Otro fallo contra el "Clan Castaño"

La historia del paramilitarismo en el país, y en Córdoba en especial, se inició en las tristemente célebre Hacienda Las Pavas. Fue allí donde los hermanos Castaño Gil, en la década de los 80, estructuraron los primeros grupos paramilitares que el país conoció. Fue así como estas estructuras armadas se dieron a conocer con el nombre de los tangueros, haciendo referencia a la finca en poder del llamado "Clan Castaño". Hoy, un juez especializado de Córdoba, ordenó la devolución de 164 hectáreas que hacían parte de la hacienda a 22 familias campesinas que tuvieron que abandonar el predio por la presión de los grupos paramilitares. La demanda de restitución había sido interpuesta en abril de este año y hoy fue finalmente fallada en favor de las víctimas.

La historia de este predio, ubicado en zona rural de Valencia (Córdoba) y a orillas del Río Sinú, se remonta a principios de los ochenta. Según declaraciones de varios paramilitares entregadas a la Fiscalía y recogidas por el portal Verdad Abierta, los primeros propietarios de esta tierra fueron campesinos antioqueños. Fidel Castaño, hermano mayor de Carlos, se enamoró de la finca e insistió hasta que le fue vendida. La transacción se realizó el 4 de abril de 1983 en la notaria 15 de Medellín. La promesa de compraventa se pactó por $300 millones, que se pagarían el 50% ese mismo día y el resto en tres cuotas de $50 millones, que nunca se pagaron.

Uno de los vendedores del predio le contó a investigadores de la Fiscalía que cuando ellos quisieron cobrar el dinero faltante empezaron las amenazas. "Nos decían que nos iban a matar o que iban a secuestrar a nuestro único hijo", explicó. Y así fue, el 14 de octubre de 1983 el hijo menor de la familia fue raptado por hombres armados. Cuentan las víctimas que les exigieron $200 millones para liberar al joven. Un año después lo soltaron en Magangué (Bolívar). Y la cosa no paró allí. Años después el padre de la familia fue asesinado. Pero a pesar de esta historia, las denuncias correspondientes nunca fueron interpuestas por temor a represalias.

Desde entonces, los Castaño fueron dueños y señores de Las Tangas y otros predios en la misma zona. El plan era utilizar esta hacienda como cuartel general de los primeros bloques paramilitares. Extender su control por Córdoba, Antioquia y Chocó para luego desplegarse por todo el territorio nacional. Fue desde Las Tangas de donde salieron los hombres que perpetraron las masacres de Currulao, Buenavista, Córdoba, Punta Coquitos, Turbo, Canalete, Córdoba y Pueblo Bello, tal y como detalla Verdad Abierta. La Fiscalía también determinó que en el mismo predio se realizaron fosas comunes. En abril de 1990 se exhumaron 24 cuerpos, cuatro de ellos correspondían a campesinos asesinados en la masacre de Pueblo Bello, ocurrida 1989.

En la década de los 90, esta Finca, al igual que la Hacienda Santa Paula, fue utilizada para adelantar una reforma agraria privada a manos de la Fundación para la Paz de Córdoba, Funpazcord, dirigida por la hoy prófuga Sor Teresa Gómez. La fundación buscaba difundir las ideas del paramilitarismo y ganarse el corazón de los aterrados pobladores del norte de Córdoba, que ya empezaban a ver bajar por los ríos cuerpos mutilados. Fue así como varias familias campesinas recibieron pequeñas parcelas. A finales de los años 90 se regó la noticia entre los adjudicatarios de que las parcelas entregadas debían ser devueltas a la fundación y que les serían compradas por precios exiguos.

Es en este momento cuando se inicia el proceso de despojo. Vicente Castaño había muerto y los paramilitares funcionaban con fuertes alianza con narcotraficantes como alias 'Don Berna'. Entonces, los labriegos de Las Tangas fueron amenazados. Algunos vendieron por lo que les dieron y otros abandonaron las tierras. Con base en estos testimonios, el Juez Agrario de Montería decidió anular las ventas y procedió adelantar un proceso de restitución en favor de las 22 familias desplazadas El predio figuraba en manos de la empresa unipersonal Seguridad al Día, creada por testaferros de 'Don Berna'.

Con esta decisión el proceso de restitución de tierras y reparación a las víctimas avanza en Córdoba, epicentro del nacimiento de las autodefensas y donde han quedado cientos de víctimas las actuaciones delictivas del llamado 'Clan Castaño'.

