Pacto Histórico, jugado por excarcelación e indulto a miembros de la Primera Línea

“Estamos ante 165 presos políticos que todo el movimiento nacional e internacional de derechos humanos debe defender para evitar tamaña arbitrariedad”, escribió el entonces senador Gustavo Petro en su cuenta de Twitter el pasado 22 de agosto de 2021. “Habrá un proceso de indulto para quienes han sido tan perseguidos injustamente solo por manifestarse”, dijo el pasado 4 de abril, en plena carrera hacia la Casa de Nariño, el hoy presidente Petro. “Le pido al fiscal Francisco Barbosa que libere a la juventud. Liberen a los jóvenes”, sugirió Petro durante su discurso de victoria, tras vencer en la segunda vuelta presidencial a Rodolfo Hernández.

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La excarcelación e indulto a los jóvenes de la Primera Línea presos por actuaciones relacionadas con las protestas que se vivieron en el país de 2019 a 2021 es casi un compromiso del Gobierno con quienes apoyaron el proyecto político que triunfó en las urnas el pasado 19 de junio.

Por eso, durante la discusión sobre la prórroga y modificación de la Ley 418 (también conocida como ley de orden público), los congresistas promotores del proyecto incluyeron los artículos 16 y 17, que otros calificaron como “micos”, pues se referían a la posibilidad de establecer un indulto a los jóvenes presos y designarlos como gestores de convivencia.

Debido a las fuertes críticas que recibieron ambos artículos, y para evitar que por este motivo se hundiera el proyecto, el Gobierno decidió eliminarlos y en la noche del lunes, durante la votación en la plenaria del Senado, se decidió que no harían parte del proyecto que cuenta con mensaje de urgencia.

Por supuesto esto generó bastante decepción entre los miembros de la Primera Línea, y de ahí las fuertes protestas del pasado domingo, que protagonizaron miembros de ese grupo en inmediaciones del Portal Américas. La movilización fue similar a las que se registraron el año pasado, por lo que hubo capturas a dos miembros de la Primera Línea, que luego fueron liberados al parecer por la intervención del viceministro del interior, Gustavo García. Esa mediación ahora tiene en el ojo del huracán al viceministro, quien será citado a debate de control político, y a los funcionarios de la Policía, que serán indagados por la Procuraduría por presuntas irregularidades en la liberación.

Pero el Pacto Histórico sabe que tiene un compromiso con los jóvenes de la Primera Línea y se la jugará por tramitar los beneficios que les prometió. Por eso, si bien acataron la orden del Gobierno de sacar los artículos del proyecto de ley de “Paz total”, presentarán esta semana otras dos iniciativas que persigan esos objetivos.

Por un lado se presentará un proyecto que prevé una ley de amnistía e indulto para todos los jóvenes que están procesados por hechos relacionados con la protesta social. La iniciativa es autoría de los representantes Leyla Rincón, Andrés Cancimance, Jose Alberto Tejada y Alirio Uribe y se radicará este martes en el salón Luis Carlos Galán del Congreso.

Por otro, el senador Gustavo Bolívar propuso una “salida” para tramitar la excarcelación de los jóvenes y anunció la presentación de una nueva proposición para incorporar a la Ley 418 un nuevo artículo que establece las garantías del “libre desarrollo, expresión y actuación de los movimientos cívicos, sociales y de las protestas populares”.

Ambos proyectos son justificados por los parlamentarios del oficialismo en que hay procesos “muy graves” e incluso “exagerados” contra los detenidos. El representante Alirio Uribe señaló que “muchos jóvenes están procesados por delitos muy graves, que van más allá de lo que realmente pasó. Es decir, en hechos que son asonadas están diciendo que hubo terrorismo; en hechos donde los jóvenes conjuntamente participaron de la protesta, están diciendo que hay concierto para delinquir, como si fueran una organización criminal”.

