Oposición demandaría controvertido artículo en ley anticorrupción
Congresistas de oposición, e incluso del mismo Gobierno, reclamaron por el artículo (de autoría de Cambio Radical) que restringiría la acción de la prensa ante funcionarios. Aunque el punto fue modificado, se mantuvo una parte de la iniciativa, por lo que parlamentarios acudirían a la Corte Constitucional.
No cesa la controversia por la ratificación de un polémico artículo que se coló en el proyecto de ley anticorrupción. Pese a que hubo proposiciones para hundirlo, finalmente la plenaria de la Cámara aprobó solo una modificación y no lo eliminó. Si bien antes de ser ley aún falta que el proyecto y ese punto sean conciliados tanto por el Senado como por la Cámara de Representantes –para que posteriormente la iniciativa sea sancionada por el presidente Iván Duque–, desde la oposición advirtieron que si en la conciliación no se quita ese punto acudirán a la Corte Constitucional para que ponga lupa al tema.
Lea también: Cámara aprueba artículo que restringiría la acción de la prensa ante funcionarios
Aunque inicialmente el controvertido artículo contemplaba penas de entre cinco y 10 años de cárcel y multas de hasta $1.359 millones contra quien profiriera injuria o calumnia contra funcionarios, e incluso, exfuncionarios públicos, ese punto del artículo fue eliminado. Sin embargo, lo que sí se mantuvo fue otro apartado que señala que, en caso de que quien profiera la injuria o calumnia sea representante legal o miembro de cualquier organización comunitaria, se suspenderá o cancelará la personería jurídica de esta.
El artículo fue incluido en el informe de ponencia para segundo debate en Cámara de Representantes, a cargo del representante César Lorduy, de Cambio Radical. Ante ello, organizaciones como Transparencia por Colombia, Dejusticia, la Asociación de Medios de Información (AMI), Asomedios o la FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa) advirtieron que la iniciativa supone amenazas para la libertad de expresión, así como para la libertad de prensa.
En contexto: ¿Acoso judicial? Proponen cárcel y multas por calumniar a funcionarios públicos
Precisamente, pese a la modificación, el director de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, alegó que se mantiene “la muerte de personas jurídicas”, lo que implica que “siguen poniendo en riesgo la libertad de expresión y de asociación”.
En medio de la controversia, la representante Juanita Goebertus (Alianza Verde) reclamó que si el artículo no es eliminado en la conciliación acudirán a la Corte Constitucional: “¡Muy grave! Negadas las proposiciones que buscaban eliminar el artículo de censura. Ojalá que en la conciliación logren sacar este mico. De lo contrario, nos veremos en la Corte Constitucional”, dijo.
El representante Mauricio Toro, también de los verdes, sostuvo que se trata de una ley anticorrupción que amenaza a los periodistas que se atreven a denunciar la corrupción: “Este Congreso y el Gobierno no dejan de defraudar a los ciudadanos”-
El también representante Juan Carlos Losada, del Partido Liberal, calificó el punto como un “orangután” e insistió en que se pretende intimidar a los periodistas y ciudadanos que denuncian la corrupción: “Presenté proposición para eliminar el orangután que César Lorduy y su clan político Char revanchista acaban de aprobar (…) Las mayorías del Congreso confirman que no les importa la libertad de prensa. Se aprobó un artículo que coarta e intimida a los periodistas y a la ciudadanía que pretendan investigar y denunciar la corrupción”.
A su turno, la senadora Angélica Lozano, también de los verdes, defendió que, mediante proposiciones, exigieron que se mantuviera en la iniciativa un capítulo de protección a informantes de corrupción. “Increíblemente en lugar de fortalecerlo lo sacaron. En Cámara fueron más allá y pasaron a criminalizar a los denunciantes. Inaceptable. ¿Proyecto Anticorrupción?”, reclamó.
Inclusive, el representante Gabriel Santos, del Centro Democrático, calificó la ratificación del artículo como un “suicidio” de la clase política, “que se rehúsa a entender la crisis de legitimidad que sigue promoviendo. Un Gobierno y un Congreso que siguen blindando a sus miembros del escrutinio público”, dijo.
La senadora Sandra Ramírez, de Comunes, alegó que el Congreso, en lugar de apoyar a los periodistas que destapan casos de corrupción, “hace leyes para censurarlos y prohibirles denunciar a quienes hacen fiesta con los recursos públicos. ¡Terrible! Polombia”. Adicionalmente, el exnegociador Humberto de la Calle declaró que se trata de una “medida desmesurada”, que cubre también a exfuncionarios y familiares. “Una casta. La falsa denuncia ya existe. Entonces el propósito es intimidar y obligar al silencio. Movilizarse contra ese adefesio”.