La historia del paramilitarismo en el país, y en Córdoba en especial, se inició en las tristemente célebre Hacienda Las Pavas. Fue allí donde los hermanos Castaño Gil, en la década de los 80, estructuraron los primeros grupos paramilitares que el país conoció. Fue así como estas estructuras armadas se dieron a conocer con el nombre de los tangueros, haciendo referencia a la finca en poder del llamado "Clan Castaño". Hoy, un juez especializado de Córdoba, ordenó la devolución de 164 hectáreas que hacían parte de la hacienda a 22 familias campesinas que tuvieron que abandonar el predio por la presión de los grupos paramilitares. La demanda de restitución había sido interpuesta en abril de este año y hoy fue finalmente fallada en favor de las víctimas.

La historia de este predio, ubicado en zona rural de Valencia (Córdoba) y a orillas del Río Sinú, se remonta a principios de los ochenta. Según declaraciones de varios paramilitares entregadas a la Fiscalía y recogidas por el portal Verdad Abierta, los primeros propietarios de esta tierra fueron campesinos antioqueños. Fidel Castaño, hermano mayor de Carlos, se enamoró de la finca e insistió hasta que le fue vendida. La transacción se realizó el 4 de abril de 1983 en la notaria 15 de Medellín. La promesa de compraventa se pactó por $300 millones, que se pagarían el 50% ese mismo día y el resto en tres cuotas de $50 millones, que nunca se pagaron.

Uno de los vendedores del predio le contó a investigadores de la Fiscalía que cuando ellos quisieron cobrar el dinero faltante empezaron las amenazas. "Nos decían que nos iban a matar o que iban a secuestrar a nuestro único hijo", explicó. Y así fue, el 14 de octubre de 1983 el hijo menor de la familia fue raptado por hombres armados. Cuentan las víctimas que les exigieron $200 millones para liberar al joven. Un año después lo soltaron en Magangué (Bolívar). Y la cosa no paró allí. Años después el padre de la familia fue asesinado. Pero a pesar de esta historia, las denuncias correspondientes nunca fueron interpuestas por temor a represalias.

Desde entonces, los Castaño fueron dueños y señores de Las Tangas y otros predios en la misma zona. El plan era utilizar esta hacienda como cuartel general de los primeros bloques paramilitares. Extender su control por Córdoba, Antioquia y Chocó para luego desplegarse por todo el territorio nacional. Fue desde Las Tangas de donde salieron los hombres que perpetraron las masacres de Currulao, Buenavista, Córdoba, Punta Coquitos, Turbo, Canalete, Córdoba y Pueblo Bello, tal y como detalla Verdad Abierta. La Fiscalía también determinó que en el mismo predio se realizaron fosas comunes. En abril de 1990 se exhumaron 24 cuerpos, cuatro de ellos correspondían a campesinos asesinados en la masacre de Pueblo Bello, ocurrida 1989.

En la década de los 90, esta Finca, al igual que la Hacienda Santa Paula, fue utilizada para adelantar una reforma agraria privada a manos de la Fundación para la Paz de Córdoba, Funpazcord, dirigida por la hoy prófuga Sor Teresa Gómez. La fundación buscaba difundir las ideas del paramilitarismo y ganarse el corazón de los aterrados pobladores del norte de Córdoba, que ya empezaban a ver bajar por los ríos cuerpos mutilados. Fue así como varias familias campesinas recibieron pequeñas parcelas. A finales de los años 90 se regó la noticia entre los adjudicatarios de que las parcelas entregadas debían ser devueltas a la fundación y que les serían compradas por precios exiguos.

Es en este momento cuando se inicia el proceso de despojo. Vicente Castaño había muerto y los paramilitares funcionaban con fuertes alianza con narcotraficantes como alias 'Don Berna'. Entonces, los labriegos de Las Tangas fueron amenazados. Algunos vendieron por lo que les dieron y otros abandonaron las tierras. Con base en estos testimonios, el Juez Agrario de Montería decidió anular las ventas y procedió adelantar un proceso de restitución en favor de las 22 familias desplazadas El predio figuraba en manos de la empresa unipersonal Seguridad al Día, creada por testaferros de 'Don Berna'.

Con esta decisión el proceso de restitución de tierras y reparación a las víctimas avanza en Córdoba, epicentro del nacimiento de las autodefensas y donde han quedado cientos de víctimas las actuaciones delictivas del llamado 'Clan Castaño'.