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El Pacto Histórico rechazó la acción popular que instauró el Centro Democrático para frenar el debate de varios proyectos del Gobierno hasta que se tenga claridad jurídica del presunto caso de corrupción en la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres.
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“Dejen gobernar y legislar. La intención del Centro Democrático de suspender el trámite de las reformas sociales en el Congreso no es proteger a los colombianos, sino ir en contra de la democracia y de la gente. Nuestro Gobierno, a diferencia de los anteriores, ha solicitado que se investigue y se lleve hasta las últimas consecuencias, en el marco de la ley, cualquier asomo de corrupción que se presente”, indicó la senadora María José Pizarro.
A esto agregó que durante los gobiernos del Centro Democrático se presentaron hechos de corrupción como los casos de Centros Poblados, Agro Ingreso Seguro y Odebrecht: “En lugar de detener el avance de medidas que son en beneficio de la ciudadanía, es fundamental seguir trabajando en favor del bienestar y el progreso social de Colombia”.
La intención del @CeDemocratico de suspender el trámite de las reformas sociales en el Congreso no es proteger a los colombianos, sino ir en contra de la democracia y de la gente.
— María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) May 30, 2024
Nuestro Gobierno, a diferencia de los anteriores, ha solicitado que se investigue y se lleve hasta… pic.twitter.com/KsgPAVpsk2
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Desde la misma coalición, el representante David Racero indicó que el partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe “pretende que la rama judicial caiga en sus “jugaditas” para frenar las reformas sociales violando la autonomía propia del Legislativo. Están desesperados cuidando sus privilegios y negándole la posibilidad a que adultos mayores puedan tener una vez más digna”.
“Uno debe ser respetuoso de los mecanismos de la oposición para frenar el trámite, pero yo los invito a que den el debate”, dijo por su parte el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.
La acción jurídica del partido de oposición fue presentada ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para frenar el debate de la reforma pensional, la reforma a la educación, la reforma laboral y el proyecto para crear la Empresa Colombiana de Minerales (Ecominerales).
Según la fuerza política, los hechos que se han ido conociendo en torno a la UNGRD y los supuestos salpicados del gobierno del presidente Gustavo Petro y del Congreso “deslegitiman y vician la votación de quienes resulten involucrados en los hechos denunciados”.
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