ONU recomienda a Colombia no reconsiderar ampliar el fuero penal militar

Doce expertos de derechos humanos de las Naciones Unidas exhortaron al Gobierno y al Congreso de Colombia a que reconsideren la posible adopción del proyecto de ley que reestructura y expande el alcance de la jurisdicción de los tribunales militares.

Según expresaron los expertos independientes en una carta abierta hecha pública este lunes, de adoptarse "el proyecto de ley podría debilitar seriamente la independencia e imparcialidad del poder judicial".

Hace dos años, los expertos expresaron preocupaciones similares en relación a otro acto legislativo que reformaba el sistema de justicia militar, que fue posteriormente declarado inconstitucional por la Corte Constitucional.

"Esta reforma también representaría un grave retroceso en la prolongada lucha de Colombia contra la impunidad en casos de violaciones al derecho internacional humanitario y de los derechos humanos", agrega la carta.

El proyecto de reforma de la justicia militar permitiría que crímenes cometidos por uniformados (homicidio, delitos contra la protección de la información y de los datos, entre otros) contra la población civil sean juzgados por tribunales castrenses cuando, según los expertos, "deberían quedar bajo la jurisdicción de los tribunales penales ordinarios".

"Los crímenes que asciendan a violaciones graves de derechos humanos siempre deberían quedar bajo la jurisdicción de los tribunales ordinarios, incluso cuando los presuntos actos fueron cometidos por personal militar o policial", subrayaron los expertos de la ONU.

Según estos especialistas, esta extensión "podría exacerbar los problemas y las preocupaciones existentes en relación al acceso a la justicia, impunidad por violaciones de derechos humanos y respeto por las garantías de los acusados al debido proceso y a un juicio justo".

Pese a que el proyecto de ley excluye algunas violaciones de los derechos humanos de la jurisdicción de los tribunales militares, estas cortes conservarían en la práctica jurisdicción sobre una serie de delitos comunes que también podrían constituir violaciones de derechos humanos, recordaron.

"Por ejemplo, bajo el nuevo proyecto de ley, la justicia militar podría ejercer su jurisdicción sobre los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por personal militar o policial, porque las ejecuciones extrajudiciales están prohibidas por las disposiciones de derecho penal general sobre homicidios y no constituyen violaciones tipificadas en el derecho penal interno", señalaron.

Entre los doce firmantes, están Mads Andenas, presidente-relator del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; Patricia Arias, presidenta-relator del Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos; Pablo de Greiff, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; y Ariel Dulitzky, presidente-relator del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias.-

Doce expertos de derechos humanos de las Naciones Unidas exhortaron al Gobierno y al Congreso de Colombia a que reconsideren la posible adopción del proyecto de ley que reestructura y expande el alcance de la jurisdicción de los tribunales militares.

Según expresaron los expertos independientes en una carta abierta hecha pública este lunes, de adoptarse "el proyecto de ley podría debilitar seriamente la independencia e imparcialidad del poder judicial".

Hace dos años, los expertos expresaron preocupaciones similares en relación a otro acto legislativo que reformaba el sistema de justicia militar, que fue posteriormente declarado inconstitucional por la Corte Constitucional.

"Esta reforma también representaría un grave retroceso en la prolongada lucha de Colombia contra la impunidad en casos de violaciones al derecho internacional humanitario y de los derechos humanos", agrega la carta.

El proyecto de reforma de la justicia militar permitiría que crímenes cometidos por uniformados (homicidio, delitos contra la protección de la información y de los datos, entre otros) contra la población civil sean juzgados por tribunales castrenses cuando, según los expertos, "deberían quedar bajo la jurisdicción de los tribunales penales ordinarios".

"Los crímenes que asciendan a violaciones graves de derechos humanos siempre deberían quedar bajo la jurisdicción de los tribunales ordinarios, incluso cuando los presuntos actos fueron cometidos por personal militar o policial", subrayaron los expertos de la ONU.

Según estos especialistas, esta extensión "podría exacerbar los problemas y las preocupaciones existentes en relación al acceso a la justicia, impunidad por violaciones de derechos humanos y respeto por las garantías de los acusados al debido proceso y a un juicio justo".

Pese a que el proyecto de ley excluye algunas violaciones de los derechos humanos de la jurisdicción de los tribunales militares, estas cortes conservarían en la práctica jurisdicción sobre una serie de delitos comunes que también podrían constituir violaciones de derechos humanos, recordaron.

"Por ejemplo, bajo el nuevo proyecto de ley, la justicia militar podría ejercer su jurisdicción sobre los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por personal militar o policial, porque las ejecuciones extrajudiciales están prohibidas por las disposiciones de derecho penal general sobre homicidios y no constituyen violaciones tipificadas en el derecho penal interno", señalaron.

Entre los doce firmantes, están Mads Andenas, presidente-relator del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; Patricia Arias, presidenta-relator del Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos; Pablo de Greiff, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; y Ariel Dulitzky, presidente-relator del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias.-