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Un nuevo intento por eliminar la Ley de Garantías arrancará en el Congreso. La senadora Paola Holguín y el representante a la Cámara por Antioquia Juan Espinal, del Centro Democrático, radicaron un proyecto que apunta a derogar dicha ley, la 996 de 2005, que fue la que reglamentó la reelección presidencial, limitando la contratación de los entes territoriales cuatro meses antes de unas elecciones y prohibiendo modificar sus nóminas.
Para los congresistas, el objetivo es apoyar a las autoridades locales en la reactivación económica, luego de la crisis por el COVID-19. “La suma de las restricciones contempladas en la citada ley ha significado, en la práctica, un bloqueo en la gestión administrativa y financiera de departamentos y municipios por un término equivalente a un 25% del periodo de los mandatarios”, argumentan.
Holguín y Espinal consideran que la Ley 996 perdió su razón de ser desde que se eliminó la figura de la reelección presidencial, en 2015, pero además, sus disposiciones ya se encuentran reguladas en otras normas. El Proyecto, que cuenta con dos artículos, también pretende contrarrestar el cíclico aumento exponencial de la contratación directa en todos los entes del Estado, previo al inicio de la prohibición, en detrimento de los principios de transparencia y planeación.
Según la Auditoría General de la República, en 2018, ad portas de la entrada en vigencia de las restricciones contractuales, el número de los contratos directos creció 143,43%; apenas cuatro días antes del límite para contratar, a nivel nacional, se suscribieron 43.734 contratos. Los congresistas del Centro Democrático consideran que la iniciativa “tendrá un impacto positivo en la reactivación del país y contribuirá con el cumplimiento de los planes de desarrollo de alcaldes y gobernadores”.
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De hecho, la eliminación de la Ley de Garantías es una idea que viene impulsando el uribismo desde hace un buen tiempo. En 2018, de cara a las elecciones a Congreso y por la jefatura del Estado, el expresidente y entonces senador Álvaro Uribe, máximo líder del Centro Democrático, anunció una iniciativa con ese objetivo: “Invitaremos a los colegas congresistas a firmar el proyecto de ley para eliminar la Ley de Garantías, con el fin de que los alcaldes y los gobernadores puedan ejecutar obras y presupuesto en el año 2019”.
Incluso, ese proyecto tenía el apoyo del entrante gobierno de Iván Duque, y su primera ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, recalcó en el argumento de siempre: como ya no hay reelección, ya no se necesita Ley de Garantías. “Esto limita la posibilidad de ejecución de recursos a las entidades territoriales y el país está necesitando reactivación económica”, señaló.
Cabe recordar también que el año pasado, durante la discusión de la Reforma Electoral, el tema de la conveniencia o no de la Ley de Garantías estuvo sobre la mesa. La Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) siempre se ha mostrado a favor de derogar la norma, alegando que les quita margen de gestión y limita sus programas de gobierno –una situación que se habría hecho más apremiante en medio de la pandemia y los ánimos de reactivación económica–. Sin embargo, desde la Misión de Observación Electoral (MOE), su directora, Alejandra Barrios, alertó de la inconveniencia de quitar ese cerrojo, señalando que por ahí se le abriría la puerta a la mermelada y el clientelismo.
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A su vez, el entonces procurador, Fernando Carrillo, dijo en un concepto que aunque la Ley de Garantías se expidió en un momento que requería de reglas electorales claras por cuenta de la aprobación de la reelección presidencial, y hoy hay disposiciones que solo encuentran su razón de ser en ese escenario (ya derogado), esas prohibiciones deben mantenerse tanto para las elecciones nacionales y territoriales.
“La razón es evitar que el presupuesto y las nóminas públicas se pongan al servicio de una determinada opción electoral y de esa forma garantizar la transparencia e igualdad electorales. Estas prohibiciones son necesarias y proporcionales (…) en época electoral se exige la aplicación irrestricta de las reglas de contratación, en donde es máxima la excepción de la contratación directa, en tanto está queda proscrita”, argumentó en un documento enviado al Congreso. Al final, la Reforma Electoral fue aprobada sin incluir este tema. Ahora, vuelve y arranca el debate.