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Siguen las críticas de congresistas de oposición e independientes a la agenda económica del gobierno de Gustavo Petro en el Congreso, protagonizada por la ley de financiamiento y el presupuesto del 2025, entre otras iniciativas. La próxima semana el Ejecutivo tendrá que afianzar sus apuestas, pues es de resaltar que antes del 11 de septiembre el país ya debería conocer el documento final del presupuesto general para el próximo año.
Sin embargo, los críticos de la administración insisten en que la cifra de $523 billones propuesta por el Ministerio de Hacienda no puede ser aprobada, ya que depende de una suerte de reforma tributaria de $12 billones que afectaría a los ciudadanos de a pie, por lo cual ya anunciaron que no la respaldarán en ninguna de las etapas de su trámite.
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“El ministro Ricardo Bonilla confirma: otra reforma tributaria antes del 11 de septiembre. En el Senado, me opondré con vehemencia a este golpe al bolsillo de los colombianos. Los colombianos no aguantan más impuestos. ¿Para qué más plata si no la ejecutan y tras del hecho se la roban? El “Estado eficiente” fue pura retórica”, dijo el senador David Luna, de Cambio Radical.
Otro de los que se oponen con vehemencia a nuevos gravámenes es el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, quien en entrevista con El Espectador confirmó que ya tiene una proposición para impedir que el presupuesto para el 2025 sea discutido con los $12 billones de más que dependen de la ley de financiamiento.
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“Nos preocupa una incongruencia de 12 billones entre ingresos y gastos, por lo que es necesario analizarlo con minuciosidad, pues se estaría presentando una vulneración de los principios de sostenibilidad fiscal, planificación y coherencia macroeconómica. Si necesitamos revisarlo y reestructurarlo, lo haremos, pero pensando en proyectos separados: uno es el Presupuesto, y otro, la Ley de Financiamiento”, aseguró Cepeda la semana pasada.
Por ahora, se sabe que el Gobierno ya tiene listo un borrador de dicho proyecto y que espera, la semana entrante, poder revisarlo junto a algunos integrantes de las comisiones económicas del Congreso. Entre las posibles medidas de lo que sería una nueva reforma tributaria estarían la reducción progresiva del impuesto de renta para las empresas, cuya tarifa hoy se encuentra en 35 % y nuevos gravámenes sobre las rentas no laborales.
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