Oposición aprovecha últimos días del Congreso para frenar agenda progresista

La oposición ha decidido responder al afán reformista del Gobierno en esta última semana del Congreso con una estrategia que ralentiza los principales proyectos. No se trata de movidas irregulares, sino que echan mano de jugadas para frenar el ímpetu del Ejecutivo.

La oposición ha decidido responder al afán reformista del Gobierno en esta última semana del Congreso con una estrategia que ralentiza los principales proyectos. No se trata de movidas irregulares, sino que echan mano de jugadas para frenar el ímpetu del Ejecutivo.

Entre esas estrategias, como se ha evidenciado en los últimos días, está ejercer el derecho a definir el orden del día en tres plenarias de la legislatura, desarmar el quórum, e, incluso, anunciar futuras acciones jurídicas si se aprueban proyectos.

Distintas voces de la oposición dicen que se trata de una respuesta ante la reticencia del Ejecutivo de negociar en algunas de sus iniciativas claves, en contraste con otros proyectos como el de la jurisdicción agraria que contó con una ponencia conciliada y ya fue aprobada en las comisiones primeras conjuntas. Además, y como constató este medio, porque hay cierta incomodidad al sentir que, durante este semestre, la prioridad se ha enfocado, precisamente, en las propuestas que mueve el ejecutivo y no tanto en las que son de origen Legislativo.

Esas movidas las están desplegando, justamente, después de que el Gobierno Nacional cosechara algunos triunfos como la elección de Miguel Polo Rosero magistrado de la Corte Constitucional, la aprobación de la reforma al Sistema General de Participaciones e, incluso, la elección de Gregorio Eljach como procurador, porque así no fuera un candidato de las entrañas del petrismo, contó con el visto bueno de la Casa de Nariño.

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Fue ese uno de los argumentos que dio el senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical) al explicar por qué su partido, declarado opositor, solicitó que fuera el que organizara el orden del día. Sin embargo, esa decisión sacó de los proyectos a discutir en la plenaria de este miércoles la reforma política. Y no se trata de un hecho menor. Esa propuesta, que fue radicada por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, debe ser aprobada en cuatro de sus ocho debates antes de que se acabe esta legislatura, el próximo lunes 16 de diciembre. Y como se trata de una reforma constitucional, no se puede discutir en extras.

“El Congreso no puede estar supeditado a los proyectos de interés del Gobierno. Y aunque ha disminuido, el ritmo lo pone él, como pasó con el Sistema General de Participaciones (SGP) y el proyecto de ley de la jurisdicción agraria”, dijo.

En ese sentido, agregó que “nos quedamos, precisamente, con estas sesiones de la oposición para debatir nuestras iniciativas. Si no, muchos proyectos no podrían tramitarse, porque muchos partidos de Gobierno cuando toca discutir temas de nosotros, levantan la sesión”.

Al preguntársele si la decisión de solicitar organizar el orden del día fue una estrategia para demorar las conversaciones sobre esa reforma, Motoa recuerda que, aunque su partido ya está en contra del proyecto por, entre otras, avalar el transfuguismo, el orden del día respondió a la “necesidad de votar nuestros proyectos”. Y, con un tono de ironía, añade: “y para la reforma tienen mañana, el viernes, el sábado, el domingo y hasta el lunes”.

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Esas estrategias ya empiezan a ver resultados. La conservadora Nadia Blel, opositora y presidenta de la Comisión Séptima del Senado, dijo que la reforma laboral no se discutirá sino hasta 2025, porque aún no se ha radicado ponencia para su tercer debate.

Pero si en el Senado llueve, en la Cámara no escampa. Aunque en el actual Gobierno esa corporación ha sido señalada de ser un piso más fácil para que se aprueben las iniciativas, pareciera que la gasolina se está acabando.

Así lo admite el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, quien es del bloque oficialista de la Alianza Verde. “El ambiente no es el mejor”, dice. Y, aunque no niega que hay “cierto desgaste”, de todas maneras también defiende que el Ejecutivo ha mostrado capacidad de “concertar en los tiempos en que la plenaria no sesiona. En la medida en que el gobierno construya consensos con las bancadas el trámite puede fluir”.

