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Aunque pareciera un tema reciente, históricamente la protesta social ha tenido un tratamiento represivo por parte del Estado. Esa es la premisa de tres senadores que impulsan un nuevo proyecto para desmontar el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y crear en su lugar una “unidad especial de diálogo”, entre otras medidas, para responder a la crisis de posibles violaciones de derechos humanos en medio de las movilizaciones. Ese objetivo, bajo la perspectiva de quienes están en contra de la iniciativa, sería inconstitucional y dejaría sin amparo a quienes no hacen parte de las marchas que se han agudizado en los últimos tiempos. El cruce de argumentos promete una discusión intensa que comienza hoy en la Comisión II del Senado.
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La iniciativa no es nueva, pues desde hace casi 10 años se han presentado proyectos que buscan suprimir la fuerza antidisturbios, o por lo menos limitarla, pero sus promotores consideran que es inaplazable tomar la decisión dada la creciente tensión entre ciudadanos y agentes policiales. Por su parte, los contradictores argumentan que las motivaciones para la creación del Esmad no han cambiado, e incluso se han agravado, por lo que abolirlo y ceder sus funciones sería inconveniente. A continuación las perspectivas a favor y en contra que presentarán hoy los ponentes, además de comentarios de expertos en el tema.
“Las cifras son contundentes”
La ponencia positiva para el primer debate es de Antonio Sanguino (Alianza Verde), coautor del proyecto junto a Iván Cepeda (Polo) y Feliciano Valencia (MAIS). Según Sanguino, con la iniciativa pretenden solucionar la imagen negativa de la Policía, generada por la violencia en contextos de protesta y que incluso ha llevado a que organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se pronunciara reconociendo que ha habido exceso de fuerza y anunciara un mecanismo de seguimiento.
Ese fue uno de los fundamentos para insistir en el proyecto que, para el congresista, “responde a la crisis de credibilidad de la Fuerza Pública, sobre todo entre los jóvenes”. Sanguino explicó que no buscan eliminar la fuerza para acompañar las movilizaciones, sino que, a la par del desmonte del Esmad, se cree una unidad de mediación que acompañe las protestas y que sus miembros estén capacitados para la prevención de hechos violentos. Y, en caso de haber disturbios, la idea es que intervenga la Policía, pero mediante una fuerza disponible con protocolos para evitar la fuerza desproporcionada.
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“Las cifras son contundentes y los hechos son incontrovertibles. Este es un cuerpo de choque contra la protesta y un factor de utilización indebida de la fuerza. Los informes de organismos internacionales, además de organizaciones como Temblores, han documentado la violación a los derechos humanos por parte de la Policía”.
En efecto, la ONG Temblores ha documentado 34 muertes a manos de agentes del Esmad en 20 años de existencia de ese escuadrón. Según Alejandro Lanz, su director, el Esmad es una fuerza “que opera contra grupos específicos: indígenas, campesinos y estudiantes, y no es algo del último gobierno, sino del Estado”. Y aunque celebra estas iniciativas, cree que la conversación se ha enfrascado en desmontar o no el Esmad, y no se ha avanzado a la discusión sobre las armas de letalidad reducida –que a su juicio es el principal problema–, la utilización de ciertos dispositivos, y la forma en que el Estado acompaña las movilizaciones.
“Se censura la actuación policial”
La ponencia negativa fue presentada por los senadores Juan Diego Gómez (Partido Conservador), Luis Eduardo Diazgranados (Cambio Radical), Lidio García (Partido Liberal), Ernesto Macías y John Hárold Suárez (Centro Democrático). Su exposición radica en que los autores del proyecto consideran que la manifestación pública es de por sí disruptiva y que desconoce la naturaleza pacífica del derecho a la protesta.
Asimismo, los contradictores expresan que se están ignorando las facultades presidenciales para dirigir la Fuerza Pública, garantizar el orden público y que hoy en día se mantienen las necesidades que motivaron la creación del Esmad. “Los ponentes encontramos un desconocimiento total, por parte de los autores de este proyecto, de la grave afectación causada a la sociedad por parte de los manifestantes violentos en Colombia”, mencionan en su ponencia.
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Agregan que es “incoherente” que mientras los promotores hablan de un derecho a la manifestación pública, a su vez desconozcan el derecho a vivir en paz por parte de quienes no hacen parte de las movilizaciones, “al tiempo que se censura y proscribe la actuación policial”.
En parte, en eso concuerda el analista en seguridad Jean Carlo Mejía, director del Consultorio Jurídico de la Universidad Militar. Según dijo, las motivaciones para crear al Esmad no han cambiado y por el contrario “se han incrementado por los conflictos sociales, políticos, económicos y las infiltraciones”. Eso sí, para el experto, se debe incrementar la capacitación en derechos humanos y las certificaciones de organismos externos. “El tema jamás puede ser acabar los antidisturbios. Los riesgos serían muy altos en virtud de los fenómenos colectivos de multicriminalidad”, concluyó.