El representante señaló que son más de 200 los jóvenes presos tanto en cárceles como en detención domiciliaria, que alegan que “son víctimas de montajes judiciales o de mal manejo probatorio en los procesos judiciales”, por lo que junto a sus copartidarios propone una alternativa mediante un proyecto de ley ordinaria y no adjunta al proyecto de “Paz total”. “Así acatamos la decisión del Gobierno y vamos a cumplirles a los jóvenes que se encuentran hoy privados de la libertad”, añadió.

El representante envió también un mensaje a los jóvenes que tienen procesos en su contra y destacó que “no se van a dejar solos”. Anunció que seguirán haciendo el censo, visitas a sus lugares de detención y activarán la mesa de alternatividad penal en la que participan el Ministerio de Justicia, la Fiscalía, Naciones Unidas, abogados y ONG. “Vamos a estar mirando caso a caso la posibilidad de darle salida a la problemática”, dijo Uribe.

La otra apuesta del Pacto Histórico es lograr una excarcelación de los jóvenes y que se conviertan en gestores de paz. De acuerdo con la proposición del senador Bolívar, su objetivo es que el presidente pueda “designar como promotores de paz, convivencia y participación ciudadana a personas que se encuentran privadas de la libertad por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio de derecho a la protesta social”.

Bolívar, quien les pidió a los jóvenes “paciencia” tras la caída de las iniciativas originales, también pretende que se establezca la potestad para solicitar a las autoridades de justicia que se suspendan las órdenes de captura o medidas de aseguramiento a quienes están en las cárceles por acciones ejecutadas en el marco del Paro Nacional. Eso, no obstante, no implica que se suspenda el proceso penal y deja en manos del Gobierno la reglamentación de las labores de promoción de convivencia y participación.

Sobre esta propuesta, el senador Ariel Ávila (Alianza Verde), ponente del proyecto que busca modificar la Ley 418, dijo a este diario que “los indultos es algo que existe en Colombia hace mucho tiempo” y de la misma forma “las figuras de los gestores de paz ya existen desde hace rato”. ”Hay que entender que la gente tiene derecho a protestar, que los jóvenes deben tener una segunda oportunidad y que la sociedad puede tramitar pacíficamente las diferencias”, dijo Ávila sobre la posibilidad de ofrecer indultos.

“Estamos ante 165 presos políticos que todo el movimiento nacional e internacional de derechos humanos debe defender para evitar tamaña arbitrariedad”, escribió el entonces senador Gustavo Petro en su cuenta de Twitter el pasado 22 de agosto de 2021. “Habrá un proceso de indulto para quienes han sido tan perseguidos injustamente solo por manifestarse”, dijo el pasado 4 de abril, en plena carrera hacia la Casa de Nariño, el hoy presidente Petro. “Le pido al fiscal Francisco Barbosa que libere a la juventud. Liberen a los jóvenes”, sugirió Petro durante su discurso de victoria, tras vencer en la segunda vuelta presidencial a Rodolfo Hernández.

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La excarcelación e indulto a los jóvenes de la Primera Línea presos por actuaciones relacionadas con las protestas que se vivieron en el país de 2019 a 2021 es casi un compromiso del Gobierno con quienes apoyaron el proyecto político que triunfó en las urnas el pasado 19 de junio.

Por eso, durante la discusión sobre la prórroga y modificación de la Ley 418 (también conocida como ley de orden público), los congresistas promotores del proyecto incluyeron los artículos 16 y 17, que otros calificaron como “micos”, pues se referían a la posibilidad de establecer un indulto a los jóvenes presos y designarlos como gestores de convivencia.

Debido a las fuertes críticas que recibieron ambos artículos, y para evitar que por este motivo se hundiera el proyecto, el Gobierno decidió eliminarlos y en la noche del lunes, durante la votación en la plenaria del Senado, se decidió que no harían parte del proyecto que cuenta con mensaje de urgencia.

Por supuesto esto generó bastante decepción entre los miembros de la Primera Línea, y de ahí las fuertes protestas del pasado domingo, que protagonizaron miembros de ese grupo en inmediaciones del Portal Américas. La movilización fue similar a las que se registraron el año pasado, por lo que hubo capturas a dos miembros de la Primera Línea, que luego fueron liberados al parecer por la intervención del viceministro del interior, Gustavo García. Esa mediación ahora tiene en el ojo del huracán al viceministro, quien será citado a debate de control político, y a los funcionarios de la Policía, que serán indagados por la Procuraduría por presuntas irregularidades en la liberación.

