el acuerdo con Duque. Pero no fue así y eso me da una debilidad en relación con la exposición pública con los otros precandidatos.

Espero, sin embargo, que con la fuerza de las ideas, propuestas y soluciones concretas que planteo pueda suplir ese vacío en la ciudadanía.

Si no llega a ser el candidato, ¿le apostaría a llegar al Congreso?

Me da una hartera. Fui coordinador de la agenda legislativa en el primer gobierno de Uribe. Eso dejó de existir, pero toda la agenda del gobierno pasaba por mis manos. Y duré dos años y medio trabajando en eso día y noche. El desgaste con el Congreso es una cosa terrible. El nivel de mediocridad, los debates parlamentarios, la idea equivocada de que a los congresistas hay que medirlos por el número de proyectos que presenten y saquen adelante. Creo que la tarea fundamental es hacer control político, porque este país tiene hiperinflación normativa.

¿Con qué propuestas llega para convencer a la gente de que vote por usted?

El país tiene un gran desafío hacia adelante, que es la superación de la crisis económica por cuenta del COVID-19, que nos dejó con la caída de la economía más profunda desde que tenemos estadísticas (perdimos el 6.8 % de nuestra riqueza en nueve meses) y supuso que el desempleo saltara de 10.5 % al 15.9 % a 31 de diciembre del año pasado. Además, hizo que la pobreza creciera al 42.5 %. Cuatro de cada 10 colombianos están hoy en la pobreza. El gran reto es ese.

¿Qué debemos hacer? Uno, hay que reconocer que los modelos socialistas han fracasado en la historia y fracasan hoy claramente. Ni un solo país que haya tenido un modelo socialista ha funcionado. Por eso hay que tener tantas antenas puestas con la pretensión del progresismo, que es un modelo light para efectos electorales del socialismo del siglo XXI de Chávez. No tengo la menor duda de que eso es muy desafortunado. Y no hay que dejar olvidar que Petro se sentía muy orgulloso de ser asesor económico de Chávez.

¿Qué necesitamos? Un modelo de capitalismo popular, de economía de mercado centrado en los más vulnerables, a través del cual construyamos un país donde todos seamos propietarios y que tenga como eje de la política social la creación de empleo.

Para eso, propongo tres bloques de medidas. Primero, el gasto público tiene que dirigirse a la solución de necesidades básicas insatisfechas con proyectos que puedan ejecutarse a corto y mediano plazo de manera muy rápida y que sean de uso intensivo de mano de obra, y de mano de obra no calificada. Eso en tres áreas específicas: infraestructura (carreteras terciarias, distritos de riego, centros de acopio, polideportivos o acueductos y alcantarillado); vivienda, no podemos consolarnos con 100.000 viviendas al año. Un país que todavía tiene el 10 % de sus familias sin vivienda propia. Aquí tenemos que hacer un gran proyecto de 300.000 o 250.000 al año, para que a la vuelta de cuatro o cinco años hayamos suplido ese vacío, con la ventaja adicional de que las viviendas jalonan toda la economía. Y, por último, el campo colombiano. Todos necesitan mucha mano de obra intensiva y mano de obra no calificada. Ahí es donde hay que meter los recursos, porque jalona la economía, resuelve necesidades básicas insatisfechas y crea empleo.

El segundo bloque, unas medidas de carácter normativo. El IVA va todo al presupuesto del gobierno central y hay muchos departamentos y municipios pobres que no tienen suficientes recursos para poder hacer la tarea. Sostengo que destinemos inicialmente el 20 % o 25 % del IVA para que vaya directamente a los departamentos y los municipios, y vamos aumentando gradualmente el porcentaje del IVA que se transfiera, de manera que efectivamente tengan con qué gastar. Eso sí es una medida profunda que reconoce que este es un país de regiones y que profundiza la descentralización.

Tercero, las soluciones de los problemas estructurales, porque somos muy poco productivos. Colombia no se puede consolar con crecer a tasas de 2 % o 3 %. China, en 2019, tuvo el peor año de su economía en 30 años: creció 6.1 %. Hay que sentarse a pensar cómo metas tasas de crecimiento por encima del 6 % y eso nos va a permitir resolver los problemas de pobreza en un tiempo muchísimo menor.

También hay unos cuellos de productividad, como la tasa efectiva de tributación, que es excesivamente alta. Creo que hay que bajar impuestos. Además, los costos laborales no salariales son excesivos. En Colombia bajar los salarios sería un pecado, una crueldad, pero hay que bajar los costos de la generación de empleo, lo que paga el empleador, que hoy son muy altos.

Además, debemos concentrarnos en los que no tienen empleos y no en los que ya tienen. Hay que eliminar esos proyectos de extender la licencia temporal de paternidad, una licencia por la muerte de las mascotas o cuando las mujeres tienen la regla. ¡Por Dios! El país está loco. Concentrémonos en la productividad y también en la infraestructura física, fundamental para asegurar la navegabilidad del Magdalena, un puerto sobre Urabá, un aeropuerto entre Cartagena y Barranquilla, la tercera pista del aeropuerto El Dorado, asegurar mejor profundidad en los canales de acceso en Barranquilla y Buenaventura. Pero los dos grandes asuntos son una gran red férrea nacional que conecte Puerto Carreño con Buenaventura, Ipiales con Santa Marta. Y una red de carreteras terciarias que conecte todos los pequeños municipios del país.

JAVIER GONZÁLEZ PENAGOS

TWITTER: @Currinche

jgonzalez@elespectador.com