Oposición denuncia que un ‘articulito’ en la ley de orden público desnaturalizaría el Acuerdo de Paz

La representante de la  Alianza Verde, Juanita Goebertus -quien además fue una de las artífices del acuerdo de justicia en La Habana- denunció que una propuesta del Centro Democrático pone en grave riesgo el Acuerdo de Paz. Se trata de un articulo incluido en la ley de orden público que permitiría que el Gobierno, por decisión unilateral, solicite la reactivación de las órdenes de captura que fueron suspendidas en razón de esta misma norma.

Nuevo delegado de la ONU en la misión de paz en Colombia

El artífice de la iniciativa fue el representante Álvaro Hernán Prada, quien propuso una adición a la ley 418, según la cual el gobierno, argumentando razones de seguridad nacional o interés público puede reactivar las órdenes de captura suspendidas mediante este mismo mecanismo; pero además, señala expresamente que la justicia ordinaria podrá solicitar la recaptura de los miembros de las Farc que no se hayan presentado ante la Jurisdicción Especial de Paz en un plazo máximo de 30 días.

La propuesta fue presentada en la sesión de este martes en la plenaria de la Cámara de Representantes en altas horas de la noche y aprobada con 119 votos a favor y 20 en contra. “Hoy realmente fue un día triste. No hubo ninguna garantía en la discusión de la ley de orden público, que es la que permite abrir un proceso de negociación, por ejemplo, con el Eln. Por supuesto que estamos de acuerdo con su prórroga, pero le hicieron una serie de modificaciones muy graves. El representante y coordinador ponente, Álvaro Hernán Prada, introduce nuevos artículos y modificaciones que no habían sido discutidos en las comisiones primeras”, denunció en la noche del martes la representante Goebertus.

La congresista de la Alianza Verde tradujo el alcance de la propuesta de la siguiente manera:  “Eso significa que el presidente de la Republica, sin dar mayores explicaciones, puede reactivar las órdenes de captura contra los excombatientes de las Farc sin importar que estén cumpliendo con el Acuerdo de Paz y brincándose las competencias de la Jurisdicción Especial para la Paz. Los artículos adicionales que se querían meter son de toda suerte de temas: desmovilización de bandas criminales, presunción de legalidad en el uso de la fuerza por parte de la Fuerzas Pública; una priorización en la Fiscalía de delitos cmetidos por las Fuerzas Armadas, en fin. Temas que son discutibles pero que los querían pasar a pupitrazo y subrepticiamente”.

La oposición se retiró del recinto argumentando falta de garantías y el quórum se deshizo. Por lo que la presidencia de la Cámara tuvo que levantar la sesión y convocar para este miércoles a las 11 de la mañana. Los congresistas afectos al Acuerdo de Paz están solicitando la reapertura de la discusión, pues, para ellos no cabe duda de que, de aprobarse esta modificación, se produciría una fuerte desbandada del Acuerdo de Paz, pues los excombatientes verían afectada su seguridad jurídica al quedar en manos del ánimo del presidente de la República y la Fiscalía General de la Nación.

Petición del presidente Duque a la JEP

Así lo dijo el representante de La FARC, Luis Alberto Alban, antes conocido como Marcos Calarcá. “Eso genera una inseguridad jurídica muy grande para los excombatientes y ataca el corazón del acuerdo, que es el sistema de Verdad, Justicia y Reparación. El sistema tiene los mecanismos para enfrentar los incumplimientos, tal vez no sean los que sueña el Centro Democrático: que son meternos a la cárcel a todos, pero sí prevé sanciones y pérdida de beneficios para quienes los incumplan".

Por su parte, el representante Samuel Hoyos, del Centro Democrático, defendió la propuesta de su partido y aseguró que la intención de dicho artículo es otra. “Lo que pretendemos es devolverle al presidente y al Estado la capacitad de obligar a que cumplan lo firmado. No es para hacer trizas los acuerdos, ni es contra quienes están cumpliendo sino justo contra los que no lo están haciendo. Es para casos como los de alias el Paisa o Iván Márquez que no se presentan ante la JEP. Es una medida para el que está incumpliendo. Lo que le hace daño a la paz no es que el Estado pueda perseguir a estos delincuentes, sino que no se presenten ante la JEP a aportar con la verdad, la justicia y la reparación”, explicó Hoyos en la W Radio.

Timochenko le pide a El Paisa que se presente a la JEP

A la situación también reaccionó el entonces jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, quien aseguró que esto acabaría con los acordado en Cuba, por lo que pidió al Partido Liberal insistir en la reaperura de la discusión. "Increíble! Las facultades al Presidente para ordenar capturas por seguridad y orden público las eliminamos en 1991. Ayer las revivió la Cámara. Quizás fue un descuido. Partido Liberal. Reabrir la discusión!#NoEnredenLaPaz", escribió el exvicepresidente.