No cesa la controversia por la ratificación de un polémico artículo que se coló en el proyecto de ley anticorrupción. Pese a que hubo proposiciones para hundirlo, finalmente la plenaria de la Cámara aprobó solo una modificación y no lo eliminó. Si bien antes de ser ley aún falta que el proyecto y ese punto sean conciliados tanto por el Senado como por la Cámara de Representantes –para que posteriormente la iniciativa sea sancionada por el presidente Iván Duque–, desde la oposición advirtieron que si en la conciliación no se quita ese punto acudirán a la Corte Constitucional para que ponga lupa al tema.
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Aunque inicialmente el controvertido artículo contemplaba penas de entre cinco y 10 años de cárcel y multas de hasta $1.359 millones contra quien profiriera injuria o calumnia contra funcionarios, e incluso, exfuncionarios públicos, ese punto del artículo fue eliminado. Sin embargo, lo que sí se mantuvo fue otro apartado que señala que, en caso de que quien profiera la injuria o calumnia sea representante legal o miembro de cualquier organización comunitaria, se suspenderá o cancelará la personería jurídica de esta.
El artículo fue incluido en el informe de ponencia para segundo debate en Cámara de Representantes, a cargo del representante César Lorduy, de Cambio Radical. Ante ello, organizaciones como Transparencia por Colombia, Dejusticia, la Asociación de Medios de Información (AMI), Asomedios o la FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa) advirtieron que la iniciativa supone amenazas para la libertad de expresión, así como para la libertad de prensa.
En contexto: ¿Acoso judicial? Proponen cárcel y multas por calumniar a funcionarios públicos
Precisamente, pese a la modificación, el director de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, alegó que se mantiene “la muerte de personas jurídicas”, lo que implica que “siguen poniendo en riesgo la libertad de expresión y de asociación”.
En medio de la controversia, la representante Juanita Goebertus (Alianza Verde) reclamó que si el artículo no es eliminado en la conciliación acudirán a la Corte Constitucional: “¡Muy grave! Negadas las proposiciones que buscaban eliminar el artículo de censura. Ojalá que en la conciliación logren sacar este mico. De lo contrario, nos veremos en la Corte Constitucional”, dijo.
El representante Mauricio Toro, también de los verdes, sostuvo que se trata de una ley anticorrupción que amenaza a los periodistas que se atreven a denunciar la corrupción: “Este Congreso y el Gobierno no dejan de defraudar a los ciudadanos”-
El también representante Juan Carlos Losada, del Partido Liberal, calificó el punto como un “orangután” e insistió en que se pretende intimidar a los periodistas y ciudadanos que denuncian la corrupción: “Presenté proposición para eliminar el orangután que César Lorduy y su clan político Char revanchista acaban de aprobar (…) Las mayorías del Congreso confirman que no les importa la libertad de prensa. Se aprobó un artículo que coarta e intimida a los periodistas y a la ciudadanía que pretendan investigar y denunciar la corrupción”.
A su turno, la senadora Angélica Lozano, también de los verdes, defendió que, mediante proposiciones, exigieron que se mantuviera en la iniciativa un capítulo de protección a informantes de corrupción. “Increíblemente en lugar de fortalecerlo lo sacaron. En Cámara fueron más allá y pasaron a criminalizar a los denunciantes. Inaceptable. ¿Proyecto Anticorrupción?”, reclamó.
Inclusive, el representante Gabriel Santos, del Centro Democrático, calificó la ratificación del artículo como un “suicidio” de la clase política, “que se rehúsa a entender la crisis de legitimidad que sigue promoviendo. Un Gobierno y un Congreso que siguen blindando a sus miembros del escrutinio público”, dijo.
La senadora Sandra Ramírez, de Comunes, alegó que el Congreso, en lugar de apoyar a los periodistas que destapan casos de corrupción, “hace leyes para censurarlos y prohibirles denunciar a quienes hacen fiesta con los recursos públicos. ¡Terrible! Polombia”. Adicionalmente, el exnegociador Humberto de la Calle declaró que se trata de una “medida desmesurada”, que cubre también a exfuncionarios y familiares. “Una casta. La falsa denuncia ya existe. Entonces el propósito es intimidar y obligar al silencio. Movilizarse contra ese adefesio”.