Oposición pide espacio para hablar con la CIDH por supuesta persecución política

Este martes comenzó la discusión conjunta por las Comisiones Primera del Congreso del proyecto que busca reformar el Código Disciplinario y otorgarle mayores poderes a la Procuraduría. Este debate inició con amplia controversia debido a que se reveló que varios miembros de la oposición tuvieron que declararse impedidos puesto que la Procuraduría acababa de iniciar procesos en su contra por acciones que realizaron en el marco del paro nacional.

Por eso, este miércoles, varios senadores y representantes opuestos al gobierno de Iván Duque enviaron una carta en la que pidieron un espacio de diálogo con la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visitará al país en los próximos días. La razón de esta petición sería exponer los últimos hechos puesto que, a consideración de la oposición, se estaría “abriendo una puerta a una persecución política sin precedentes en Colombia”.

En la misma carta, los firmantes rechazaron las investigaciones que abrió la Procuraduría en contra de la representante María José Pizarro y los senadores Alexander López y Wilson Arias por acciones que llevaron a cabo durante el paro. También desaprobaron las quejas presentadas en contra de los representantes Inti Asprilla y Ángela María Robledo por acciones parecidas.

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“Los integrantes de la oposición rechazan las acciones que ha emprendido el Ministerio Público en contra de quienes han estado acompañando a la ciudadanía en las exigencias al Gobierno Nacional y haciendo las denuncias respectivas sobre los hechos de violación de Derechos Humanos”, reza la carta firmada por 35 congresistas de la oposición.

En el mismo texto, los senadores y representantes expresaron preocupación por “el mal uso que se está haciendo del sistema disciplinario”, puesto que estarían presentando quejas en contra de los congresistas contrarios al gobierno por su acción “en defensa de los derechos y la protección a la vida, integridad y seguridad de jóvenes, mujeres, y en general de la ciudadanía que se han visto amenazados por el actuar incorrecto y el abuso de la fuerza por parte de miembros de la fuerza pública”.

Ante esta situación, pidieron que se les respeten las garantías procesales en el ente de control encabezado por Margarita Cabello, que fue una de las firmantes del inicio de los procesos en contra de algunos de los congresistas mencionados anteriormente. Debido a la cercanía de la procuradora con el presidente Iván Duque, de la que fue ministra de Justicia, la oposición pidió que Cabello se declare impedida para “conocer y tramitar las quejas disciplinarias en contra de los contrarios a la actual administración.

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En un mismo sentido, los firmantes advirtieron que estas acciones estarían sirviendo para “silenciar a la oposición”, debido a que al ser procesados de forma disciplinaria por la Procuraduría han tenido que declararse impedidos para conocer el proyecto que actualmente cursa en el Congreso y que busca ampliar las facultades de la Procuraduría y reformar el código disciplinario.

“Las investigaciones notificadas por la Procuraduría en el marco de la normatividad vigente que pretende ser modificada por medio del proyecto de ley presentado por la Procuradora General, generan hoy un impedimento para los congresistas investigados, quienes en su mayoría pertenecen a las Comisiones Primeras del Congreso de la República, para participar en la discusión y votación de este proyecto de ley”, afirmaron los firmantes, varios de ellos afectados por el inicio de procesos disciplinarios.

Los senadores y representantes también aprovecharon la carta para criticar que la Procuraduría esté llevando a cabo “actuaciones de amedrentamiento” al enviar comunicaciones en contra de mandatarios locales que han expresado molestias frente al decreto de asistencia militar. Los autores de la misiva reafirmaron su posición de que este decreto es inconstitucional debido a que ordena a los mandatarios locales levantar los bloqueos por la fuerza, sin privilegiar el diálogo.

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Los firmantes revelaron que el comandante del Ejército, general Eduardo Enrique Zapateiro -, habría enviado una carta a la representante Ángela María Robledo en la que “buscan silenciar las denuncias que la oposición ha venido realizando sobre abuso policial en el paro nacional”. Por último, también criticaron las denuncias presentadas ante la Corte Suprema en contra de Gustavo Bolívar, Antonio Sanguino y María José Pizarro.