La representante de la  Alianza Verde, Juanita Goebertus -quien además fue una de las artífices del acuerdo de justicia en La Habana- denunció que una propuesta del Centro Democrático pone en grave riesgo el Acuerdo de Paz. Se trata de un articulo incluido en la ley de orden público que permitiría que el Gobierno, por decisión unilateral, solicite la reactivación de las órdenes de captura que fueron suspendidas en razón de esta misma norma.

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El artífice de la iniciativa fue el representante Álvaro Hernán Prada, quien propuso una adición a la ley 418, según la cual el gobierno, argumentando razones de seguridad nacional o interés público puede reactivar las órdenes de captura suspendidas mediante este mismo mecanismo; pero además, señala expresamente que la justicia ordinaria podrá solicitar la recaptura de los miembros de las Farc que no se hayan presentado ante la Jurisdicción Especial de Paz en un plazo máximo de 30 días.

La propuesta fue presentada en la sesión de este martes en la plenaria de la Cámara de Representantes en altas horas de la noche y aprobada con 119 votos a favor y 20 en contra. “Hoy realmente fue un día triste. No hubo ninguna garantía en la discusión de la ley de orden público, que es la que permite abrir un proceso de negociación, por ejemplo, con el Eln. Por supuesto que estamos de acuerdo con su prórroga, pero le hicieron una serie de modificaciones muy graves. El representante y coordinador ponente, Álvaro Hernán Prada, introduce nuevos artículos y modificaciones que no habían sido discutidos en las comisiones primeras”, denunció en la noche del martes la representante Goebertus.

La congresista de la Alianza Verde tradujo el alcance de la propuesta de la siguiente manera:  “Eso significa que el presidente de la Republica, sin dar mayores explicaciones, puede reactivar las órdenes de captura contra los excombatientes de las Farc sin importar que estén cumpliendo con el Acuerdo de Paz y brincándose las competencias de la Jurisdicción Especial para la Paz. Los artículos adicionales que se querían meter son de toda suerte de temas: desmovilización de bandas criminales, presunción de legalidad en el uso de la fuerza por parte de la Fuerzas Pública; una priorización en la Fiscalía de delitos cmetidos por las Fuerzas Armadas, en fin. Temas que son discutibles pero que los querían pasar a pupitrazo y subrepticiamente”.

La oposición se retiró del recinto argumentando falta de garantías y el quórum se deshizo. Por lo que la presidencia de la Cámara tuvo que levantar la sesión y convocar para este miércoles a las 11 de la mañana. Los congresistas afectos al Acuerdo de Paz están solicitando la reapertura de la discusión, pues, para ellos no cabe duda de que, de aprobarse esta modificación, se produciría una fuerte desbandada del Acuerdo de Paz, pues los excombatientes verían afectada su seguridad jurídica al quedar en manos del ánimo del presidente de la República y la Fiscalía General de la Nación.

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Así lo dijo el representante de La FARC, Luis Alberto Alban, antes conocido como Marcos Calarcá. “Eso genera una inseguridad jurídica muy grande para los excombatientes y ataca el corazón del acuerdo, que es el sistema de Verdad, Justicia y Reparación. El sistema tiene los mecanismos para enfrentar los incumplimientos, tal vez no sean los que sueña el Centro Democrático: que son meternos a la cárcel a todos, pero sí prevé sanciones y pérdida de beneficios para quienes los incumplan".

Por su parte, el representante Samuel Hoyos, del Centro Democrático, defendió la propuesta de su partido y aseguró que la intención de dicho artículo es otra. “Lo que pretendemos es devolverle al presidente y al Estado la capacitad de obligar a que cumplan lo firmado. No es para hacer trizas los acuerdos, ni es contra quienes están cumpliendo sino justo contra los que no lo están haciendo. Es para casos como los de alias el Paisa o Iván Márquez que no se presentan ante la JEP. Es una medida para el que está incumpliendo. Lo que le hace daño a la paz no es que el Estado pueda perseguir a estos delincuentes, sino que no se presenten ante la JEP a aportar con la verdad, la justicia y la reparación”, explicó Hoyos en la W Radio.

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A la situación también reaccionó el entonces jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, quien aseguró que esto acabaría con los acordado en Cuba, por lo que pidió al Partido Liberal insistir en la reaperura de la discusión. "Increíble! Las facultades al Presidente para ordenar capturas por seguridad y orden público las eliminamos en 1991. Ayer las revivió la Cámara. Quizás fue un descuido. Partido Liberal. Reabrir la discusión!#NoEnredenLaPaz", escribió el exvicepresidente.