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Este miércoles, después de seis días de radicar una proposición de moción de censura contra la ministra de Telecomunicaciones, Karen Abudinen, el representante León Fredy Muñoz, de la Alianza Verde, alerta que la proposición está en riesgo de embolatarse porque en la Mesa Directiva de la Cámara estaría dilatando la discusión para programar el debate de moción de censura.
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“Hablé con la presidenta de la Cámara para que agendara la moción de censura y ella dice que va a citar para lunes la Mesa Directiva y ahí van a analizar si es conveniente o no. Y luego de ahí se llevan 10 días y me dice que, para principios de septiembre, pero que hay dudas porque entra la reforma tributaria”, dijo el representante.
A lo que se refiere Muñoz, es que desde la Mesa Directiva se estaría alargando la discusión para poner fecha del debate para que este coincida con el trámite de la reforma tributaria, que tiene mensaje de urgencia por parte del presidente Iván Duque y, además, mayor interés de agendarse y priorizarse en la agenda.
A su juicio, esta acción lenta por parte de la Mesa Directiva lo que pretende es “hacer(le) conejo a un debate tan importante como es la pérdida de $70 mil millones en un contrato que da indicios de corrupción al interior del Ministerios”.
Por ese motivo, el representante verde llamó a la ciudadanía a insistir y presionar para que la corporación lleve a cabo dicho debate. Por ahora, en las comisiones sextas de Senado y Cámara hay fecha para adelantar un debate de control político a la ministra Abudinen, al considerarla la responsable política de adjudicar un contrato millonario y hacer un anticipo a una de las empresas licitantes que solo había adelantado un 1% del contrato.
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La ministra ha estado en el ojo del huracán por firmar un contrato con la Unión Temporal Centros Poblados para que se hagan instalaciones de internet a escuelas rurales del país. En diciembre de 2020se hizo la suscripción de dicho acuerdo y en febrero de este año se hizo un anticipo de $70.000 millones. Para abril el avance de los compromisos apenas era de un 1%.
Por incumplimiento con el contrato, se encontró, además, que la entidad bancaria que se suponía respaldaría una de las pólizas de la licitación, nunca expidió nada a nombre de Centros Poblados. Conocido esto, la ministra pidió la caducidad del contrato y le transfirió la responsabilidad a la unión temporal, obligada a pagar los $70.000 millones de anticipo.
Además de advertir esto, la oficina del representante Muñoz también ha cuestionado el por qué se le adjudicó dicho contrato a Centros Poblados cuando, según lo que ha encontrado, no cuenta con la suficiente experiencia que demanda el objeto del contrato.