Este martes comenzó la discusión conjunta por las Comisiones Primera del Congreso del proyecto que busca reformar el Código Disciplinario y otorgarle mayores poderes a la Procuraduría. Este debate inició con amplia controversia debido a que se reveló que varios miembros de la oposición tuvieron que declararse impedidos puesto que la Procuraduría acababa de iniciar procesos en su contra por acciones que realizaron en el marco del paro nacional.

Por eso, este miércoles, varios senadores y representantes opuestos al gobierno de Iván Duque enviaron una carta en la que pidieron un espacio de diálogo con la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visitará al país en los próximos días. La razón de esta petición sería exponer los últimos hechos puesto que, a consideración de la oposición, se estaría “abriendo una puerta a una persecución política sin precedentes en Colombia”.

En la misma carta, los firmantes rechazaron las investigaciones que abrió la Procuraduría en contra de la representante María José Pizarro y los senadores Alexander López y Wilson Arias por acciones que llevaron a cabo durante el paro. También desaprobaron las quejas presentadas en contra de los representantes Inti Asprilla y Ángela María Robledo por acciones parecidas.

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“Los integrantes de la oposición rechazan las acciones que ha emprendido el Ministerio Público en contra de quienes han estado acompañando a la ciudadanía en las exigencias al Gobierno Nacional y haciendo las denuncias respectivas sobre los hechos de violación de Derechos Humanos”, reza la carta firmada por 35 congresistas de la oposición.

En el mismo texto, los senadores y representantes expresaron preocupación por “el mal uso que se está haciendo del sistema disciplinario”, puesto que estarían presentando quejas en contra de los congresistas contrarios al gobierno por su acción “en defensa de los derechos y la protección a la vida, integridad y seguridad de jóvenes, mujeres, y en general de la ciudadanía que se han visto amenazados por el actuar incorrecto y el abuso de la fuerza por parte de miembros de la fuerza pública”.

Ante esta situación, pidieron que se les respeten las garantías procesales en el ente de control encabezado por Margarita Cabello, que fue una de las firmantes del inicio de los procesos en contra de algunos de los congresistas mencionados anteriormente. Debido a la cercanía de la procuradora con el presidente Iván Duque, de la que fue ministra de Justicia, la oposición pidió que Cabello se declare impedida para “conocer y tramitar las quejas disciplinarias en contra de los contrarios a la actual administración.

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En un mismo sentido, los firmantes advirtieron que estas acciones estarían sirviendo para “silenciar a la oposición”, debido a que al ser procesados de forma disciplinaria por la Procuraduría han tenido que declararse impedidos para conocer el proyecto que actualmente cursa en el Congreso y que busca ampliar las facultades de la Procuraduría y reformar el código disciplinario.

“Las investigaciones notificadas por la Procuraduría en el marco de la normatividad vigente que pretende ser modificada por medio del proyecto de ley presentado por la Procuradora General, generan hoy un impedimento para los congresistas investigados, quienes en su mayoría pertenecen a las Comisiones Primeras del Congreso de la República, para participar en la discusión y votación de este proyecto de ley”, afirmaron los firmantes, varios de ellos afectados por el inicio de procesos disciplinarios.

Los senadores y representantes también aprovecharon la carta para criticar que la Procuraduría esté llevando a cabo “actuaciones de amedrentamiento” al enviar comunicaciones en contra de mandatarios locales que han expresado molestias frente al decreto de asistencia militar. Los autores de la misiva reafirmaron su posición de que este decreto es inconstitucional debido a que ordena a los mandatarios locales levantar los bloqueos por la fuerza, sin privilegiar el diálogo.

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Los firmantes revelaron que el comandante del Ejército, general Eduardo Enrique Zapateiro -, habría enviado una carta a la representante Ángela María Robledo en la que “buscan silenciar las denuncias que la oposición ha venido realizando sobre abuso policial en el paro nacional”. Por último, también criticaron las denuncias presentadas ante la Corte Suprema en contra de Gustavo Bolívar, Antonio Sanguino y María José Pizarro.