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Desde hace más de dos semanas, la oposición política en el Senado propuso, con el liderazgo del senador Jorge Enrique Robledo, una moción de censura en contra del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, al considerar que el funcionario le mintió al Congreso y al país al informar sobre la presencia de militares estadounidenses en Colombia.
“Una persona con esas debilidades legales tan graves y con esas debilidades éticas no puede ser ministro en Colombia, y menos ministro de Defensa, que se supone que deben hacerle honor a palabras como dignidad, honorabilidad, veracidad, respeto a la separación de poderes”, señaló Robledo horas antes de radicar la proposición ante la mesa directiva de Senado.
Sin embargo, hasta el momento la fecha para esa discusión no se ha definido y es la razón por la que, en una nueva carta, 12 senadores le insistieron, a maneja de exigencia, Arturo Char, presidente del Senado, que determine un día y una hora para que se desarrolle la moción de censura contra el ministro Trujillo.
“Usted entenderá, señor presidente, que la exagerada demora para realizar este debate de moción de censura equivale a negarnos nuestro derecho de senadores o a no poder ejercerlo como debe ser, en tanto favorece a un ministro que le hace daño a la institucionalidad del país”, indicaron los congresistas.
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En ese sentido, le pidieron hacerlo esta misma semana, así el debate se deba realizar de manera no presencial y a través de los canales digitales que se han utilizado durante toda la pandemia para que el Congreso pueda sesionar.
Para intentar remover a Trujillo del cargo, están previsto dos mociones de censura más. Una solicitada por el senador Roy Barreras, del Partido de la U, que tiene que ver con la ola de violencia presentada en el país durante los últimos meses, que se cuenta en masacres.
Otra más reciente fue radicada en la Cámara de Representante y está motivada porque, a juicio de los congresistas que la propusieron, el ministro de Defensa incumplió la orden de la Corte Suprema de Justicia de pedir perdón por las actuaciones del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional en las manifestaciones de noviembre de 2019.
“La situación, lejos de generar un propósito de enmienda y corrección por parte del Gobierno y la cartera de defensa, ha generado una actitud negacionista del problema que insiste en respaldar de manera solapada el accionar de la Fuerza Pública, profiriendo afirmaciones indefinidas respecto del cabal cumplimiento de normas y protocolos que se suponen representan una garantía de respeto a los derechos humanos de la ciudadanía”, señala la proposición.