Oposición alerta por “reforma laboral y pensional disfrazada” en el Congreso
Senadores llamaron por la atención de un proyecto del uribismo para que personas menores de 30 años, sin contratación laboral previa, puedan desarrollar una formación por la que recibirían un apoyo de sostenimiento mensual no inferior a un salario mínimo.
En desarrollo de un foro realizado por congresistas de oposición, así como por organizaciones juveniles y sociales, se alertó por un proyecto de ley, de autoría del Centro Democrático, que –denunciaron– sería en realidad una “reforma laboral y pensional disfrazada”.
La iniciativa, de autoría de la senadora uribista Milla Romero, es el proyecto de Ley 099 de 2021, que busca crear el denominado contrato de aprendizaje extendido con el fin, se argumenta, de aumentar el empleo en la población joven.
En efecto, el proyecto busca que una persona menor de 30 años, que no haya tenido contratación laboral previa, y se haya graduado de bachiller, técnico, tecnólogo o profesional, desarrolle una formación práctica en una entidad para adquirir experiencia laboral y/o profesional, por un término que no podrá ser inferior a un año ni superior a dos años. Para ello, recibirá un apoyo de sostenimiento mensual, no inferior a un salario mínimo, que en ningún caso constituye salario.
“El desempleo juvenil del 30% es un problema mayúsculo en Colombia. Para ayudar a superar este flagelo los congresistas del Centro Democrático proponemos unas reformas al contrato de aprendizaje para que más personas puedan emplearse con mejor remuneración”, se explica en la iniciativa.
Ante ello, miembros de la Comisión Séptima del Senado alegaron que la figura de contrato de aprendizaje extendido “condena a los jóvenes recién graduados a una aguda precarización laboral”. Según los congresistas, se vulnera el mandato de trabajo decente de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), “pues se condena a los jóvenes recién graduados a que se les reconozca un auxilio (no salario) equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente, cuando la media de un profesional recién graduado es superior al millón de pesos”.
De acuerdo con el senador Wilson Arias, del Polo Democrático, con este proyecto el Centro Democrático “le está declarando una guerra a los jóvenes, pues no solo ha querido reprimirlos y criminalizarlos, también los obliga a tener empleos mal pagados, sin prestaciones y sin salario social. El uribismo ha condenado a la precariedad a los jóvenes del país”.
A su turno, la senadora Victoria Sandino, de Comunes, indicó que “el contrato de aprendizaje no otorga una remuneración económica salarial al aprendiz, sino una especie de compensación inferior al salario mínimo”. Para la congresista, extender esta modalidad a profesionales, técnicos o tecnólogos “solo es una medida para legalizar más la precarización laboral y no garantizar mejores condiciones que faciliten su tránsito del estudio al empleo”.
También participó Brandon Grijalba, coordinador nacional del Comité de Estudiantes y Egresados del SENA, quien señaló que la iniciativa “es una velada reforma laboral y pensional. Aunque se refiera al ‘aprendizaje’ busca precarizar el trabajo al no considerar un salario digno, sino un ‘apoyo de sostenimiento’, que además es inferior al salario mínimo y no concibe prestaciones sociales”.
Aleyda Murillo, presidenta del Sindicato del SENA (SINDESENA), insistió en que la iniciativa encarna una reforma laboral camuflada del uribismo. “Esta es una forma de marchitar Colpensiones, pues le impone un peso y una responsabilidad fiscal, que usarán dentro de unos años para liquidarla, justificados en la inviabilidad financiera”.
En desarrollo de un foro realizado por congresistas de oposición, así como por organizaciones juveniles y sociales, se alertó por un proyecto de ley, de autoría del Centro Democrático, que –denunciaron– sería en realidad una “reforma laboral y pensional disfrazada”.
La iniciativa, de autoría de la senadora uribista Milla Romero, es el proyecto de Ley 099 de 2021, que busca crear el denominado contrato de aprendizaje extendido con el fin, se argumenta, de aumentar el empleo en la población joven.
En efecto, el proyecto busca que una persona menor de 30 años, que no haya tenido contratación laboral previa, y se haya graduado de bachiller, técnico, tecnólogo o profesional, desarrolle una formación práctica en una entidad para adquirir experiencia laboral y/o profesional, por un término que no podrá ser inferior a un año ni superior a dos años. Para ello, recibirá un apoyo de sostenimiento mensual, no inferior a un salario mínimo, que en ningún caso constituye salario.
“El desempleo juvenil del 30% es un problema mayúsculo en Colombia. Para ayudar a superar este flagelo los congresistas del Centro Democrático proponemos unas reformas al contrato de aprendizaje para que más personas puedan emplearse con mejor remuneración”, se explica en la iniciativa.
Ante ello, miembros de la Comisión Séptima del Senado alegaron que la figura de contrato de aprendizaje extendido “condena a los jóvenes recién graduados a una aguda precarización laboral”. Según los congresistas, se vulnera el mandato de trabajo decente de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), “pues se condena a los jóvenes recién graduados a que se les reconozca un auxilio (no salario) equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente, cuando la media de un profesional recién graduado es superior al millón de pesos”.
De acuerdo con el senador Wilson Arias, del Polo Democrático, con este proyecto el Centro Democrático “le está declarando una guerra a los jóvenes, pues no solo ha querido reprimirlos y criminalizarlos, también los obliga a tener empleos mal pagados, sin prestaciones y sin salario social. El uribismo ha condenado a la precariedad a los jóvenes del país”.
A su turno, la senadora Victoria Sandino, de Comunes, indicó que “el contrato de aprendizaje no otorga una remuneración económica salarial al aprendiz, sino una especie de compensación inferior al salario mínimo”. Para la congresista, extender esta modalidad a profesionales, técnicos o tecnólogos “solo es una medida para legalizar más la precarización laboral y no garantizar mejores condiciones que faciliten su tránsito del estudio al empleo”.
También participó Brandon Grijalba, coordinador nacional del Comité de Estudiantes y Egresados del SENA, quien señaló que la iniciativa “es una velada reforma laboral y pensional. Aunque se refiera al ‘aprendizaje’ busca precarizar el trabajo al no considerar un salario digno, sino un ‘apoyo de sostenimiento’, que además es inferior al salario mínimo y no concibe prestaciones sociales”.
Aleyda Murillo, presidenta del Sindicato del SENA (SINDESENA), insistió en que la iniciativa encarna una reforma laboral camuflada del uribismo. “Esta es una forma de marchitar Colpensiones, pues le impone un peso y una responsabilidad fiscal, que usarán dentro de unos años para liquidarla, justificados en la inviabilidad financiera”.