Sin embargo, ese talante de negociación atraviesa su principal prueba de fuego. Este miércoles, las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara, las terceras y cuartas de cada corporación, comenzaron la discusión de la ley de financiamiento. Se trata de un proyecto con el que el Gobierno quiere ajustar las cuentas de su presupuesto de 2025. En un primer momento, esperaba recaudar unos 12 billones de pesos, pero, tras las reuniones con los ponentes, aceptó que se votara por un monto de 9,8 billones de pesos.

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No obstante, ni aceptar reducir sus aspiraciones en más de 2 billones de pesos ni la salida de Ricardo Bonilla del Ministerio de Hacienda han volteado las cuentas a favor del Gobierno. Hasta el momento, cuatro partidos anunciaron que no apoyarán la ponencia del Ejecutivo: Liberal (12 votos en Cámara y 6 en Senado), Conservador (4 votos en Cámara y 5 en Senado), Cambio Radical (8 votos en Cámara y 4 en Senado) y Centro Democrático (6 votos en Cámara y 3 en Senado). Los dos últimos son opositores.

En el primer debate, que empezó este miércoles, se presentaron dos ponencias de archivo para votarse antes que la positiva. Sin embargo, según se decía en los pasillos del Capitolio, la decisión era no apoyar ninguna de las tres.

Pero no es una estrategia absolutamente coordinada y lo que se rumora no siempre es lo que se vota. Aunque se hundió la ley de financiamiento, en la discusión se armó polémica, porque, luego de que se aprobara el archivo por las cuatro comisiones, el senador Efraín Cepeda (Conservador) pidió que se reabriera la discusión, porque por “una confusión” votó en contra, pese a los choques que ha tenido en repetidas ocasiones con el presidente Gustavo Petro por cuenta del presupuesto. Al final, optó dejó la constancia, porque se debía votar, de nuevo, en todas las comisiones.

Varios congresistas, que prefieren no ser citados, explicaron que ya están pensando en la campaña del 26, que empezará, oficialmente, en marzo del próximo año. Y ven que un apoyo a una iniciativa gobiernista podría no traer réditos electorales. Esa postura de distintos senadores y representantes también entra en las estrategias de la oposición. “Trataremos de hacer esos cálculos para sumar votos a la consistencia con la que hemos votado”, dice un parlamentario uribista.

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Lo anterior también se ha visto en las dificultades para que se discuta la reforma a la salud. En las últimas semanas, trascendió una ruptura en la mesa directiva de la Cámara compuesta por Salamanca, Jorge Tovar (curules de paz) y Lina Garrido (Cambio Radical). Mientras que el presidente insistía en su programación, los dos vicepresidentes pedían que se esperara al inicio de la próxima legislatura en febrero.

Al final, se logró agendar y empezó su discusión, en segundo debate, el lunes de esta semana. Pero fue un triunfo efímero. La sesión de la plenaria de ese día tuvo que levantarse por falta de quórum, que es, justamente, otra de las estrategias opositoras para frenar las discusiones.

“Nosotros hacemos quórum y nos quedamos, cuando sabemos que está conformado independiente de nosotros, es decir, si con o sin nosotros avanza, nos quedamos haciendo la discusión. Pero lo que está probado es que cuando la sostenibilidad de la plenaria depende de nosotros, pues acudimos a ese instrumento”, explica el representante Hernán Cadavid (Centro Democrático).

Y, en todo caso, si ni los cálculos ni desarmar el quórum funcionan, ya empiezan a planear su hoja de ruta. El proyecto de la reforma a la salud tiene un vicio de trámite, porque no contaría con el aval fiscal del Gobierno.

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A juicio de Cadavid, que eso sea así, significa que se tiene que hundir. Y, poniendo como ejemplo el trofeo de la oposición en 2024, recuerda que fue, precisamente, por una demanda del Centro Democrático por ese mismo vicio de trámite que la Corte Constitucional tumbó el Ministerio de la Igualdad.

Así las cosas, ad portas de llegar al cierre del periodo legislativo, el Gobierno cada vez empieza a tener números más ajustados. Además del impacto en los proyectos que hoy se discuten, sería la muestra de lo que ocurriría el próximo año cuando los congresistas empiecen sus campañas.

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