Sigue choque del Pacto Histórico con la Procuraduría por Daniel Quintero
Los congresistas del Pacto Histórico retomaron el argumento de Petro y de Quintero de que la Procuraduría violó la Convención Americana al inhabilitar al exalcalde paisa.
Aún no se aplacan las aguas por la decisión de la Procuraduría de inhabilitar por seis meses a Daniel Quintero de cualquier cargo de elección popular. Aunque la sanción es corta, sectores cercanos al exalcalde de Medellín han cuestionado al Ministerio Público al considerar que se está extrelimitando en sus funciones.
La bancada de Senado del Pacto Histórico y varios de sus representantes firmaron un pronunciamiento defendiendo a Quintero y criticando duramente a la procuradora Margarita Cabello. Quintero, aunque no hace parte del Pacto, sí es cercano y en 2022 con su movimiento Independientes respaldó la candidatura del presidente Gustavo Petro en Medellín y Antioquia.
“Es una decisión contraria al estado de derecho y la democracia y expresa una vez más el uso ilegítimo del poder para intervenir en el escenario político del país, limitando, interviniendo, en definitiva, persiguiendo a quienes accedimos democráticamente al poder por el Pacto Histórico, así como de los aliados”, escribieron los congresistas.
Los integrantes del Pacto recordaron que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció responsabilidad del Estado de Colombia luego de que la Procuraduría, en 2014, inhabilitara por 15 años a Gustavo Petro por el escándalo de basuras en Bogotá cuando este era alcalde.
Al momento de su pronunciamiento, la Corte IDH recordó que la inhabilitación o destitución de un funcionario público electo por voto popular debe decidirla un juez en proceso penal y no una autoridad administrativa, como lo es la Procuraduría. De ser así, se está vulnerando el artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
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“Colombia como Estado parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos tiene el deber de asegurar el cumplimiento de las obligaciones de respeto y garantía derivadas de la Convención”, agregaron los integrantes del Pacto.
En un reciente pronunciamiento, Daniel Quintero aseguró que la decisión de la Procuraduría es prueba de que hay una “justicia recargada contra nosotros, mientras cientos de alcaldes que sí participaron abiertamente en política, incluida Claudia López y otros, no han tenido ningún proceso ni siquiera similar”.
Según dijo, la decisión responde a una “carga política” de Cabello.
Con esos argumentos, la defensa de Daniel Quintero anunció que apelará la decisión del Ministerio Público. En todo caso, y si se cumplieran los seis meses, aún podría participar en las elecciones de 2026, como dijo que era su interés cuando renunció a la Alcaldía de Medellín en septiembre de 2023.
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Aún no se aplacan las aguas por la decisión de la Procuraduría de inhabilitar por seis meses a Daniel Quintero de cualquier cargo de elección popular. Aunque la sanción es corta, sectores cercanos al exalcalde de Medellín han cuestionado al Ministerio Público al considerar que se está extrelimitando en sus funciones.
La bancada de Senado del Pacto Histórico y varios de sus representantes firmaron un pronunciamiento defendiendo a Quintero y criticando duramente a la procuradora Margarita Cabello. Quintero, aunque no hace parte del Pacto, sí es cercano y en 2022 con su movimiento Independientes respaldó la candidatura del presidente Gustavo Petro en Medellín y Antioquia.
“Es una decisión contraria al estado de derecho y la democracia y expresa una vez más el uso ilegítimo del poder para intervenir en el escenario político del país, limitando, interviniendo, en definitiva, persiguiendo a quienes accedimos democráticamente al poder por el Pacto Histórico, así como de los aliados”, escribieron los congresistas.
Los integrantes del Pacto recordaron que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció responsabilidad del Estado de Colombia luego de que la Procuraduría, en 2014, inhabilitara por 15 años a Gustavo Petro por el escándalo de basuras en Bogotá cuando este era alcalde.
Al momento de su pronunciamiento, la Corte IDH recordó que la inhabilitación o destitución de un funcionario público electo por voto popular debe decidirla un juez en proceso penal y no una autoridad administrativa, como lo es la Procuraduría. De ser así, se está vulnerando el artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
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En un reciente pronunciamiento, Daniel Quintero aseguró que la decisión de la Procuraduría es prueba de que hay una “justicia recargada contra nosotros, mientras cientos de alcaldes que sí participaron abiertamente en política, incluida Claudia López y otros, no han tenido ningún proceso ni siquiera similar”.
Según dijo, la decisión responde a una “carga política” de Cabello.
Con esos argumentos, la defensa de Daniel Quintero anunció que apelará la decisión del Ministerio Público. En todo caso, y si se cumplieran los seis meses, aún podría participar en las elecciones de 2026, como dijo que era su interés cuando renunció a la Alcaldía de Medellín en septiembre de 2023.
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