Los esfuerzos del gobierno Petro por dejar de satanizar la hoja de coca

Este jueves vio la luz una promesa que había hecho Gustavo Petro desde que aspiraba a la Presidencia y se propuso darle la vuelta a la política de drogas en el país: regular la posesión y el uso de cultivos de hoja de coca, cannabis y amapola. Aunque por ahora se trata del borrador de un decreto impulsado desde el Ministerio de Justicia, el documento es un primer paso en la serie de cambios profundos que busca el primer mandatario con estas plantas.

Este jueves vio la luz una promesa que había hecho Gustavo Petro desde que aspiraba a la Presidencia y se propuso darle la vuelta a la política de drogas en el país: regular la posesión y el uso de cultivos de hoja de coca, cannabis y amapola. Aunque por ahora se trata del borrador de un decreto impulsado desde el Ministerio de Justicia, el documento es un primer paso en la serie de cambios profundos que busca el primer mandatario con estas plantas.

Hace casi dos meses, desde El Tambo, Cauca, el presidente presentó la nueva Política Nacional de Drogas 2023-2033 “Sembrando vida, desterramos el narcotráfico”, una meta que ya había quedado fija en el Plan Nacional de Desarrollo. Fue enfático en la necesidad de dejar de satanizar la hoja de coca y quitarla de la lista de sustancias prohibidas. El decreto, que reveló este diario el 29 de noviembre, es un impulso en la materialización de ese propósito. En este se abre la posibilidad de que los colombianos que soliciten una licencia o permiso cultiven la planta para fines lícitos, por ejemplo médicos, científicos o industriales.

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De hecho, la esencia de la política es avanzar en la regulación de mercados como el cannabis de uso adulto y los usos no psicoactivos de la hoja de coca. Y en septiembre trascendió la firma de 19 países, entre ellos Colombia, de un acuerdo durante la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas, en el que se comprometían a revalorizar los usos alternativos de las plantas ancestrales “con vistas a mejorar la coherencia y efectiva implementación del sistema de tratados con respecto al control de plantas y sus productos transformados”.

El historiador y politólogo Petrit Baquero mencionó que “eso demuestra un cambio de perspectiva que es muy importante”, recordando viejas campañas públicas como “La mata que mata”. “Los usos que pueden tener esas plantas no son exclusivamente para el consumo de sustancias estupefacientes y se está quitando el vendaje que nos pusimos durante mucho tiempo de pensar que esas plantas son perjudiciales”. Entre algunos de los ejemplos que dio el ministro de Justicia, Néstor Osuna, sobre los usos lícitos de la hoja de coca están proyectos productivos relacionados con cosméticos, fertilizantes, plásticos, pinturas o comestibles.

La intención gruesa con la política de drogas es transformar los territorios que han sido azotados por la violencia derivada del narcotráfico, mediante un enfoque que tiene dos componentes: “oxígeno” y “asfixia”, una lógica similar a la conocida de la zanahoria y el garrote. El primero es para los campesinos que cultivan estas plantas, como el nuevo decreto que regula el empleo de las semillas de hoja de coca, cannabis y amapola. Oxígeno también contempla el cuidado medioambiental y el cuidado integral de los consumidores de sustancias psicoactivas. El segundo busca “asfixiar” a los actores estratégicos y de alto valor del sistema del narcotráfico y combatir la corrupción.

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En esencia, el cambio consiste en abandonar la criminalización de toda la cadena involucrada en el proceso del tráfico, dejar de perseguir a los débiles, aquellos que utilizan los cultivos para sobrevivir y, en su lugar, endurecer las medidas contra las partes que verdaderamente se lucran del negocio ilícito.

“En nuestro Gobierno eso tiene que cambiar y está cambiando. Esta política es amiga del pueblo de Colombia. Esta política es aliada de las comunidades indígenas, de los campesinos cultivadores, también es solidaria con los consumidores de droga y es dura e inflexible para combatir a las mafias del narcotráfico”, dijo en octubre el ministro de Justicia, Néstor Osuna, cuando se dio a conocer la política.

Actualmente, en Colombia, las penas por cultivar hoja de coca dependen del área de sembrado, pero oscilan entre ocho y 18 años de prisión. No es un asunto menor, pues según la Oficina de la ONU contra la Droga y Delito (Unodc), los cultivos en Colombia, para 2022, ascendieron a 230.000 hectáreas. El informe advierte, además, que Colombia y Bolivia son los países más productores del mundo.

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Sobre el tema de justicia, en agosto de este año, Diógenes Quintero, representante a la Cámara por la curul de paz de Catatumbo, radicó por segunda vez un proyecto que busca establecer medidas diferenciadas, como la eliminación de la pena, para que los pequeños cultivadores se vinculen a programas de sustitución. “Es un pendiente del Acuerdo de Paz, buscamos que el Estado cumpla y no persiga a los campesinos que les ha tocado subsistir a punta de la coca”.

También se ha planteado que las penas varíen dependiendo del área del cultivo. Felipe Tascón, de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, le dijo a este diario en octubre que es difícil hacer estas delimitaciones. “Decir, por ejemplo, que hasta 3 hectáreas es pequeño y que 3,1 ya es grande. Con la coca también hay una escala de grises, hay una clase media cocalera y, por ende, los cultivadores industriales están por encima de 10 hectáreas”, anotó. “En ese sentido, hay que reivindicar la existencia de una clase media cocalera y con la cual tenemos que negociar unas salidas”.

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Y aunque se avanza a paso lento para regular la hoja de coca, en diálogo con este diario, Tascón aseguró que, en algún momento, el país debe llegar a la regulación de la cocaína. “No es una cosa que pueda hacer un país solo, y así han sido los planteamientos del presidente en foros internacionales”.

Una postura menos comprometedora tiene el ministro Osuna, quien fue enfático en decir que la regulación de la hoja de coca no es el primer paso para regular la cocaína. “La cocaína va a seguir siendo perseguida y en eso el Gobierno está dando unos resultados muy exitosos”, anotó.

Lo que señala Baquero es que hay, de todas formas, “vientos de cambio a nivel mundial, ejemplos de interpretaciones más liberales de lo que ha sido la política de drogas en otros países, y Colombia se está incorporando a esa mirada”.

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