Pero el Pacto Histórico sabe que tiene un compromiso con los jóvenes de la Primera Línea y se la jugará por tramitar los beneficios que les prometió. Por eso, si bien acataron la orden del Gobierno de sacar los artículos del proyecto de ley de “Paz total”, presentarán esta semana otras dos iniciativas que persigan esos objetivos.

Por un lado se presentará un proyecto que prevé una ley de amnistía e indulto para todos los jóvenes que están procesados por hechos relacionados con la protesta social. La iniciativa es autoría de los representantes Leyla Rincón, Andrés Cancimance, Jose Alberto Tejada y Alirio Uribe y se radicará este martes en el salón Luis Carlos Galán del Congreso.

Por otro, el senador Gustavo Bolívar propuso una “salida” para tramitar la excarcelación de los jóvenes y anunció la presentación de una nueva proposición para incorporar a la Ley 418 un nuevo artículo que establece las garantías del “libre desarrollo, expresión y actuación de los movimientos cívicos, sociales y de las protestas populares”.

Ambos proyectos son justificados por los parlamentarios del oficialismo en que hay procesos “muy graves” e incluso “exagerados” contra los detenidos. El representante Alirio Uribe señaló que “muchos jóvenes están procesados por delitos muy graves, que van más allá de lo que realmente pasó. Es decir, en hechos que son asonadas están diciendo que hubo terrorismo; en hechos donde los jóvenes conjuntamente participaron de la protesta, están diciendo que hay concierto para delinquir, como si fueran una organización criminal”.

El representante señaló que son más de 200 los jóvenes presos tanto en cárceles como en detención domiciliaria, que alegan que “son víctimas de montajes judiciales o de mal manejo probatorio en los procesos judiciales”, por lo que junto a sus copartidarios propone una alternativa mediante un proyecto de ley ordinaria y no adjunta al proyecto de “Paz total”. “Así acatamos la decisión del Gobierno y vamos a cumplirles a los jóvenes que se encuentran hoy privados de la libertad”, añadió.

El representante envió también un mensaje a los jóvenes que tienen procesos en su contra y destacó que “no se van a dejar solos”. Anunció que seguirán haciendo el censo, visitas a sus lugares de detención y activarán la mesa de alternatividad penal en la que participan el Ministerio de Justicia, la Fiscalía, Naciones Unidas, abogados y ONG. “Vamos a estar mirando caso a caso la posibilidad de darle salida a la problemática”, dijo Uribe.

La otra apuesta del Pacto Histórico es lograr una excarcelación de los jóvenes y que se conviertan en gestores de paz. De acuerdo con la proposición del senador Bolívar, su objetivo es que el presidente pueda “designar como promotores de paz, convivencia y participación ciudadana a personas que se encuentran privadas de la libertad por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio de derecho a la protesta social”.

Bolívar, quien les pidió a los jóvenes “paciencia” tras la caída de las iniciativas originales, también pretende que se establezca la potestad para solicitar a las autoridades de justicia que se suspendan las órdenes de captura o medidas de aseguramiento a quienes están en las cárceles por acciones ejecutadas en el marco del Paro Nacional. Eso, no obstante, no implica que se suspenda el proceso penal y deja en manos del Gobierno la reglamentación de las labores de promoción de convivencia y participación.

Sobre esta propuesta, el senador Ariel Ávila (Alianza Verde), ponente del proyecto que busca modificar la Ley 418, dijo a este diario que “los indultos es algo que existe en Colombia hace mucho tiempo” y de la misma forma “las figuras de los gestores de paz ya existen desde hace rato”. ”Hay que entender que la gente tiene derecho a protestar, que los jóvenes deben tener una segunda oportunidad y que la sociedad puede tramitar pacíficamente las diferencias”, dijo Ávila sobre la posibilidad de ofrecer indultos.